Aumenta la detección de empleos sumergidos con el buzón anónimo de denuncias ciudadanas.14/08/2015

En el último año han aflorado 2.589 empleos, un 62% más que en el año anterior. Desde agosto de 2013 se han liquidado cuotas a la Seguridad Social por valor de 4,6 millones de euros y se ha sancionado a las empresas infractoras con multas cuyo importe total es de 12,7 millones de euros

El balance del segundo año de funcionamiento del bozón anónimo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para la lucha contra el fraude laboral refleja un aumento muy significativo en su utilización, con un incremento importante en los resultados obtenidos en comparación con el primer año.

El incremento es más evidente en las cuotas liquidadas a la Seguridad Social en el segundo año. Estas, ascienden a 3,2 millones de euros, lo que representa un aumento del 128% (1,8 millones de euros más). Asimismo, el importe de las sanciones a empresas este último año, 8,3 millones de euros, supone un incremento del 88% (3,9 millones de euros más).

Los ciudadanos pueden notificar en este buzón las conductas fraudulentas en el ámbito laboral para que sean objeto de análisis y, en su caso, de investigación por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Una vez analizadas las comunicaciones, la información de que se dispone se incorpora a la actividad planificada de la Inspección, salvo en aquellos casos en que por razones de urgencia o gravedad se estime necesaria su realización inmediata.  

(Fuente salamanca24horas)

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Publicada en el BOE la Ley 23/2015, de 21 de julio, que regula el Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social10/08/2015

La nueva ley de Inspección de Trabajo y Seguridad Social  establece un modelo de Inspección basado en  el principio de unidad de función y actuación inspectora, respetando el sistema constitucional de distribución de competencias y definiendo, al mismo tiempo, las de dos organismos autonómicos, el Consorcio de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cataluña y el Consejo Vasco de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Por  otro lado, se crea el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y  la regulación de una Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, como órgano especializado de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para combatir las conductas relacionadas con el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

La nueva ley también regula el régimen jurídico de los funcionarios del Sistema de Inspección en su conjunto, de manera complementaria al contenido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Se crean dos escalas dentro del Cuerpo de Subinspectores Laborales: Una Escala de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, conformada por el actual Cuerpo de Subinspectores y otra nueva, de Subinspectores de Seguridad y Salud Laboral, con funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales, lo que permitirá ampliar y reforzar la actuación de la Inspección en esta materia.

(Fuente citapreviainem.es)

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Cómo cotizar a la Seguridad Social si se es autónomo eventual05/08/2015

Hay muchos trabajadores que con la actual coyuntural laboral se sienten tentados por la idea de ser su propio jefe. Son muchos también los abocados al empleo por cuenta propia al ser la única opción en su sector. Cuando no se cuenta con una abultada cartera de clientes, una de las principales preocupaciones es cómo hacer frente a la cuota de autónomo, el IRPF y el IVA.

Si se descarta la opción B, la del mercado negro, hay una alternativa que se adapta a las necesidades de aquellos autónomos con ingresos esporádicos. Se trata de las cooperativas de trabajo asociado o de impulso empresarial.

No son solo una opción frente a la cuota de autónomos y ni mucho menos una forma de pagar menos a la Seguridad Social, insiste en aclarar Fermín Arias García Chica, fundador de Freelance, una de las pioneras en España. Ambas figuras, reconocidas por la legislación laboral, ofrecen la posibilidad de cotizar a la Seguridad Social en el régimen general solo por los días efectivamente trabajados. El socio cooperativista puede acceder a la prestación por desempleo, así como al resto de derechos sociales (cobertura sanitaria, pensiones, entre otros).

¿Qué son?

Existen dos modalidades de cooperativas: las de trabajo asociado y las de impulso empresarial. Ambas proporcionan de forma casi similar a sus socios la posibilidad de facturar de manera legal y cumplir con todas las obligaciones tributarias y sociales.

El Ministerio de Empleo señala que las primeras tienen “por objeto proporcionar a sus socios puestos de trabajo, mediante su esfuerzo personal y directo, a tiempo parcial o completo, a través de la organización en común de la producción de bienes o servicios para terceros.”

En líneas generales, éstas entidades se conciben como prestadoras de un servicio que reduce costes a los socios y les simplifican los trámites burocráticos. Así, por ejemplo, no intervienen en las condiciones del servicio pactado entre el profesional y su cliente, explican.

La gran diferencia con las segundas reside en su filosofía. Las cooperativas de impulso empresarial se reivindican como parte de una economía social, que busca “representar a los colectivos profesionales y defender sus intereses”, cuenta, por correo electrónico, José Luis Anguita Yanguas, del departamento comercial y marketing de Inpulse, entidad afincada en Granada.

Su nacimiento aparece ligado al trabajo de diversas entidades andaluzas. En 2011, éstas conocieron la experiencia de la cooperativa de gestión cultural Smart en Bélgica. Ésta agrupa a más de 50.000 socios y es interlocutora del Ministerio de Cultura de este país a la hora de diseñar las políticas culturales. Las organizaciones andaluzas investigaron cómo replicar la experiencia en España. No les convenció ninguna de las categorías ya existentes.

“Pensamos que para que fuese totalmente legal, la figura debía ser lo más parecida posible a las cooperativas de actividad y empleo de Francia”, explica Mapi López, gestora de proyectos de la filial española de Smart. Para ello, consiguieron cambiar la legislación andaluza e incluir a las cooperativas de impulso empresarial como una subcategoría propia bajo la siguiente definición: “las que tienen como objeto social prioritario canalizar, en el ámbito de su organización, la iniciativa emprendedora de sus socios y socias, mediante la orientación profesional, la provisión de habilidades empresariales precisas… o la prestación de determinados servicios comunes a las personas socias”.

Tanto las primeras como las segundas se someten a las diferentes leyes sobre sociedades cooperativas vigentes en las comunidades autónomas y a la legislación estatal.

¿Cómo funcionan?

El modus operandi es similar en la mayoría de ellas. Lo primero es evidente: hacerse socio. Para ello, hay que aportar un capital social inicial que va desde los 30 a los 150 euros. Esta cantidad será devuelta en el momento en el que se decida abandonar la entidad. Además, ha de firmarse el contrato de adhesión a la cooperativa.

En aquellas como Smartib, que incluyen otros servicios, exigen además recibir una formación en prevención de riesgos laborales, cumplimentar un documento con la toma de datos del puesto de trabajo y otro sobre vigilancia de la salud, entre otros trámites. Una vez realizados estos formalismos ya se es socio de la cooperativa. Hay, sin embargo, que solicitar altas y bajas cada vez que se realiza un trabajo.

En líneas generales, en el momento de ir a realizar un trabajo, el socio ha de informar a la cooperativa. Esta redacta y firma el contrato de servicios prestados con la empresa contratante. También, se encarga de dar de alta en la Seguridad Social por los días correspondientes.

Una vez terminado el servicio, la cooperativa formaliza la baja. A continuación, emite la factura, que puede ser enviada directamente al cliente o al cooperativista para que éste se la entregue.

Otra opción que se utiliza, a veces, es hacer estos trámites a posteriori. Es decir, una vez que se ha llevado a cabo el encargo del cliente. En este caso, el número de días de alta en la Seguridad Social se calculan en base al monto acordado. Cada 210 euros de facturación corresponden a un día de cotización, a 11,30 euros por día.

El CIF que aparecerá en la factura es siempre el de la cooperativa y será en la cuenta de ésta donde el contratante ingrese el pago. Luego, la sociedad será la encargada de transferir el dinero al socio. Aquellas entidades que cuentan con un fondo de garantía salarial adelantan el monto a cobrar, aunque no hayan recibido aún el dinero.

¿Qué gastos conlleva?

Además del capital social inicial, en algunas cooperativas existe una cuota mensual. Eso sí, solo deberá pagarse durante aquellos meses en los que se factura. Además, algunas de estas entidades aplican un porcentaje por gastos de gestión en cada factura. Este oscila entre el 4% y el 6%. Existe otro pago: el impuesto de sociedades, un 10%, que se devuelve al socio al acabar el ejercicio fiscal.

A esto hay sumarle el IVA correspondiente a la actividad realizada. Algunas como aquellas cuya contraprestación consiste en derechos de autor (escritores, artistas plásticos y colabores gráficos y literarios, entre otros) están exentas del pago de este impuesto. Por último, ha de descontarse el IRPF. La mayoría de las entidades aplican un 2% inicial, adaptable a las necesidades del cooperativista.

¿A quiénes se dirigen?

A cualquier profesional no asalariado que desarrolle productos o servicios técnicos para otros. La mayoría de ellas están especializadas, sin embargo, en el ámbito de la cultura, la educación y la comunicación, así como las nuevas actividades vinculadas a internet. Tal vez porque este sea uno de los sectores en los más se ha generalizado la figura del freelance.

Asimismo, pueden beneficiarse de esta opción los trabajadores por cuenta ajena que quieran desarrollar sus propios proyectos profesionales al margen de su empresa.

No es, sin embargo, una fórmula indicada para quienes realizan una actividad comercial o quienes soportan en su trabajo costes proporcionalmente elevados como materias primas, energía, o el alquiler de un local.

Además, son compatibles con el cobro de la prestación por desempleo, al cotizar en el régimen general de la Seguridad Social. Aquella persona que esté cobrando el paro solo tendrá que suspenderlo los días en los que sea dada de alta para desarrollar un trabajo concreto y volver a reactivarlo después. Aunque no existe un límite de ingresos para ser miembro de una de estas cooperativas, por encima de unos 14.000-15.000 euros anuales de facturación al socio le resulta, en general, más rentable realizar su actividad como empresario o profesional autónomo.

(Fuente Cinco Días)

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Es nula por discriminatoria la cláusula de vestimenta que obligue a las trabajadoras a llevar zapatos de tacón04/08/2015

Aunque la empresa tiene potestad para fijar una cláusula sobre vestimenta o aspecto físico, a la hora de imponer un uniforme de trabajo para desempeñar un determinado puesto de trabajo es nula por discriminatoria la cláusula que obligue a las empleadas a llevar zapatos de tacón. Y esto es así porque se trata de una medida que supone una discriminación indirecta por razón de sexo, al establecer zapatos planos para los hombres y de tacón para las mujeres (sent. del TSJ de Madrid de 17.03.15).

Una trabajadora con un contrato indefinido que prestaba sus servicios como guía-intérprete en una delegación de Patrimonio Nacional fue amonestada con seis meses de suspensión de empleo y sueldo por negarse a vestir con el uniforme de trabajo durante la jornada laboral, que era imperativo según se establecía en el convenio colectivo.

La trabajadora se negaba en concreto a utilizar la blusa del uniforme, alegando que era transparente, y a calzar zapatos de tacón, al considerar que su imposición era discriminatoria, puesto que los hombres llevaban zapato plano. 

En primera instancia, el Juzgado de lo Social falló a favor de la empresa, ratificando la sanción de empleo y sueldo. Sin embargo, no lo hace así el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que da la razón a la trabajadora y anula la sanción impuesta por la empresa.

Aunque en lo que respecta a las blusas, el TSJ considera que si bien es cierto que la blusa del uniforme es transparente para las mujeres, “no se ha practicado una prueba plena, cuya carga correspondería a la trabajadora, y no a la empresa”. Además, razona el TSJ,“tampoco hay constancia de cuál es el tejido utilizado para las camisas de los hombres, ni si se transparentan o no, por lo que, en este punto, no se puede concluir que se trate de una prenda que atente contra la dignidad o que sea sexista”. 

Sin embargo, el Tribunal entiende que la imposición del zapato de tacón es claramente discriminatoria, puesto que supone “un componente de distinción vinculado al sexo de las trabajadoras al resultar obligatorio para ellas y no permitirles llevar zapato plano, que sí utilizan los hombres de su misma categoría profesional”. Por tanto, razona el TSJ, se trata de una práctica empresarial “que no resulta objetivamente justificada y que es discriminatoria al proyectar hacia el exterior una imagen diferente entre hombres y mujeres que atenta contra el derecho de igualdad y no discriminación”. 

Además, se trata de un puesto (el de guía) en el que la imposición empresarial resulta aún más gravosa para las mujeres, puesto que “hacen idéntica tarea en posición de bipedestación que los hombres en un puesto donde el uso de tacones altos no sólo no aporta ningún beneficio ni ventaja, sino que puede además perjudicar la salud de las trabajadoras”. 

Finalmente, el TSJ concluye sentenciando que “la existencia de discriminación no significa que no se considere digno el uso de zapatos de tacón por parte de las empleadas que puedan sentirse cómodas utilizando este calzado”. Ahora bien, la empresa tiene que dar a las empleadas la posibilidad de elegir entre un zapato plano y uno de tacón para evitar incurrir en discriminación.

(Fuente Carta de personal)

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Modificado el Reglamento de Circulación respecto a los sistemas de retención infantil en los vehículos03/08/2015

En el BOE del día 18 de julio de 2015 se ha publicado el Real Decreto 667/2015, de 17 de julio, por el que se modifica el Reglamento General de Circulación, e incorpora al Derecho español la Directiva de ejecución 2014/37/UE, de la Comisión, de 27 de febrero de 2014.

En concreto, se da nueva redacción al art. 117 del Reglamento en el sentido de exigir que todos los dispositivos de retención para niños que se utilicen a bordo de los vehículos deberán estar homologados conforme a las normas de las dos disposiciones vigentes. Se aprovecha también para introducir otros cambios con el fin de aumentar la seguridad y protección de los menores en función de su estatura y del asiento que ocupen. 

Estas reformas entrarán en vigor el día 1 de octubre de 2015.

(Fuente SEPIN)

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