Un auto del Supremo abre la puerta a cientos de reclamaciones a Hacienda16/10/2019

Un auto del Supremo abre la puerta a cientos de reclamaciones a Hacienda

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha abierto la puerta a la revisión de un asunto que podría dar lugar a la anulación masiva de expedientes abiertos por la Inspección, basado en la exigencia de que Hacienda separe los procedimientos inspector y sancionador, cosa que no hace la Inspección de la Agencia Tributaria.

En un auto de admisión de 26 de septiembre, la Sala recuerda que el artículo 208.1 de la Ley General Tributaria (LGT) expresa que 'el procedimiento sancionador en materia tributaria se tramitará de forma separada a los de aplicación de los tributos regulados en el título III de esta ley, salvo renuncia del obligado tributario, en cuyo caso se tramitará conjuntamente'.

El ponente, el magistrado Narravo Sanchís, considera que 'en la práctica administrativa, no es excepcional que la notificación de la liquidación y la de la sanción coincidan en el tiempo', tal y como sucede en el caso abordado en este litigio.

Por ello, el magistrado plantea a la Sala que en una próxima sentencia determine si la Inspección de la Agencia Tributaria puede iniciar un procedimiento sancionador antes de haberse dictado y notificado la liquidación que determina el hecho calificado como infracción tributaria, teniendo en cuenta que la sanción se cuantifica en estos casos en función del importe de la cuota liquidada, como un porcentaje de esta.

También, Navarro Sanchís se plantea 'si tal proceder no implicaría un menoscabo material, pero efectivo, de la garantía legal de separación de los procedimientos de liquidación y sanción, contenida en el artículo 208 de la Ley General Tributaria (LGT), que no sería así observada de modo real y genuino, sino puramente aparente y formal'.

En su auto de admisión del recurso, Navarro Sánchís pide a la Sala que precise en una próxima sentencia, si el artículo 209.2 de la LGT, al prohibir que los expedientes sancionadores que se incoen como consecuencia de un procedimiento de inspección, puedan iniciarse una vez transcurrido el plazo de tres meses desde que se haya notificado la liquidación o resolución, han de partir necesariamente de tal notificación como día de comienzo del plazo de iniciación, sin que sea legítimo incoar tal procedimiento antes de que la resolución haya sido dictada y notificada a su destinatario.

El citado artículo 209.2 regula que 'los procedimientos sancionadores que se incoen como consecuencia de un procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección no podrán iniciarse respecto a la persona o entidad que hubiera sido objeto el procedimiento una vez transcurrido el plazo de tres meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la correspondiente liquidación o resolución'.

También, le dice el ponente del auto del Tribunal Supremo a la Sala que se debe aclarar si, dada la exigencia legal de separación de los procedimientos inspector y sancionador, una sanción tributaria puede ser impugnada y anulada basándose en que la liquidación tributaria, derivada de un procedimiento de inspección, se ha ejercido tras la prescripción extintiva para ejercer esta potestad, lo que supone que habría prescrito también la potestad de imponer sanciones derivadas de esa deuda liquidada al excederse también el plazo legalmente previsto para este último procedimiento.

(Fuente El Economista)

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Cómo luchar contra el phising car, el mayor fraude online en la venta de coches de segunda mando16/10/2019

Cómo luchar contra el phising car, el mayor fraude online en la venta de coches de segunda mando

Tramicar explica en qué consiste este tipo de estafa, cómo puede llegar a identificarse y cómo combatirla

El auge del mercado de ocasión en España, con más de dos millones de vehículos de segunda mano vendidos cada año, implica que esta práctica se haya convertido en una de las principales causas de denuncia en el país

La transformación digital ha propiciado la aparición de empresas y particulares dedicados a las estafas online, mediante las que delincuentes o bandas organizadas intentan engañar a los usuarios para conseguir dinero, datos bancarios o bien contraseñas de forma fraudulenta.

Según Tramicar, la primera plataforma online en la gestión de compraventa de vehículos de segunda mano, estos fraudes han encontrado su gran oportunidad de negocio en el mercado de ocasión, que está adquiriendo una relevancia cada vez mayor en España al llegar a realizarse unas 2,5 millones de transferencias cada año en coches y motos.

De esta forma, una de las principales estafas denunciadas en el país es el phishing-car, mediante el que se utiliza la venta de un coche para engañar al comprador y que se produce de una manera muy frecuente en las páginas habituales de compraventa a través de perfiles falsos o suplantados.

 El principal riesgo de esta práctica radica en que en multitud de ocasiones no suele existir ningún motivo que haga sospechar que se trata de un delito; ya que se publican anuncios con fotografías y datos reales del vehículo en varias páginas web legales, aunque normalmente con un precio más bajo de lo habitual.

Así, las fotografías y documentos que se emplean suelen pertenecer a vendedores particulares de coches, utilizándose con el objetivo de recabar más información al respecto y obtener una mayor credibilidad de cara a los compradores.

Para actuar con máxima cautela, resulta fundamental verificar la identidad del vendedor y las posibles cargas del coche solicitando el informe a la DGT; así como revisar el libro de mantenimiento, el permiso de circulación y la tarjeta de inspección técnica, para comprobar los kilómetros reales y el origen del vehículo. Además, se debe solicitar información y fotos muy concretas, como el estado de la tapicería, el motor o los neumáticos”, explica Jorge Alcántara, presidente de Tramicar.

Una clave fundamental para identificar este delito es que el vendedor suele argumentar que el vehículo se encuentra fuera de España, y en este caso, exigirá que se abone previamente el pago de una señal (normalmente a una cuenta extranjera) en la que podrá llegar a pedir el pago del 50% del valor del coche, y para no hacer saltar las sospechas, enviará al comprador documentación falsa. Por ello, “es primordial no enviar dinero por adelantado en concepto de entrada o garantía hasta disponer de información real tanto del vendedor como del propio vehículo. En este caso, para aportar la mayor seguridad en el proceso existen servicios encargados de garantizar el pago hasta que ambas partes del acuerdo estén de acuerdo con la operación; momento en el que se libera el importe correspondiente a la compraventa” recomiendan desde Tramicar.

Con el fin de obtener una mayor suma de dinero, los delincuentes pedirán una cuantía extra al perjudicado para la tramitación de gastos de gestoría, seguros o transferencias de titularidad, e irán aplazando la entrega del vehículo con la excusa de supuestos retrasos en la empresa de transportes; por lo que es esencial verificar que dicha empresa existe y es legal. Asimismo, también pueden engañar al comprador con supuestos problemas en la aduana, en el caso de que el coche proceda del extranjero.

Para combatir esta práctica ilegal, se recomienda buscar información introduciendo el nombre del vendedor o la matrícula del coche en foros o páginas web capaces de alertar sobre este fraude, así como consultar cualquier duda a la entidad bancaria correspondiente antes de realizar alguna operación insegura en la red.

Una de las vías más efectivas para luchar contra la proliferación de este tipo de estafas dentro del mercado de ocasión son los portales capaces de agilizar todos los trámites de compraventa de un vehículo de forma segura, cómoda y rápida; asegurando además al usuario que el precio inicial no se altere durante el transcurso de la transferencia de titularidad.

(Fuente Economist & Jurist)

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Se puede cobrar la pensión por viudedad aunque no haya convivencia permanente15/10/2019

Se puede cobrar la pensión por viudedad aunque no haya convivencia permanente

La justicia reconoce el derecho a la pensión de viudedad permanente a un hombre, a pesar de no haber estado casado más de un año y no convivir de forma permanente con su esposa. La mujer falleció a causa de un cáncer.

La pareja llevaba conviviendo desde hacía tiempo y finalmente decidieron contraer matrimonio. Sin embargo, la unión duró apenas un año porque la mujer falleció a causa de un cáncer. Entonces, el esposo solicitó la prestación de viudedad permanente, pero solo se le concedió por un periodo de dos años, lo que le llevó a volver a reclamar la pensión.

La sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid de Madrid acaba de ponerse de parte del hombre, reconociendo su derecho a la pensión de por vida, a pesar de que el matrimonio fue corto y, además, la pareja únicamente convivía los fines de semana, los días festivos y las vacaciones.

Ante estas circunstancias, ¿qué motivos han visto los jueces para posicionarse de su parte? En primer lugar, la existencia de una relación de pareja desde el año 1995, que finalizó en matrimonio civil en 2014. Según contempla el dictamen del TSJ, aunque sólo hubiera un año de unión (hasta 2015), la pareja mantenía una relación estable desde hacía tiempo, un hecho que el viudo ha conseguido demostrar y la justicia ha visto como razón clara para concederle la prestación permanente que solicitó.

Pero, además, el tribunal se ha fijado en otra circunstancia clave, ligada al hecho de que el matrimonio no conviviera de forma permanente en su domicilio: la enfermedad del padre de la mujer. Aquejado de una grave dolencia, el padre de la esposa requería de una atención diaria y constante, lo que llevó a que se turnara con su hermana en el cuidado del anciano. Mientras una hija -la fallecida- lo hacía de lunes a viernes, la otra se encargaba de su asistencia los fines de semana y festivos. Esta es la razón de que la mujer no pudiera convivir con su marido de modo continuo.

En resumen y según recoge el dictamen del tribunal madrileño, "no hay duda de que concurre el supuesto de convivencia de dos años que exige la ley". Aclara igualmente que el concepto de matrimonio no significa una convivencia diaria bajo el mismo techo, sino que, en casos como éste, basta con que suponga "mantener una relación estable de afectividad análoga a conyugal". De tal forma que el fallo del TSJ ha sido tajante al dictar que "se declara el derecho a la pensión vitalicia de viudedad de la Seguridad Social a causa del fallecimiento de su esposa".

(Fuente EL PAÍS)

En A.L.T. ABOGADOS somos asesores expertos en juicios laborales, Inspecciones de Trabajo, conciliaciones, elaboración de nóminas y seguros sociales, así como en materia de prevención de riesgos laborales. Si tiene algún problema en la materia no dude en consultarnos.

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Cesión de la cartera de clientes, ¿cómo tributa?14/10/2019

Cesión de la cartera de clientes, ¿cómo tributa?

Si estás decidido a vender tu cartera de clientes debes saber el tratamiento fiscal que se aplica a esta operación, tanto desde el punto de vista del IRPF como del IVA. Es importante analizar las implicaciones fiscales que conlleva dicha transmisión.

La transmisión de una cartera de clientes es una operación sujeta a varios impuestos. En cuanto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, habrá que determinar si ha existido pérdida o ganancia patrimonial. En lo relativo al Impuesto sobre el Valor Añadido, la operación queda sujeta al impuesto debiendo el cedente repercutir la cuota correspondiente del IVA al tipo impositivo general del 21 por ciento al destinatario de la cesión.

Implicación en el IRPF

La cartera de clientes vinculada a la actividad económica que viene desarrollando el consultante constituye un elemento patrimonial afecto a aquélla, conforme con lo dispuesto en el artículo 29.1 de la LIRPF.

En consecuencia, su transmisión producirá una ganancia o pérdida patrimonial, según lo previsto en el artículo 28.2 de la LIRPF. Así, la ganancia o pérdida patrimonial derivada de la venta de la cartera de clientes se determinarán según lo dispuesto en el artículo 34.1, b) de la LIRPF, esto es: por diferencia entre los valores de adquisición (si esta se hubiera realizado mediante precio) y transmisión del elemento patrimonial transmitido.

La integración de esta renta se efectuará, en aplicación de lo establecido en el artículo 49 de la Ley del Impuesto, en la base imponible del ahorro.

Implicación en el IVA

En varias consultas, la Dirección General de Tributos ha dejado claro que la cesión de la cartera de clientes constituye una operación sujeta al Impuesto.

El órgano consultivo ha señalado que la aplicación del supuesto de no sujeción del artículo 7, apartado 1º, exige que el conjunto de los elementos transmitidos sea suficiente para permitir desarrollar una actividad económica autónoma en el transmitente, situación que deberá analizarse en cada caso concreto.

En ese sentido, la cesión de la cartera de clientes no puede considerarse, aisladamente, como una unidad económica autónoma capaz de desarrollar una actividad empresarial.

En tales condiciones, la transmisión de la cartera de clientes constituye una mera cesión de derechos, y, en consecuencia, queda sujeta al Impuesto debiendo el cedente repercutir la cuota correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido al tipo impositivo general del 21 por ciento al destinatario de la operación.

(Fuente Legal Today)

ADVOCATI ABOGADOS es un despacho profesional con experiencia desde 1.993 en temas tributarios y fiscales, por ello, no dude en ponerse en contacto con nosotros para resolver cualquier duda o problema con la  Agencia Tributaria (AEAT), OAGER o cualquier problema de impuestos.

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El Tribunal Supremo avala el decreto que regula las viviendas de uso turístico en Castilla y León02/10/2019

El Tribunal Supremo avala el decreto que regula las viviendas de uso turístico en Castilla y León

EL ALTO TRIBUNAL DESESTIMA EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL ABOGADO DEL ESTADO, EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA

La sentencia, con ponencia del magistrado José Manuel Bandrés, indica que la exigencia de que la actividad de cesión del alojamiento sea “de forma habitual” (artículo 4 c) no resulta irrazonable.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo considera que el Decreto de la Junta de Castilla y León sobre la regulación de los establecimientos de alojamiento en la modalidad de vivienda de uso turístico en dicha comunidad no vulnera la Constitución.

Considera que tampoco vulnera la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley de garantía de la unidad de mercado.

En concreto, concluye que los preceptos relativos a la regulación del régimen jurídico aplicable en función de elementos temporales (artículo 4 c y d), a la exigencia de distintivo (artículo 6) no atentan contra la libre competencia.

Tampoco lo hacen por tanto, los requisitos de las viviendas de uso turístico (artículos 7 a 12), a la atención telefónica durante 24 horas (artículo 25) y a la inclusión con carácter orientativo de los precios en catálogos, directorios, guías o sistemas informáticos (artículo 30.4).

De este modo, desestima el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado, en representación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Esta había solicitado la nulidad de dichos preceptos, y confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Léon, que solo anuló el artículo 3.2 del Decreto que prohibía el alquiler por habitaciones.

La exigencia de que la actividad de cesión del alojamiento sea “de forma habitual” no es irrazonable

La sentencia, con ponencia del magistrado José Manuel Bandrés, indica que la exigencia de que la actividad de cesión del alojamiento sea “de forma habitual” (artículo 4 c) no resulta irrazonable.

El motivo es que determina que los arrendamientos ocasionales no quedan sometidos a la citada reglamentación al no considerarse, propiamente, como actividad turística.

También rechaza que la exigencia de que el hospedaje tenga un carácter temporal, que no exceda del plazo de dos meses (artículo 4 d), o que suponga una restricción ilegítima al ejercicio de la actividad.

Por ello, no requiere una específica justificación de obedecer a razones imperiosas de interés general, dado el margen normativo que, en desarrollo de la ley 14/2010, de Turismo de Castilla y León, corresponde a la Junta.

Tampoco vulnera dicha normativa, según la sentencia, el artículo 6 del Decreto que establece la obligación de la empresa prestadora del servicio de alojamiento de uso turístico de exhibir en la entrada de la vivienda una placa identificativa de la actividad.

En este sentido, asegura que carece de justificación argumentar que constituye una carga económica excesiva y desproporcionada para el operador.

En relación con la imposición de condiciones estándares referidas al acondicionamiento de las viviendas (artículos 7 al 12), la Sala explica que está justificada en la medida que trata de garantizar una determinada calidad del producto turístico en defensa y protección de los derechos de los consumidores.

Agrega que esa misma finalidad persigue la obligación de la empresa de facilitar atención telefónica al cliente durante las 24 horas del día (artículo 25).

Esto, según la Sala, no es una carga innecesaria y excesiva carente de justificación, ya que está destinada a resolver las incidencias que pudieran surgir durante la estancia y, por ello, garantizar la protección de los derechos de los usuarios a la prestación de un buen servicio de hospedaje.

No impone un servicio de asistencia telefónica

Ese precepto, según los magistrados, no impone un servicio de asistencia telefónica que deba ser atendido por un personal responsable cualificado de forma permanente, sino de facilitar únicamente a los clientes un número de teléfono o una dirección de correo electrónico.

Esto es, para que puedan resolverse cualquier tipo de situaciones que puedan surgir en la prestación del servicio de hospedaje, lo que evidencia que su fundamento es la de proteger los derechos de los consumidores y usuarios.

Por último, la Sala señala que tampoco obstaculiza la existencia de competencia en el mercado ni limita el ejercicio de la actividad comercial el artículo 30.4 del Decreto referido a la recogida de datos sobre precios de los alojamientos de uso turístico con fines estadísticos, informativos o publicitarios.

El tribunal no considera que la recogida de dichos datos por la Administración con efectos meramente estadísticos o divulgativos pueda tener incidencia sobre la política de precios, ni que esa información pueda servir de base para proponer recomendaciones colectivas.

(Fuente CONFILEGAL)

ADVOCATI ABOGADOS es un despacho multidisciplinar fundado en 1993 cuyo objetivo es el asesoramiento de empresas y particulares, incluyendo la defensa judicial en todo tipo de materias. Si tiene algún problema legal no dude en consultarnos.

AVISO LEGAL: En cumplimiento de lo establecido en los artículos 21 y 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, usted puede revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otros medios de comunicación electrónica equivalentes, remitiendo un mensaje de correo electrónico con el asunto “BAJA E-MAIL COMERCIAL”, a la siguiente dirección: eduardo.bures@altadvocati.com

 




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