La cuota a pagar por los autónomos se incrementa a partir de octubre de 2020.05/11/2020

La cuota a pagar por los autónomos se incrementa a partir de octubre de 2020.

Incremento de las cuotas del RETA

La cuota que los trabajadores autónomos pagan a la Seguridad Social por sus cotizaciones es el resultado de aplicar el tipo de cotización a su base de cotización. Desde 2019, el tipo de cotización total era del 30%, por lo que un autónomo que viniera cotizando por la base mínima (944,40 euros) estaba pagando una cuota de 283,32 euros mensuales. ¡Atención! Pues bien, dicha cuota se ha incrementado en el mes de octubre. En concreto:

  • Desde octubre, el tipo de cotización que aplica la Tesorería es el 30,30%. Dicho tipo debería haberse aplicado desde enero de 2020 (ya que estaba fijado para todo el año 2020). Sin embargo, la Tesorería ha seguido aplicando desde enero hasta septiembre el tipo de cotización correspondiente a 2019 (el 30%).
  • En el mes de octubre los trabajadores autónomos ya han recibido el cargo en su cuenta bancaria con el incremento indicado del 0,30%. 
  • En las próximas semanas, está previsto que la Tesorería aplique el incremento con efectos retroactivos desde enero¡Atención! Así, procederá a cobrar la diferencia del 0,30% correspondiente a los meses desde enero hasta septiembre de 2020.

En la práctica, si un autónomo venía cotizando por la base mínima, este incremento del tipo de cotización le va a suponer un aumento mensual de tres euros aproximadamente —pasará a pagar 286,15 euros (944,40 x 30,30%) en lugar de 283,32 euros (944,40 x 30%)—. Apunte. Ahora bien, si un autónomo venía disfrutando de la tarifa plana de 60 euros, este incremento del tipo de cotización no le afectará, ya que seguirá pagando dicha cuota fija de 60 euros cada mes.

(Fuente  Lefebvre - El Derecho)

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Medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional.04/11/2020

Medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional.


Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, se adoptan en todo el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, las siguientes medidas preventivas excepcionales para el nivel de alerta 4:


1. Se suspende la apertura al público de los grandes establecimientos comerciales, definidos en el artículo 15 del texto refundido de la Ley de Comercio de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 2/2014, de 28 de agosto, con las siguientes excepciones:


a) Establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos sanitarios, centros o clínicas
veterinarias, productos higiénicos, librería, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones,  alimentos para animales de compañía, peluquerías, tintorerías y lavanderías, sucursales bancarias, así como departamentos dedicados a todas las actividades mencionadas y que se puedan encontrar en el interior de dichos establecimientos.


b) Establecimientos individuales de menos de 2.500 metros cuadrados de superficie de venta al público con acceso directo e independiente desde el
exterior.


No se permite en ningún caso la permanencia de clientes en zonas comunes, incluidas áreas de descanso, excepto para el mero tránsito entre los
establecimientos comerciales.
Deberán estar cerradas las zonas recreativas, como parques infantiles o similares.
La permanencia en los establecimientos cuya apertura esté permitida deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la
adquisición de productos quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos.
En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados lleven mascarilla y mantengan la distancia de seguridad a fin de
evitar posibles contagios.


2. Asimismo se suspende la apertura al público de instalaciones deportivas convencionales y centros deportivos para la realización de actividad física que
no sean al aire libre, salvo para la práctica de la actividad deportiva oficial de carácter no profesional o profesional que se regirá por la normativa y protocolos
específicos aplicables a aquélla.


3. No se permite la asistencia de público a eventos deportivos que se realicen en instalaciones deportivas que no sean al aire libre.


4. Se suspenden todas las actividades de restauración, tanto en interiores como en terrazas. Se exceptúan de esta suspensión:


a) Los servicios de entrega a domicilio o recogida en el establecimiento o en vehículo.

b) los restaurantes de los hoteles y otros alojamientos turísticos, que pueden permanecer abiertos siempre que sea para uso exclusivo de sus clientes, sin perjuicio que también puedan prestar servicios de entrega a domicilio o recogida en el establecimiento.

 
c) Los servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios, sociosanitarios y sociales, incluyendo las actividades de ocio infantil y juvenil,
los comedores escolares y los servicios de comedor de carácter social.
d) Otros servicios de restauración de centros de formación no incluidos en el párrafo anterior y los servicios de restauración de los centros de trabajo
destinados a las personas trabajadoras.

 
e) Los servicios de restauración de los establecimientos de suministro de combustible o centros de carga o descarga o los expendedores de comida preparada, con el objeto de posibilitar la actividad profesional de conducción, el cumplimiento de la normativa de tiempos de conducción y descanso, y
demás actividades imprescindibles para poder llevar a cabo las operaciones de transporte de mercancías o viajeros.

 
5. Se suspenden las visitas en los centros residenciales de personas mayores, salvo circunstancias individuales en las que sean de aplicación medidas adicionales de cuidados y humanización o situaciones de final de la vida, que adoptará la dirección del centro, sin perjuicio del uso de formas alternativas de contacto entre los residentes y sus familiares tales como videoconferencias, llamadas telefónicas o similares. Asimismo, no se permiten las salidas de los residentes fuera del recinto de la residencia salvo para acudir al médico y similares o situaciones de fuerza mayor.

El presente acuerdo producirá efectos desde el día 6 de noviembre a las 00:00 horas y mantendrá su eficacia mientras subsista la situación de riesgo que ha
motivado la declaración del nivel de alerta 4.

Las medidas preventivas excepcionales previstas en el apartado segundo mantendrán su eficacia durante un período no superior a 14 días naturales, contados desde el día de la publicación del presente acuerdo y serán objeto de seguimiento y evaluación continua con el fin de garantizar su adecuación a la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, pudiendo ser mantenidas, modificadas o levantadas.

(Fuente BOCYL)

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Los trabajadores en ERTE deberán pagar alrededor de 1.000 euros a Hacienda en la declaración03/11/2020

Los trabajadores en ERTE deberán pagar alrededor de 1.000 euros a Hacienda en la declaración

Los beneficiarios de un ERTE tendrán que ajustar cuentas con Hacienda en 2021, con grandes posibilidades de que la declaración de la Renta les salga a pagar. El motivo es sencillo: en 2020 se les habrá retenido menos IRPF en las nóminas y además la prestación por desempleo, en la mayoría de los casos, carece de retención.

La abogada fiscalista de ARAG, Melisa Sáez, explica que “tanto las retribuciones percibidas por la empresa como por el SEPE se consideran a nivel fiscal rendimientos de trabajo, por lo que en el momento de hacer la declaración de la renta nos encontraremos con dos pagadores”. La Agencia Tributaria establece que, en esos casos, se obligará a presentar la declaración cuando el trabajador haya percibido más de 14.000 euros, siempre que del segundo pagador se hayan cobrado más de 1.500 euros.

En una situación laboral normal, la empresa aplica la retención en la nómina y así, en el momento de presentar la declaración, ésta no sale a pagar porque ya se ha ido asumiendo cada mes. Pero las retenciones practicadas sobre las prestaciones derivadas de un ERTE son muy bajas o inexistentes, por lo que un trabajador afectado desde marzo por una suspensión temporal de empleo puede llegar a pagar en torno a 1.000 euros a Hacienda cuando presente la declaración de la Renta.

Algo parecido ocurre en el caso de los autónomos. Todas las prestaciones que hayan podido recibir durante estos meses también tendrán que tributar en la declaración de la Renta del próximo año. Cristina González, abogada laboralista de ARAG, nos recuerda que estas ayudas incluyen “la prórroga de la prestación ordinaria por cese compatible con la actividad, la ayuda de autónomos con bajos ingresos, la prestación para autónomos de temporada o estacionales afectados por la Covid-19 y la extraordinaria por suspensión de la actividad”.

Estas percepciones tributarán como rendimientos de trabajo, igual que lo haría un trabajador asalariado. Por lo tanto, aunque el origen que da lugar a la percepción de la ayuda sea una actividad económica, ésta no puede calificarse como derivada de la misma. En caso de no incluir estas ayudas en la declaración, Hacienda podrá revisarlas y requerir al contribuyente que lo haga, con el correspondiente expediente sancionador.

Aún no se sabe si el Ministerio de Hacienda reconsiderará esta situación, pudiendo plantear algún tipo de exención a rendimientos obtenidos por ayudas a autónomos afectados por la COVID-19, aunque de momento nada parece indicar que vaya a ser así. 

(Fuente LEGAL TODAY)

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IRPH: la subrogación como alternativa al pronunciamiento del Tribunal Supremo31/10/2020

IRPH: la subrogación como alternativa al pronunciamiento del Tribunal Supremo

El pasado miércoles, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo deliberaba y resolvía cuatro recursos de casación en relación con la cláusula de interés variable IRPH. Siguiendo la jurisprudencia del TJUE, observaba falta de transparencia por no haberse informado de la evolución del índice de los dos años anteriores, aunque no apreciaba la existencia de abusividad en los casos enjuiciados.

Esperando al contenido íntegro de la sentencia que cuenta con el voto particular del magistrado D. Francisco Javier Arroyo Fiestas, el reciente fallo del Tribunal Supremo deja más preguntas que respuestas. Entre otras, ¿ha unificado y aclarado criterios el Tribunal Supremo tras las anteriores conclusiones? ¿Pone solución el Alto Tribunal al casi millón de hipotecas ligadas al IRPH en nuestro país? Si en noviembre de 2017 el Alto Tribunal consideraba que la mera referencia de una hipoteca al índice oficial no implicaba falta de transparencia ni abuso alguno, ¿por qué tan solo tres años después reconsidera su posición? ¿Abrirá un nuevo periodo de litigiosidad entre consumidores y entidades financieras estas estrenadas conclusiones? ¿Qué trascendencia tendrá este fallo en el terreno de lo político y lo económico? ¿Qué alternativas se abren para los consumidores?

La subrogación, ¿una salida para los hipotecados con IRPH?

La subrogación de una hipoteca es un tipo de novación, es decir: una modificación sobre alguno de sus factores. Puede ser una subrogación de deudor, o de acreedor.

En lo que nos interesa, la subrogación de acreedor o entre entidades, consiste básicamente en cambiar nuestra hipoteca de un banco a otro. Con este cambio, el cliente suele obtener una mejora en las condiciones de su préstamo, sin necesidad de cancelarlo y formalizar uno nuevo. Así, se puede beneficiar de una modificación en las condiciones de la operación y en el plazo de amortización, sin incurrir en pago de impuestos, aunque sí que tendrá que abonar unos gastos que la subrogación lleva implícitos: notario, gestoría, registro y una comisión de subrogación.

La regulación de este tipo de subrogación la podemos encontrar en la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios.

Tal y como establece la Exposición de motivos del citado mandato normativo, el mismo fue creado para facilitar a los ciudadanos el acceso al beneficio que supone la reducción de los tipos de interés que actúan en el mercado hipotecario.

Pues bien, esta norma regula que los clientes puedan cambiar de entidad financiera con la que tienen suscrito un préstamo hipotecario, aprovechándose así de las ventajas que le puedan ofrecer otras entidades, que ofrecen el mismo producto bancario a mejores condiciones.

¿Más ventajas que inconvenientes?

El experto financiero en iAhorro, Antonio Gallardo, entiende que “no subrogarse ahora a un tipo de interés inferior supone la certidumbre de pagar más frente a la duda de recuperar su dinero si gana una demanda, ya que como ha indicado el Supremo y en espera de que pueda haber nuevas decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, este será analizado caso por caso”.

No se pierde el derecho. Aunque una futura decisión del TJUE declarara el IRPH nulo, en este caso prescribe cuatro años después de la cancelación del préstamo vinculado al IRPH”, apunta Antonio Gallardo.

La banca y su apuesta por la subrogación

Tras la caída de la actividad inmobiliaria y con ello de la firma de nuevas hipotecas, las entidades financieras están compitiendo por “ganar” nuevos clientes a costa de su competencia.

En concreto, materializada la subrogación, la banca consigue un cliente con un buen perfil financiero, que demostró abonar la hipoteca durante años, y que, además, es la puerta de entrada para suministrar nuevos productos.

(Fuente NOTICIAS JURÍDICAS)

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El Gobierno aprueba los Presupuestos de 2021, con subidas en el IRPF, Sociedades y Patrimonio31/10/2020

El Gobierno aprueba los Presupuestos de 2021, con subidas en el IRPF, Sociedades y Patrimonio

El Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, los más expansivos de la democracia española y que recogen subidas del IRPF, Sociedades y Patrimonio a rentas altas, el alza del diésel y del IVA de bebidas azucaradas al 21%, así como el mayor gasto social de la historia, con un aumento del 0,9% de las pensiones y del salario de los funcionarios y con inversión social récord.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado, que se trata de unos Presupuestos "necesarios e imprescindibles" para la recuperación de la economía española y para la transformación del sistema productivo, al tiempo que garantizan la protección de las rentas de los trabajadores y de las empresas.

La partida más relevante, las transferencias corrientes, sumarán 136.502 millones, un 39,1% más, que se elevarán hasta los 145.685 millones de euros al incluir la primera anualidad de los 140.000 millones de euros de los fondos europeos e incorpora las transferencias a la Seguridad Social y las CC.AA., con un alza total del 43,4%.

Los gastos de personal subirán un 4,2%, hasta 18.599 millones y los gastos financieros un 0,4%, hasta 31.713 millones, en tanto que las operaciones corrientes alcanzarán los 195.685 millones, un 29,8% más.

De su lado, las inversiones reales repuntarán un 34,1%, hasta 8.230 millones y las transferencias de capital un 250,7%, hasta 28.523 millones. Los gastos no financieros se levarán un 41%, hasta los 236.311 millones y los financieros un 22,5%; hasta los 147.212 millones, con lo que los gastos totales de los PGE ascenderán a 383.542 millones, un 33,3% más.

Sube IRPF, Sociedades y Patrimonio a rentas altas

Por el lado de los ingresos, los Presupuestos contemplan un aumento de dos puntos el IRPF para las rentas del trabajo de más de 300.000 euros, elevando el tipo marginal del 45% al 47%, y tres puntos para las rentas de capital de más de 200.000 euros, pasando del 23% al 26%, lo que afectará a 36.194 contribuyentes (0,17% total), y se prorrogan los límites vigentes del régimen de módulos de autónomos.

También se aprobará un alza del 1% del impuesto para patrimonios de más de 10 millones de euros, pasando el tipo del 2,5% al 3,5%; se limitarán la exención en el Impuesto de Sociedades sobre dividendos y plusvalías en filiales al 95%, que afecta a 1.739 empresas (0,12% del total), exceptuando a las empresas con una facturación inferior a 40 millones durante los tres primeros años.

Además, se fijará una tributación mínima del 15% para 'socimis' y se reducirán las desgravaciones de planes de pensiones privados individuales a 2.000 euros la aportación máxima, mientras se eleva el límite conjunto de reducción (partícipe y empresa) de 8.000 a 10.000 euros en los planes de empresa.

Alza en diésel, bebidas azucaradas y primas de seguros

Como novedades, en fiscalidad verde se incluye un acercamiento de la tributación del diésel a la gasolina reduciendo la bonificación. El tipo estatal pasa de 30,7 a 34,5 céntimos por litros, inferior aún a los 40,07 céntimos de la gasolina. A su vez, se incrementa del 6% al 8% el impuesto sobre las primas de seguros.

Suben pensiones (+0,9%), no contributivas (+1,8%) e IPREM (+5%)

Los PGE recogen el mayor gasto social de la historia, de 239.765 millones, un 10,3%. Así, se subirá un 0,9% el sueldo de 2,5 millones de funcionarios, otro 0,9% las pensiones públicas para 9,76 millones de pensionistas, en línea con la previsión de IPC real, las pensiones no contributivas crecerán un 1,8% para 450.000 pensionistas y el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que se utiliza para calcular buena parte de las ayudas sociales, subirá un 5%, la primera subida en tres años y el mayor incremento desde su creación en 2014.

La dependencia recibirá la mayor financiación de la historia, y se destinarán 3.000 millones para consolidar le ingreso mínimo vital, al tiempo que los recursos contra pobreza infantil crecerán un 59% y se ampliarán los permisos de paternidad a 16 semanas.

Para reforzar la protección social se fortalecerá con 2.000 millones adicionales las políticas activas de empleo, destinando más de 200 millones para reforzar y modernizar los servicios.

11.500 millones en infraestructuras y más ayudas ayudas a comercio y turismo

De igual forma, Montero ha desgranado que se destinarán más de 11.5000 millones para infraestructuras, duplicándose el gasto en este área, y las ayudas a sectores damnificados por los cierres, como el comercio, el turismo y pequeñas y medianas empresas registrarán un aumento del 150%, con 1.338 millones más en 2021.

Igualmente, las políticas de industria subirán 5.690 millones y para avanzar a una economía verde las renovables y la eficiencia energética recibirán 5.300 millones.

Se suma a ello una apuesta "inédita" por el I+D+i y la digitalización, destinándose 12.344 millones, si bien el Plan 'España Digital 2025' movilizará entre 2020 y 2022 una inversión publica y privada en el entorno de 70.000 millones y, en paralelo, las partidas para agricultura, pesca y alimentación subirán en casi 790 millones de euros. De su lado, las partidas para cultura crecen un 25,6%.

Los servicios sociales suben un 70,3% y vivienda, un 25%.

Para reforzar la cohesión y la justicia social, las partidas para servicios sociales crecerán un 70,3%; se recoge la mayor partida de becas, con 2.090 millones (514 millones más); la política sanitaria subirá un 75,3%, hasta los 7.330 millones.

La política de desempleo contará con 4.191 millones más, recogiendo una subida del fomento del empleo del 29,5%. A su vez, las políticas de vivienda aumentarán un 25%, con más de 2.250 millones para promover alquiler, construcción y rehabilitación.

Distribución por partidas de los fondos europeos

La ministra de Hacienda ha explicado que los PGE incluirán ya 27.000 millones adelantados de los 140.000 millones que recibirá España de fondos europeos.

Según ha detallado, el destino de los fondos europeos por áreas será, por orden, para Industria y energía (21,1% del total); I+D+i y digitalización (17,8%), infraestructuras y ecosistemas resilientes (17,6%), Sanidad (11,1%), Educación (6,8%), acceso a vivienda y edificación (6,2%) y comercio, turismo y pymes (4,8%).

A continuación se sitúan las áreas de fomento del empleo (4,5%), servicios sociales y promoción social (4,4%), otras actuaciones de carácter económico (1,7%), agricultura, pesca y alimentación (1,5%) y otros (2,5%).

Fuente EL DERECHO.COM)

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