Las sentencias condenatorias firmes por delito fiscal se publicarán en el BOE11/06/2015

El Consejo de Ministros ha aprobado el pasado 29 de mayo la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal. Para su tramitación parlamentaria se solicita el procedimiento de urgencia.

La norma va a permitir que se publiquen datos esenciales de sentencias condenatorias por delitos contra la Hacienda Pública. Con esta Ley, el Gobierno no busca someter al defraudador a un castigo adicional a la pena que se le pueda imponer, sino que busca alcanzar una mayor eficacia y transparencia en la actuación tributaria y en la lucha contra el fraude, de manera que todo ciudadano debe saber que sus datos estarán a disposición del público si no cumple con sus obligaciones fiscales y es condenado por ello. La Ley tiene, por tanto, carácter procesal, en busca del interés público, y no sancionador.

 

(Fuente CISS)

 

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Nulidad de sentencia que resuelve la compraventa por una causa diferente de la aducida en la demanda10/06/2015

TS, Sala Primera, de lo Civil, 6-5-2015

El Tribunal Supremo aborda el tema de la resolución de una compraventa inmobiliaria, y nos llama la atención la decisión de la Audiencia Provincial que, ante el incumplimiento por parte de la compradora de su obligación de pago del precio y de otorgamiento de escritura pública, estima la resolución por una causa, la imposibilidad sobrevenida de pagar el precio convenido, que es distinta de la aducida en la demanda para justificarla.

El Alto Tribunal casa la sentencia de la Audiencia, dejándola sin efecto y, en cuanto al fondo, reitera su doctrina de que solo el contratante cumplidor puede pedir la resolución de un contrato por incumplimiento de la contraparte, denegando la legitimación a la compradora para interesar la resolución de la compraventa, basada en su propio incumplimiento.

 

(Fuente SEPIN)

 

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DESAHUCIO POR FALTA DE PAGO DE LA RENTA Y CANTIDADES ASIMILADAS09/06/2015

La fijación unilateral por el arrendador de las cantidades asimiladas a renta y la exigencia de su pago no comporta la obligación del arrendatario de llevarlo a cabo cuando no está de acuerdo o no se le han justificado adecuadamente las razones de dicha exigencia.

 

TS - Civil - 22/04/2015

 

(Fuente VLex)

 

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CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES. PAREJAS HOMOSEXUALES08/06/2015

Presentación de cuestión de inconstitucionalidad respecto de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuando se trata de aplicarlo a las parejas homosexuales que convivían more uxorio cuando no podían contraer legalmente matrimonio.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha planteado cuestión de inconstitucionalidad para determinar si el artículo de la Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que prevé reducciones para “cónyuges” contradice el derecho constitucional a la igualdad en relación a parejas homosexuales que no pudieron casarse por el fallecimiento de uno de ellos antes de la entrada en vigor de la Ley de matrimonios de personas del mismo sexo de 2005.

 

Auto TS - Contencioso - 21/05/2015

 

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Entra en vigor la nueva ley concursal02/06/2015

Este martes, 26 de mayo, ha sido publicada en el BOE la más reciente de las múltiples reformas concursales (Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal) que, si bien mantiene fundamentalmente la redacción del Real Decreto-ley 11/2014, contiene diversas modificaciones sobre la normativa vigente. Destacamos las siguientes:

- Se amplían las funciones de carácter informativo de la administración concursal, lo que debe ser contemplado positivamente para evitar las asimetrías informativas entre los distintos afectados, agilizar el procedimiento y coadyuvar a su eficiencia.

- Se incluyen en el quórum para la constitución de la junta de acreedores a los acreedores privilegiados, al establecer que la junta puede constituirse no solo con la mitad del pasivo ordinario, sino también con un la mitad del pasivo que pueda resultar afectado por el convenio, excluidos los acreedores subordinados.

- Las reglas de liquidación del artículo 149, en general, siguen siendo supletorias, si bien algunos aspectos de la enajenación del conjunto de la empresa o de unidades productivas pasan a ser de obligado cumplimiento.

Hay que reconocer que la discusión parlamentaria ha introducido algunas mejoras en el articulado del Real-Decreto-ley, pero se han rechazado algunas propuestas de enmienda que a nuestro juicio eran totalmente razonables y que habrían mejorado el procedimiento. Así, aquellas que abrían la posibilidad de que la Hacienda Pública suscribiese los acuerdos de refinanciación o convenios y condiciones singulares de pago, que no fuesen más favorables para el deudor que las del acuerdo de refinanciación o convenio. También, la que separaba la figura del mediador concursal de la del administrador concursal del concurso consecutivo, dado que las funciones y principios de actuación de uno y otro son totalmente distintas y aún incompatibles, siendo imposible mantener los principios de confidencialidad y neutralidad, típicos de la mediación, en el concurso consecutivo.

Enmiendas de dos grupos parlamentarios distintos coincidían en sustituir la figura de las Sociedades de Tasación, que en el texto del Real Decreto-ley tienen atribuidas la función de valorar los bienes inmuebles para determinar el valor de la garantía de los acreedores con privilegio especial, por la del Experto Independiente y con los criterios y principios contenidos en la norma 13ª de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF nº 13). Ello parece totalmente razonable habida cuenta de que las Sociedades de Tasación son las que han valorado anteriormente, a instancia de los habituales acreedores con privilegio especial sobre bienes inmuebles, las entidades financieras, los inmuebles sobre los que tienen otorgadas garantías, quebrándose el principio de independencia de aquellas.

Otra enmienda excluía la sucesión de empresa, a efectos de Seguridad Social, en caso de enajenación conjunta o de unidades productivas, tema sobre el que antes de la reforma introducida por el Real Decreto-ley existían pronunciamientos judiciales distintos, pero que, con la redacción del Real Decreto-ley y del redactado aprobado de la Ley, se intenta dejar zanjado con la sucesión al adquirente del pasivo de Seguridad Social. Ello dificultará sin duda la transmisión de unidades productivas.

Como es bien sabido, la Ley 38/2011 facultó a la administración concursal para solicitar la liquidación en caso de cese de actividad. Sería importante establecer la legitimación subsidiaria de los acreedores para solicitarla cuando no lo haga el propio deudor o la administración concursal y a ello se refería una de las enmiendas rechazadas. Debe insistirse en que la demora en liquidar empresas inviables produce una devaluación paulatina de sus activos y la generación innecesaria de créditos contra la masa. A su vez, la falta de distinción temprana entre empresas que deben ser liquidadas y las que pueden ser reestructuradas produce confusión en el mercado al no distinguir ambas tipologías y perjudica la viabilidad de las que pueden llegar a una solución convenida con sus acreedores.

 

(Fuente El mundo financiero.com)

 

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