¿Se puede facturar sin estar dado de alta en autónomos?08/11/2019

¿Se puede facturar sin estar dado de alta en autónomos?

Si vas a realizar una actividad económica o profesional de forma habitual y por la que te vayas a lucrar, tienes que darte de alta en RETA.

El artículo 1 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo autónomo, dice que les será de aplicación esa ley y por lo tanto tendrán que darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos «las personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena

Por lo tanto, en el momento en el que vayas a realizar una actividad económica o profesional de forma habitual y por la que te vayas a lucrar, tienes que darte de alta en RETA.

Es cierto que hay veces en que los trabajos que se van a realizar son esporádicos, no habituales. El problema surge cuando hay que averiguar qué se entiende por «habitual».

Y con respecto al cumplimiento de este requisito de la habitualidad, es necesario tener en cuenta la doctrina establecida por el Tribunal Supremo (rec. nº 406/1997), en la que se declara, de forma muy resumida, que la superación del umbral del salario mínimo percibido en un año natural puede ser un indicador adecuado de habitualidad.

Eso significa que si se realiza algún trabajo esporádico remunerado por una cantidad que no supere el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), no se cumplirá con el requisito del artículo 1 de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, que se refiere a trabajos habituales, y por tanto se podrá emitir la factura por ese trabajo esporádico sin necesidad de ser autónomo.

Ahora bien, aunque no se llegue el SMI, si se trata de un trabajo que se lleva a cabo todos los meses, por pequeño que sea, la recomendación es estar dado de alta... aunque no compense económicamente.

(Fuente EL CORREO)

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Un juzgado obliga al Santander a devolver lo invertido en el Popular07/11/2019

Un juzgado obliga al Santander a devolver lo invertido en el Popular

Navas & Cusí acaba de lograr la responsabilidad del Santander en las acciones del Banco Popular. El juzgado nº 1 de Majadohonda (Madrid) sentenció el pasado 23 de octubre que la información del folleto de ampliación de capital “reflejaba una imagen no veraz de la situación económico-financiera de la entidad”. Añade que “ofrece una imagen solvente” dando esperanzas de una situación positiva.

El cliente pensó que sería accionista de una entidad solvente y rentable cuando estaba suscribiendo acciones de una sociedad con pérdidas

"Se trata de una sentencia que responsabiliza al Santander de la falta de transparencia del Popular y que estoy seguro que marca un antes y un después en este tema", señala Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho especializado en derecho bancario.

La sentencia recoge el literal del folleto de ampliación de capital de junio de 2016 donde se afirma que "reforzará las fortalezas y rentabilidad" del banco, disminuyendo el coste del riesgo y acelerando la reducción del negocio inmobiliario. Todo ello permitiría "elevar la capacidad de generación de capital futura y acelerar la vuelta a una política de dividendos". Sin embargo -reza el fallo- el 10 de abril de 2017 se aprobaron las cuentas del 2016 con unas pérdidas de 3.222 millones de euros. Poco después -recuerda la sentencia- el Frob procedió a ejecutar la resolución dictada por la JUR después de que el BCE resolviera que el Popular era "inviable" porque "no podía hacer frente al pago de las deudas y demás pasivos a vencimiento".

Obviamente, "el folleto no reflejaba la realidad", concluye la juez. La sentencia considera evidente que había un problema de solvencia, no sólo de liquidez. Lo afirma tras las relevaciones del informe de la JUR per también por el hecho de que se hubiera resuelto a un euro y el Santander tuviera que dotar de 7.000 millones de euros. En definitiva -señala la juez del nº1 de Majahonda- "el folleto anunció una situación de solvencia que no era real".

Información errónea

Esa información errónea llevó al cliente a formarse una imagen de la realidad distorsionada. "Iba a ser accionista de una sociedad con beneficios cuando en realidad está suscribiendo acciones de una sociedad con pérdidas", concluye la sentencia. Y agrega: "si hubiera tenido acceso a la información real, el negocio probablemente no se habría realizado".

La sentencia recuerda el fallo de la Audiencia Provincial de Valencia de 29 de diciembre de 2014 que señala que las entidades que las entidades deben de proporcionar información "fidedigna, suficiente, efectiva, actualizada e igual para todos" porque la información "es la base de un mercado seguro y eficiente". También recuerda la sentencia de Supremo de 3 de febrero de 2016 en la que señala que el folleto informativo es fundamental para que el pequeño accionista pueda conocer los activos, pasivos, la situación financiera, los beneficios o pérdidas y las perspectivas de la entidad. "El folleto vendía una realidad absolutamente opuesta a la realidad", señala Navas.

El Santander se defiende afirmando que información sobre la situación financiera del Popular del folleto de ampliación de capital era "real y verdadera y mostraba la imagen fiel". Añade que el folleto advertía de los riesgos de depreciación de la cartera inmobiliaria. "El folleto vendía una imagen distorsionada de la realidad de la entidad como después se demostró y como es más que evidente", responde el socio-director de nsavascusi.com.

El Santander también trata de defenderse afirmando que desde el 2008 al 2016 todos los informes de auditoría de PriceWaterhouseCoopers no tuvieron salvedades ni limitaciones al alcance. "Se le olvidó decir que en la auditoría del 2016 hubo un párrafo donde advertía de los requerimientos de capital del BCE aunque concluía que el banco contaba con mecanismos para cumplir son dichos requisitos; en todo caso, el dato aportado por el Santander sólo releva las dudas sobre la calidad de las auditorías y la imposibilidad de mi cliente de poder conocer los verdaderos problemas de la entidad", señala Navas.

La sentencia concluye con la existencia de un "vicio estructural del negocio de adquisición de las acciones". El error vicio en el consentimiento afecta a un elemento esencial como es el mismo objeto de la inversión: la información sobre el Banco Popular. Dicho error es excusable porque no se puede imputar negligencia al cliente que se fía de un folleto y de unos balances auditados.

El vicio pues es "esencial, no imputable y excusable" que son los tres requisitos jurisprudenciales para declarar la nulidad. Y es lo que hace la sentencia: declara la nulidad de las compras de los 195.047 títulos producidas los días 10, 17, 18, 24 y 29 de noviembre de 2016 por valor de 176.625,23€. Obliga al Santander a devolver dicha cuantía más los intereses legales desde la compra. Y condena a la entidad al pago de las costas.

"Es evidente que el folleto de ampliación de capital no reflejaba la imagen fiel del Popular y que eso llevó a engaño a miles de pequeños inversores que ahora ven una posibilidad de recuperar su dinero", concluye el socio-director de navascusi.com.

(Fuente LEGAL TODAY)

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¿El sistema de fichaje por huella dactilar es un medio de prueba válido para justificar un despido por faltas de asistencia?07/11/2019

¿El sistema de fichaje por huella dactilar es un medio de prueba válido para justificar un despido por faltas de asistencia?

El TSJ declara improcedente el despido de un trabajador tras considerar que las hojas de control horario utilizadas por la empresa para justificar el despido no acreditan las faltas de asistencia y puntualidad que se le imputan debido a la dudosa fiabilidad del sistema de fichaje por huella dactilar.

Supuesto de hecho:

El trabajador venía prestando servicios como profesor.

La escuela donde presta servicios el trabajador tiene implantado un sistema de fichaje de los empleados que utiliza la huella digital de dos dedos, de tal forma que, tanto a la salida, como a la entrada, deben fichar.

En fecha 21/06/2018 la empresa comunica al trabajador su despido disciplinario por faltas y retrasos injustificados, aportando como prueba las hojas de control horario.

El trabajador acude a los Tribunales por entender que las ausencias y retrasos alegados en la carta de despido eran inciertos, ya que responden a fallos en el sistema de fichaje que habían sido puestos de manifiesto a sus superiores con anterioridad.

Consideraciones jurídicas:

La cuestión litigiosa consiste en determinar si las hojas de registro de jornada del sistema de fichaje por huella dactilar son un medio de prueba válido para justificar la procedencia del despido.

En el supuesto concreto, señala el TSJ, se ha acreditado que el trabajador tiene problemas en los fichajes, ya que, según su explicación, además de profesor, es enfermero y normalmente los sistemas de detección dactilar no le funcionan por el uso y manejo habitual de medicamentos.

También consta probado, añade la sentencia, que el trabajador comunicó en numerosas ocasiones los problemas que tenía a la hora de fichar a su coordinadora, la cual le aconsejó que lo pusiera en conocimiento de la escuela. Sin embargo, el trabajador no lo hizo por dejadez.

Por otro lado, razona la Sala, se ha probado que el trabajador no ha faltado a su puesto de trabajo como se quiere hacer creer de contrario, ya que no existe ni una sola queja por parte de su coordinadora ni de ningún alumno.

Si hubiera faltado todos los días que se reflejan en la carta de despido, no es creíble que alguien no lo hubiera puesto en conocimiento de la escuela de algún modo, máxime cuando la mayoría de las ausencias se producen en el momento del final de curso.

Conclusión Lex@:

Para el TSJ, el sistema de fichaje por huella dactilar no es un método fiable que permita acreditar debidamente las faltas de asistencia injustificadas de un trabajador, cuando el sistema presente fallos en los fichajes. En consecuencia, la sentencia del TSJ declara improcedente el despido tras determinar que las ausencias injustificadas al trabajo que se le imputan en la comunicación de despido disciplinario no han sido debidamente acreditadas por la empresa, ya que el sistema informático de control horario mediante huellas dactilares no es medio de prueba fiable.

(Fuente LEGAL TODAY)

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El TS dicta su primera sentencia sobre abusividad de la comisión por descubierto en cuenta07/11/2019

El TS dicta su primera sentencia sobre abusividad de la comisión por descubierto en cuenta

Informa el Poder Judicial sobre la primera sentencia (Nº 566/19, de 25 de octubre) que dicta la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo sobre la comisión de reclamación de posiciones deudoras. 

En el caso enjuiciado la comisión cobrada al cliente no cumple las exigencias del Banco de España para este tipo de comisiones, porque prevé que podrá reiterarse y se plantea como una reclamación automática. Tampoco discrimina periodos de mora, de modo que basta la inefectividad de la cuota en la fecha de pago prevista para que, además de los intereses moratorios, se produzca el devengo de una comisión.

Tal como está redactada, tampoco identifica qué tipo de gestión se va a llevar a cabo (lo deja para un momento posterior), por lo que no cabe deducir que ello generará un gasto efectivo (no es igual requerir in situ al cliente que se persona en la oficina para otra gestión, que hacer una simple llamada de teléfono, que enviarle una carta por correo certificado con acuse de recibo o un burofax, o hacerle un requerimiento notarial).

Para el Supremo es la "indeterminación  de la comisión es la que genera la abusividad, puesto que supondría, sin más, sumar a los intereses de demora otra cantidad a modo de sanción por el mismo concepto, con infracción de lo previsto en los arts. 85.6 TRLGCU (indemnizaciones desproporcionadas) y 87.5 TRLGCU (cobro de servicios no prestados).

Además, una cláusula como la enjuiciada contiene una alteración de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor, pues debería ser el Banco quien probara la realidad de la gestión y su precio, pero, con la cláusula, se traslada al consumidor la obligación de probar o que no ha habido gestión, o que no ha tenido el coste fijado en el contrato, o ambas circunstancias. Lo que también podría incurrir en la prohibición prevista en el art. 88.2 TRLGCU.

Por último, la comisión de reclamación de posiciones deudoras no es una cláusula penal, porque ni contiene un pacto de pre-liquidación de los daños y perjuicios, ni sustituye su indemnización, que vendrá constituida por el pago de los intereses moratorios pactados (que no sean abusivos). Y si tuviera una finalidad puramente punitiva, contravendría el art. 85.6 TRLCU, según declaró la sentencia 530/2016, de 13 septiembre. Aunque se aceptara a efectos meramente dialécticos que la comisión es  una cláusula penal, sería nuevamente redundante y, por tanto, incurriría en desproporción".

(Fuente IBERLEY COLEX)

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Hacienda podrá embargar la parte del salario mínimo interprofesional que no se haya gastado en el mes.30/10/2019

Hacienda podrá embargar la parte del salario mínimo interprofesional que no se haya gastado en el mes.

Mediante Auto TS de 26 de septiembre de 2019, Rec. 889/2019, ECLI: ES:TS:2019:9295A, el Tribunal Supremo ha avalado que Hacienda pueda embargar la parte del salario mínimo cobrado en meses anteriores que haya podido ahorrar el contribuyente.

Para la Sala de lo Contencioso, las limitaciones que se establecen en la LECiv se aplican exclusivamente sobre el importe que deba considerarse sueldo, salario o pensión, y no sobre el exceso que pudiera haber en la cuenta bancaria, al margen de su origen y procedencia.

El art. 171.3 LGT contiene una definición legal de qué debe entenderse por sueldo, salario o pensión, en relación con las limitaciones fijadas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en concreto en su artículo 607.1, al embargo:

"...3. Cuando en la cuenta afectada por el embargo se efectúe habitualmente el abono de sueldos, salarios o pensiones, deberán respetarse las limitaciones establecidas en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, mediante su aplicación sobre el importe que deba considerarse sueldo, salario o pensión del deudor. A estos efectos se considerará sueldo, salario o pensión el importe ingresado en dicha cuenta por ese concepto en el meses en que se practique el embargo o, en su defecto, en el mes anterior".

Para el TS, la norma es clara, "las limitaciones que se establecen en la LEC se aplican exclusivamente sobre el importe que deba considerarse sueldo, salario o pensión, y no sobre el exceso que pudiera haber en la cuenta bancaria, al margen de su origen y procedencia".

Nueva doctrina desfavorable para los contribuyentes

El criterio adoptado por el Alto Tribunal se presenta como altamente desfavorable para los contribuyentes, toda vez que:

a) Se considerará sueldo, salario o pensión el importe ingresado en dicha cuenta por ese concepto en el mes en que se practique el embargo o, en su defecto, en el mes anterior (art. 171.3 LG)).

b) En clara referencia a la parte del salario mínimo inembargable que el contribuyente no haya consumido en el mes, se entiende como "diáfano" que las limitaciones que se establecen en la LECiv se aplican exclusivamente sobre el importe que deba considerarse sueldo, salario o pensión, y no sobre el exceso que pudiera haber en la cuenta bancaria, al margen de su origen y procedencia.

c) Aplicando este criterio, Hacienda podría embargar parte del SMI considerado inembargable que no se hubiese consumido por entender que se trata de "ahorro" y no se encuentra protegido.

d) El posible embargo del "ahorro" se realizaría en su totalidad, sin aplicación de límites, salvo en la parte correspondiente al último salario cobrado.

 Inadmisión del recurso de casación planteado

El Tribunal Supremo considera que la resolución del Juzgado de lo Contencioso de Barcelona que anuló el embargo, es errónea. Sin embargo, aclara que el hecho de que una resolución judicial referida a un supuesto aislado sea -o pueda ser- errónea, no requiere necesariamente que un pronunciamiento del Alto Tribunal -que esclarezca la interpretación que ha de darse al artículo 171.3 de la LGT en relación con lo dispuesto en el artículo 607.1 LECiv y que aclare si los saldos acumulados en las cuentas corrientes procedentes de ingresos en concepto de pensión, sueldo o salario, que excedan de la cuantía ingresada en el mes en que se procede a practicar el embargo o, en su defecto, en el anterior, son o no embargables-. Y ello, cuando la doctrina sobre esta cuestión ya esté clara.

(Fuente IBERLEY- COLEX)

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