Bruselas disiente del Supremo y apoya a los afectados por el IRPH20/09/2018

Bruselas disiente del Supremo y apoya a los afectados por el IRPH

El sector bancario español puede sufrir un nuevo momento cláusulas suelo, pero esta vez con las hipotecas referenciadas al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH). La cuestión ha llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y si la sentencia acaba siendo favorable a los clientes, las entidades podrían tener que reembolsar miles de millones de euros cobrados de más.

De momento, la Comisión Europea, que participa en el proceso judicial como parte interesada, se ha posicionado a favor de los consumidores y en contra de la banca, distanciándose así de la sentencia del Tribunal Supremo español en este asunto.

El Supremo validó el año pasado el uso del IRPH para calcular las cuotas de las hipotecas a interés variable, al considerar que los bancos no estaban obligados a explicar de forma exhaustiva a los clientes las características de este indicador, que era uno de los oficiales y cuya evolución publicaba mensualmente el Banco de España. El IRPH se calcula teniendo en cuenta el tipo medio de préstamos hipotecarios concedidos por las entidades y se popularizó en tres versiones: IRPH Bancos, IRPH Cajas e IRPH de todas las entidades. Pero tras la sentencia del Supremo, varios jueces españoles han llevado el asunto al TJUE mediante cuestiones prejudiciales.

Al menos en una de ellas, la presentada por el Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Barcelona sobre un IRPHCajas aplicado por Bankia, la Comisión Europea ha enviado un documento al TJUE en el que niega la mayor. El Ejecutivo comunitario afirma que las cláusulas del contrato hipotecario que fijan el uso del IRPH-Cajas como indicador de referencia sí debe ser sometido a un criterio de transparencia 'extensivo'. Y esto, según sus propias palabras, incluye 'la obligación para el profesional de explicar al consumidor, antes de la firma del contrato, cómo se configura el tipo de referencia, cuál ha sido la evolución de dicho tipo en el pasado así como su posible evolución futura, comparado con otros tipo empleados en el mercado'.

Cálculos De lo contrario, el Ejecutivo europeo insta a los jueces nacionales a considerar abusivo el uso de ese índice de referencia, a calcular el importe que habría pagado el cliente con otro indicador (el euribor, por ejemplo) y a reembolsarle la diferencia.

Aunque el IRPH no es ni de lejos el indicador de referencia más utilizado, su uso tampoco es marginal. Esta cuestión misma cuestión prejudicial cita indirectamente un informe de 2015 de Société Général que afirma que este tipo de hipotecas supone el 10% del total. También dice que habría un millón de afectados y que el perjuicio medio ascendería a entre 18.000 y 21.000 euros por hipoteca.

Históricamente el IRPH ha evolucionado en paralelo al euribor, el índice más popular y que trata de reflejar el coste de la financiación interbancaria. Pero cuando este se desplomó debido a la crisis financiera, llegando incluso a cifras negativas, el IRPH no replicó esa tendencia. Fuentes del sector bancario afirman que este indicador se creó para restar volatilidad a las cuotas, tanto en las subidas como en las bajadas.

En el único punto en el que la Comisión Europea ha echado el freno ha sido en el modo de calcular la indemnización que deben recibir los clientes con una hipoteca referenciada al IRPH. El juzgado de primera instancia nº38 de Barcelona pregunta si, el hecho de que la cláusula que impone el IRPH sea considerada abusiva, no implicaría su supresión y, por tanto, obligaría a recalcular las cuotas del préstamo sin tener en cuenta los intereses. Es decir, según esta interpretación maximalista, los bancos deberían abonar a los clientes todos los intereses abonados. Pero la Comisión se desmarca de esta tesis e insta a recalcular teniendo en cuenta otro indicador.

(Fuente Expansión)

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El Supremo fija el criterio a seguir: Orden de alejamiento para el maltrato sin lesiones20/09/2018

El Supremo fija el criterio a seguir: Orden de alejamiento para el maltrato sin lesiones 

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo establece en una sentencia que el maltrato a la pareja o expareja sin causar lesiones debe estar penado con una orden de alejamiento de la víctima, fijando así un criterio a seguir por las audiencias provinciales.

El Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) establece en una sentencia que el delito de maltrato de obra sin causar lesión a la pareja o expareja debe llevar aparejada de forma obligatoria la prohibición temporal de aproximarse a la víctima, además de la pena de prisión de entre 6 meses y 1 año.

Se fija así un criterio a seguir, en el que las audiencias provinciales como el propio TS, tenían criterios dispares a la hora de resolver estas cuestiones, criterio que, según la propia Sala II, “es acorde con la protección de las víctimas de violencia de género”.

El Pleno de la Sala II, entiende que el delito tipificado en el artículo 153 del Código Penal (CP) que establece “ (…) o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.”, lleve aparejada de forma obligatoria la pena accesoria establecida en el Art. 57 del Códio Penal, esto es, la prohibición de aproximarse a la víctima (orden de alejamiento).

Según los magistrados, la distinción entre el maltrato que causa lesión de carácter menos grave del que no causa lesión establecido en el artículo 153 del CP, “solo responde a un intento de diferenciar dos conductas lesivas que, como dijimos con anterioridad y de acuerdo con la Jurisprudencia de esta Sala, protegen idéntico bien jurídico: la integridad física y psíquica”.

Entienden que la ausencia del maltrato que no requiere asistencia médica a este catálogo produciría una consecuencia incoherente.

Además el Supremo argumenta que el artículo 153 del CP, castiga con idénticas penas privativas de libertad y de derechos, tanto al que causa a la víctima lesiones menos graves como al que maltrata de obra sin causar lesión, "y, sin embargo, si se entendiera que el delito de maltrato de obra sin lesión no está comprendido en el artículo 57, sólo al condenado por la primera infracción –es decir, por la que sí requiere una asistencia médica– se le podría imponer la pena de prohibición de aproximación. Al condenado por la segunda –maltrato sin asistencia–, sin embargo, ni siquiera se le podría imponer con carácter facultativo".

En el caso resuelto por esta sentencia, se estima el recurso de la fiscalía contra una sentencia dictada por la AP de Madrid que dejó sin efecto la prohibición de aproximarse a la víctima impuesta a un hombre que abofeteó y profirió otros golpes a su pareja en plena calle, por las que no recibió asistencia médica.

El TS da la razón al Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Getafe, que había condenado al hombre a la pena de 9 meses de prisión, 2 años de privación del derecho a tenencia y porte de armas, y la prohibición de aproximarse a la víctima en 500 metros, durante 2 años, así como a comunicarse con ella por cualquier medio durante ese mismo plazo de tiempo.

(Fuente IBERLEY)

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Comienzo del curso escolar: ¿cómo pagar los gastos?18/09/2018

Comienzo del curso escolar: ¿cómo pagar los gastos?

Natalia García. Directora de Sepin Familia. Abogada

El comienzo del curso escolar marca un nuevo tiempo. En él resulta necesario determinar cómo afrontar los numerosos gastos que requieren los hijos en estas fechas. La lista puede ser larga y se inicia con la compra de los libros, del material escolar, pero sigue con la matrícula, el seguro, la ropa, los uniformes, las actividades, el comedor... ¿Quién debe pagarlos?, ¿forman parte de la pensión alimenticia?, ¿son gastos ordinarios o extraordinarios?, ¿debemos entender que el mes de septiembre requiere un tratamiento especial, distinto del de otros meses?, ¿conviene repartirlos proporcionalmente?

Estas cuestiones se abordan en la Encuesta Jurídica publicada en sepinNET Familia y Persona: "¿Tienen carácter de gastos extraordinarios los gastos escolares como matrícula, libros, uniformes? ¿Y los gastos médicos: ortodoncia, gafas, etc.?" (también disponible en nuestra base de datos con la referencia SP/DOCT/2409)

La REGLA GENERAL es que todos estos gastos que agrupamos bajo la denominación de "gastos escolares" tienen naturaleza de gastos ordinarios al ser previsibles y periódicos, por lo que debemos considerarlos indispensables e incluidos en la pensión alimenticia. En este sentido, se pronuncian numerosas resoluciones:

 - No tienen naturaleza de gasto extraordinario las cuotas ordinarias del colegio ni los libros escolares ni las excursiones obligatorias, pues no son imprevisibles, ya que se realizan cada año [AP Barcelona, Sec. 18.ª, 16-10-2012 (SP/AUTRJ/699040)].

 - Los gastos de guardería se considerarán incluidos en el concepto de alimentos del art. 142 CC [AP Baleares, Sec. 4.ª, 31-7-2012 (SP/SENT/687663)].

 - No son gastos extraordinarios los escolares, libros, uniformes, e incluso excursiones, al ser previsibles, mientras que las clases extraescolares deberán acreditarse como necesarias para el menor [AP Madrid, Sec. 22.ª, 15-6-2012 (SP/SENT/685723)].

- Dentro de los gastos ordinarios referentes a la educación se comprenden los libros de texto, los gastos de matrícula, el uniforme y el seguro escolar, por lo que deben entenderse incluidos en la pensión de alimentos y no pueden ser reclamados aparte [AP Valencia, Sec. 10.ª, 19-9-2012 (SP/AUTRJ/694695)].

- Los gastos correspondientes a matrícula, uniformes, libros y material escolar son ordinarios de la educación, no extraordinarios, y están comprendidos en la pensión alimenticia [AP Santa Cruz de Tenerife, Sec. 1.ª, 15-3-2010 (SP/SENT/535624)].

 Sin embargo, hay que tener en cuenta que este no es siempre el criterio a seguir, pues existen algunas EXCEPCIONES:

Reparto porcentual

Sin perjuicio de reconocer que estos gastos tienen naturaleza de ordinarios y, por tanto, incardinables dentro del concepto más amplio de alimentos, en determinados supuestos se puede acordar que sean asumidos en función de la cuantía y de las disponibilidades económicas de los progenitores. De este modo, se distribuirán porcentualmente entre ambos, por ejemplo, al 50 %. En este sentido, se pronuncia la AP Murcia, Sec. 4.ª, 23-2-2012 (SP/SENT/668060):

 "(...) la parte recurrente fundamenta su pretensión revocatoria en el error de la Juzgadora de instancia al conceptuar como gastos extraordinarios los relativos a matrícula del curso escolar, libros académicos, uniformes y material escolar del hijo menor de edad, por entender que los mismos quedarían integrados en el concepto de gastos ordinarios.

 Sobre esta cuestión nos hemos pronunciado de forma reiterada, afirmando con carácter general que tales gastos por las partidas señaladas no revisten ese carácter extraordinario.

 (...) Sin embargo y no obstante el citado criterio jurídico-interpretativo, es posible también, en determinados casos, como aquí acontece, que el Juzgador, sin perjuicio de reconocer la naturaleza de esos gastos como ordinarios e incardinables por tanto en el concepto más amplio de alimentos, decida en función de su cuantía y de las disponibilidades económicas de sus padres, que los mismos se distribuyan porcentualmente entre ambos progenitores. Por ello debemos aceptar la fórmula empleada al respecto por la Juzgadora de instancia, distribuyendo al 50 % entre los ahora litigantes el pago de tales partidas.

Procede, en definitiva, la desestimación de este motivo de recurso (...)".

Gastos extraordinarios

Otra excepción sería la que tiene lugar en aquellos supuestos en los que se atiende al importante desembolso que es preciso realizar en estas fechas. Así lo ha interpretado la AP Cáceres, Sec. 1.ª, en Auto de 13 de abril de 2011 (SP/AUTRJ/636174). Entiende que son gastos extraordinarios los producidos como consecuencia del inicio escolar, debiendo ser sufragados por ambos progenitores en la proporción que se hubiera acordado:

"(...) ha considerado como gastos extraordinarios los producidos a consecuencia del inicio del curso escolar (material escolar, uniformes escolares –en su caso– o libros de texto), en la medida en que suponen un desembolso económico de cuantía notable, que se devengan en una sola ocasión y que, indudablemente, son necesarios. Lo mismo cabe predicar respecto de las clases o actividades extraescolares y, en mayor medida, de las matrículas y cuotas mensuales de la escolaridad en Educación Infantil (aun cuando no fuera enseñanza obligatoria) de la hija menor, así como de la cuota de la asociación de madres y padres de alumnos.

 Respecto de las clases o actividades extraescolares, resulta incuestionable que, bajo parámetros estrictamente objetivos, suponen un beneficio para la hija en todos los órdenes, de modo que, si los gastos extraordinarios se caracterizan por su «necesariedad», no cabe duda de, que si tal gasto es necesario y redunda en beneficio de la hija, deben sufragarlo ambos progenitores en la proporción que se hubiera acordado (...)".

(Fuente SEPIN)

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Propuesta para declarar ilegal la jurisprudencia del TS sobre las ejecuciones hipotecarias18/09/2018

Propuesta para declarar ilegal la jurisprudencia del TS sobre las ejecuciones hipotecarias

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Maciej Szpunar, estima que la jurisprudencia del tribunal español podría ser contraria al derecho europeo.

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Maciej Szpunar, ha propuesto que una futura sentencia declare que la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de ejecuciones hipotecarias es contraria al Derecho comunitario.

El letrado se ha pronunciado de esta manera en sus conclusiones sobre dos casos acumulados que enfrentan a Abanca Corporación Bancaria y a Bankia con dos clientes con los que había firmado sendos préstamos de garantía hipotecaria. Se trata, sin embargo, de unas conclusiones preliminares y la decisión final no llegará hasta que los jueces emitan su fallo.

En el texto, Szpunar propone al TJUE que, en su futura sentencia, declare que la legislación europea se opone a que un órgano jurisdiccional nacional que ha apreciado el carácter abusivo de una cláusula que permite declarar el vencimiento anticipado de un contrato de préstamo hipotecario pueda mantener la validez parcial de la misma mediante la supresión del motivo que la convierte en abusiva.

El TS citaba una sentencia del Tribunal Supremo de lo civil y penal alemán en la que se establecían criterios para "preservar" las partes "no infectadas" de una cláusula que contenga una parte abusiva, pero el abogado general ha señalado que la propuesta del tribunal español no es un "fraccionamiento" de la misma, sino una "modificación conservadora de su validez".

El abogado general añade después que para poder seguir aplicando el resto de la cláusula habría que recurrir a la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece que podrá reclamarse la totalidad de la deuda si se incumple con la obligación del pago de al menos tres cuotas mensuales.

Sin embargo, el letrado explica que "subsanar" la nulidad de una cláusula mediante la aplicación de este número mínimo de cuotas mensuales equivaldría a permitir que los jueces nacionales modificaran dicha cláusula, algo que el propio TJUE ya declaró ilegal en una sentencia anterior.

Además, el abogado general Szpunar subraya también que la legislación europea se opone también a que un procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por una cláusula abusiva pueda continuar mediante la aplicación de otra disposición del derecho nacional aunque pueda ser más favorable para los consumidores.

Sí podrá continuar, no obstante, si el consumidor, tras haber sido debidamente informado por el juez nacional del carácter no vinculante de la cláusula, ha prestado su consentimiento libre e informado y ha manifestado su intención de no hacer valer el carácter abusivo y no vinculante de dicha cláusula.

(Fuente EXPANSIÓN)

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Errores de los empleados que la justicia hace pagar a la empresa17/09/2018

Errores de los empleados que la justicia hace pagar a la empresa

El empresario debe indemnizar algunos daños de sus trabajadores La relación jerárquica justifica que se le exijan responsabilidades

Una obra en la que se estropean los cables del suministro eléctrico. Un cliente que sufre una intoxicación alimentaria porque el camarero no menciona los ingredientes del producto. O un paciente que sufre lesiones como consecuencia de una mala praxis por parte del personal sanitario. Todas ellas son situaciones en las que el trabajador debe asumir la responsabilidad civil derivada del perjuicio que cause. Pero no solo él. Si los daños son consecuencia de una actividad encomendada por la empresa para la que trabaja, esta deberá también hacerse cargo de resarcir al perjudicado.

Así, el empresario no solo responde frente a terceros por las obligaciones contractuales contraídas por sus trabajadores, sino que también deberá hacerlo respecto de los daños y perjuicios que estos puedan ocasionar desempeñando sus funciones.

Relación de dependencia En estos supuestos es de aplicación la llamada responsabilidad extracontractual por hecho ajeno, regulada en el artículo 1903 del Código Civil. Esta figura determina que, en determinadas situaciones, es obligatorio reparar el daño por los actos y omisiones realizados por aquellas personas con las que exista una relación jerárquica o de dependencia, como la que se da entre la empresa o los dueños de un establecimiento, respecto de sus empleados.

A través de sus resoluciones, los juzgados y tribunales han sido los encargados de definir las situaciones concretas en las que se puede exigir responsabilidad a un empresario por los daños provocados por sus trabajadores.

En este sentido, el Tribunal Supremo ha determinado que la responsabilidad de la empresa surge cuando esta "incumpla los deberes de vigilar a las personas y a las cosas que están bajo su dependencia y de emplear la debida cautela en la elección de servidores y en la vigilancia de sus actos". Por tanto, si se demuestra que ha aplicado la diligencia debida en ambos cometidos se le eximirá de responsabilidad.

Incluso, la empresa puede ser declarada responsable a pesar de que no exista esa relación de dependencia directa con el empleado que, con su actuación, ha causado un perjuicio. Así se declaró en otro asunto resuelto por el Tribunal Supremo, en el que se analizaban los daños causados en unas instalaciones telefónicas subterráneas por unas excavaciones y movimientos de tierra. La sentencia concluyó que tanto la empresa subcontratada, a la que pertenecía el operario que manejaba la máquina, como la compañía encargada de la obra debían asumir los desperfectos.

Del mismo modo, si una persona es víctima de una mala praxis por parte del personal de una clínica a la que ha sido derivada por su seguro de asistencia sanitaria, la entidad aseguradora también es responsable. Así lo estipuló también el alto tribunal al probarse que los asegurados habían acudido a dicha clínica porque era uno de los centros médicos de su póliza. En consecuencia, el seguro debía hacerse cargo, junto con la enfermera que administró por error el medicamento, de la indemnización por responsabilidad civil.

Intención del trabajador También es un requisito indispensable para dirigir la reclamación hacia el empresario que los daños causados por sus empleados se produzcan como consecuencia de las tareas encomendadas en el ejercicio de su cargo. Así lo expuso la Audiencia Provincial de Albacete al resolver un caso de un camarero que tuvo una pelea con un cliente y le provocó una fractura de tobillo y una contusión en la espalda.

El tribunal determinó que el dueño del establecimiento no era responsable de dichas lesiones puesto que, aunque los hechos sucedieran en su local y el agresor fuera su empleado, lo sucedido escapaba de las funciones encomendadas. En este supuesto, el trabajador provocó un daño de manera intencionada y no por un descuido en el desarrollo de su tarea.

En el ejercicio de su labor Por el contrario, sí fue señalado como responsable civil un notario por los daños causados por un oficial a su cargo que no tramitó de manera diligente ante el Registro de la Propiedad una escritura pública autorizada en la notaría y cuya gestión se le había confiado. El Tribunal Supremo consideró que el notario no tuvo el control debido respecto del comportamiento de su empleado.

Por otro lado, no es excusa a efectos de responsabilidad del empresario que se desconozca qué empleado causó el daño. De nuevo, en este punto se ha pronunciado el alto tribunal al resolver el caso de una menor a la que se sirvió en una discoteca una bebida cáustica en lugar de agua, lo que le provocó diversas lesiones en el esófago por las que tuvo que ser operada. La sentencia estableció que la responsabilidad del empresario no estaba subordinada a "la previa determinación e individualización del responsable dependiente que, con su actuar culposo o negligente, sea deudor con el empresario de una indemnización solidaria".

La empresa tampoco se libra de asumir su responsabilidad cuando la actividad que desarrolle su empleado tenga un especial riesgo.

De hecho, en una sentencia el Tribunal Supremo declaró que una empresa de formación que impartía un curso de piloto comercial estaba obligada a indemnizar a los padres de un alumno fallecido en accidente. Para el alto tribunal, las medidas de control adoptadas habían resultado insuficientes y, por ello, la empresa era responsable.

La compañía es responsable si...

Existe una relación jerárquica. entre los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de sus trabajadores es de dependencia. El daño deriva de una tarea asignada. trabajador provoca un perjuicio a un tercero durante el desarrollo de las funciones asociadas a su cargo que le han sido encomendadas por su superior y, en último término, por la propia empresa. La vigilancia fue insuficiente. empresario ha de poner los medios necesarios y adecuados para evitar posibles daños como consecuencia de las tareas realizadas por sus trabajadores en la prestación del servicio.

(Fuente Cinco Días)

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