Pleitear con Hacienda será gratis: el Tribunal Supremo anula las costas27/06/2019

Pleitear con Hacienda será gratis: el Tribunal Supremo anula las costas

El Supremo ha anulado las costas en los procedimientos tributarios, con lo que los pleitos con Hacienda serán gratis a partir de ahora. Así lo ha establecido el Tribunal Supremo (TS) en una sentencia que da la razón a la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) y anula el artículo 51.2 del Real Decreto 1073/2017, que aprobó la Hacienda de Cristóbal Montoro el 29 de diciembre de 2017. Llama la atención que el fallo contiene aseveraciones muy duras con Hacienda y con el legislador por no respetar el principio de seguridad jurídica (ver información adjunta).

El TS no discute la improcedencia de la costas en sí mismas, que en todo caso podrían ser objeto de cuestión de constitucionalidad, y considera que el valor de las alegaciones de Aedaf sobre su improcedencia en sentido general 'es el de mera opinión, legítima desde luego pero sin fuerza jurídica'. Sin embargo, concluye que el modelo de costas que ideó Montoro es nulo porque supone un sistema genérico, 'desvinculado del procedimiento', con lo que en lugar de una costa procesal se convierte en 'tasa' o 'sanción'.

Hacienda las cuantificó en un porcentaje del 2% de la cuantía de la reclamación, con un mínimo de 150 euros para las reclamaciones o recursos resueltos por órgano unipersonal y de 500 euros para los que se resuelvan por órgano colegiado. En caso de reclamaciones de cuantía indeterminada, las costas se cuantificarían en las cuantías mínimas referidas. Estas cuantías podían actualizarse por Orden Ministerial.

Contra la condena a costas no cabía recurso administrativo alguno, sin perjuicio de su revisión junto con el recurso de alzada que pudiera interponerse.

La Ley General Tributaria establece que el procedimiento económico-administrativo será gratuito, pero que puede regularse que haya costas para los casos que el tribunal económico-administrativo estime oportunos.

El recurrente alegó que la regulación de estas costas debería hacerse mediante una ley, ya que excede los límites de un Real Decreto. Destacó que el procedimiento es dirigido y resuelto por la propia Hacienda, que es obligatorio para acceder a la vía judicial y que estas costas no pueden ser impugnadas, a diferencia de las judiciales. Consideró que fijar umbrales mínimos y no máximos resultaba disuasorio y desproporcionado.

Para la Abogacía del Estado, las costas son una prestación a satisfacer por el mal uso del procedimiento tributario.

Al Supremo le llama 'poderosamente la atención', y le 'pone sobre aviso' que el grueso de la polémica suscitada entre las partes se centre en descubrir la naturaleza jurídica que esconde el concepto legal de 'las costas'. Discuten si se trata de una tasa, una medida sancionadora, una prestación patrimonial de carácter público no tributario, e incluso de un recargo; lo cual cree que resulta 'superfluo'. 'Las costas del procedimiento sin perjuicio de que su configuración normativa contenga dentro del conjunto de gastos unos u otros elementos, lo que en este caso se antoja especialmente conveniente de identificar, puesto que se parte del presupuesto de que el procedimiento económico administrativo es gratuito, son sólo eso, costas del procedimiento, ni tasas, ni medidas sancionadoras, ni prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario', dice.

Sucede, sin embargo, entiende la sentencia, que el artículo impugnado, 'en tanto cuantifica el importe de forma general y abstracta desvinculándolo del concreto procedimiento en el que se produce los gastos a sufragar y prescindiendo de estos, en tanto que se desconecta de los costes del concreto procedimiento, le hace perder su verdadera naturaleza, pues ya no podemos estar hablando de costas del procedimiento, sino [...] cabe identificarlas como tasa, como medida sancionadora o como prestación patrimonial de carácter público no tributario, y de ser alguna de estas figuras lo que es evidente es que no pueden ser costas del procedimiento'.

La sentencia concluye que el artículo impugnado 'viene a negar a las costas del procedimiento su condición de tal, y aboga porque se las considere una prestación patrimonial de carácter público no tributario'. Lo cual le lleva a anularlas.

La pelota queda encima del tejado de Hacienda, que puede volver a regular estas costas. Esaú Alarcón, abogado miembro de Aedaf que ha dirigido el recurso, señala que el Supremo plantea aquí que este desarrollo en todo caso no podrá hacerse mediante un decreto sino en una ley.

El Supremo tumba las costas en los procedimientos tributarios que creó la Hacienda de Montoro por considerarlas una 'tasa' o 'sanción'. La sentencia contiene duras críticas al Fisco por crear 'inseguridad jurídica'.

El Supremo plantea que Hacienda no debe establecer las costas en un decreto sino en una ley.

(Fuente EXPANSIÓN)

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Suspensión y aplazamiento de ejecución son compatibles21/06/2019

Suspensión y aplazamiento de ejecución son compatibles

El Supremo anula el artículo del Reglamento de Recaudación procedimientos que impedía iniciar al mismo tiempo los dos

El contribuyente que no tenga la certeza de que la Agencia Tributaria le va a admitir una solicitud de suspensión de la ejecución de una deuda puede solicitar a un tiempo su aplazamiento o fraccionamiento, ya que estos procedimientos no son incompatibles, según establece el Tribunal Supremo, en una sentencia, de 12 de junio de 2019.

El ponente, el magistrado Berberoff Ayuda, considera que la Ley General Tributaria (LGT) anuda la imposibilidad de pedir aplazamiento ante la firmeza de la resolución -administrativa, económico administrativa o jurisdiccional- a que dicha resolución haya sido objeto de suspensión.

El magistrado concluye que 'el apartado 8 del artículo 46 del Reglamento General de Recaudación (RGR ) anticipa la imposibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento a un momento anterior, es decir, al momento mismo en el que, eventualmente, se solicite la suspensión.

También, determina que el apartado 8 del artículo 46 del RGR no persigue posponer la tramitación y resolución del aplazamiento hasta que resuelva la petición de suspensión, sino que determina directamente su archivo, sin que ese 'archivo' al que se refiere el artículo 46.8 del RGR deba tener un alcance distinto del que se decreta en los casos del artículo 65.2 de la LGT. La sentencia anula, por tanto, este el apartado 8 del artículo 46 del RGR.

Esaú Alarcón, abogado de Gibernau Asesores y que ha llevado la defensa jurídica de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), asegura que 'Hacienda trataba a todos los contribuyentes como si fueran defraudadores y lejos de constituir un fraude, lo que pretende es evitar que una inadmisión de la suspensión en vía de recurso o reclamación lleve aparejada de facto que el contribuyente entre en el período ejecutivo, con el sobrecoste y limitaciones que ello le puede suponer'.

(Fuente EL ECONOMISTA)

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Hacienda devolverá también el IRPF de la prestación por maternidad y paternidad a los contribuyentes que solicitaron el reintegro antes de la sentencia del Tribunal Supremo21/06/2019

Hacienda devolverá también el IRPF de la prestación por maternidad y paternidad a los contribuyentes que solicitaron el reintegro antes de la sentencia del Tribunal Supremo

Las madres y padres que contaban con una resolución o sentencia firme contraria a la devolución de la prestación de maternidad o paternidad podrán recibir la devolución mediando una nueva solicitud posterior a la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 3 de octubre. Así lo han determinado los servicios jurídicos del Ministerio de Hacienda, en función de la interpretación dada al Real Decreto de diciembre pasado que introdujo el cambio legal necesario para dar cumplimiento al fallo del Supremo que declaró exentas las prestaciones de maternidad.

Esta medida ha sido comunicada por la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, a las representantes de la Asociación de Afectadas y Afectados por el IRPF de Maternidad y Paternidad en un encuentro mantenido hoy. Montero ordenó que se buscara una solución cuando tuvo conocimiento de la problemática de este colectivo. De esta forma, el Gobierno cumple su compromiso para corregir una situación de injusticia que afectaba a un colectivo de madres que reclamaron la devolución de las retenciones del IRPF por maternidad antes de que se produjera el fallo del Tribunal Supremo. La Agencia Tributaria estima que la decisión puede beneficiar a unos 8.000 contribuyentes. Montero ha asegurado que nadie entendería que precisamente las madres que reclamaron primero ese derecho quedaran ahora fuera del grupo de beneficiarios.

El proceso de devolución

Después de que el Tribunal Supremo dictaminara el 3 de octubre de 2018 que las prestaciones por maternidad están exentas del IRPF, el Ministerio de Hacienda puso en marcha el pasado diciembre un proceso de devolución del IRPF para los ejercicios no prescritos (2014-2018).

El Gobierno consideró que esta sentencia también debía beneficiar a los permisos de paternidad y extendió la devolución a los empleados públicos que abonaron el IRPF de los permisos de maternidad y paternidad de las mutualidades de previsión social.

Para la devolución, la Agencia Tributaria puso en marcha un proceso sencillo y ágil que ha permitido devolver hasta la fecha 960 millones de euros.

Sin embargo, surgieron dudas interpretativas acerca de si el proceso de devolución podía beneficiar a aquellos contribuyentes que antes de la sentencia del Supremo habían reclamado la devolución y habían recibido una resolución o sentencia desfavorables.

Los servicios jurídicos del Ministerio de Hacienda han dictaminado que también este colectivo tiene derecho al reintegro. La medida es posible debido a que el Real Decreto de diciembre producía efectos desde su entrada en vigor, pero también para ejercicios anteriores no prescritos, de manera que se entiende habilitado el derecho a recibir la devolución de las madres y padres que contaban con resoluciones y sentencias firmes en contra. La medida también se extiende a los empleados públicos que perciben permisos de maternidad y paternidad a través de las mutualidades de previsión social.

Al estar circunscrita esta ampliación de los beneficiarios a los periodos no prescritos, afectará a casos de prestaciones percibidas en los años 2014 y siguientes, pero también a aquellos años anteriores en los que eventuales recursos interpuestos por los contribuyentes hubiesen interrumpido la prescripción el tiempo suficiente como para que aún no se hubiesen cumplido los cuatro años de prescripción que marca la Ley General Tributaria.

Por tanto, en ambos supuestos se extiende el derecho a la devolución, si bien el procedimiento para el contribuyente es distinto. Para los años 2014 a 2017, las madres y padres deberán presentar una solicitud de devolución a través del mismo formulario electrónico habilitado por la Agencia Tributaria que venían utilizando desde diciembre pasado los solicitantes.

El plazo para solicitar la devolución del IRPF de la prestación por maternidad del ejercicio 2014 concluye el 1 de julio de 2019, cuando se cumplen los cuatro años que marca la legislación.

Para los supuestos de años anteriores no prescritos, la fórmula será la de una solicitud ordinaria en la que el solicitante aporta su nombre, apellidos y NIF, junto con el año de percepción de la prestación y el número IBAN de una cuenta bancaria de la que sea titular. Esa solicitud la presentará, bien por registro electrónico, bien en cualquier registro de la Administración.

Todas aquellas madres y padres para quienes ahora se extiende el derecho a la devolución y que ya hubiesen presentado la solicitud tras el fallo del Supremo, no necesitarán volver a presentarla ahora, dado que se tramitará esa misma solicitud.

En el caso de que esta segunda solicitud se hubiera resuelto en sentido negativo, el interesado deberá remitir un escrito a la Agencia Tributaria mostrando su oposición a esa resolución y la Administración actuará procediendo a la devolución.

Con la solución aportada por el Ministerio de Hacienda, desaparece cualquier posible discriminación. Es decir, todas las madres y padres que cobraron la prestación a partir de 2014 tendrán derecho a la devolución con independencia de si presentaron o no una reclamación previa a la sentencia.

Además, en algunos supuestos, el hecho de haber presentado una solicitud previa puede suponer una ventaja en la medida en que si se detuvo la prescripción es posible ahora cobrar la prestación de ejercicios anteriores a 2014.

Ritmo de devoluciones

La medida comunicada hoy se suma al proceso iniciado por el Gobierno en diciembre de 2018 para la devolución de las prestaciones de maternidad y paternidad tras la sentencia del Alto Tribunal. Gracias al sistema puesto en marcha por la Agencia Tributaria, más de 734.000 madres y padres habían recibido hasta el pasado 11 de junio la devolución de las retenciones del IRPF referidas al periodo 2014-2017.

En concreto, la suma de las cantidades reintegradas hasta la fecha (devolución más intereses) supera los 960 millones de euros. Así, los contribuyentes con derecho a devolución han recibido 1.309 euros de media. Las madres han percibido de media 2.066 euros y los padres 483 euros.

Fuente de la noticia: Ministerio de Hacienda

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Los trabajadores ya pleitean con las empresas por la jornada a la carta20/06/2019

Los trabajadores ya pleitean con las empresas por la jornada a la carta

Empieza la conflictividad por la nueva jornada a la carta. Los trabajadores ya están presentando demandas contra las empresas por no concederles la jornada a la carta que han solicitado amparándose en el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades. Así lo trasladan empresas y despachos, que tienen 'cola' de peticiones y de procesos de negociación abiertos y pleitos en los casos en los que no se ha llegado a acuerdo. Se está generando una 'conflictividad' y 'litigiosidad' máximas que amenazan la organización empresarial de turnos y jornadas, alertan.

Una cocinera de un restaurante en Barcelona con horario partido de comida y cena exige un horario de 9 a 16 horas. Es un ejemplo de una demanda, explica Dídac Ripollès, socio responsable de Laboral de Toda & Nel-lo, que destaca que esta novedad 'va a costar más de gestionar que el registro horario, ya que supone una revolución que afecta a todas las empresas, mientras que el registro muchas ya lo tenían'.

El daño a la organización puede ser importante, y los intentos de la empresa de reubicar al empleado o adaptar sus funciones se topan con negativas, añade Ripollès.

El nuevo derecho es de gran amplitud e inconcreción. Permite a los trabajadores negociar bilateralmente con la empresa la adaptación de la duración y distribución de la jornada, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluido el teletrabajo, que deseen en pos de la conciliación.

La empresa abrirá un proceso de negociación durante un máximo de treinta días. Finalizado, por escrito, comunicará la aceptación, planteará una alternativa o manifestará la negativa. En este último caso, indicará las razones objetivas, que pueden ser económicas, técnicas, organizativas y/o productivas. El trabajador tendrá derecho a solicitar el regreso a su jornada anterior cuando considere.

A partir de la negativa, el trabajador tiene veinte días para demandar a la empresa ante un Juzgado de lo Social según el procedimiento de urgencia que regula la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social. Una vez admitida la demanda, deberá celebrarse una vista en cinco días y dictarse sentencia en tres, contra la que no cabe recurso. Sólo podría recurrir el trabajador si alega vulneración de derechos fundamentales.

En la demanda podrá acumularse la acción de daños y perjuicios al trabajador, exclusivamente por los derivados de la negativa del derecho o de la demora en la efectividad de la medida. Estas acciones son muy comunes, cuenta Montse Rodríguez Viñas, directora de Laboral de BDO Abogados, y también pueden ser daños morales.

Rodríguez Viñas traslada que ya tienen una 'cola de clientes que se enfrenta a demandas'. Considera que 'sólo se puede llevar a la negociación colectiva la forma en que se solicita el derecho, por ejemplo, los plazos'. Se ha encontrado un comité que pretende establecer una flexibilidad colectiva y la empresa se ha negado, ya que argumenta que tiene que ser caso por caso, y está a la espera de cómo se resuelve este conflicto.

Fermín Guardiola, socio de Laboral de Baker McKenzie, advierte de que 'las empresas asumen una carga burocrática importante y les recomienda 'dar buenas razones cuando no haya acuerdo, dado que los tribunales siempre van a ser favorables a permitir adaptaciones'. Alfredo Aspra, socio director de Laboral de Andersen Tax & Legal, insta a 'documentar la negociación'.

Íñigo Sagardoy y Martín Godino, presidente y socio director de Sagardoy, respectivamente, recomiendan a las empresas abrir la negociación colectiva para protegerse. En la misma línea se pronuncian CEOE y el Círculo de Empresarios. Talmac Bel, socio responsable de Laboral de Fieldfisher Jausas, en cambio, cree que la negociación colectiva puede ser un arma de doble filo, como en las reducciones de jornada, ya que 'a menudo incrementa el derecho'.

(Fuente EXPANSIÓN)

En A.L.T. ASESORES somos abogados expertos en juicios laborales, Inspecciones de Trabajo, conciliaciones, elaboración de nóminas y seguros sociales, así como en materia de prevención de riesgos laborales. Si tiene algún problema en la materia no dude en consultarnos.

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Hacienda 'roba' más de 9.000 millones a los contribuyentes mediante deducciones ocultas18/06/2019

Hacienda 'roba' más de 9.000 millones a los contribuyentes mediante deducciones ocultas

Las deducciones autonómicas no vienen por defecto en el borrador, por lo que sólo un 8% de los contribuyentes se las aplica en su declaración.

A falta de tres semanas para que termine la Campaña de la Renta 2018, la Agencia Tributaria ha devuelto más de 5.200 millones de euros a más de 8 millones de contribuyentes. Según la Comunidad Autónoma donde resida cada uno de ellos, su factura fiscal puede variar en unos cuantos cientos de euros.

Los expertos fiscales de TaxDown alertan de que el 64,15% de las declaraciones presentadas no modificaron el borrador y hay que tener en cuenta que Hacienda no incluye en el mismo las deducciones autonómicas. Por eso, es fundamental revisar el borrador para incluir manualmente cada deducción.

Según sus cálculos, cada año los españoles dejaron por reclamar más de 9.000 millones de euros en deducciones no aplicadas, muchas de ellas autonómicas. Éste es el desglose de las deducciones estatales, a lo que habría que sumar las de cada Comunidad Autónoma.

Maternidad: 445.000 madres que no se han aplicado la deducción y que suponen 402 millones no reclamados (Fuente: Datos AEAT y Natalidad España).

Donaciones: más de 4 millones de personas no se han deducido otros 353 millones (Fuente: aefundraising y AEAT).

Amortizaciones de vivienda habitual: 654.000 personas no se deducen la amortización, lo que suponen casi 940 millones no aplicados (Datos AEAT).

Aportaciones a sistemas de previsión social: existen 13 millones de personas que no declaran sus aportaciones a sistemas de previsión social, casi 3.500 millones (Fuente: AEAT, InverCo, Ministerio de Economía).

Colegios Profesionales: 326.000 personas con colegiación obligatoria no se deducen 75 millones no aplicados (Fuente: INE y AEAT).

Rentas bajas: estiman que hay 8 millones de personas que no declaran por rentas bajas y podrían ahorrarse con su declaración hasta 4.100 millones (Fuente: INE y AEAT).

El dato para las deducciones autonómicas es todavía más llamativo, ya que sólo un 8% de los contribuyentes se las aplican en su declaración, pese a que de media éstas suponen un ahorro de 234 euros por persona (356 millones de euros en total).

Las deducciones desconocidas

A continuación, repasamos unas cuantas deducciones autonómicas desconocidas y olvidadas por los contribuyentes:

Cataluña y Comunidad Valenciana: toda entidad que fomente el uso de la lengua catalana y valenciana, respectivamente, puede deducirse del IRPF hasta el 15% de las aportaciones.

Comunidad de Madrid: los niños madrileños vienen con una deducción bajo del brazo. Los padres pueden desgravarse hasta 600 euros por hijo.

Comunidad Valenciana: ser ecológico en tiene beneficios fiscales en la Comunidad Valenciana, y es que hasta un 20% de las aportaciones a causas con finalidad ecológica pueden ser deducidas en la renta de los valencianos.

Andalucía: si tienes alguien que te ayude en casa, empleados del hogar, puedes desgravarte el 15% de la Seguridad Social, con un tope máximo de 250 euros.

Baleares: los libros de texto salen gratis porque los padres pueden deducirse el 100% de su coste en el IRPF.

Castilla y León: las guarderías salen gratis en Castilla y León porque pueden deducirse el 100% de los gastos de guardería, hasta 1.320 euros.

"Hay que saber que una parte importante de nuestros impuestos se pagan a la Comunidad Autónoma donde residimos. Las legislaciones autonómicas permiten ciertas deducciones específicas que, al ir variando, son menos conocidas por los españoles", explican desde TaxDown.

(Fuente LIBRE MERCADO)

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