Encuentro un décimo de lotería premiado y lo cobro, ¿cometo un delito? y me ha tocado el premio pero no lo reparto ¿existiría apropiación indebida?20/12/2019

Encuentro un décimo de lotería premiado y lo cobro, ¿cometo un delito?

Llega la Navidad y con ella una de las costumbres más arraigadas y que generan más ilusión entre los ciudadanos: la lotería. Cada año, millones de euros son repartidos entre unos cuantos afortunados que pueden llegar a ganar hasta 400 mil euros.

Aunque los billetes de lotería no son nominativos, su adquisición si genera una posesión en el comprador pero, ¿qué pasaría si este perdiese el boleto y fuese cobrado por un extraño? La realidad es que, lejos de considerarse un milagro navideño para el afortunado descubridor, podría apreciarse un delito de apropiación indebida.

Encuentro un décimo perdido que acaba siendo el gordo de Navidad, ¿puedo cobrarlo?

Esta cuestión quedó resuelta en la sentencia 194/2017 del Juzgado de lo Penal 2 de Lugo. En este supuesto, una mujer se encontró un décimo de lotería extraviado a escasos días de la celebración del sorteo, que posteriormente acabó siendo premiado con el importe más alto de 400 mil euros.

El mencionado boleto llevaba escrito a lápiz en su parte posterior el nombre de la compradora original, el cual fue borrado parcialmente por la acusada, que fue a cobrar el importe cuando descubrió que el décimo había sido premiado.

La acusada mantuvo en todo momento que el décimo había sido adquirido por ella misma en la administración de lotería. Sin embargo, las pruebas periciales demostraron que la inscripción parcialmente borrada correspondía con la letra de la compradora original.

Sobre la forma en la que el billete llegó a la acusada, descarta la sentencia que hubiese existido sustracción o hurto. Se descarta también cualquier tipo de culpa al propio personal del banco o la Administración estatal de cobro, pues “el único beneficio obtenido con ello serían 20 miserables euros que valdría el billete”. Asimismo, es destacable como la defensa utiliza como argumento que la acusada es una “obsesionada de los billetes de lotería acabados o que comiencen en trece (como el boleto premiado)”, hecho que el juzgado toma como anecdótico.

Delito de apropiación indebida

El delito de apropiación indebida consiste en aquella conducta por la que un sujeto al recibir dinero o cualquier otro bien con obligación de devolver lo recibido, lejos de cumplir con ella lo incorpora a su patrimonio o le da un destino distinto del que le corresponde. Este delito supone un perjuicio patrimonial al sujeto pasivo y, en algunas ocasiones también puede suponer un enriquecimiento del sujeto activo.

La apropiación indebida se recoge en los artículos 253 y 254 del Código Penal, que impone las penas del delito de estafa (prisión de seis meses a tres años o uno a seis años, salvo que ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto), si bien es un delito con autonomía propia que no puede configurarse como una modalidad de la estafa. Asimismo, si la cuantía de lo apropiado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.

El delito de apropiación se diferencia con la estafa en que no es necesario que exista engaño alguno para cometer el delito, y con el hurto en que no hay en un inicio un apoderamiento ilícito de la cosa.

En el caso concreto planteado, establece la sentencia que los hechos declarados son constitutivos de un delito de apropiación indebida del artículo 253 del Código Penal. Dicho precepto castiga a quien con ánimo de lucro se apropiare de cosa perdida o de dueño desconocido, siempre que su valor exceda de 400 euros. 

Se diferencia según se trate de un supuesto de apropiación con quebrantamiento de la relación de confianza con el propietario de la cosa, supuesto que continúa estando castigado con la pena equivalente a la de la administración desleal y la estafa. Por otro lado, se encuentran lo supuestos de apropiación de cosas muebles ajenas sin quebrantamiento del deber de custodia, como es el caso de la apropiación de cosa perdida no susceptible de ocupación

Por ello, se establece una pena para la acusada de seis meses de multa, así como una responsabilidad civil de indemnización de 320.580 euros, correspondiente al importe neto de la cuantía del premio.

Me ha tocado el premio pero no lo reparto ¿existiría apropiación indebida?

El intercambio o compartir lotería es otra de las acciones habituales. Sin embargo, es importante determinar las fracciones que corresponden a cada uno de los jugadores. De no hacerlo, el poseedor del décimo que se quede con el premio podría no estar incurriendo en ningún delito.

Así lo considero el Supremo en reciente sentencia, en la que absolvió a una mujer que había sido condenada a un año y medio de prisión por no repartir el premio extraordinario a la fracción de un número de lotería también premiado y que compartía con otras 5 personas.

Antes del sorteo, celebrado el 24 de octubre de 2014, la acusada entregó aleatoriamente a dos personas del grupo sendos décimos del número 44.386 que, posteriormente, resultó premiado. Una vez celebrado el sorteo, repartió otros dos décimos a otras dos personas del grupo e informó del premio a otra, con la que jugaba el 50 por ciento de un décimo. Ella se quedó con el premio especial.

La Audiencia Provincial de Alicante condenó a la mujer por un delito de apropiación indebida al entender que los tres participantes a los que no se les había repartido el décimo en el momento anterior sorteo tenían una cuota proporcional en los décimos no repartidos, incluido el que tenía el premio especial a la serie.

Sin embargo, la Sala Segunda en su sentencia considera que este argumento entra en colisión con el hecho declarado probado de la Audiencia, cuando precisa que “no se habían determinado las fracciones que correspondían a cada uno de ellos” y “sin que ninguno de ellos-los participantes en el juego tuvieran reservada en exclusiva una determinada fracción”. El tribunal descarta por tanto el delito de apropiación indebida aunque indica que los hechos podrían haber encajado como delito de estafa, del que acusó el fiscal en el juicio, aunque en casación ya no era objeto del caso.

(Fuente NOTICIAS JURÍDICAS)

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Modificaciones en materia de Contratos de las Administraciones Públicas10/12/2019

Modificaciones en materia de Contratos de las Administraciones Públicas

El BOE del 6 de diciembre de 2019 publica el Real Decreto 716/2019, de 5 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y el Real Decreto 700/1988, de 1 de julio, sobre expedientes administrativos de responsabilidad contable derivados de las infracciones previstas en el título VII de la Ley General Presupuestaria.

Entrando en vigor al día siguiente al de su publicación, el Boletín Oficial del Estado del 6 de diciembre de 2019 publica el Real Decreto 716/2019, de 5 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y el Real Decreto 700/1988, de 1 de julio, sobre expedientes administrativos de responsabilidad contable derivados de las infracciones previstas en el título VII de la Ley General Presupuestaria.

Como expone el preámbulo de la norma:

"Al objeto de facilitar a las empresas con clasificación vigente a la entrada en vigor de la norma la adaptación de su clasificación a estos nuevos términos y condiciones, la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 773/2015 citado estableció que las clasificaciones otorgadas con fecha anterior a la entrada en vigor del real decreto perderían su vigencia y eficacia el 1 de enero de 2020.

Pese al tiempo transcurrido desde la promulgación del real decreto, a 30 de junio de 2019 hay más de 3.000 contratistas de obras y más de 4.600 contratistas de servicios con clasificación otorgada de acuerdo con la normativa vigente antes de su entrada en vigor. Dichas cifras representan aproximadamente un 53 % y un 63 % del número total de empresas clasificadas como contratistas de obras y como contratistas de servicios de las administraciones públicas respectivamente.

La adaptación de las clasificaciones de estas empresas a las nuevas reglas establecidas en el repetido real decreto exige que por los interesados se inste la tramitación de un procedimiento de revisión. Dado que las solicitudes de revisión no se han escalonado lo suficientemente a lo largo del periodo transitorio transcurrido hasta la fecha, y que se estima que la tramitación y resolución de los procedimientos de revisión exigiría tramitar casi ocho mil expedientes de revisión de clasificación en muy pocos meses, se considera imprescindible extender el régimen transitorio de validez y eficacia de las clasificaciones otorgadas bajo las reglas aplicables antes de la entrada en vigor del repetido real decreto aún vigentes. Con esta medida se pretende evitar que el previsible aluvión de solicitudes de revisión que se presenten al final del periodo transitorio supere las capacidades de tramitación de expedientes de clasificación de los órganos de apoyo de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado".

El presente real decreto gradúa la extensión del plazo de validez de las clasificaciones en función de la cuantía de los contratos a los que las empresas pueden optar, de manera que la extensión de plazo sea de un año para los contratos cuya cuantía requiera disponer de la máxima categoría de clasificación, ampliando el plazo en dos años para el resto de los casos. De este modo, las empresas que disponen de clasificaciones más elevadas tendrán un incentivo para instar lo antes posible la revisión de su clasificación, y ello permitirá una distribución más uniforme en el tiempo del proceso de revisión y otorgamiento de clasificaciones.

Este real decreto contiene un artículo único que modifica, en primer lugar, la disposición transitoria segunda del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, con el objeto de alterar el régimen transitorio establecido inicialmente para validez y eficacia de la clasificación exigible para los contratos de obras.

En segundo lugar, modifica la disposición transitoria tercera de dicho real decreto alterando el régimen transitorio establecido inicialmente para validez y eficacia de la clasificación exigible para los contratos de servicios otorgados con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 773/2015.

En tercer lugar, modifica la disposición transitoria cuarta de dicho real decreto alterando el régimen transitorio establecido inicialmente relativo a la vigencia de las clasificaciones otorgadas antes de la entrada en vigor del Real Decreto 773/2015.

Por último, es de destacar la disposición final primera que modifica el Real Decreto 700/1988, de 1 de julio, sobre expedientes administrativos de responsabilidad contable derivados de las infracciones previstas en el título VII de la Ley General Presupuestaria.

El objetivo es establecer un plazo específico de seis meses para la tramitación y notificación de la resolución en este tipo de expedientes, haciendo uso de la previsión del artículo 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), que establece la posibilidad de que las normas reguladoras de los procedimientos fijen un plazo distinto del general, que es de tres meses, permitiendo contar con un plazo acorde a las actuaciones propias a sustanciar en este tipo de procedimientos.

(Fuente IBERLEY - COLEX)

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CONTRATOS DE TRABAJO: Los necesito para Navidad10/12/2019

CONTRATOS DE TRABAJO: Los necesito para Navidad

Si va a contratar a algunos empleados para trabajar durante las Navidades, vea qué cuestiones le interesa pactar en los contratos.

Utilice el contrato eventual y pacte la obligatoriedad de trabajar en los días festivos y de realizar horas extras. De este modo sus trabajadores no se podrán oponer.

Eventual. Si abre durante las Navidades y va a tener un exceso de pedidos, utilice el contrato eventual por circunstancias de la producción en caso de que contrate a algún trabajador. Apunte.  Indique su duración exacta y refleje con precisión y claridad la causa de su concertación. Por ejemplo, “cubrir el eventual incremento en la demanda de productos con motivo de la campaña de Navidad”. Si redacta una causa genérica (como un “aumento de pedidos”), los afectados reclamarán su condición de indefinidos por considerar que el contrato es fraudulento.

Cláusulas que le interesan. Asimismo, vea algunas cláusulas que le interesa añadir en los contratos:

Festivos . Si por razones de su actividad sus empleados deben trabajar domingos y festivos, refleje esta condición y podrá obligarlos a trabajar esos días (podrá sancionarlos si se niegan). ¡Atención!  Si necesita que trabajen un festivo que no tenían previsto, avíseles con la mayor antelación posible (por ejemplo con tres días, que es el plazo que debe conceder para obligar a hacer horas complementarias).

Período de prueba. Consigne la máxima duración del período de prueba que le permita su convenio. Apunte.  Si el convenio no regula esta materia, fije un período de prueba de un mes, que es el tope máximo en los contratos de hasta seis meses de duración.

Horas extras. Si va a necesitar que sus empleados hagan horas extras, la ley le permite incluir una cláusula que indique que aceptan realizar horas extras cuando la empresa lo requiera. Apunte.  Si un empleado se niega a hacerlas, podrá sancionarlo.

Salario. Respecto al sueldo, como contrata a los afectados específicamente para trabajar en domingos y festivos, no deberá compensar de ningún modo especial el trabajo realizado en dichos días. ¡Atención!  Ello, salvo si su convenio prevé un complemento en estos casos.

(Fuente INDICATOR - LEFEBVRE)

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Concurrencia del seguro del hogar del propietario y de la Comunidad10/12/2019

Concurrencia del seguro del hogar del propietario y de la Comunidad

Marta López Valverde Directora de Sepín Responsabilidad Civil y Seguro

Se conoce comúnmente como "concurrencia de seguros", a la situación en que ante un siniestro parecen coincidir las coberturas del seguro del hogar del propietario de la vivienda y de la Comunidad, y no se sabe a cuál de ellos pueda corresponder la reparación de ciertos elementos. Esto, genera una gran cantidad de conflictos que acaban teniendo que resolver los tribunales, porque lo cierto es que no es nada fácil determinar cuándo se produce esta situación. Para empezar jurisprudencial y doctrinalmente, se utiliza también el termino Seguro doble, múltiple o cumulativo (STS, Sala Primera, de lo Civil, 783/2000, de 22 de julio, SP/SENT/320975), para el supuesto planteado. Lo que sí está claro es que sus efectos y las condiciones se recogen en el art. 32 de la Ley 50/1980.

Así los requisitos para que se pueda hablar de concurrencia de seguros de daños, ya que en los de personas no se produce (STS, Sala Primera, de lo Civil, 609/2019, de 14 de noviembre, SP/SENT/1024421), son:

1) Que las pólizas sean contratadas por el mismo tomador sin que haya acuerdo previo con las aseguradoras para cubrir el mismo riesgo, interés y periodo de tiempo: la jurisprudencia mayoritaria entiende que el propietario, con un seguro propio para su vivienda, también tiene el carácter de tomador en la póliza de la comunidad de vecinos, en régimen de propiedad horizontal, en su condición de comunero y al carecer de personalidad jurídica propia (SAP Madrid, Sec. 12.ª, 221/2014, SP/SENT/778855, de 8 de mayo y SAP Barcelona, Sec. 13.ª, 324/2011, de 15 de junio, SP/SENT/642594).

Ello conlleva, según algún sector, que si hay identidad de sujetos la aseguradora que ha pagado no podría subrogarse por el art. 43 de la LCS y reclamar contra su propio asegurado (SAP de Valencia, Sec. 6.ª, 5 febrero de 2013, SP/SENT/727703, y SAP Murcia, Sec. 1.ª, 186/2014, de 30 de abril, SP/SENT/767485). Pero hay tribunales que aplican una estricta y rigorista interpretación literal del precepto, y no aceptan dicha identidad subjetiva y por lo tanto la aseguradora subrogada puede peticionar los daños (SAP Asturias, Oviedo, Sec. 5.ª, 308/2012, de 13 de julio, SP/SENT/685859, y SAP Barcelona, Sec. 16.ª, 352/2011, de 7 de junio, SP/SENT/640975).

2) Que se preste cobertura a un mismo interés, y respecto de un mismo riesgo. Aquí es donde los órganos judiciales al tener asignada la función de interpretación de los contratos presentan mayor discrepancia, matizando cual es objeto o interés, o riesgo incluido, ya que no tienen por qué coincidir en su totalidad en ambos contratos (SAP Zaragoza, Sec. 4.ª, 371/2014, de 26 de diciembre, SP/SENT/800812) al ser pólizas multirriesgo.

Así, la SAP Madrid, Sec. 11.ª, 468/2018, de 27 de diciembre (SP/SENT/994221) dice: "la coincidencia del riesgo es una posibilidad que frecuentemente acaece en un doble sentido: la póliza del seguro comunitario bien puede asegurar el edificio en su conjunto, sin exclusión de las partes privativas. También es posible que la póliza de hogar comprenda en su cobertura el continente, que puede ser común o privativo, o también la cuota correspondiente al asegurado de los elementos comunitarios".

Por lo tanto, hay una postura que interpreta que el continente y el contenido, común y privativo, están asegurados en las dos pólizas, y otra que distingue entre los elementos de la Comunidad y los del propietario (SAP Córdoba, Sec. 1.ª, 362/2018, de 18 de mayo, SP/SENT/974104, y SAP Madrid, Sec. 19.ª, 293/2017, de 19 de julio, SP/SENT/920440).

3) Que se cubra durante el mismo periodo de tiempo. Puede coincidir el lapso temporal pero no el riesgo como recoge la SAP Barcelona, Sec. 1.ª, 97/2018, de 19 de febrero (SP/SENT/949195), por lo que cada nota es imprescindible y excluyente.

4) Que la obligación de indemnizar sea simultánea y no sucesiva (SAP Barcelona, Sec. 11.ª, 570/2018, de 10 de octubre, SP/SENT/974759).

Los efectos son importantes porque en caso de que se den todas las notas, se aplica la denominada «regla de proporcionalidad» y se podría reclamar a una de las aseguradoras, que repetirá contra la otra la parte proporcional que corresponda (SAP Guipúzcoa, Sec. 2.ª, 588/2018, de 9 de noviembre, SP/SENT/991562, y SAP Barcelona, Sec. 11.ª, 237/2016, de 14 de julio, SP/SENT/872724), o a ambas aseguradoras que pagarían proporcionalmente (SAP A Coruña, Sec. 3.ª, 309/2018, de 25 de septiembre, SP/SENT/979077).

(Fuente SEPIN)

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Estas son las multas para los patinetes eléctricos que ya han entrado en vigor04/12/2019

Estas son las multas para los patinetes eléctricos que ya han entrado en vigor

Las sanciones por falta de casco y el lugar de aparcamiento serán reguladas por cada Ayuntamiento

Tras los polémicos accidentes que se han producido en los últimos meses por el uso de los patinetes eléctricos, en los que han protagonizado varios atropellos, la DTG ha anunciado este miércoles, por fin, una regulación formal y unificada a nivel nacional, para los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), entre los que se encuentran los patinetes eléctricos, aquellos que alcanzan una velocidad entre los 6 y los 25 kilómetros/ hora.

Comportamientos sancionables:

1. Los usuarios de vehículos de movilidad personal tienen la obligación de someterse a las pruebas de alcohol y drogas, siendo sancionados, con la misma cuantía económica que si condujeran otro vehículo, en caso de sobrepasar las tasas de alcohol (500 o 1.000 € en función de la tasa) o en caso de que haya presencia de drogas en el organismo del conductor (1.000 €).

2. Al tratarse de conductores de vehículos, tienen prohibido conducir haciendo uso manual del teléfono móvil o de cualquier otro sistema de comunicación. La sanción sería de 200 € (artículo 12.2.5B del RGC).

3. También tienen prohibido conducir utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido. En caso de ser detectados se les denunciará por este precepto con 200 €.

4. Casco y otros elementos de protección. A falta en estos momentos de una regulación en el Reglamento General de Circulación, el uso de estos elementos se regirá por lo que disponga la correspondiente Ordenanza Municipal. En el caso de que la Ordenanza regule el uso obligatorio de casco, el agente sancionará con 200 € (art 118.1 del RGC) y procederá a la inmovilización del vehículo de acuerdo con el artículo 104.1.c) del texto refundido de la Ley de Seguridad Vial.

5. Tienen prohibido la circulación por aceras y zonas peatonales, ya que el artículo 121 del RGC prohíbe la circulación de cualquier vehículo por las aceras (excepto a monopatines, patines o aparatos similares que lo hagan exclusivamente a paso de persona) siendo sancionable con 200 €, con las matizaciones que puedan establecer las Ordenanzas Municipales.

6. Los VMP y demás vehículos ligeros propulsados eléctricamente sólo autorizan para transportar a una persona, por lo que la circulación de dos personas en VMP es sancionable con 100 € de multa.

7. Se considerará conducción negligente y por tanto, punible, cuando se realice conducción nocturna sin alumbrado ni prendas o elementos reflectantes, ya que en estos casos, el conductor no adopta la diligencia necesaria para ser visto por el resto de conductores ni la precaución necesaria para evitar ponerse en peligro. La sanción correspondiente es de 200 €.

8. Las ordenanzas municipales son las que establecen las prohibiciones relativas a las paradas y estacionamientos de estos vehículos. Desde la DGT, se aboga para que la acera sea del peatón, pero su regulación es exclusivamente municipal.

9. En los casos de infracciones cometidas por menores de 18 años, los padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, responderán solidariamente de la infracción cometida por el menor.

A los VMP no se les exige autorización administrativa para circular ni para conducir, ni seguro obligatorio. Por tanto, no se detraerán puntos al conductor cuando esté claro que el tipo de vehículo que conduce es un VMP.

(Fuente La Gaceta de Salamanca)

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