Suspensión de la ejecutividad de la sanción tributaria: el Supremo interpreta el art. 233.9 LGT10/12/2020

Suspensión de la ejecutividad de la sanción tributaria: el Supremo interpreta el art. 233.9 LGT

Antes de dar comienzo con la descripción y el análisis del supuesto enjuiciado, ¿qué exige el mencionado art. 233.9 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT)?

9. Se mantendrá la suspensión producida en vía administrativa cuando el interesado comunique a la Administración tributaria en el plazo de interposición del recurso contencioso-administrativo que ha interpuesto dicho recurso y ha solicitado la suspensión en el mismo. Dicha suspensión continuará, siempre que la garantía que se hubiese aportado en vía administrativa conserve su vigencia y eficacia, hasta que el órgano judicial adopte la decisión que corresponda en relación con la suspensión solicitada.Tratándose de sanciones, la suspensión se mantendrá, en los términos previstos en el párrafo anterior y sin necesidad de prestar garantía, hasta que se adopte la decisión judicial”.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) aprecia en su reciente STS 1551/2020, de 19 de noviembre, la presencia de interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, en el sentido de determinar si la comunicación por el interesado a la Administración tributaria que le exige el art. 233.9 de la LGT, puede comprenderse analógicamente cumplimentada, en una interpretación finalista del citado precepto, y mantener de este modo la suspensión de la ejecutividad de la sanción tributaria producida en la vía administrativa hasta que el órgano judicial adopte la decisión que corresponda, con el traslado al representante procesal de la Administración tributaria de la solicitud de medida cautelar de suspensión dentro del plazo de interposición del recurso contencioso-administrativo.

Tanto la Agencia Tributaria, el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) y la Audiencia Nacional rechazan todo valor equivalente al citado traslado, mientras que el recurrente aprecia, muy resumidamente, que cuando al abogado del Estado se le da traslado de un escrito procesal de la parte contraria -en el caso, de una solicitud de suspensión formulada en otrosí de un escrito de interposición de un recurso contencioso administrativo- “debe entenderse que se le está dando a la parte que representa, esto es, a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, al sustituirla o hacer sus veces, al actuar en su nombre, pues en eso consiste precisamente la acción de representar”.

Pues bien, en el presente caso, la Sala Tercera se remite íntegramente a un “supuesto idéntico al que aquí nos ocupa”, en concreto, a la también reciente STS 1307/2020, de 15 de octubre, (rec. 315/2018). En la sentencia citada se pregunta el Tribunal si la continuación en sede judicial de la suspensión producida en vía administrativa, que en el art. 233.9 de la LGT se condiciona a la comunicación a la Administración tributaria de la interposición del recurso y de la petición de suspensión, puede considerarse producida también con simple el traslado de esos actos procesales al representante de la Administración tributaria en el proceso.

Coincidiendo con el actual recurrente, la citada STS 1307/2020, de 15 de octubre, haciendo una “interpretación finalista” del polémico precepto, afirma sintéticamente lo siguiente:

1.- El art. 233.9 de la LGT “constituye una carga para el litigante que debe satisfacer para obtener la seguridad de que no se va a ejecutar el concreto acto administrativo ya impugnado ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa”.

2.- La mencionada carga tiene “la finalidad de poner en conocimiento de la Administración tributaria la existencia de un proceso judicial en que se ha pedido, en el primer escrito procesal, la suspensión del acto administrativo en él impugnado, con el objetivo de impedir que, entre tanto se sustancia y resuelve el incidente cautelar, pueda ejecutarse el acto antes de adoptarse la decisión judicial.

3.- La exigencia que el reiterado precepto contiene “no constituye un requisito solemne, material o sustantivo, exigible para paralizar la ejecución, de suerte que su omisión o su cumplimiento tardío conlleve la consecuencia automática de que la Administración recupere la posibilidad de ejecución y, en caso de deudas de contenido económico, su apremio”.

4.- Así, cuando la Administración conoce o puede conocer, a través de su representante procesal, ambas circunstancias, es decir, la existencia de un proceso y la petición en el mismo de la suspensión del acto, no cabrá alegar o invocar ignorancia de tales datos para anudar a la sola inobservancia del art. 233.9 de la LGT la apertura del periodo voluntario.

5.- Se presumirá tal conocimiento cuando consten actos de comunicación realizados en legal forma, bajo fe pública judicial, por parte del representante legal, es decir, del Abogado del Estado, como representante en juicio de la Administración tributaria, en relación a las vicisitudes del proceso y la pieza cautelar.

Por todo ello, aplicando la doctrina establecida al presente caso, la sentencia impugnada es casada, “ya que respalda que la suspensión fue solicitada en período ejecutivo por el mero incumplimiento de un requisito formal, de carácter informativo, sin atender a la noticia cierta que de la existencia del proceso y de la petición de suspensión -factores que impedían todo intento de ejecución que invadiese las competencias judiciales a que ya estaba sometido el acto impugnado- tuviera la Administración a través de la dación de cuenta de su representante legal, en virtud del cumplimiento de sus deberes procesales y también estatutarios”.

Presumiendo tal conocimiento a partir de la constancia de actuaciones y actos de comunicación realizados en legal forma, bajo fe pública judicial, “la ejecución era improcedente hasta que la Sala que enjuiciaba la sanción no se pronunció sobre la solicitud de suspensión, siendo así que el período ejecutivo no ha sido iniciado en el supuesto que nos ocupa”.

(Fuente Economist & Jurist)

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Lotería de Navidad: cómo cobrar el premio de un décimo compartido10/12/2020

Lotería de Navidad: cómo cobrar el premio de un décimo compartido

La OCU recoge varias recomendaciones para comprar y compartir décimos de forma segura

La adquisición de boletos para la Lotería de Navidad está en su punto álgido. Algunos deciden comprar su propio décimo, incluso varios, en su administración de confianza y otros este año han optado por la compra online par evitar aglomeraciones. Compartir la lotería entre familiares y amigos también es una tradición propia de este sorteo. Para evitar riesgos al comprar o compartir un boleto de la Lotería de Navidad, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recogido una serie de recomendaciones de gran utilidad en estas fechas.

Compra online segura

1. Asegurarse de comprar décimos solo en páginas oficiales de una administración de lotería autorizada.

2. También se puede hacer directamente en la web de Loterías y Apuestas del Estado. En este caso, se debe elegir un punto de venta asociado, que puede ser cualquiera de las administraciones de lotería que hay en España.

3. Al comprar online se recibe un comprobante electrónico de los décimos adquiridos. Ese documento electrónico tiene la misma validez legal que el décimo en papel y acredita la propiedad del décimo.

Compartir décimos sin riesgos

1. Un décimo de Lotería es un documento al portador y, en principio, el premio lo recibe quien lo tiene en su poder.

2. Si se comparte lotería, basta con que el depositario del décimo lo fotocopie y entregue a cada participante una copia firmada (con el nombre y el DNI del depositario) en la que se indique que tal persona juega en ese número, serie, fracción y sorteo, una cantidad de euros determinadaLas palabras se las lleva el viento y en caso de conflicto no sirven como prueba.

3. También se suele enviar una foto del décimo por email o por WhatsApp. Los wasaps pueden ser una prueba, siempre y cuando aparezcan los datos del depositario, los participantes y la participación de cada uno. No obstante, si la otra parte impugna esa prueba por considerar que se ha manipulado, habría que demostrarlo.

4. En caso de pérdida o robo del décimo es fundamental denunciarlo ante la Policía Nacional o Guardia Civil del lugar donde ocurrió el hecho. En la denuncia debe hacer constar el mayor número de datos posibles y todas las circunstancias del hecho, aportar posibles pruebas (fotos o fotocopias del décimo), identificando claramente el documento número, serie y fracción. Además, hay que comunicar por escrito el hecho al organismo Loterías y Apuestas del Estado. Con la denuncia se puede paralizar el pago hasta que el juez resuelva quién es el verdadero dueño.

Cómo cobrar un premio compartido

Si usted y sus familiares o amigos con los que ha compartido el décimo resultan agraciados, llega el momento de cobrar el premio. En estos casos, el primer paso es identificar en el banco a cada ganador y su porcentaje de participación. Una vez hecho esto, los bancos pueden abonar el premio entero (después de descontar el importe por el cual se tributa) en la cuenta de la persona que ya es titular de una cuenta en ese banco y que después repartirá según lo convenido. El mínimo por el cual se tributa este año 2020 se ha fijado en 40.000 euros. Hacienda retiene automáticamente el 20% de la parte del premio que exceda del mínimo exento de 40.000 euros por cada décimo, no por cada persona agraciada. Es decir, se descuenta el impuesto y después se reparte la cantidad neta entre los partícipes.

La Organización de Consumidores y Usuarios recuerda que en caso de premios compartidos no es conveniente cobrar la totalidad del importe sin identificar a los otros participantes. El motivo es que al repartirlo puede parecer que se está donando el dinero, lo que obligaría al pago del impuesto de donaciones. Siguiendo con fiscalidad, el premio no se declara en el IRPF, los rendimientos que genere, sí.

Si el premio es inferior a 2.000 euros se puede cobrar en cualquier punto de venta de la red de Loterías. A partir de esa cantidad se debe cobrar en una de las entidades bancarias colaboradoras. Estas se puede encontrar en la web de Loterías y Apuestas del Estado y son las siguientes: Abanca Corporación Bancaria; Banco Sabadell; Bankia; BBVA; CaixaBank; Cajamar; Caja Sur BBK; Ibercaja Banco; Kutxabank y Unicaja Banco. OCU recuerda que estos bancos no podrán cobrar ninguna comisión, ni exigir contraprestación.

Si se ha comprado el décimo premiado por Internet, y el premio es inferior a 2.000 euros, se ingresa el importe de manera automática en la cuenta de usuario que posteriormente se puede transferir a la cuenta bancaria que se desee. En el caso de los premios superiores a 2.000 euros, solo es posible cobrarlos en una entidad bancaria colaboradora y el agraciado deberá ponerse en contacto con la administración de loterías en la que está depositado su décimo premiado, ya que será necesario que acredite la identidad.

(Fuente La Razón)

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El Supremo establece que los impuestos de transmisiones y donaciones son independientes a efectos de prescripción05/12/2020

El Supremo establece que los impuestos de transmisiones y donaciones son independientes a efectos de prescripción

"No le era exigible a las adquirentes de la parte indivisa del inmueble, a cambio de su obligación alimenticia, la adivinación de un hecho posterior relevante al caso como que la diferencia del valor entre las recíprocas prestaciones superaba, a juicio posterior de la Administración, cierto umbral cuantitativo", dice la sentencia. 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha establecido como doctrina –por considerarlo materia de interés casacional– que el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) son independientes, no son conexos, y que, por lo tanto, la autoliquidación del primero no afecta a la tributación de la donación, que debe ser cobrada por la propia Administración.

De esta forma, el tribunal de la Sección Segunda de dicha Sala, compuesto por los magistrados Nicolás Maurandi Guillén –presidente–, José Díaz Delgado, Ángel Aguarlo Avilés, José Antonio Montero Fernández, Jesús Cudero Blas, Isaac Merino Jara, Esperanza Córdoba Castroverde y Francisco José Navarro Sanchís, éste último ponente, desestima el recurso de casación interpuesto la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra una sentencia desfavorable del Tribunal Superior de Justicia de esa región.

“La presentación de una liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) no interrumpe el plazo de prescripción del derecho que tiene la Administración para liquidar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD), en relación con unos mismos hechos”, dice la sentencia 1484/2020, de 11 de noviembre, a la que ha tenido acceso Confilegal.

El caso tiene su origen en el acuerdo que hicieron dos hermanas con su tía.

«A cambio de que se ocuparan de ella, cuidándola y alimentándola hasta su muerte, esta acordó donarles un inmueble», explica David Díaz Villasante, abogado, socio del despacho Lawyou y representante legal de las dos mujeres.

«Cuando llegó el momento de hacer la transmisión de la titularidad del inmueble, las dos hermanas pagaron el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Pero no hicieron nada respecto al de donaciones porque, en puridad de derecho, no es autoliquidable», añade.

La mujer murió en 2007. En 2014 la Consejería de Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha reclamó a las dos hermanas 34.642,60 euros –17.231,20 euros cada una–, en concepto del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

«Nosotros presentamos reclamación económica administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional [TEAR] alegando dos cuestiones: una, falta de motivación en la tasación del inmueble que hizo la Administración; y dos, el impuesto de sucesiones había prescrito cuando la Administración reclamó su abono», aclara Díaz Villasante.

El TEAR les dio la razón en cuanto a la primera cuestión, la falta de motivación.

No así, sobre ella segunda.

«Consideró que la autoliquidación, el abono, del ITPAJD interrumpía la prescripción del Impuesto de Sucesiones y Donaciones no satisfecho por ser, ambos, tributos conexos», precisa el abogado.

«Por lo tanto, había que pagar».

Con esas, Díaz Villasante recurrió ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM).

«Su sentencia nos dio la razón. La autoliquidación del ITPAJD interrumpía la prescripción del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. El TSJCLM dijo que los dos tribunos no eran conexos. Que eran independientes el uno del otro. Este era el tema controvertido. La esencia de un conflicto que ha generado discusiones y sentencias contradictorias», apunta.

Ante este revés, la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla-La Mancha, interpuso un recurso de casación para unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, solicitando que unificara criterios, creara doctrina y acabara, de una vez por todas, con la controversia interpretativa. 

Y es lo que ha hecho la Sala Tercera del Alto Tribunal, pero no en la dirección esperada, sino en la planteada por el abogado Díaz Villasante, desestimando la casación. 

En conclusión, para tener las cosas claras, ambos tributos no son conexos, son independientes y la autoliquidación de uno no afecta al abono del otro.

(Fuente CONFILEGAL)

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Derechos laborales de las personas con discapacidad05/12/2020

Derechos laborales de las personas con discapacidad

Entre otros derechos, nuestro ordenamiento jurídico recoge una serie de derechos laborales que afectan a la contratación de las personas con discapacidad, así como otras relativas al campo de la Seguridad Social.

En favor de las personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, se prevén una serie de medidas para promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad  de todos sus derechos y libertades fundamentales, a través de una serie de normas tanto de ámbito internacional, Europeo y nacional.

También existe posibilidad de realizar el trabajo de forma protegida a través de centros especiales de empleo o de enclaves laborales y programas de empleo para ciertos tipos de discapacidad.

Asimismo hay que mencionar otras medidas como son:

  •  la posibilidad de reincorporación, en la misma empresa en que prestaba sus servicios, que tiene todo trabajador declarado incapaz permanente cuando así lo recoge su convenio colectivo;
  •  el derecho a la justicia gratuita, así como las personas que los tengan a su cargo siempre que se trate de procedimientos que guarden relación con las circunstancias de salud o discapacidad que motivan este reconocimiento excepcional (art. 5 Ley 1/1996); derecho que se reconoce también, sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos para litigar, a las asociaciones de utilidad pública que tengan como fin la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad ya mencionadas;
  •  derecho a una bonificación en la cuota a la Seguridad Social por alta inicial en el régimen especial de autónomos; así como a acogerse al programa de fomento del empleo autónomo;
  •  derecho a la asistencia sanitaria y farmacéutica;
  •  respecto al IRPF: gastos deducibles; cálculo tipo de retención.
  • Por otra parte también hay medidas  aplicables a trabajadores que tienen a su cuidado a personas con discapacidad como:
  •  el derecho a una reducción de jornada para los trabajadores que tengan a su cuidado directo una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe actividad retribuida, con disminución proporcional del salario;
  •  el derecho a una excedencia para los trabajadores que tengan un familiar, hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, que por razón de su discapacidad no pueda valerse por sí mismo, por un período máximo de 1 año, salvo duración mayor por negociación colectiva.

Por último, hay que tener también en cuenta la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia  (Ley 39/2006) que prevé la concesión de ayudas económicas según el grado de dependencia. Las cuestiones que puedan suscitarse en materia de prestaciones derivadas de esta Ley siguen siendo competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa hasta que el Gobierno remita a las Cortes Generales una ulterior Ley que fije la entrada en vigor de la atribución de la competencia en esta materia al orden social. Así como la posibilidad de continuar percibiendo el subsidio de ingresos mínimos, la ayuda de tercera persona y la de movilidad, los que eran beneficiarios con anterioridad al 4-12-2013.

(Fuente ElDerecho.com LEFEBVRE)

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¿Cuáles son las principales novedades que contempla el anteproyecto de ley de prevención de blanqueo de capitales?05/12/2020

¿Cuáles son las principales novedades que contempla el anteproyecto de ley de prevención de blanqueo de capitales?

LAS CRIPTOMONEDAS Y LAS SOCIMIS CENTRAN ALGUNAS DE LAS MODIFICACIONES MÁS RELEVANTES

El anteproyecto es del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital encabezado por la ministra Nadia Calviño.

El anteproyecto de ley para modificar la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo se encuentra en la fase previa a su tramitación parlamentaria después de que el pasado mes de junio el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital lo sacara a audiencia pública.

El texto del departamento de Nadia Calviño transpone la Directiva comunitaria UE 2018/843 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, conocida como Quinta Directiva.

En enero venció el plazo de transposición de esta directiva y la Comisión Europea requirió a España para que tramitara con urgencia las modificaciones legislativas para implantarla.

Entre las modificaciones más relevantes se encuentran las que afectan a las criptomonedas y a las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis).

Y es que el anteproyecto contempla la incorporación de nuevos sujetos obligados y, particularmente, el sometimiento a las obligaciones preventivas de las personas que presten servicios de cambio de moneda virtual por moneda de curso legal.

Se incorpora como sujetos obligados a los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos, es decir, aquellas personas físicas o jurídicas que prestan servicios de salvaguardia de claves criptográficas privadas en nombre de sus clientes, para la tenencia, el almacenamiento y la transferencia de monedas virtuales de manera similar a la de la custodia de fondos o activos financieros tradicionales.

La nueva normativa de prevención de blanqueo de capitales implicará, siguiendo la Directiva, la obligación de registro de estos prestadores.

Por otro lado, añade la recomendación del Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre la incorporación de los proveedores de servicios de cambio entre diferentes monedas virtuales (y no únicamente entre moneda virtual y real) como sujetos obligados en las legislaciones nacionales, así como su regulación y registro.

El GAFI contempla además la necesaria regulación de los proveedores de servicios financieros que permitan la emisión y negociación de activos virtuales que tengan la consideración de valores negociables (‘security tokens’).

Sin embargo, según recoge el anteproyecto, para ello no es preciso realizar modificaciones adicionales a la ley para dar cobertura a esta previsión, debido a que su consideración como valor negociable por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores supone la aplicación del mismo régimen existente para el resto de valores negociables, ya sujetos a la normativa de prevención del blanqueo.

Las socimis, nuevos sujetos obligados

Debido a los riesgos que en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo pudieran derivarse de determinados sectores, explica el texto, se incorporan como nuevos sujetos obligados de la normativa preventiva a las plataformas de financiación participativa, las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis) o las sociedades gestoras de fondos de titulización.

Además, entre los ya contemplados introduce modificaciones de manera que será sujetos obligados los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles y en arrendamientos de bienes inmuebles que impliquen una renta total anual igual o superior a 120.000 euros o una renta mensual igual o superior a 10.000 euros.

También tendrán esta consideración las sociedades que, aun no desarrollando de forma directa actividades sujetas a la prevención de blanqueo y financiación del terrorismo, sean la sociedad dominante de un grupo de empresas que incluya dos o más sujetos obligados.

El hecho de ser incluido como sujeto obligado en la ley de prevención de blanqueo implica, entre otras cosas, medidas de diligencia debida, obligaciones de información al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), control interno o control de medios de pago.

Reforma de los registros de titularidad real

Por otro lado, la Directiva lleva a cabo una reforma en lo que se refiere a los registros de titulares reales, para los cuales establece un sistema de acceso público ya no limitado a sujetos obligados y autoridades.

De este modo, según se explica en la exposición de motivos, se crea un nuevo modelo de identificación de la titularidad real que parte de la creación de un Registro único en el Ministerio de Justicia, que obtendrá información de manera directa, pero que además centralizará la información contenida en los registros y bases de datos existentes en el Consejo General del Notariado y el Registro Mercantil.

Este registro será el que garantice la interconexión con el resto de registros de la Unión Europea y, además, será el encargado de controlar los accesos y su ajuste a Derecho, así como a las limitaciones que la normativa impone.

La creación de este registro se acompaña del establecimiento de una obligación para las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica de obtener, conservar y actualizar esta información de titularidad real y proveerla a autoridades y a sujetos obligados.

Otro de los aspectos que destacan en el anteproyecto es la modificación de las responsabilidades de los expertos externos encargados de realizar los informes sobre la adecuación de las medidas de prevención establecidas por un sujeto obligado con las exigencias de la normativa en vigor.

Se trata de un informe preceptivo, exigido a los sujetos obligados con la excepción de aquellos establecidos reglamentariamente que, con inclusión de agentes, ocupen a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual supere los dos millones de euros.

De este modo, los expertos externos pasarán a tener responsabilidad directa por el contenido de los informes realizados, tipificándose las posibles infracciones a la normativa de prevención en el ejercicio de sus funciones.

(Fuente CONFILEGAL)

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