Diez consejos para ahorrar hasta 4.500 euros en la declaración de la renta 202005/12/2020

Diez consejos para ahorrar hasta 4.500 euros en la declaración de la renta 2020

Las personas con rendimientos anuales inferiores a los 21.000 euros pueden obtener ventajas fiscales de casi 1.700 euros.

Quedan pocos días para ajustar cuentas

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) aconsejan aprovechar la recta final del año para ahorrar hasta 4.569 euros en la próxima declaración de la renta, aunque aclaran que las mayores ventajas fiscales benefician a los contribuyentes con más ingresos y patrimonios, quieren tienen ahorro disponible para reducir su factura fiscal.

Así, las personas con ingresos superiores a los 600.000 euros al año podrán abaratar su factura fiscal hasta los 76.500 euros, frente a las personas con rendimientos anuales inferiores a los 21.000 euros, cuya ventaja fiscal no llega a los 1.700 euros.

1.- Aportar hasta 8.000 euros al plan de pensiones

Habitualmente, en los últimos meses del año conviene hacer aportaciones a los planes de pensiones o a los planes de previsión asegurados a efectos de conseguir un ahorro fiscal en la declaración de la Renta del próximo año.

Sin embargo, este año será el último en que se podrá reducir la base imponible del IRPF hasta los 8.000 euros, siempre que estas aportaciones no superen el 30% de los rendimientos del trabajo y actividades económicas, porque el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 prevé reducir este límite a 2.000 euros manteniéndose el límite porcentual del 30%.

Por ello, en caso de que se tenga previsto realizar este tipo de aportaciones es preferible no demorarlas a 2021, ya que si se aportan a partir de enero el límite será ya de 2.000 euros.

Asimismo, también reducen la base imponible hasta 2.500 euros las aportaciones a planes de pensiones del cónyuge realizadas por el contribuyente cuando aquél perciba rendimientos del trabajo o actividades económicas inferiores a 8.000 euros. Como en 2021, el límite de la aportación se reducirá a 1.000 euros, también puede ser conveniente adelantar estas aportaciones antes de que finalice el año.

Como el Proyecto de Presupuestos también establece un incremento de dos puntos porcentuales de los tipos impositivos para bases liquidables generales (salarios, beneficios de autónomos o rentas de alquiler) superiores a 300.000 euros, este año será el último en que sea más rentable fiscalmente la realización de aportaciones para contribuyentes con ingresos muy elevados.

En cualquier caso, la ventaja fiscal de los Planes de Pensiones se refleja en la base general del Impuesto, no en la del ahorro, por lo que Gestha recuerda que invertir en este mes otros 6.233 euros de media para alcanzar el límite de estas aportaciones garantiza un ahorro fiscal medio de unos 1.870 euros adicionales, variando este ahorro adicional según la cuantía de los ingresos y la comunidad autónoma de residencia.

La estadística del IRPF muestra que esta ventaja es utilizada, por la mitad de los declarantes que ingresan más de 60.000 euros, cuyo ahorro les supone el 45% de la aportación al Plan de Pensiones, variando este porcentaje según la Comunidad Autónoma de residencia. Es más, a igualdad de importes invertidos en planes de pensiones, la ventaja fiscal para las rentas mayores es casi el doble que para las rentas medias.

En cualquier caso, si en 2020 le llegó la jubilación o sufrió una discapacidad, Gestha advierte de los peligros de rescatar el Plan de Pensiones en forma de capital, ya que actualmente no se mantienen la reducción del 40% en este tipo de rescate, salvo en relación a las aportaciones anteriores a 31 de diciembre de 2006, por lo que recomiendan analizar su tributación para ver qué le conviene. En caso de no haber reducción, la tributación siempre será inferior rescatando el plan en forma de renta.

También señalan que excepcionalmente fue posible rescatar los derechos consolidados de los planes de pensiones, planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social, durante un plazo de seis meses desde el 14 de marzo de 2020, en situaciones de desempleo consecuencia de un ERTE y cese de actividad de autónomos que se produjeran como consecuencia del COVID-19, con el límite de los salarios o ingresos netos dejados de percibir. Si bien a estos reembolsos se les aplica la regla general y se consideran rentas del trabajo.

2.- Aplicar la deducción por compra de vivienda

Aquellos que compraron su vivienda habitual o realizaron algún pago para su construcción antes del 1 de enero de 2013 seguirán disfrutando de su derecho a la desgravación, siempre y cuando hayan tenido deducciones por dicha vivienda en 2012 o años anteriores.

De este modo, estos contribuyentes pueden deducirse hasta el 15% de las cantidades invertidas, con un límite de inversión de 9.040 euros. Teniendo en cuenta este techo, puede resultar interesante realizar un pago adicional -de 4.806 euros de media- para amortizar la hipoteca antes de que finalice el año para reducir la factura fiscal en 721 euros.

3.- Ganancias por la venta de una vivienda habitual

A efectos de la tributación de las ganancias patrimoniales, los técnicos de Hacienda recalcan que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales establece un nuevo tipo para el caso de bases liquidables del ahorro superiores a 200.000 euros y que ascenderá a un 26%.

4.- Atención, mayores de 65 años

Están exentas las ganancias obtenidas por la venta de la vivienda habitual por los contribuyentes mayores de 65 años o por personas dependientes severos o de grandes dependientes. Igualmente, las ganancias obtenidas por los mayores de 65 años por la venta de cualquier bien están exentas de tributación, siempre y cuando el importe total, hasta un límite máximo de 240.000 euros, se destine a constituir una renta vitalicia asegurada en un plazo de seis meses. Precisamente, a estos dos últimos puntos es a los que afecta el llamado "hachazo" fiscal inmobiliario, según recuerda Gestha.

5.- Compensar las pérdidas con ganancias

Ser inversor en bolsa no sólo puede traer ganancias, sino también minusvalías. Por eso, avisan de que el final de año es un buen momento para hacer cuentas y compensar las pérdidas generadas por un fondo de inversión, acciones o derivados financieros con las ganancias patrimoniales obtenidas. Aquí es importante recordar que no se podrán adquirir esos mismos valores o similares en los dos meses posteriores a la venta.

Por otro lado, la reforma fiscal eliminó los compartimentos estancos para compensar rendimientos de capital mobiliario con ganancias y pérdidas patrimoniales, es decir, a partir de 2015 se permite que las pérdidas patrimoniales se compensen, en caso de no concurrir ganancias, con los rendimientos positivos del capital mobiliario y viceversa.

6.- Planificar la venta de acciones

Los contribuyentes que prevean que sus rendimientos netos del trabajo serán inferiores a 16.825 euros deben vigilar, en la medida de lo posible, que no haya rentas de otro tipo, como por ejemplo ganancias patrimoniales por venta de acciones o rentas por alquileres de inmuebles, superiores a 6.500 euros, ya que en dicho caso perderían una reducción de rendimientos del trabajo que puede llegar hasta los 5.565 euros.

También las ventas de acciones pueden obligar a declarar a muchos contribuyentes que no tendrían obligación de declarar con rendimientos de trabajo inferiores a 14.000 euros con más de un pagador (en Navarra 12.600 euros, en el País Vasco es 12.000 euros), o si sólo existe un pagador hasta 22.000 euros a trabajadores que residen en las CCAA de régimen común (o más pagadores por menos de 1.500 euros en total), en el País Vasco se eleva a 20.000 euros.

7.- Hasta 60.100 euros si se trabaja en el extranjero

Los técnicos recuerdan que los rendimientos que se han obtenido por los trabajos realizados para empresas radicadas en el extranjero están exentos de tributación con un límite máximo de 60.100 euros anuales, que se reduce hasta 30.000 en Navarra.

Eso sí, aclaran que se podrá aplicar esta deducción siempre y cuando en el territorio en el que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a la del IRPF y no se trate de un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. Además, esta exención solo está destinada a desplazamientos temporales, ya que si el contribuyente es residente de otro país ya no tributaría en España.

8-. Premiar la solidaridad en época de pandemia

En mayo el Gobierno aprobó un aumento de la desgravación de los donativos con efectos de 1 de enero de 2020, hasta el 80% de los primeros 150 euros donados y un 35% del resto de sus aportaciones, que aumenta al 40% si la cantidad donada a una misma ONG no ha disminuido encada uno de los tres últimos años.

Las donaciones al Tesoro Público realizadas para la financiación exclusiva de los gastos derivados de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 gozarán de este régimen de tipos incrementados, lo que supondrá un 80% para los primeros 150 euros y un 35% para el resto.

Además, siguen exentas las ganancias patrimoniales generadas si se donan bienes. En el caso de que las donaciones se destinen a la realización y desarrollo de actividades y programas prioritarios de mecenazgo, los porcentajes anteriores se elevan en cinco puntos porcentuales.

De ahí que, en esta recta final del año, recomienden a los contribuyentes que soliciten el certificado con sus datos identificativos, fecha e importe donado a entidades solidarias. También es posible deducir un 10% por donativos a otras fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública no acogidas a la Ley 49/2002.

9.- …y la ideología

Asimismo, las cuotas de afiliación y aportaciones a partidos políticos pueden reportar al contribuyente algún beneficio adicional, ya que suponen una deducción del 20% (en Navarra es del 15%), limitada a una base máxima de 600 euros.

Las cuotas sindicales y de colegios profesionales, obligatorios deducen de los rendimientos del trabajo hasta 500 euros, y los gastos de defensa jurídica de litigios en la relación laboral con el límite de 300 euros anuales.

10.- 'Ángeles' de los emprendedores

En el conjunto del Estado español, un año más, los amigos y familiares de tercer grado del emprendedor que quiera constituir su propia empresa tienen una recompensa fiscal. La ley del IRPF estableció desde el 29 de septiembre de 2013 un incentivo a favor de los business angels o personas interesadas en aportar capital para el inicio de una actividad o capital semilla, de modo que se puedan crear nuevas sociedades incorporando a su accionariado, dentro de los tres años desde su constitución, a estos inversores que deben mantener su participación entre tres y doce años.

La deducción para estas inversiones es de un 30%, en la cuota estatal del IRPF de la inversión realizada al suscribir las acciones o participaciones de la sociedad, siendo la base máxima de la deducción de 60.000 euros anuales, limitada a una participación, junto con su cónyuge y familiares hasta el segundo grado incluido, nunca superior al 40% del capital de la entidad y cuyos fondos propios tampoco podrán superar los 400.000 euros al inicio del período de la entidad en que el inversor adquiera las acciones. Asimismo, se fija la exención total de la plusvalía al salir de la sociedad, siempre y cuando se reinvierta en otra entidad de nueva o reciente creación.

A día de hoy, esta deducción es la segunda más potente del IRPF permitiendo deducir adicionalmente 1.157 euros de media a quien financie a una empresa reciente, aunque se precisa invertir otros 3.857 euros, lo que la convierte en la deducción más rentable de media en el IRPF respecto de la cantidad invertida para las rentas altas, después de los planes de pensiones.

(Fuente LIBREMERCADO)

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El Supremo actualiza el concepto de allanamiento de morada conforme a la Instrucción de Fiscalía30/11/2020

El Supremo actualiza el concepto de allanamiento de morada conforme a la Instrucción de Fiscalía

La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en su sentencia de 6 de noviembre, ha interpretado y ampliado el concepto de allanamiento de morada

Aunque no se hace referencia al término de “okupación”, sí que puede tener repercusión el reciente fallo en tal fenómeno social

A pesar de que el objeto del presente recurso de casación se desvía en analizar el escenario de un intento de homicidio de un ciudadano británico a su expareja en la localidad de Albox (Almería), en el Fundamento de Derecho Segundo de la reciente STS 587/2020, de 6 de noviembre, la Sala de lo Penal se pregunta “qué concepto debemos tener por morada”, y si cabe la posibilidad de que la noción de “morada” sea doble, “en el sentido de poder disponer de la morada en dos residencias que pueda utilizar de forma más o menos habitual una persona, ya que no hay disposición legal alguna que obligue a una persona a ‘elegir’ cuál es su morada, o si puede disponer de dos que cumplan esta función”, aunque recuerda que a efectos fiscales o de notificaciones sí que es cierto que es necesario reconocer a una como domicilio habitual.

Al hilo de lo anterior, entiende la Sala que aquello no determinaría que bajo tal opción “estemos ‘eligiendo’ cuál es nuestra morada, excluyendo, con ello, a otra vivienda que también utiliza ocasionalmente” que esté “amueblada, y dada de alta la luz, el agua y gas, como servicios esenciales que acreditan que es vivienda que se utiliza habitualmente, y que no está desocupada en el sentido más propio de inmueble que no se utiliza”.

Así pues, aunque no lo exprese de forma literal, la anterior declaración del Tribunal Supremo confirma la definición amplia de morada realizada por la reciente Instrucción nº 1/2020, de 15 de septiembre, sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles, dictada por la Fiscalía General del Estado.

En concreto, la citada Instrucción, que tiene por objeto que los Fiscales refuercen su intervención en defensa de los derechos de las víctimas y los perjudicados por estos delitos, en relación a las segundas residencias o residencias de temporada ya anunciaba que el elemento objetivo descrito por el art. 202 del Código Penal concurrirá “siempre que la privacidad resulte lesionada o gravemente amenazada”, siendo irrelevante “que el lugar constituyera su primera o segunda vivienda, sino si, cuando se encontraba en el lugar, aunque fuera ocasionalmente, utilizaba la vivienda con arreglo a su naturaleza, es decir, como un espacio en el que desarrollaba aspectos de su privacidad”.

Así, “además de las primeras residencias, se consideran morada las denominadas segundas residencias o residencias de temporada, siempre que en las mismas se desarrolle, aun de modo eventual, la vida privada de sus legítimos poseedores”, confirmaba la Instrucción.

En la misma línea, insistiendo en la búsqueda de semejanzas del novedoso fallo y la citada Instrucción, la Sala Segunda alude a otros pronunciamientos del Tribunal Constitucional en el que identifica el domicilio con “un espacio apto para desarrollar vida privada”, un espacio “que entraña una estrecha vinculación con su ámbito de intimidad”, “el reducto último de su intimidad personal y familiar”.

Como lo hiciera la Instrucción, el Alto Tribunal también subraya la vinculación del concepto de domicilio con la protección de esferas de privacidad del individuo, lo que lleva a “ampliar el concepto jurídico civil o administrativo de la morada para construir el de domicilio desde la óptica constitucional, como instrumento de protección de la privacidad”.

Por si no fuese suficiente, la Sala insiste y zanja: “Encontrarán la protección dispensada al domicilio aquellos lugares en los que, permanente o transitoriamente, desarrolle el individuo esferas de su privacidad, alejadas de la intromisión de terceros no autorizados”.

(Fuente Economist & Jurist)

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Una juez de Salamanca valida que un jubilado cobre el plus de maternidad30/11/2020

Una juez de Salamanca valida que un jubilado cobre el plus de maternidad

Primera sentencia en Castilla y León que condena a la Seguridad Social a pagar este complemento de pensión por hijos (a partir de dos), que sólo se da a las mujeres.

Hace un año el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, declaró que el complemento de maternidad de las pensiones en España (que incrementa entre un 5% y un 15% la prestación de aquellas mujeres que hubiesen tenido al menos dos hijos) era discriminatorio con los hombres que también tuvieron descendencia y que éstos debían ser recompensados en la misma medida que sus parejas por su contribución demográfica al sistema.

Cuando Julián Ingelmo, un jubilado salmantino de 67 años, casado y padre de familia numerosa, escuchó aquella noticia por casualidad en la radio, decidió consultar a su abogado si podía exigir a la Seguridad Social ese complemento de maternidad para elevar su pensión de poco más de mil euros. El letrado, tras estudiar la jurisprudencia europea y el precedente en Canarias, decidió animarle a reclamar ese plus, que en su caso supondría el incremento máximo del 15% por haber criado a cuatro hijos. Cabe recordar que el complemento es del 5% de la pensión por dos hijos, del 10% por tres hijos y del 15% por cuatro o más hijos.

En un primer momento Julián Ingelmo envió una solicitud al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que rápidamente fue denegada por el organismo estatal. El Real Decreto Legislativo General de la Seguridad Social reconoce el complemento de pensión sólo a las mujeres trabajadoraspor su aportación demográfica a la Seguridad Social”. Tienen derecho a este complemento aquellas pensiones de jubilación, viudedad o incapacidad permanente a partir del 1 de enero de 2016.

El pensionista salmantino no desistió y formuló una reclamación previa contra esa denegación que también fue rechazada. Algo desanimado, fue su abogado Eloy Sampedro el que le empujó a pelear por este plus, que discrimina a los hombres, en los juzgados. El pasado mes de marzo, en pleno inicio de la pandemia el letrado presentó la demanda contra el INSS y Tesorería de la Seguridad Social.

Tras meses de espera, la insistencia ha surtido efecto. La magistrada del Juzgado de los Social número 2 de Salamanca falló esta semana a favor del jubilado salmantino. Es la primera sentencia de este tipo en Castilla y León.

La juez reconoce el derecho de Julián Ingelmo “a percibir el complemento de maternidad de su pensión de jubilación en un porcentaje del 15% de la base reguladora”. De esta forma, este salmantino pasará a cobrar en torno a 150 euros más al mes en su pensión de por vida y además, con efectos retroactivos al 6 de diciembre de 2019. Aunque el INSS aún puede recurrir la sentencia, la magistrada señala que deberá iniciar igualmente el abono de la prestación.

Julián Ingelmo expresaba su satisfacción a este periódico por la sentencia a su favor. “La constancia ha merecido la pena”, admitía, mientras confiaba en que una vez pase la pandemia pueda celebrar como se merece el aumento de pensión con su mujer y sus cuatro hijos.

Las sentencias en Canarias y después también en Galicia y Murcia a favor de padres pensionistas han provocado un aluvión de demandas similares de jubilados por toda España aprovechando la interpretación del tribunal europeo que considera discriminatoria la normativa española. Habrá que ver si ante este resquicio legal de la llamada “aportación demográfica”, el Instituto de la Seguridad Social decide modificar y matizar el Real Decreto. Mientras tanto, cada vez son más los pensionistas jubilados que se plantean reclamar en los juzgados este plus para elevar su pensión.

(Fuente la Gaceta de Salamanca)

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El Supremo pone coto a los excesos de Hacienda contra los contribuyentes07/11/2020

El Supremo pone coto a los excesos de Hacienda contra los contribuyentes

La jurisprudencia blinda derechos frente a las prácticas del fisco. Los expertos creen que esta tendencia aumentará la litigiosidad

 

Las contiendas con Hacienda sobre el límite de sus actuaciones frente a los ciudadanos son un clásico en las tribunales administrativos. Algunas de estas disputas saltan a la vía judicial y, en última instancia, llegan al Tribunal Supremo, que, al igual que un árbitro, fija las reglas del juego dictando a favor o en contra de los administrados. Los últimos meses han sido especialmente movidos en esta materia. El alto tribunal ha dicho, por ejemplo, que Hacienda no puede entrar a registrar domicilios o empresas “para ver qué encuentra; o que, antes de poner en marcha la maquinaria de cobro debe contestar primero al contribuyente.

En el fondo de muchos de estos conflictos subyace el difícil equilibrio entre las potestades de la Administración para conseguir el cumplimiento de sus objetivos y la protección de los derechos de los contribuyentes. En estos últimos años, opina Javier Lucas, socio de Ceca Magán, “ha cundido la sensación de que las actuaciones de Hacienda han ido teniendo cada vez menos límites”. Esto ha producido un incremento de la litigiosidad tributaria “y de esos pleitos están resultando sentencias que ponen coto a algunas de ellas”.

Entrada al domicilio

La batalla planteada por un bar en Córdoba, que consideró ilegal el registro de su negocio, es el origen de la resolución de octubre del Supremo que impide a Hacienda entrar en el domicilio particular o social del contribuyente por mera sospecha (“corazonada o presentimiento”) de fraude.

En ella, el alto tribunal rechaza de forma contundente la entrada en los domicilios de los administrados “amparándose en una autorización judicial obtenida sin la debida motivación”, explica Marcos González, asesor fiscal en Cialt. En concreto, el tribunal “exige que esté conectada con un procedimiento inspector, ya abierto y notificado al contribuyente”. Para Leopoldo Gandarias, socio de Alliantia, sin duda la sentencia “que más ha sacudido a la AEAT en los últimos tiempos”.

El problema esencial, agrega, está en la “mecanización o automatismo” que caracteriza a estas solicitudes. No se puede perder de vista que una medida que afecta a un derecho fundamental debe ser excepcional. En este sentido, afirma González, “la resolución es un espaldarazo importante a la inviolabilidad del domicilio”. Como explica, no se trata de que el Supremo vete la entrada de la Inspección, “sino que las solicitudes deberán ser suficientemente motivadas”.

Maquinaria de cobro

El Tribunal Supremo también ha puesto coto a la práctica de la AEAT de apremiar al cobro de las deudas tributarias sin contestar siquiera al recurso de reposición del contribuyente. En una sentencia de mayo, afeaba esta conducta y afirmaba que es deber de la Administración examinar el recurso del ciudadano y responder de forma expresa, y no por silencio, antes de dictar una providencia de apremio que le legitime a cobrarse con los consiguientes recargos.

Como apunta González, la resolución permitiría anular todas las providencias notificadas sin haberse resuelto el recurso de reposición planteado, siempre que no se haya pasado el correspondiente plazo. Por otro lado, cree que servirá para poner freno a la potestad recaudatoria de la Administración “en aquellos casos en los que se pone en marcha el procedimiento de recaudación como una apisonadora”.

Este mismo criterio, que apela al “principio de buena administración”, es el que sigue el alto tribunal en sendas sentencias de 15 de octubre para rechazar esta misma práctica cuando está pendiente la resolución de una petición de aplazamiento o fraccionamiento de la deuda.

Verificación de datos

En mayo, el Supremo resolvió sobre un caso en el que la AEAT utilizó el procedimiento de verificación de datos para negar a un contribuyente la aplicación en su IRPF de la exención por reinversión en vivienda habitual. La sentencia declara nulas las liquidaciones si el fisco sobrepasa los supuestos tasados de uso de este sistema, que, apunta Lucas, “está pensado para supuestos de máxima simplicidad y son menos garantistas”.

Recurrir multas

Hay otras resoluciones recientes que, más que acotar las potestades de Hacienda, dan oxígeno a los contribuyentes. Este es el caso de una sentencia de septiembre en la que el Supremo establece que los ciudadanos puedan recurrir la sanción tributaria impuesta “por cualesquiera motivos jurídicos determinantes de su nulidad”, incluidos los referentes a la propia liquidación, aunque esta no haya sido recurrida por el interesado. El tribunal rechaza que firmar de conformidad el acta de liquidación, es decir, asumir la deuda, impida acudir a sus defectos para recurrir la sanción. Según Gandarias, “pone el derecho a la tutela judicial efectiva a la altura que le corresponde”.

(Fuente CINCO DÏAS)

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Una aplicación correcta del Texto Refundido de la Ley Concursal puede facilitar que las empresas continúen su actividad empresarial07/11/2020

Una aplicación correcta del Texto Refundido de la Ley Concursal puede facilitar que las empresas continúen su actividad empresarial

Debate sobre el recién aprobado Texto Refundido de la Ley Concursal, una norma que nació con polémica por la salida después del verano y que ha dividido a los juristas sobre su utilidad.

Para Javier García, magistrado en excedencia y socio de litigación y arbitraje Perez-Llorca, “el texto refundido no es una nueva norma, sino que viene a aclarar algunos conceptos oscuros que había antes, realizando algún ajuste necesario. En ese sentido mejora la normativa concursal existente”.

Este experto ha formado parte de un panel de expertos reunidos en la Cátedra Pérez-Llorca/IE de Derecho Mercantil, inaugurada y moderada por Laura Ruiz, abogada senior del departamento de Litigación y Arbitraje de Pérez-Llorca.

La sesión ha tenido como ponentes, entre otros, a Francisco de Borja, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y a Manuel Romera, profesor de dirección financiera de IE Business School.

En este contexto, García señaló que el texto refundido “es un instrumento muy relevante para las empresas en situación de crisis económica, ya que si se aplica correctamente y en el momento adecuado puede permitirle continuar la actividad empresarial”.

Por supuesto es mejorable, pero esa mejora requiere una reflexión profunda que permita aplicarla en cualquier momento, lo que casa mal con un mero parche para una situación coyuntural”, afirmó.

En cuanto a la polémica surgida sobre el momento de aprobarse dicha normativa, el pasado 1 de septiembre, este experto en derecho mercantil indicó que “la polémica ha surgido porque nos encontramos ante una crisis sanitaria que está teniendo una terrible repercusión económica y se ha señalado que en este momento no era conveniente sacar el texto refundido”.

Sin embargo, ”existía un mandato del legislador que había que cumplir. Aunque en realidad, los cambios no son significativos, porque no podían serlo, a muchos les hubiera gustado que su plazo de entrada en vigor hubiera sido mayor”.

Desde su punto de vista esta nueva normativa “introduce algunos cambios, y ha aclarado algunas cuestiones, va a resultar un poco mejor que la ley que ya existía”.

Acudir al concurso cuanto antes

Para este jurista, en un momento como el actual de recesión económica con empresas con problemas serios, “la normativa concursal puede ser un instrumento muy valioso para las empresas en situación de crisis financiera, pero para ello necesitan acudir en el momento adecuado; generalmente cuanto antes se acuda al concurso mayor probabilidad habrá de salvar la empresa y se conseguirá una mejor satisfacción para los acreedores”.

En cuanto a si es el momento de tener una Ley de Insolvencia específica, como han señalado otros expertos, García cree que “resultaría conveniente transponer la Directiva cuanto antes, ya que se trata de un instrumento que pone el acento en la fase previa al concurso, mejorando la situación actual”.

Con ello, se puede mejorar en el objeto de evitar que las empresas solventes acudan al concurso de acreedores, pudiendo resolver su situación de una forma más rápida y que puede ser más beneficiosa para el conjunto de la economía”.

Sobre la Directiva de Reestructuraciones pendiente de trasponer en nuestro país, este magistrado en excedencia espera que la trasposición mejore la seguridad jurídica en los supuestos de preconcurso, “sin que suponga un retraso en su tramitación lo que suele resultar perjudicial para los agentes intervinientes en las reestructuraciones”.

A su juicio, “puede ser un buen momento para culminar la regulación del estatuto del administrador concursal que es una exigencia que todos los intervinientes en el ámbito concursal y preconcursal llevan reclamando desde hace mucho tiempo”.

Para Javier García “pueden ser muy útiles los instrumentos de alerta temprana que se articulen ya que un buen desarrollo de los mismos permitirá acudir con mayor rapidez a los mecanismos de restructuración preventiva”.

Será muy importante que se aclare que estos mecanismos solo están indicados para aquellas entidades que operativamente sean viables. Por último, resultará esencial establecer una regulación que permita una gran flexibilidad al contenido de los planes de restructuración que otorgue seguridad jurídica a los intervinientes”.

Durante su intervención García, se enfocó en la comunicación de la apertura de negociaciones con los acreedores y, en concreto, en los cambios introducidos por los artículos 586, 588 y 591 del nuevo Texto Refundido.

García destacó, entre otras novedades, que esta comunicación no producirá por sí sola el vencimiento anticipado de los créditos aplazados y la nueva distinción entre la extensión de prohibición de iniciar ejecuciones en función de la finalidad de la apertura de negociaciones.

A continuación, analizó las novedades introducidas en materia de acuerdos de refinanciación, destacando a este respecto la aclaración incluida en el artículo 618 del Texto Refundido con respecto a dónde se debe acudir para atacar el acuerdo, la nueva definición de “sacrificio desproporcionado” a los efectos del 619.3 del Texto Refundido, y la aclaración sobre el alcance de la sentencia sobre el acuerdo de homologación, incluido en el artículo 621 del Texto Refundido.

Venta de unidad productiva

Tras su intervención, Francisco de Borja Villena se centró, en primer lugar, en la venta de unidad productiva en el marco del concurso. A este respecto, explicó cómo la nueva redacción del Texto Refundido, y en concreto los artículos 221 y siguientes, han puesto fin a la discusión jurisprudencial que había hasta el momento sobre qué sucedía con las deudas tributarias y de seguridad social de la concursada, en caso de venta de la unidad productiva.

Así, el nuevo Texto Refundido aclara que la venta de unidad productiva se considerará sucesión de empresa tanto a efectos laborales como de seguridad social, siendo el juez del concurso el único competente para declarar esta sucesión de empresa.

Asimismo, se aclara que el adquirente de la unidad productiva se subrogará únicamente en los créditos laborales y de seguridad social que correspondan a los trabajadores de la unidad productiva y no los que pudiera haber tenido con anterioridad, por relaciones ya extintas o no ligadas a la unidad productiva vendida.

Por último, y sobre el derecho transitorio, el magistrado de la Audiencia Provincial recalcó que, con excepción de la única norma transitoria contenida en el texto en relación con la remuneración del administrador concursal, el Texto Refundido sustituye de modo directo al texto anterior, aplicándose a cualquier procedimiento concursal, a pesar de que este se hubiera iniciado con anterioridad a su entrada en vigor.

Por su parte, Manuel Romera presentó un análisis pormenorizado de los aspectos económicos relacionados con el concurso de acreedores, como la finalidad económica de este y la importancia de realizar un análisis previo de la empresa concursada (perfil del concursado, previsibilidad del concurso, tipos de activos y pasivos o tipos de deudores).

Romera reflexionó acerca de las escasas probabilidades de supervivencia de las compañías que entran en concurso de acreedores actualmente en España (tan solo un 5 % de estas, cifra muy inferior a países de nuestro entorno como Reino Unido).

Por ello, defendió que la redacción del nuevo Texto Refundido ayuda a agilizar los procesos de financiación con un régimen preconcursal más ágil y estable, en el que se protegen los activos críticos de las compañías.

(Fuente CONFILEGAL)

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