Es considerada renta en especie la cesión de vehículo al trabajador durante el estado de alarma por COVID-1920/09/2020

Es considerada renta en especie la cesión de vehículo al trabajador durante el estado de alarma por COVID-19

Así lo afirma la Dirección General de Tributos en la consulta vinculante V1387-20.

Un trabajador realiza una consulta a la Dirección General de Tributos que versa sobre la cesión de un vehículo por su empresa, para uso particular. Y pregunta si debe reflejar un rendimiento de trabajo en especie por la cesión del uso del vehículo por la empresa durante el tiempo de confinamiento correspondiente al estado de alarma derivado del COVID-19, al considerar el consultante que el vehículo está inmovilizado.

La Dirección General de Tributos (DGT) contesta a esta consulta en la resolución vinculante V1387-20 y la respuesta es que sí, debe considerarse como un rendimiento de trabajo en especie (aunque el vehículo estuviera inmovilizado).

"En relación con la cuestión consultada, y con independencia de señalar que el estado de alarma no implica la inmovilización del vehículo, sino la limitación de los desplazamientos a los permitidos en dicho estado; partiendo del concepto de retribución en especie previsto en el artículo 42.1 de la ;LIRPF, que exige “la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda”, debe señalarse que la imputación al contribuyente de la retribución en especie deriva de la obtención del derecho de uso del vehículo, existiendo dicha retribución en la medida en que éste tenga la facultad de disponer del vehículo para usos particulares, con independencia de que exista o no una utilización efectiva para dichos fines, por lo que procede en consecuencia la imputación de un rendimiento de trabajo en especie en el caso consultado".

¿En qué se fundamenta la DGT para dar esta respuesta?

Pues encuentra su fundamentación esta respuesta en la literalidad de los artículos 42.1 y 43.1 de la LIRPF, relativos a qué se entiende por rentas en especie y la valoración de las mismas.

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Adquisición de un negocio en concurso. Sucesión de empresas.20/09/2020

Adquisición de un negocio en concurso. Sucesión de empresas

Una empresa de su competencia ha entrado en concurso de acreedores. Si usted está valorando adquirir el negocio, ¿qué obligaciones asumirá respecto a los trabajadores? ¿Qué debe conocer?

En general. Usted sabe que, si adquiere los activos y pasivos de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma (un conjunto organizado que permite el ejercicio de una actividad), habrá un cambio de titularidad de la empresa que no extingue los contratos. Es decir, quedará subrogado en los derechos y obligaciones laborales del anterior empresario. ¡Atención! Si la adquisición se produce respecto a una empresa que está en concurso de acreedores, ¿qué debe conocer teniendo en cuenta que en septiembre de 2020 ha entrado en vigor una nueva Ley Concursal?

Subrogación del adquirente

Obligaciones. Sepa que si adquiere una unidad productiva en concurso:

En general, no quedará obligado a pagar los créditos impagados por el concursado antes de la transmisión. Apunte. Por ejemplo, no asumirá las deudas que mantenga con Hacienda o con algunos proveedores.

No obstante, sí que deberá asumir los créditos laborales (los salarios) y de Seguridad Social (las cotizaciones) correspondientes a los trabajadores de esa unidad productiva en cuyos contratos quede subrogado. ¡Atención! A estos efectos, en caso de enajenación de una unidad productiva en concurso, se considera que existe sucesión de empresa.

Éstas no. En cualquier caso, la subrogación sólo opera respecto a las deudas laborales y de Seguridad Social que deriven de los contratos de trabajo en los que usted se subrogue.Apunte. Así pues, si la anterior empresa tiene deudas salariales o adeuda cotizaciones a la Seguridad Social vinculadas a trabajadores que no se van a incorporar a su compañía (porque usted ha ofrecido incorporar solamente a ciertos trabajadores), no deberá asumir dichas deudas.

Excepción: FOGASA

Éstas tampoco. Cuando una empresa entra en concurso de acreedores, el FOGASA abona los salarios e indemnizaciones que dicha empresa adeude a sus trabajadores (con unos topes máximos). Es decir, el FOGASA asume subsidiariamente la deuda (avanza el dinero a los afectados), pero posteriormente se convierte en un acreedor de la empresa. Apunte. Pues bien, el juez del concurso podrá acordar que su empresa no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago que sea asumida por el FOGASA.

Oferta. Así pues, es válido que, cuando presente la oferta por la empresa, condicione la compra a no hacerse cargo de la deuda asumida por el FOGASA (si bien deberá asumir el exceso sobre los topes que el FOGASA no asume).

En la práctica

Ejemplo. Uno de sus competidores está en concurso y tiene tres plantas de producción en las que emplea, en cada una, a 50 trabajadores. Dicha empresa tiene una deuda por salarios de 150.000 euros (debe 1.000 euros a cada trabajador) y, además, adeuda 1,5 millones de euros por cotizaciones impagadas. Apunte. Si está interesado en adquirir una de las plantas, pero manteniendo solamente a 30 de los 50 trabajadores:

Su empresa quedará subrogada sólo en la deuda laboral y de Seguridad Social de esos 30 trabajadores.Apunte. Es decir, deberá soportar el coste de 1.000 euros por trabajador y la parte de la deuda con la Tesorería correspondiente a esos 30 trabajadores.

No obstante, el juez del concurso podrá eximirle de abonar la deuda por salarios que le corresponda asumir al FOGASA.

(Fuente apuntesyconsejos-laborales.es)

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La Inspección va a controlar que las empresas adoptan medidas de protección ante el riesgo de contagio de coronavirus.20/09/2020

Medidas sanitarias e Inspección de Trabajo

La Inspección va a controlar que las empresas adopten medidas de protección ante el riesgo de contagio de coronavirus.

La Inspección de Trabajo ha publicado un criterio técnico indicando las actuaciones que va a llevar a cabo para controlar que las empresas adopten medidas de prevención e higiene para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID -19. Apunte. Según dicho documento:

  • La Inspección va a vigilar el cumplimiento de las medidas sanitarias en las empresas y centros de trabajo. Apunte. Por ejemplo, que se adoptan medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características de los centros de trabajo; o que se ponen a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes.
  • Se va a exigir el cumplimiento de las medidas indicadas mediante requerimiento. ¡Atención! A partir de ahí, si dichos requerimientos se incumplen, se procederá a extender actas de infracción.

(Fuente Lefebvre)

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El Ministerio Fiscal unifica criterios sobre el absentismo escolar por la crisis del Covid-1911/09/2020

El Ministerio Fiscal unifica criterios sobre el absentismo escolar por la crisis del Covid-19

El Ministerio Fiscal ha unificado criterios sobre comportamientos que puedan ser calificados de absentismo escolar. Sólo aquellos casos que carezcan de justificación clara y terminante para la exención, aun temporal, del deber de asistencia presencial del alumnado al centro motivarán que el Ministerio Fiscal prosiga sus diligencias a los efectos de ejercitar la acción penal contra aquellos padres o tutores que presuntamente hayan infringido los deberes inherentes a la patria potestad en este ámbito.

En un documento hecho público por la Fiscalía de menores se aborda la situación de la vuelta al colegio de los menores en la actual situación de rebrotes e incremento de positivos del coronavirus en nuestro país. En concreto se unifican criterios sobre posible comportamientos calificados de absentismo escolar. En concreto, los casos de menores que, por el temor de sus progenitores a que se contagien, no acudan a las actividades lectivas en su centro educativo.

Matizando, el derecho a la salud y el derecho/obligación de educación, ante el inminente comienzo del curso escolar 2020/2021, en relación con la incertidumbre generada a nivel nacional en las familias de los escolares afectados por la necesidad de asistencia presencial a los centros educativos relativa a los/as alumnos/as comprendidos entre los 6 y los 16 años, desde la Unidad Especializada de Menores de la FGE se estima conveniente señalar los siguientes aspectos:

La actuación del Ministerio Fiscal, sólo se justifica con carácter posterior a la realización de aquellas conductas que se realicen en abierta oposición al cumplimiento del deber legal de escolarización de los menores. Pero nunca con un carácter preventivo ajeno a los cometidos propios de la institución.

En los tramos de edad comprendidos entre 6 y 16 años persiste la obligación legal de escolarización imperativa en los términos y condiciones establecidos por las legislaciones estatal y autonómica aplicables en cada caso.

Las respectivas Comunidades Autónomas han establecido los criterios a seguir en cada una de ellas y que se han traducido en las correspondientes instrucciones a los centros educativos. Consecuentemente, los centros escolares deberán aplicar y observar los oportunos protocolos de seguridad establecidos por las autoridades educativas y sanitarias competentes.

La asistencia presencial del alumnado, en los parámetros y condiciones antedichos, constituye una obligación ineludible para los padres o tutores de los/as menores afectados.  Su desatención voluntaria, injustificada y persistente acarreará las consecuencias legales derivadas del incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad, como ha venido ocurriendo de forma habitual hasta el momento en los supuestos de absentismo.

Los centros educativos, cuando detecten casos de inasistencia voluntaria e injustificada a las aulas, serán los encargados de comunicar a las respectivas Comisiones Locales o Provinciales de Absentismo tales incumplimientos y de llevar a cabo los trámites administrativos pertinentes. Sólo en los casos de repetida y no justificada asistencia a clase se deberá remitir copia del expediente incoado a tales efectos al Ministerio Fiscal, conforme a los respectivos protocolos de actuación vigentes en cada territorio.

Recibidos en la Fiscalía dichos expedientes administrativos, se procederá a la incoación de las oportunas diligencias preprocesales a fin de ponderar individualmente las circunstancias concurrentes en cada caso, modulando la adecuación de la respuesta institucional a la situación concreta de los alumnos/as afectados y sus respectivas familias, tomando en consideración la actual situación de pandemia derivada del COVID-19, y el singular escenario derivado de los riesgos sanitarios presentes no solo en el ámbito escolar, sino también en el familiar.

En relación a la actuación del Ministerio fiscal el comunicado es claro: "Sólo aquellos casos que carezcan de justificación clara y terminante para la exención, aun temporal, del deber de asistencia presencial del alumnado al centro motivarán que el Ministerio Fiscal prosiga sus diligencias a los efectos de ejercitar la acción penal contra aquellos padres o tutores que presuntamente hayan infringido los deberes inherentes a la patria potestad en este ámbito".

(Fuente: Gabinete de Prensa Ministerio Fiscal)

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Así se ha regulado el teletrabajo en otros países europeos11/09/2020

Así se ha regulado el teletrabajo en otros países europeos

Tras varios meses de negociaciones, Gobierno, patronal y sindicatos están a punto de alcanzar un acuerdo para regular el teletrabajo, un sistema al que muchas empresas han tenido que acudir durante la pandemia, a pesar de no contar con una normativa clara. La futura ley abordará asuntos controvertidos como la compensación de gastos al empleado, el control de horarios y la prevención de riesgos laborales fuera de la oficina.

Con esta norma, España aspira a equipararse legalmente con aquellos países de la UE en los que el teletrabajo está más arraigado desde hace años. Así han resuelto algunos de ellos los grandes retos que plantea el desempeño a distancia.

Países Bajos Holanda era el país de la UE con más teletrabajadores a finales de 2019: cuatro de cada diez empleados operaban a distancia de manera regular. Como pone de manifiesto un informe de la firma PKF Attest, este liderazgo ha sido posible, entre otras cosas, gracias a una ley pionera que, desde 2016, concede al trabajador el derecho a solicitar una jornada flexible que incluye el teletrabajo.

En teoría, en este punto la ley holandesa no difiere demasiado de la española, que también prevé la jornada a la carta. Pero en la práctica hay una gran diferencia: las partes pueden acordar un sistema de trabajo por objetivos sin fichajes ni horarios. "Es una opción basada en la confianza mutua que tiene muy difícil encaje en España, donde todavía existe una fuerte cultura del presentismo", asegura Maite Martínez, abogada del área laboral de PKF Attest.

Bélgica En Bélgica las tasas de teletrabajo habitualmente son más modestas, un 20% de media, aunque no por ello su legislación se ha quedado atrás. Tras decretar la obligatoriedad del teletrabajo durante el confinamiento, el Gobierno belga fue uno de los primeros de Europa en establecer una compensación fija para los empleados por los gastos que les genera tener la oficina en casa.

Como resultado de esta reforma, las compañías están obligadas desde el 1 de abril a pagar un plus de 126 euros a todos los teletrabajadores en concepto de alquiler, internet y electricidad. "Personalmente creo que fijar una cantidad mensual es preferible a obligar a la negociación pormenorizada de cada gasto. Da más seguridad jurídica y ahorra muchos quebraderos de cabeza", subraya Guillermo García, profesor de derecho del trabajo de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

Suecia Con una tasa de teletrabajo por encima del 30%, según Eurostat, Suecia es un referente en la implantación del home office (la oficina en casa). A pesar de ello, llama la atención la práctica ausencia de leyes estatales referidas al trabajo en remoto.

Adrián Todolí, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Valencia, apunta que "en los países nórdicos los sindicatos tienen un gran peso social y son los encargados, junto a las empresas, de establecer las condiciones de trabajo a través de la negociación colectiva". Esto no significa, insiste Todolí, que en Suecia el teletrabajo esté desregularizado, sino más bien que cada sector ha desarrollado y aplica su propia normativa.

Portugal El país vecino, Portugal, posee una de las regulaciones más completas sobre teletrabajo en Europa. Su Código de Trabalho pone especial énfasis en la prevención de riesgos laborales, estableciendo un control obligatorio de las condiciones del puesto, incluso cuando se opera desde casa. De esta forma, un técnico debe visitar el domicilio del trabajador para comprobar que cumple todas las normas de seguridad.

Martínez afirma que estos controles a domicilio no pasarían el filtro constitucional en España, por lo que es previsible que se opte por un modelo de prevención "más respetuoso con la intimidad, como por ejemplo, las autoevaluaciones del empleado por videoconferencia".

En 2005 los agentes sociales europeos firmaron un convenio colectivo que define las líneas maestras de la regulación del trabajo a distancia en la UE. Se trata de una norma básica que cada estado miembro debe adaptar a su propia legislación.

Según el convenio europeo, el teletrabajo será una modalidad laboral voluntaria tanto para el empleado como para el empleador y deberá formalizarse por escrito.

El acuerdo entre empresario y trabajador ha de incluir un inventario de los medios necesarios para el desempeño a distancia y un mecanismo de compensación de gastos causados directamente por el teletrabajo.

El teletrabajo no modifica las condiciones laborales pactadas contractualmente o por convenio, por lo que no podrá suponer ningún perjuicio en relación con el sueldo, la jornada o la estabilidad laboral.

Será el empleador el que tomará las medidas necesarias para garantizar la protección de los datos utilizados y procesarlos de forma telemática.

(Fuente CINCO DÍAS)

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