El Supremo considera ilegal despedir en verano a los docentes interinos que trabajan todo el curso14/06/2018

El Supremo considera ilegal despedir en verano a los docentes interinos que trabajan todo el curso

El Tribunal Supremo considera ilegal que los profesores interinos que son contratados en septiembre para ejercer durante todo el curso escolar sean cesados el 30 de junio y no se les pague los meses de julio y agosto. Según el alto tribunal, esta práctica habitual vulnera el principio de no discriminación recogida en un acuerdo marco de la UE sobre el trabajo de duración determinada. La decisión del Supremo no solo abre la puerta a que se regularice la situación de los interinos de cualquier comunidad autónoma que estén en esta situación en centros públicos, sino también en concertados y privados, ya que el alto tribunal advierte que el acuerdo europeo no establece distinción entre el carácter público o privado del empleador.

La sentencia notificada este miércoles por al alto tribunal afecta a interinos de toda España, aunque es difícil precisar el número. Fuentes de la federación de Enseñanza del sindicato CCOO cifran en 119. 650 el total de interinos que ha habido este curso en centros no universitarios, pero cada comunidad regula de una forma diferente los contratos de los interinos, por lo que es difícil concretar cuántos se ajustan a la situación que el Supremo considera ahora irregular. Según CCOO, todas las comunidades, excepto Castilla-La Mancha, tienen ya acuerdos para pagar a los interinos en verano y en esta comunidad va a entrar en vigor en breve. Pero cada gobierno regional establece sus reglas: en Madrid, por ejemplo, el interino tiene que trabajar 7,5 meses para cobrar julio y agosto. En Aragón, 242 días; y en otras como Galicia y Cataluña, solo cobran los que cubren plazas vacantes, no los sustitutos.

El tribunal ha estimado el recurso planteado por 74 docentes interinos no universitarios de Murcia que se encontraban en esta situación contra una sentencia del tribunal superior de justicia de esa comunidad que avaló un acuerdo del Gobierno regional de febrero de 2012 que permitía esta práctica. En su recurso, alegaban que la primera sentencia establecía una diferencia de trato arbitraria entre funcionarios interinos y de carrera, puesto que ante un mismo trabajo –curso escolar- unos no cobran el sueldo correspondiente a los meses de julio y agosto y otros sí.

Para el Supremo, la relación laboral entre el funcionario docente interino y la Administración educativa “queda truncada, a diferencia de lo que ocurre para el funcionario de carrera, cuando aún no han concluido las funciones, cometidos y actividades que son propias” del ese puesto de trabajo. El alto tribunal recuerda que hay actividades que se llevan a cabo en el mes de julio, como reuniones de balance, elaboración de la memoria escolar o preparación de la programación del curso siguiente que aunque no tenga carácter lectivo son parte del puesto para el que se contrató al profesor, que al ser despedido en junio es privado de esta función.

Esas consecuencias nada deseables para la preparación del profesorado y para la más eficaz prestación del servicio educativo, se agravarían sobremanera si fuera cierta aquella práctica de la Administración educativa de acudir de nuevo en el siguiente curso escolar al nombramiento de funcionarios docentes interinos nombrados en el curso anterior y que fueron privados de realizar esas otras actividades”, concluye la Sala. En su recurso, los interinos califican esta práctica administrativa de “una monstruosidad prohibida por el Derecho Laboral”.

Los magistrados recuerdan también algunos de los perjuicios que supone este tipo de contratos para los afectados, como la privación de retribuciones en los meses de julio y agosto, la disminución proporcional del número de días de vacaciones retribuidas, así como la incidencia en la cotización a la Seguridad Social y las consecuencias derivadas de ellas. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Segundo Menéndez Pérez, explica que la desigualdad de trato en este proceso no está justificada por razones objetivas y añade que las consideraciones de índole presupuestaria no justifican la aplicación de una normativa nacional que conduce a una diferencia de trato en detrimento de los trabajadores con contrato de duración determinada. En la sentencia, los jueces precisan que su decisión solo afecta a los profesores que son despedidos en junio y vuelven a ser contratados en septiembre para trabajar todo el curso escolar, pero no a los que son nombrados cuando el curso ya ha empezado y periodos inferiores a la duración de este para cubrir una necesidad “ocasional y transitoria”.

(Fuente EL PAIS)

En A.L.T. ASESORES somos abogados expertos en juicios laborales, Inspecciones de Trabajo, conciliaciones, elaboración de nóminas y seguros sociales, así como en materia de prevención de riesgos laborales. Si tiene algún problema en la materia no dude en consultarnos.


El pacto de permanencia en la empresa en España14/06/2018

El pacto de permanencia en la empresa en España

Para analizar qué es el pacto de permanencia, tenemos que consultar el Estatuto de los Trabajadores, en donde en su artículo 21.4 se define de la siguiente manera: “Cuando el trabajador haya recibido una especialización profesional con cargo al empresario para poner en marcha proyectos determinados o realizar un trabajo específico, podrá pactarse entre ambos la permanencia en dicha empresa durante cierto tiempo. El acuerdo no será de duración superior a dos años y se formalizará siempre por escrito. Si el trabajador abandona el trabajo antes del plazo, el empresario tendrá derecho a una indemnización de daños y perjuicios.

De lo anterior debemos analizar en primer lugar cuándo proceden este tipo de pactos. Como hemos indicado anteriormente, el Estatuto de los Trabajadores se refiere a una "una especialización profesional para poner en marcha proyectos determinados o realizar un trabajo específico, es decir, que este tipo de cláusulas no se pueden incluir en los contratos de trabajo, si de manera genérica e indiscriminada el empresario ofrece a todos sus trabajadores la posibilidad de realizar uno o varios cursos de formación. Para poder incluir este tipo de acuerdos es necesario que el curso o la especialización esté dirigida a poner en marcha proyectos concretos o realizar trabajos específicos dentro de la empresa (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26 de junio de 2001).

En cualquier caso, y a efectos de evitar que la cláusula pueda resultar discriminatoria y/o nula, es necesario que el trabajador reciba una formación singular o cualificada que produzca un enriquecimiento de su valor profesional y que se acuerde bajo los parámetros de la proporcionalidad y equilibrio de intereses para las partes.

Pongamos un ejemplo: Un despacho de abogados va a implantar un departamento de extranjería y ofrece a uno de sus trabajadores, la realización de un máster específico en extranjería para que dicho trabajador pueda estar al frente y dirigir dicho departamento de extranjería dentro de la empresa.

¿Qué ocurre si el trabajador de manera voluntaria cursa baja dentro de la Empresa?

El Estatuto de los Trabajadores establece una duración máxima de 2 años, los cuales empiezan a computar una vez el trabajador haya finalizado el curso. Si durante este periodo el trabajador cursa baja voluntaria en la empresa, habrá que atenerse a lo acordado en la propia cláusula. Lo normal es fijar que en esos supuestos, como indemnización de daños y perjuicios, el trabajador reembolse a la Empresa el precio o los gastos que ésta asumió para la realización del curso. Así lo reflejan las sentencias del Tribunal Supremo de fecha  14 de febrero de 1991 y 27 de marzo de 1991 respectivamente.

De lo anterior podemos concluir que en un primer momento la fijación de un acuerdo de permanencia parece una cuestión fácil, pero analizando la doctrina y la jurisprudencia, es imprescindible que el curso esté orientado a la puesta en funcionamiento de proyectos concretos dentro del ámbito empresarial. Se puede pactar en cualquier momento durante la vigencia de la relación laboral entre las partes, pero es necesario que siempre conste por escrito.

De no cumplir escrupulosamente lo establecido y los supuestos en los que es posible su implantación, el Empresario corre el riesgo  de que dicha cláusula sea declarada discriminatoria y/o nula si finalmente se concluye que el Empresario lo que buscaba con la implantación de esta cláusula era limitar el derecho que ampara a todo trabajador de dimitir o cursar baja voluntaria de su puesto de trabajo.

(Fuente LEGAL TODAY)

En A.L.T. ASESORES somos abogados expertos en juicios laborales, Inspecciones de Trabajo, conciliaciones, elaboración de nóminas y seguros sociales, así como en materia de prevención de riesgos laborales. Si tiene algún problema en la materia no dude en consultarnos.


Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación a la ocupación ilegal de viviendas.13/06/2018

Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación a la ocupación ilegal de viviendas.

Publicada en el BOE del 12/06/2018 la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas. Con esta reforma se pretende proteger la propiedad privada frente a la ocupación ilegal.

Partiendo, como se especifica en el preámbulo de la norma, que la legislación en la vía civil, si bien contempla varias opciones amparadas en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, todas ellas presentan algún tipo de problema o limitación en su aplicación en los casos de ocupación ilegal, el mecanismo de recuperación que aborda esta ley encuentra fundamento en lo dispuesto por el artículo 441del Código Civil: «En ningún caso puede adquirirse violentamente la posesión mientras exista un poseedor que se oponga a ello. El que se crea con acción o derecho de privar a otro de la tenencia de una cosa, siempre que el tenedor resista la entrega, deberá solicitar el auxilio de la Autoridad competente».

Ante la demanda creciente de respuestas ágiles y eficaces sin tener que recurrir a las penales, se ha realizado una reforma para adecuar y actualizar el tradicional interdicto de recobrar la posesión para una recuperación inmediata de la vivienda ocupada ilegalmente previsto en el artículo 250.4.º de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, mediante el procedimiento desarrollado en los artículos 437, 441 y 444 de la citada LECiv.

Igualmente, mediante un nuevo apartado 1 bis del artículo 441, LECiv., en previsión de que el ocupante ilegal se encontrara en situación de vulnerabilidad social, se regula la obligación de trasladar a los servicios públicos competentes comunicación sobre la situación del mismo por si procediera su actuación, siempre que otorgara consentimiento. Asimismo, se generaliza la regulación de esta comunicación incorporando un nuevo apartado 4 al artículo 150, LECiv., en todos aquellos procedimientos en los que la correspondiente resolución señale el lanzamiento de una vivienda de quienes la ocupen, sea cual sea la causa por la que se encontraran en dicha situación, para dar conocimiento a los servicios públicos competentes en materia de política social, por si procediera su actuación, buscando así una rápida respuesta de los poderes públicos cuando se detecten situaciones de especial vulnerabilidad.

Con el fin de acelerar el proceso para agilizar el fin de la ocupación ilegal de una vivienda en determinados supuestos de propiedad se impulsan las siguientes medidas:

        - Se trasladará una notificación a los ocupantes, extensible a aquellos que en ese momento no se encuentren en la vivienda. Desde entonces, se exigirá a estos ocupantes que justifiquen la situación de posesión.

           - Tratándose de un caso de recuperación de la posesión de una vivienda a que se refiere el párrafo segundo del numeral 4.º del apartado 1 del artículo 250, LECiv., si el demandado o demandados no contestaran a la demanda en el plazo legalmente previsto, se procederá de inmediato a dictar sentencia. 

            - La oposición del demandado podrá fundarse exclusivamente en la existencia de título suficiente frente al actor para poseer la vivienda o en la falta de título por parte del actor. 

            - La sentencia estimatoria de la pretensión permitirá su ejecución, previa solicitud del demandante, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto en el art. 548, LECiv..

             - Si no se aportara justificación suficiente, el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante, siempre que el título que se hubiere acompañado a la demanda fuere bastante para la acreditación de su derecho a poseer.

             - Contra el auto que decida sobre el incidente no cabrá recurso alguno y se llevará a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda.

            - Comunicación a los servicios sociales: En todo caso, en la misma resolución en que se acuerde la entrega de la posesión de la vivienda al demandante y el desalojo de los ocupantes, se ordenará comunicar tal circunstancia, siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los interesados, a los servicios públicos competentes en materia de política social, para que, en el plazo de siete días, puedan adoptar las medidas de protección que en su caso procedan.

           - No se garantiza la alternativa habitacional: no se definen medidas concretas para aquellos casos en los que las personas desahuciadas se encuentren en una situación de vulnerabilidad. No obstante, las distintas Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, incorporarán, en los protocolos y planes para garantizar políticas públicas en materia de vivienda, medidas ágiles de coordinación y cooperación, especialmente con los responsables de los servicios sociales en el ámbito autonómico y local, al objeto de prevenir situaciones de exclusión residencial y para que resulte eficaz la comunicación prevista en el apartado 4 del art. 150 y en el apartado 1 bis del art. 441 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, a fin de dar respuesta adecuada y lo más inmediata posible a aquellos casos de vulnerabilidad que se detecten en los procedimientos conducentes al lanzamiento de ocupantes de viviendas y que exigen actuaciones previas y coordinadas de las administraciones competentes.

             - Creación de registros: Los citados protocolos y planes garantizarán la creación de registros, al menos en el ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma, que incorporen datos sobre el parque de viviendas sociales disponibles para atender a personas o familias en riesgo de exclusión.

(Fuente IBERLEY Colex)

En A.L.T. ASESORES somos, desde 1.993, además del Servicio Jurídico de la Cámara de la Propiedad Urbana de la provincia de Salamanca, abogados expertos en pleitos civiles, hipotecarios, ​arrendamientos, sucesiones, procesos concursales, ​comunidades de vecinos, ​en materia de preferentes, cláusulas suelo y negociación de condiciones bancarias, no dude en ponerse en contacto con nosotros para consultarnos la solución a su problema​.​​​​​​


Una de cada tres multas de la AEPD, por la inclusión irregular en ficheros de morosos13/06/2018

Una de cada tres multas de la AEPD, por la inclusión irregular en ficheros de morosos

En 2017 se presentaron más de 10.500 denuncias y reclamaciones

Las consultas planteadas se incrementaron un 8%

La inclusuión indebida en ficheros de morosos fue la causa que originó el mayor número de sanciones por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en 2017, con un aumento muy considerable respecto a las cifras de un año antes. Así, el organismo aprobó 254 resoluciones sancionadoras, lo que representa el 30% de las impuestas en total. Le sigue la contratación fraudulenta, que representó el 15% de las multas (131 expedientes).

En total, según los datos contenidos en la Memoria 2017 que ayer presentó la AEPD, se adoptaron un total de 852 sanciones. Tras los ficheros de morosidad y la contratación irregular, la publicadad y la prospección comercial, la reclamación de deudas, la videovigilancia, los servicios de internet y el spam (o comunicaciones electrónicas comerciales) fueron las causas de un mayor número de expedientes que concluyeron en multa. 

La Agencia recibió un total de 10.651 denuncias y reclamaciones de tutela de derechos (7.997 denuncias y 2.654 reclamaciones), lo que supone un ligero ascenso respecto al año anterior. Asimismo, ha logrado reducir el número de actuaciones que se encuentran en tramitación, que se aligeraron un 30% respecto a los datos de 2016.

El organismo que dirige Mar España destaca, además, el "incremento considerable" que en los últimos dos años se ha producido en relación a las denuncias planteadas con el tratamiento de datos en Internet. En 2015 fueron 557, mientras que el año pasado se elevaron a 762; un 37% más.

Telecomunicaciones

Las principales reclamaciones de los ciudadanos, según advierte la AEPD, están relacionadas con la suplantación de la identidad en la contratación de servicios de telecomunicaciones, que se concreta en la facturación de productos no contratados, el requerimiento de pago de los mismos y la inclusión en ficheros de morosidad por ese supuesto impago. En este sentido, más del 55% del importe global de las multas impuestas deriva de infracciones por listas de morosos y la contrataión rregular.

(Fuente Cinco Días)

ADVOCATI ASESORES es un despacho abogados multidisciplinar fundado en 1993 cuyo objetivo es el asesoramiento de empresas y particulares, incluyendo la defensa judicial en todo tipo de materias. Si tiene algún problema legal no dude en consultarnos.

 


Prestación por hijos enfermos13/06/2018

Prestación por hijos enfermos

PREGUNTA:
Un trabajador nos ha comunicado que su hijo tiene una enfermedad grave, y que ello le da derecho a reducirse la jornada y a pedir una prestación. ¿Esto es así? ¿Qué requisitos se deben cumplir?

RESPUESTA:

Si el hijo de su empleado sufre alguna enfermedad grave (cáncer, accidente con lesión medular o traumatismo craneoencefálico severos, por ejemplo) que requiera su hospitalización con atención continuada durante un largo período (situación que deben acreditar los servicios de salud), tendrá derecho a reducir su jornada y a cobrar una prestación por la parte de jornada reducida. A estos efectos:

Si ambos progenitores trabajan y el hijo tiene cáncer o una enfermedad grave (puede consultar el listado de enfermedades en el Anexo del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio), uno de ellos podrá reducir su jornada entre un 50% y un 99,99% (se debe seguir trabajando, aunque la ley no especifica un tiempo mínimo). Si el trabajador tiene un contrato a tiempo parcial igual o inferior al 25% de la jornada, no podrá acceder a esta reducción.
 

Por la parte de jornada reducida, el empleado cobrará una prestación del 100% de la base reguladora. La prestación, que está exenta de IRPF, se reconocerá por un período inicial de un mes, prorrogable por períodos de dos meses cuando subsista la necesidad del cuidado del menor.

En la práctica, para poder acceder a esta prestación, su empleado deberá presentarle un certificado médico, y usted deberá prepararle el certificado de empresa para que el afectado tramite el cobro. A partir de ahí, comunique la reducción de jornada por Sistema RED.

(Fuente Cart@ de Personal)

En A.L.T. ASESORES somos abogados expertos en juicios laborales, Inspecciones de Trabajo, conciliaciones, elaboración de nóminas y seguros sociales, así como en materia de prevención de riesgos laborales. Si tiene algún problema en la materia no dude en consultarnos.




Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al continuar navegando, aceptas el uso que hacemos de ellas [+]. Aceptar.