No sujeción a IRPF de intereses de demora abonados por la Agencia Tributaria en devolución de ingresos indebidos16/12/2020

No sujeción a IRPF de intereses de demora abonados por la Agencia Tributaria en devolución de ingresos indebidos

El TS declara que los intereses de demora abonados por la Agencia Tributaria al efectuar una devolución de ingresos indebidos no están sujetos al IRPF, pues cuando se devuelven al contribuyente unos intereses soportados por el mismo indebidamente, compensándolos, no existe una ganancia patrimonial, sino que se produce un reequilibrio, anulando la perdida antes sufrida. Se emite voto particular contrario.

La cuestión objeto de recurso consiste en determinar si los intereses de demora abonados por la Agencia Tributaria al efectuar una devolución de ingresos indebidos, pese a su naturaleza indemnizatoria, se encuentran sujetos y no exentos del impuesto sobre la renta, constituyendo una ganancia patrimonial que procederá integrar en la base imponible del ahorro o, por el contrario, debe ser otro su tratamiento fiscal, atendiendo a que, por su carácter indemnizatorio, persiguen compensar o reparar el perjuicio causado como consecuencia del pago de una cantidad que nunca tuvo que ser desembolsada por el contribuyente.

Alega el Abogado del Estado en su recurso que si los intereses de demora tienen carácter indemnizatorio, es claro que no constituyen rendimientos de capital mobiliario, ni tampoco de actividades económicas. En cambio, si el concepto de ganancia patrimonial, por el que según la LIRPF se ha de tributar, se determina por exclusión, la condición de tal de los intereses de demora, resultará precisamente de la improcedencia de calificarlos como otro tipo de rendimientos y, en consecuencia, los intereses de demora han de tributar cómo ganancias patrimoniales del art. 33.1 LIRPF

Resuelve el TS el recurso de casación en su sentencia de 3 de diciembre 2020, en la que comparte el razonamiento de la sentencia impugnada, que se basa en el distinto tratamiento que se da a los intereses de demora cuando se deniega su deducción para los soportados por el contribuyente, para no obtener ventajas de una actuación derivada del incumplimiento de sus obligaciones fiscales, y cuando se reconoce el carácter de indebidos de los ingresos se entiende que el abono de los intereses de demora están sujetos y no exentos.

No obstante, no reconoce una exención tributaria no prevista en la ley, como hace la sentencia recurrida, pues entiende que se está ante un supuesto de sujeción y no de exención, teniendo que considerar los intereses de demora como un supuesto de no sujeción, esto es, que si estamos ante una ganancia patrimonial, y es evidente que, cuando se devuelven al contribuyente unos intereses soportados por el mismo indebidamente, compensándolos, no existe tal ganancia patrimonial, sino que se produce un reequilibrio, anulando la perdida antes sufrida.

Por tanto, señala el Tribunal, que no tiene sentido negar el carácter deducible de los intereses soportados por el contribuyente, y entender como sujetos y no exentos los intereses anejos a la devolución de ingresos indebidos. Si, como admite la recurrente siguiendo la jurisprudencia de esta Sala, los intereses de demora tienen una finalidad compensatoria, de considerarlos sujetos dicha finalidad quedaría frustrada.

Se emite voto particular por un Magistrado que entiende debió declararse haber lugar al recurso de casación del Abogado del Estado, aclarando que los intereses de demora "pasivos" son ganancias patrimoniales integrantes de la renta general del IRPF.

(Fuente ElDerecho.com LEFEBVRE)

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La nueva cuestión prejudicial sobre el IRPH pone al Supremo en la tesitura de poder ser demandado patrimonialmente.14/12/2020

La nueva cuestión prejudicial sobre el IRPH pone al Supremo en la tesitura de poder ser demandado patrimonialmente.

La elevación de una nueva cuestión prejudicial sobre el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por parte del magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia 38 de Barcelona, Francisco González de Audicana Zorraquino, el pasado 2 de diciembre, ha introducido una nueva variante legal inesperada: la de que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo pueda ser demandada patrimonialmente por mal funcionamiento de la Administración de Justicia. 

¿Con qué argumentación? Con la de que dicha Sala ha seguido inadmitiendo, desde esa fecha, los recursos de casación sobre IRPH en vez de suspender cautelarmente, por la prudencia más elemental, el procedimiento hasta conocer la respuesta del TJUE a las seis preguntas que plantea González de Audicana en su cuestión prejuicial sobre la decisión del Supremo.

Si no lo hace, estaría produciendo un perjuicio irreparable e irreversible a los recurrentes en casación, ya que dichas inadmisiones tendrían naturaleza de cosa juzgada.

Según fuentes legales consultadas, si el TJUE aclarara su sentencia de 3 de marzo de 2020 –asunto C-125/18– en el sentido en que se han pronunciado la mitad de los órganos judiciales y no en el del último Pleno de la Sala de lo Civil del Supremo, eso podría dar lugar a una catarata de posibles demandas patrimoniales por los daños causados por errores judiciales, tal como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial en su Título V «De la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia».

LO QUE PIDE GONZÁLEZ DE AUDICANA AL TJUE

En la nueva cuestión prejudicial del magistrado González de Audicana este le pide al tribunal de Luxemburgo, el Supremo de los 27 tribunales supremos de la Unión, que aclare la mencionada sentencia que ha dado lugar a interpretaciones contrarias en los tribunales españoles.

Lo que ha culminado con varias sentencias del Tribunal Supremo que el magistrado entiende que han creado más dudas si cabe.

La sentencia de 3 de marzo del TJUE concluyó diciendo que la cláusula IRPH está sujeta al control de los tribunales españoles, que pueden determinar si es transparente o no y si procede anularla, por abusiva o sustituirla por otra, primero.

Segundo, que la cláusula IRPH debe cumplir las exigencias de buena fe, equilibrio y transparencia que impone la Directiva 93/13.

Y tercero, que dicho control de transparencia por el juez debe determinar si la cláusula es comprensible para el consumidor no solo desde el plano formal y gramatical sino que también debe determinar si está redactada de una forma que posibilite que el consumidor medio comprenda el funcionamiento del cálculo de la cláusula y sus consecuencias económicas.

Concluida la comprobación, si el juez concluye que es abusiva puede sustituir el IRPH por un índice de referencia supletorio, que sería el Euribor, por lógica.

El problema que plantea el IRPH es que en su aplicación encarece el precio de la hipoteca al ser un índice más alto que Euribor (entre un 1,5 % y un 3 % por encima) que incluye comisiones y gastos sobre el interés nominal. 

Cuando se produjo el estallido de la burbuja inmobiliaria el Euribor comenzó a bajar hasta alcanzar valores negativos en febrero de 2016 mientras que el IREPH se mantuvo en valores del 2 %.

LO QUE DIJO EL PLENO DE LA SALA DE LO CIVIL

El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, celebrado el 21 de octubre pasado, hizo una interpretación de la sentencia del TJUE que provocó una gran polémica, al considerar que en los casos enjuiciados –fueron 4–, apreció falta de transparencia por parte de la entidad crediticia sobre el IRPH en los dos años anteriores, pero concluyó que tal falta de transparencia no determinaba necesariamente la nulidad de la cláusula. No habiendo, «en los casos enjuiciados abusividad».

El problema, según fuentes consultadas, es que dicha sentencia, que se encontró con el voto disidente del magistrado Francisco Javier Arroyo Fiestas, llueve sobre mojado. Porque el asunto ya fue revisado por el TJUE y el Supremo español no rectifica sino que continúa en la misma línea.

(Fuente CONFILEGAL)

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Suspensión de la ejecutividad de la sanción tributaria: el Supremo interpreta el art. 233.9 LGT10/12/2020

Suspensión de la ejecutividad de la sanción tributaria: el Supremo interpreta el art. 233.9 LGT

Antes de dar comienzo con la descripción y el análisis del supuesto enjuiciado, ¿qué exige el mencionado art. 233.9 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT)?

9. Se mantendrá la suspensión producida en vía administrativa cuando el interesado comunique a la Administración tributaria en el plazo de interposición del recurso contencioso-administrativo que ha interpuesto dicho recurso y ha solicitado la suspensión en el mismo. Dicha suspensión continuará, siempre que la garantía que se hubiese aportado en vía administrativa conserve su vigencia y eficacia, hasta que el órgano judicial adopte la decisión que corresponda en relación con la suspensión solicitada.Tratándose de sanciones, la suspensión se mantendrá, en los términos previstos en el párrafo anterior y sin necesidad de prestar garantía, hasta que se adopte la decisión judicial”.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) aprecia en su reciente STS 1551/2020, de 19 de noviembre, la presencia de interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, en el sentido de determinar si la comunicación por el interesado a la Administración tributaria que le exige el art. 233.9 de la LGT, puede comprenderse analógicamente cumplimentada, en una interpretación finalista del citado precepto, y mantener de este modo la suspensión de la ejecutividad de la sanción tributaria producida en la vía administrativa hasta que el órgano judicial adopte la decisión que corresponda, con el traslado al representante procesal de la Administración tributaria de la solicitud de medida cautelar de suspensión dentro del plazo de interposición del recurso contencioso-administrativo.

Tanto la Agencia Tributaria, el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) y la Audiencia Nacional rechazan todo valor equivalente al citado traslado, mientras que el recurrente aprecia, muy resumidamente, que cuando al abogado del Estado se le da traslado de un escrito procesal de la parte contraria -en el caso, de una solicitud de suspensión formulada en otrosí de un escrito de interposición de un recurso contencioso administrativo- “debe entenderse que se le está dando a la parte que representa, esto es, a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, al sustituirla o hacer sus veces, al actuar en su nombre, pues en eso consiste precisamente la acción de representar”.

Pues bien, en el presente caso, la Sala Tercera se remite íntegramente a un “supuesto idéntico al que aquí nos ocupa”, en concreto, a la también reciente STS 1307/2020, de 15 de octubre, (rec. 315/2018). En la sentencia citada se pregunta el Tribunal si la continuación en sede judicial de la suspensión producida en vía administrativa, que en el art. 233.9 de la LGT se condiciona a la comunicación a la Administración tributaria de la interposición del recurso y de la petición de suspensión, puede considerarse producida también con simple el traslado de esos actos procesales al representante de la Administración tributaria en el proceso.

Coincidiendo con el actual recurrente, la citada STS 1307/2020, de 15 de octubre, haciendo una “interpretación finalista” del polémico precepto, afirma sintéticamente lo siguiente:

1.- El art. 233.9 de la LGT “constituye una carga para el litigante que debe satisfacer para obtener la seguridad de que no se va a ejecutar el concreto acto administrativo ya impugnado ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa”.

2.- La mencionada carga tiene “la finalidad de poner en conocimiento de la Administración tributaria la existencia de un proceso judicial en que se ha pedido, en el primer escrito procesal, la suspensión del acto administrativo en él impugnado, con el objetivo de impedir que, entre tanto se sustancia y resuelve el incidente cautelar, pueda ejecutarse el acto antes de adoptarse la decisión judicial.

3.- La exigencia que el reiterado precepto contiene “no constituye un requisito solemne, material o sustantivo, exigible para paralizar la ejecución, de suerte que su omisión o su cumplimiento tardío conlleve la consecuencia automática de que la Administración recupere la posibilidad de ejecución y, en caso de deudas de contenido económico, su apremio”.

4.- Así, cuando la Administración conoce o puede conocer, a través de su representante procesal, ambas circunstancias, es decir, la existencia de un proceso y la petición en el mismo de la suspensión del acto, no cabrá alegar o invocar ignorancia de tales datos para anudar a la sola inobservancia del art. 233.9 de la LGT la apertura del periodo voluntario.

5.- Se presumirá tal conocimiento cuando consten actos de comunicación realizados en legal forma, bajo fe pública judicial, por parte del representante legal, es decir, del Abogado del Estado, como representante en juicio de la Administración tributaria, en relación a las vicisitudes del proceso y la pieza cautelar.

Por todo ello, aplicando la doctrina establecida al presente caso, la sentencia impugnada es casada, “ya que respalda que la suspensión fue solicitada en período ejecutivo por el mero incumplimiento de un requisito formal, de carácter informativo, sin atender a la noticia cierta que de la existencia del proceso y de la petición de suspensión -factores que impedían todo intento de ejecución que invadiese las competencias judiciales a que ya estaba sometido el acto impugnado- tuviera la Administración a través de la dación de cuenta de su representante legal, en virtud del cumplimiento de sus deberes procesales y también estatutarios”.

Presumiendo tal conocimiento a partir de la constancia de actuaciones y actos de comunicación realizados en legal forma, bajo fe pública judicial, “la ejecución era improcedente hasta que la Sala que enjuiciaba la sanción no se pronunció sobre la solicitud de suspensión, siendo así que el período ejecutivo no ha sido iniciado en el supuesto que nos ocupa”.

(Fuente Economist & Jurist)

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Lotería de Navidad: cómo cobrar el premio de un décimo compartido10/12/2020

Lotería de Navidad: cómo cobrar el premio de un décimo compartido

La OCU recoge varias recomendaciones para comprar y compartir décimos de forma segura

La adquisición de boletos para la Lotería de Navidad está en su punto álgido. Algunos deciden comprar su propio décimo, incluso varios, en su administración de confianza y otros este año han optado por la compra online par evitar aglomeraciones. Compartir la lotería entre familiares y amigos también es una tradición propia de este sorteo. Para evitar riesgos al comprar o compartir un boleto de la Lotería de Navidad, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recogido una serie de recomendaciones de gran utilidad en estas fechas.

Compra online segura

1. Asegurarse de comprar décimos solo en páginas oficiales de una administración de lotería autorizada.

2. También se puede hacer directamente en la web de Loterías y Apuestas del Estado. En este caso, se debe elegir un punto de venta asociado, que puede ser cualquiera de las administraciones de lotería que hay en España.

3. Al comprar online se recibe un comprobante electrónico de los décimos adquiridos. Ese documento electrónico tiene la misma validez legal que el décimo en papel y acredita la propiedad del décimo.

Compartir décimos sin riesgos

1. Un décimo de Lotería es un documento al portador y, en principio, el premio lo recibe quien lo tiene en su poder.

2. Si se comparte lotería, basta con que el depositario del décimo lo fotocopie y entregue a cada participante una copia firmada (con el nombre y el DNI del depositario) en la que se indique que tal persona juega en ese número, serie, fracción y sorteo, una cantidad de euros determinadaLas palabras se las lleva el viento y en caso de conflicto no sirven como prueba.

3. También se suele enviar una foto del décimo por email o por WhatsApp. Los wasaps pueden ser una prueba, siempre y cuando aparezcan los datos del depositario, los participantes y la participación de cada uno. No obstante, si la otra parte impugna esa prueba por considerar que se ha manipulado, habría que demostrarlo.

4. En caso de pérdida o robo del décimo es fundamental denunciarlo ante la Policía Nacional o Guardia Civil del lugar donde ocurrió el hecho. En la denuncia debe hacer constar el mayor número de datos posibles y todas las circunstancias del hecho, aportar posibles pruebas (fotos o fotocopias del décimo), identificando claramente el documento número, serie y fracción. Además, hay que comunicar por escrito el hecho al organismo Loterías y Apuestas del Estado. Con la denuncia se puede paralizar el pago hasta que el juez resuelva quién es el verdadero dueño.

Cómo cobrar un premio compartido

Si usted y sus familiares o amigos con los que ha compartido el décimo resultan agraciados, llega el momento de cobrar el premio. En estos casos, el primer paso es identificar en el banco a cada ganador y su porcentaje de participación. Una vez hecho esto, los bancos pueden abonar el premio entero (después de descontar el importe por el cual se tributa) en la cuenta de la persona que ya es titular de una cuenta en ese banco y que después repartirá según lo convenido. El mínimo por el cual se tributa este año 2020 se ha fijado en 40.000 euros. Hacienda retiene automáticamente el 20% de la parte del premio que exceda del mínimo exento de 40.000 euros por cada décimo, no por cada persona agraciada. Es decir, se descuenta el impuesto y después se reparte la cantidad neta entre los partícipes.

La Organización de Consumidores y Usuarios recuerda que en caso de premios compartidos no es conveniente cobrar la totalidad del importe sin identificar a los otros participantes. El motivo es que al repartirlo puede parecer que se está donando el dinero, lo que obligaría al pago del impuesto de donaciones. Siguiendo con fiscalidad, el premio no se declara en el IRPF, los rendimientos que genere, sí.

Si el premio es inferior a 2.000 euros se puede cobrar en cualquier punto de venta de la red de Loterías. A partir de esa cantidad se debe cobrar en una de las entidades bancarias colaboradoras. Estas se puede encontrar en la web de Loterías y Apuestas del Estado y son las siguientes: Abanca Corporación Bancaria; Banco Sabadell; Bankia; BBVA; CaixaBank; Cajamar; Caja Sur BBK; Ibercaja Banco; Kutxabank y Unicaja Banco. OCU recuerda que estos bancos no podrán cobrar ninguna comisión, ni exigir contraprestación.

Si se ha comprado el décimo premiado por Internet, y el premio es inferior a 2.000 euros, se ingresa el importe de manera automática en la cuenta de usuario que posteriormente se puede transferir a la cuenta bancaria que se desee. En el caso de los premios superiores a 2.000 euros, solo es posible cobrarlos en una entidad bancaria colaboradora y el agraciado deberá ponerse en contacto con la administración de loterías en la que está depositado su décimo premiado, ya que será necesario que acredite la identidad.

(Fuente La Razón)

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El Supremo establece que los impuestos de transmisiones y donaciones son independientes a efectos de prescripción05/12/2020

El Supremo establece que los impuestos de transmisiones y donaciones son independientes a efectos de prescripción

"No le era exigible a las adquirentes de la parte indivisa del inmueble, a cambio de su obligación alimenticia, la adivinación de un hecho posterior relevante al caso como que la diferencia del valor entre las recíprocas prestaciones superaba, a juicio posterior de la Administración, cierto umbral cuantitativo", dice la sentencia. 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha establecido como doctrina –por considerarlo materia de interés casacional– que el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) son independientes, no son conexos, y que, por lo tanto, la autoliquidación del primero no afecta a la tributación de la donación, que debe ser cobrada por la propia Administración.

De esta forma, el tribunal de la Sección Segunda de dicha Sala, compuesto por los magistrados Nicolás Maurandi Guillén –presidente–, José Díaz Delgado, Ángel Aguarlo Avilés, José Antonio Montero Fernández, Jesús Cudero Blas, Isaac Merino Jara, Esperanza Córdoba Castroverde y Francisco José Navarro Sanchís, éste último ponente, desestima el recurso de casación interpuesto la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra una sentencia desfavorable del Tribunal Superior de Justicia de esa región.

“La presentación de una liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) no interrumpe el plazo de prescripción del derecho que tiene la Administración para liquidar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD), en relación con unos mismos hechos”, dice la sentencia 1484/2020, de 11 de noviembre, a la que ha tenido acceso Confilegal.

El caso tiene su origen en el acuerdo que hicieron dos hermanas con su tía.

«A cambio de que se ocuparan de ella, cuidándola y alimentándola hasta su muerte, esta acordó donarles un inmueble», explica David Díaz Villasante, abogado, socio del despacho Lawyou y representante legal de las dos mujeres.

«Cuando llegó el momento de hacer la transmisión de la titularidad del inmueble, las dos hermanas pagaron el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Pero no hicieron nada respecto al de donaciones porque, en puridad de derecho, no es autoliquidable», añade.

La mujer murió en 2007. En 2014 la Consejería de Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha reclamó a las dos hermanas 34.642,60 euros –17.231,20 euros cada una–, en concepto del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

«Nosotros presentamos reclamación económica administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional [TEAR] alegando dos cuestiones: una, falta de motivación en la tasación del inmueble que hizo la Administración; y dos, el impuesto de sucesiones había prescrito cuando la Administración reclamó su abono», aclara Díaz Villasante.

El TEAR les dio la razón en cuanto a la primera cuestión, la falta de motivación.

No así, sobre ella segunda.

«Consideró que la autoliquidación, el abono, del ITPAJD interrumpía la prescripción del Impuesto de Sucesiones y Donaciones no satisfecho por ser, ambos, tributos conexos», precisa el abogado.

«Por lo tanto, había que pagar».

Con esas, Díaz Villasante recurrió ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM).

«Su sentencia nos dio la razón. La autoliquidación del ITPAJD interrumpía la prescripción del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. El TSJCLM dijo que los dos tribunos no eran conexos. Que eran independientes el uno del otro. Este era el tema controvertido. La esencia de un conflicto que ha generado discusiones y sentencias contradictorias», apunta.

Ante este revés, la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla-La Mancha, interpuso un recurso de casación para unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, solicitando que unificara criterios, creara doctrina y acabara, de una vez por todas, con la controversia interpretativa. 

Y es lo que ha hecho la Sala Tercera del Alto Tribunal, pero no en la dirección esperada, sino en la planteada por el abogado Díaz Villasante, desestimando la casación. 

En conclusión, para tener las cosas claras, ambos tributos no son conexos, son independientes y la autoliquidación de uno no afecta al abono del otro.

(Fuente CONFILEGAL)

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