El coste para la economía de una justicia 'lenta, ineficiente y subjetiva'23/02/2018
El coste para la economía de una justicia 'lenta, ineficiente y subjetiva'
Medio:Expansión
Empresarios y abogados denuncian el lastre que supone para la economía una justicia 'lenta', 'ineficiente' y 'subjetiva'. Así lo plantea el Círculo de Empresarios en su informe La calidad del sistema jurídico como clave del crecimiento económico y del progreso social, en cuya elaboración han participado más de 30 profesionales de distintos ámbitos de la Justicia, y que se presentó ayer en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (Icam). El Círculo de Empresarios reclamó ayer una 'mejora del funcionamiento y la calidad del sistema judicial español', al considerar que 'el mal funcionamiento de la Justicia genera costes que condicionan el crecimiento y el dinamismo económico'. El presidente del Círculo, Javier Vega de Seoane, afirmó que 'si la seguridad jurídica y el Estado de Derecho no funcionan, si las reglas de juego no se cumplen, los empresarios se deslocalizan allí donde las reglas se cumplen y donde hay estabilidad regulatoria'. Vega de Seoane puso de ejemplo la fuga de empresas de Cataluña, que suponen el 40% del PIB, ante la inseguridad jurídica.
El informe recuerda que los análisis de la Comisión Europea concluyen que la Justicia española debe mejorar en la duración de los procesos, la tasa de resolución y el número de asuntos pendientes. Y que el ránking global del Rule of Law Index sitúa a España en la posición 24 de 113; en la clasificación de países con ingresos elevados, está en el puesto 24 de 36, y en el marco regional de la UE, Norteamérica y países EFTA, en el 17 de 24. Sin embargo, en este estudio, se analizan los elementos del ordenamiento jurídico español que resultan críticos para el crecimiento económico.
L 'Activismo judicial'.
El informe denuncia que el activismo judicial perjudica a la economía y afecta a la imagen de España como país seguro para la inversión extranjera. Llama la atención sobre 'el problema del llamado activismo judicial', por el que, a su juicio, 'se ha registrado la tendencia de algunos tribunales a buscar soluciones consideradas justas, aunque se separen de una interpretación razonable de las leyes aplicables'.
Este activismo se manifiesta 'a través de lecturas forzadas de los textos normativos; hay un alejamiento del programa normativo que el legislador democrático ha adoptado. Con ello, se ensancha el margen judicial para aplicar el Derecho', denuncian.
Como resultado de este activismo, según el informe, 'se adoptan resoluciones con repercusiones significativas en la economía' y 'algunos jueces se convierten en auténticos reguladores de facto'. Este proceder, que afecta a la seguridad jurídica, se intensifica, además, por la falta de especialización y formación de algunos jueces que analizarán con detalle en otras partes del informe, ya que se punta que hay resoluciones 'nacidas de un cierto afán por la búsqueda una Justicia material, siempre subjetiva, se han basado a veces en razonamientos económicos defectuosos, susceptibles de causar graves daños a la economía'.
La intervención judicial en esta dirección se ha intensificado en la crisis, prosigue el informe, que lamenta que 'el papel de los tribunales no ha sido siempre acorde con el espíritu y la letra de las nuevas leyes', en referencia a la reforma laboral.
En suma, recuerda el estudio, 'algunas de las resoluciones más importantes en este sentido han traspasado nuestras fronteras, afectando a la imagen de España como país atractivo y seguro para la inversión exterior', en alusión a sentencias sobre el marco hipotecario.
Respecto a la usurpación del poder legislativo por parte de algunos jueces, el informe alerta sobre el incremento del planteamiento de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE, que ha sido exponencial en terrenos bancarios y laborales, y propone establecer criterios y requisitos.
L Eficiencia.
Para mejorar la eficiencia judicial, se recomienda establecer mecanismos que eviten que la Administración siga dictando resoluciones idénticas a otras que se encuentran sometidas y pendientes y subraya que las normas sobre los plazos de la instrucción deberían ser escrupulosamente respetadas.
L Selección y promoción.
El informe aboga por revisar el sistema de selección y promoción de los jueces. Plantea introducir procedimientos de selección como los utilizados en Alemania, por ejemplo, donde se otorga mayor peso que en España al periodo de prácticas, e incrementar la especialización de los jueces, dado que los conocimientos económicos o contables 'tienen un peso prácticamente marginal' en la oposición. Se recuerda que la previsibilidad de las decisiones se incrementa cuando las resuelven jueces especializados, como en el caso de los juzgados de familia y mercantiles, lo que no ocurre en el ámbito tributario, sobre todo, en el orden penal.
L Productividad.
Los expertos que ha reunido el Círculo de Empresarios coinciden en que se debe determinar la calidad de los servicios prestados por los jueces y que ésta debe tener consecuencias en la remuneración y en la carrera judicial. A pesar de la complejidad del trabajo de los jueces, plantean establecer un verdadero sistema de incentivos en forma de retribución variable que permita conocer de forma más objetiva los resultados de su trabajo. 'Aspectos tales como la duración de los procedimientos (en función de criterios objetivos) o el número de resoluciones revocadas o confirmadas deberían desempeñar un papel relevante en la remuneración de los jueves y en su promoción a escalones superiores'.
L Competencia.
El informe denuncia carencias del sistema judicial en distintos órdenes. En el caso del Derecho de Competencia, advierte del incremento de las sanciones por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), y recomienda asegurar que los jueces revisen con plenitud las cuestiones fácticas y jurídicas que plantean las empresas.
L Penal.
En el ámbito penal, el estudio critica el modelo de responsabilidad penal de la persona jurídica y denuncia que existen casos de clara conculcación del derecho a la presunción de inocencia en la fase de instrucción y recomienda controlar las filtraciones. El ex fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce aseguró ayer que España tiene 'el peor Código Penal de toda Europa'.
L Concursal.
En materia concursal, piden que se supriman los privilegios de los que disfrutan los créditos de Hacienda y de la Seguridad Social en la venta de unidades productivas.
L Arbitraje y mediación.
Por último, el Círculo de Empresarios destaca en el informe la necesidad de 'fomentar la mediación como modo alternativo de resolución de controversias' y 'extender la cultura del arbitraje'.
(Fuente EXPANSIÓN)
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