El Gobierno ampliará a febrero la bonificación a la cotización a la Seguridad Social de los contratos fijos discontinuos06/05/2015

Durante la Jornada de Economía y Competitividad celebrada hoy en Baleares, organizada por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), la ministra ha explicado que la reforma laboral creó una bonificación para los contratos fijos discontinuos en el sector turístico creados o que se mantengan durante los meses de noviembre y/o marzo.

Gracias a esta medida, hasta la fecha 2.600 empresas han mantenido 7.000 empleos. “A la vista de los resultados tan positivos obtenidos, el Gobierno mantendrá dicha bonificación en los Presupuestos Generales del Estado para 2016, y ampliará a febrero la aplicación de dicha bonificación”, ha explicado Báñez.

 

(Fuente Ministerio de Empleo y Seguridad Social)

 

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La sentencia de divorcio de mutuo acuerdo no se anula tras la muerte de uno de los cónyuges, aunque no esté notificada.04/05/2015

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en Pleno, ha sentado doctrina en torno a la eficacia de la sentencia de divorcio dictada de mutuo acuerdo en un supuesto en que no llegó a notificarse a uno de los cónyuges por su fallecimiento concluyendo que el dictado de la sentencia de primera instancia, estando ambos cónyuges de acuerdo en cuanto a la petición de divorcio, determina la disolución del vínculo por dicha causa, no produciendo efecto distinto el fallecimiento de uno de los cónyuges en fecha posterior a dicha sentencia, aunque aún no hubiera sido notificada.

 

(Fuente Economist&Jurist)

 

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Hacienda puede revisar ejercicios prescritos si afectan a los vigentes. El Tribunal Supremo ratifica que es posible exigir las declaraciones a partir del año 200403/05/2015

La Inspección de Hacienda puede comprobar las bases, cuotas y deducciones originadas en ejercicios prescritos si generan efectos en otros ejercicios no prescritos, según establece una sentencia del Tribunal Supremo, de 19 de febrero de 2015.

El ponente, el magistrado Frías Ponce, que anula parcialmente la sentencia de la Audiencia Nacional y la resolución del Tribunal Económico Administrativo (TEAC) previos, ratifica que los artículos 23.5 de la ley 43/95, 70.3 y 106.4 de la Ley General Tributaria exigen que se justifique la procedencia de la compensación de bases imponibles negativas, por lo que es preciso tener en cuenta las modificaciones normativas.

No obstante, determina Frías Ponce que sólo es posible que la Inspección pueda revisar las liquidaciones posteriores a la entrada en vigor de la Ley General Tributaria, lo que permite a la Inspección revisar la de 2004, pero no así la del ejercicio de 2003.

Cita el ponente las sentencias de 6 y 14 de noviembre y de 9 de diciembre de 2013, en las que el Alto Tribunal fijó que la redacción del artículo 23.5 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades de 1995, referido a la acreditación de la procedencia y cuantía de las bases imponibles negativas mediante la exhibición de autoliquidaciones, contabilidad y soportes documentales, no tendría sentido si no se autoriza a la Inspección a llevar a cabo actos de comprobación para constatar que los datos reflejados en las autoliquidaciones se ajustan a la realidad o son contrarios al ordenamiento jurídico, con las mismas facultades de comprobación que tenía respecto de los ejercicios prescritos.

 

Comprobación documental

Estas sentencias establecían que "la carga de la prueba queda cumplida por parte del obligado tributario con la exhibición de la documentación, y a partir de entonces surge para la Inspección la de demostrar que las bases negativas no se ajustan a la realidad o son contrarias al ordenamiento jurídico". Sin embargo, matizan que "las facultades de comprobación son las mismas que la Administración tenía respecto de los ejercicios prescritos y no afectan a la firmeza del resultado de la autoliquidación no comprobada y firme, pero sí al otro ejercicio en el que la expectativa de compensación tiene la posibilidad de convertirse en derecho adquirido al surgir bases positivas susceptibles de compensación".

Por el contrario, el Teac y la Audiencia Nacional estimaron el recurso al entender que el alcance de las facultades de comprobación de la Administración tan sólo podría corregir las bases imponibles aplicadas cuando la base cuya compensación se busca, no exista, bien porque no derive de la declaración prescrita, o bien porque la suma compensada resulta superior a la generada con anterioridad.

 

(Fuente elEconomista.es)

 

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CAMBIO DE TENDENCIA, Justicia se rinde y aparca la reforma del Registro Civil.02/05/2015

En los últimos días era un secreto a voces que la reforma no entraría en vigor el próximo 15 de julio y que cabía la posibilidad de que cambiara el modelo de encomienda de gestión a los registradores de la propiedad y mercantiles, en favor de otros colectivos.

Mazazo a la reforma del Registro Civil. Tras varios años de intensa polémica en torno a este asunto, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado hoy que renuncia a la reforma del organismo, que planteaba la encomienda de la gestión a los registradores de la propiedad y mercantiles. Después de meses de duras negociaciones con los diversos colectivos implicados, el titular de Justicia ha señalado en la mañana del viernes que renuncia tanto a la fecha prevista de puesta en marcha, el próximo 15 de julio, como al propio modelo de gestión, que recaía a cargo de los registradores.

Concretamente, Catalá ha indicado que "no va a proponer un modelo de reforma del Registro Civil que no sea compartido por el conjunto de los agentes", dando así marcha atrás en uno de los proyectos más polémicos del anterior ministro Alberto Ruiz-Gallardón.

Tras constatar la oposición de parte del sector al proyecto, el Ministerio ha decidido que no va a llevar adelante una reforma que no cuente con el consenso del conjunto de los profesionales.

Lo cierto es que la decisión de posponer la entrada en vigor de la encomienda del Registro Civil a los registradores era una cuestión que ya daban por hecho prácticamente todos los colectivos implicados, que lo veían claramente inviable por no haber tiempo material para organizarlo de aquí al 15 de julio.

Así ha sido finalmente, con una medida que pone fin a uno de los proyectos que más manifestaciones y protestas ha generado en el sector Justicia.

 

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El Supremo estima el recurso de un trabajador contra el FOGASA para cobrar el 40% de su indemnización por despido.01/05/2015

La Sala de lo Social (STS 16 marzo 2015) considera aprobada por silencio administrativo positivo su reclamación porque no fue contestada en el plazo legal de tres meses.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha estimado la demanda presentada por un trabajador contra el FOGASA para que le abonara el 40% de la indemnización derivada de la extinción de su contrato, al considerar aprobada por silencio administrativo positivo su reclamación porque no fue contestada en el plazo previsto legalmente, que es de tres meses.

El Supremo revoca las sentencias dictadas por un Juzgado de lo Social de Madrid y por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que no dieron la razón al demandante. El trabajador recurrió al Supremo para que unificase doctrina,  invocando otra sentencia distinta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que había dado la razón a una solicitud similar de una trabajadora a la que el FOGASA tampoco contestó en el plazo legal de tres meses.

El alto tribunal, de acuerdo con la Fiscalía, establece que la doctrina correcta es la de la segunda sentencia, y que en el caso opera el silencio administrativo positivo que beneficia legalmente al trabajador.

 

(Fuente Comunicación Poder Judicial)

 

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