Las cláusulas suelo también podrán ser reclamadas por autónomos y pymes15/05/2020

Las cláusulas suelo también podrán ser reclamadas por autónomos y pymes

El Supremo dicta sentencia de fecha 11 de marzo de 2020 por la que posibilita que autónomos y pymes puedan reclamar las cantidades indebidamente cobradas por la aplicación de cláusulas suelo.

 La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dicta sentencia Nº 168/2020, Rec. 3022/2017, de 11 de marzo de 2020, por la que fija nueva jurisprudencia acerca de la reclamación de las cláusulas suelo por autónomos y pymes.

Esta sentencia sienta jurisprudencia ya que en enero de 2019, falló de una forma similar en sentencia nº 57/2019, Rec. 3416/2016, de 25 de enero de 2019.

En la sentencia de marzo de 2020, da la razón al cliente, un autónomo, que había solicitado un préstamo al banco para la adquisición de una licencia municipal de auto-taxi de Madrid. Se trataba de un préstamo con garantía hipotecaria a interés variable, con una limitación a la variabilidad del tipo de interés (suelo) del 6,50%.

Tras ello, el cliente presentó demanda contra el banco, solicitando la declaración de nulidad de cláusula de limitación a la variabilidad del tipo de interés y que se condenara a la entidad prestamista a la devolución de las cantidades indebidamente cobradas por su aplicación.

La sentencia de primera instancia estimó la demanda, considerando que la cláusula litigiosa no superaba el control de incorporación, porque al no haber cumplido el Banco las obligaciones administrativas de transparencia (no entregó la ficha FIPER), ni haber advertido específicamente el notario de la existencia de la cláusula suelo, los prestatarios no tuvieron oportunidad real de conocer que el préstamo estaba sujeto a una limitación de la variabilidad del tipo de interés.

En consecuencia, declaró la no incorporación de la cláusula litigiosa y condenó a la entidad prestamista a la devolución de las cantidades cobradas por su aplicación.

Esta sentencia fue recurrida por el banco, siendo desestimado el recurso de apelación interpuesto, confirmando que la cláusula no superaba el control de incorporación.

Llegada el Supremo la causa, la Sala de lo Civil desestima el recurso de casación interpuesto por el banco, y obliga a la entidad a devolver al cliente las cantidades pagadas de más por aplicación de la cláusula, más de 20.000 euros.

La entidad alegaba que el control de transparencia únicamente es procedente en los contratos celebrados con consumidores, cualidad que no tenía el prestatario, dada la finalidad empresarial del préstamo.

El Supremo explica que, aunque es cierto que, conforme a la jurisprudencia reiterada de esta sala, en los contratos celebrados bajo condiciones generales de la contratación en los que los adherentes no son consumidores no resultan procedentes los controles de transparencia y abusividad, sino únicamente el control de incorporación.

"La Audiencia Provincial, confirmando el criterio de la sentencia de primera instancia, considera que la cláusula no supera el control de incorporación porque los prestatarios no tuvieron oportunidad real de conocer su inclusión en el contrato y, por tanto, su mera existencia. Lo que no supone hacer un control de transparencia, sino un control de incorporación, que es pertinente respecto de cualquier adherente, sea consumidor o profesional".

Como segundo motivo de casación, la entidad alegaba que la jurisprudencia de esta sala limita el control de incorporación de las condiciones generales de la contratación a la constatación de la mera transparencia documental o gramatical.

Y el Supremo explica que:

"Como declaramos en la sentencia 314/2018, de 28 de mayo, y hemos reiterado en otras múltiples resoluciones, para que una condición general de la contratación supere el control de incorporación debe tratarse de una cláusula con una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión gramatical normal y que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato. Es decir, junto al parámetro de la claridad y comprensibilidad, debe concurrir el requisito de la posibilidad de conocimiento, puesto que el control de inclusión es, fundamentalmente, un control de cognoscibilidad".

Como tercer y último motivo de casación, se alegaba que la sentencia recurrida, al declarar la nulidad de la cláusula suelo por considerar que la entidad prestamista actuó con abuso de posición dominante e infracción de las reglas de la buena fe contractual no ha tenido en cuenta el deber de diligencia empleado por el adherente para conocer las consecuencias económicas y jurídicas de la limitación a la variabilidad del tipo de interés del préstamo.

El Supremo afirma que:

"1.-El motivo no ataca realmente la ratio decidendide la sentencia, que es que la cláusula no supera el control de incorporación porque el banco incumplió los deberes de información que le imponía la Orden EHA 2899/2011, de 28 de octubre. Que es precisamente el argumento de la sentencia de primera instancia, cuya fundamentación expresamente acepta la de la Audiencia Provincial, para considerar que los prestatarios no tuvieron oportunidad real de conocer la existencia de la cláusula suelo. Conclusión fáctica que no ha sido rebatida mediante un recurso extraordinario por infracción procesal y que no podemos revisar en casación.

El resto de consideraciones de la sentencia recurrida sobre la buena fe contractual o el abuso de posición dominante son meros argumentos de refuerzo, pues lo decisivo es que la cláusula no fue correctamente incorporada al contrato.

2.-Como recuerda la sentencia 85/2019, de 12 de febrero, es reiterada la jurisprudencia que afirma que el recurso de casación únicamente puede dirigirse contra el fallo y, de manera indirecta contra el razonamiento operativo o ratio decidendi[razón de decidir] de la sentencia. No cabe, en consecuencia, impugnar razonamientos auxiliares, accesorios, secundarios uobiter dicta[expresiones incidentales] o, a mayor abundamiento, cuya hipotética eliminación no alteraría el camino lógico que conduce a la conclusión obtenida en el fallo. De tal forma que las diversas consideraciones que puedan hacerse en la resolución y no tengan dicho carácter trascendente para la decisión judicial son casacionalmente irrelevantes ( sentencias 454/2007, de 3 de mayo; 230/2008, de 24 de marzo; 374/2009, de 5 de junio; 258/2010, de 28 de abril; 737/2012, de 10 diciembre; y 185/2014, de 4 de abril)".

(Fuente IBERLEY COLEX)

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Nuevas Nuevas medidas laborales14/05/2020

Nuevas medidas laborales

¿Qué novedades incluye la reciente norma que se ha publicado con medidas en materia laboral?

Ayer 13 de mayo se publicó una nueva norma con novedades en materia laboral. Las cuestiones más relevantes que se incluyen son las siguientes:

  • Fuerza mayor total. A partir del 13 de mayo, y hasta como máximo el 30 de junio de 2020, continuarán en situación de fuerza mayor total derivada del COVID-19 las empresas que hubieran tramitado un ERTE por fuerza mayor y que todavía no puedan reiniciar su actividad. Apunte. Estas empresas podrán seguir aplicando la exoneración del 100% en sus cotizaciones (o del 75%, si tienen 50 o más trabajadores) durante mayo y junio.
  • Fuerza mayor parcial. Desde el momento en que se permita la recuperación parcial de su actividad, y hasta como máximo el 30 de junio de 2020, las empresas que hubieran tramitado un ERTE por fuerza mayor se encuentran en situación de fuerza mayor parcial derivada del COVID-19. Estas empresas deben reincorporar a los afectados por el ERTE a medida que los vayan necesitando para el desarrollo de su actividad (incluso con una reducción de jornada). Apunte. En este caso, las empresas podrán aplicar una exoneración en las cotizaciones de todo su personal (tanto de las personas que sigan en el ERTE como de los trabajadores que se hayan reincorporado al negocio). El porcentaje de la exoneración oscila entre el 30% y el 85%, en función del tamaño de la empresa, según si el empleado sigue en el ERTE o no, y dependiendo del mes en que se aplique.
  • Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción que se inicien desde el 13 de mayo y hasta el 30 de junio de 2020 deberán tramitarse según el procedimiento simplificado que se estableció hace unas semanas (por ejemplo, el período de consultas no deberá exceder del plazo máximo de siete días). Apunte. Además, se permite iniciar el ERTE mientras esté vigente un ERTE por fuerza mayor; y si el nuevo ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción se inicia tras la finalización de un ERTE por fuerza mayor, la fecha de efectos del nuevo ERTE se retrotraerá a la fecha de finalización del anterior ERTE por fuerza mayor.
  • Reparto de dividendos. Si una empresa aplica la prórroga del ERTE por fuerza mayor desde el 13 de mayo hasta el 30 de junio de 2020, no podrá proceder al reparto de dividendos correspondientes al ejercicio (salvo si previamente abona el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la Seguridad Social). Apunte. Eso sí, esta limitación no se aplica a las empresas de menos de 50 trabajadores.
  • Paraíso fiscal. Las empresas que tengan su domicilio fiscal en países o territorios calificados como paraísos fiscales tampoco podrán aplicar la prórroga del ERTE por fuerza mayor desde el 13 de mayo hasta el 30 de junio de 2020.
  • Prestación por desempleo. Las medidas extraordinarias de protección por desempleo (por ejemplo, que los afectados por un ERTE puedan cobrar el paro sin tener el período de cotización necesario para poder acceder a dicha prestación) resultarán aplicables hasta el 30 de junio de 2020 (salvo en el caso de los fijos discontinuos, en cuyo caso las medidas especiales se aplican hasta el 31 de diciembre).
  • Mantenimiento del empleo. Se clarifican algunas cuestiones relativas a la obligación que tienen las empresas de mantener el empleo durante el plazo de seis meses para poder tener derecho a los incentivos en las cotizaciones de los ERTEs. Apunte. Por ejemplo, dicho plazo de seis meses empieza a contar desde la fecha de reanudación de la actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo de personas afectadas por el ERTE.
  • Hasta el 30 de junio. Se han prorrogado hasta el 30 de junio dos medidas aprobadas en normas anteriores. En concreto, hasta esa fecha no se podrá justificar un despido por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el coronavirus. Apunte. Asimismo, hasta el 30 de junio se mantiene la interrupción del cómputo de la duración de los contratos temporales afectados por un ERTE de suspensión.

(Fuente INDICATOR Lefebvre)

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Anticipo de las prestaciones por desempleo08/05/2020

Anticipo de las prestaciones por desempleo

Los trabajadores con prestación por desempleo reconocida por motivo del COVID-19 podrán disponer de la misma cuanto antes gracias al anticipo de las entidades financieras

El Ministerio de Trabajo y Economía Social (MTES) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) han firmado un convenio de colaboración con las asociaciones bancarias AEB, CECA y UNACC por el que las entidades de crédito podrán adelantar el pago de las prestaciones por desempleo a las personas afectadas por la actual crisis sanitaria.

El objetivo último de este convenio es aliviar el impacto negativo que esta situación puede provocar en la renta disponible de los afectados y contribuir así a paliar las consecuencias de la crisis del COVID-19 sobre los colectivos más vulnerables.

El convenio firmado fija el procedimiento que deberán seguir las entidades que se adhieran voluntariamente a la iniciativa. Tendrá una duración inicial de tres meses prorrogable por el mismo período.

Con esta iniciativa, las personas cuya prestación por desempleo haya sido reconocida por el SEPE no tendrán que esperar hasta el día 10 del mes siguiente para cobrar la prestación, como se venía haciendo hasta el momento, con una actualización diaria.

El funcionamiento es como sigue: el SEPE reconoce la prestación por desempleo, se lo comunica a la entidad financiera, y a partir de este momento, ésta ofrece el anticipo directamente a los beneficiarios para que dispongan del dinero con antelación y puedan así hacer frente a sus gastos.

Los potenciales beneficiarios de los anticipos considerados en el presente convenio son las personas a las que el SEPE reconozca una prestación o subsidio por desempleo desde el 1 de mayo, con efectos económicos retroactivos al inicio de esta crisis sanitaria.

El acuerdo establece que el tipo de interés aplicable a la operación será del 0%. Además, no existirá ningún tipo de comisión por realizar esta operación, ni se exigirá ninguna garantía para su cobro.

(Fuente ElDerecho.com LEFEBVRE)

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Ahorro en las extras y las vacaciones07/05/2020

ERTE: Ahorro en las extras y las vacaciones

Si su empresa ha tramitado un ERTE, podrá reducir las pagas extras de sus empleados. Además, la nómina de las vacaciones también se verá afectada.

Pagas. Mientras dure el ERTE, sus trabajadores verán reducido su sueldo por la parte de jornada no trabajada (y cobrarán el paro en esa proporción). De ahí procede el ahorro obtenido con el ERTE (además de la exoneración de cotizaciones si dicho ERTE es por fuerza mayor). Apunte.  Además, cuando les abone las pagas extras de verano y diciembre, no tendrán derecho a cobrar la parte de la extra proporcional al tiempo en que el contrato de trabajo se ha visto afectado por el ERTE (salvo que haya pactado algún tipo de complemento).

Ejemplo. Un empleado ha estado tres meses en un ERTE de suspensión (situación 1) y otro ha tenido la jornada reducida al 50% durante cinco meses (situación 2). Vea el importe de sus extras si tienen un sueldo bruto mensual de 1.600 euros (considerando 14 pagas y que las extras tienen devengo anual):

Concepto                              Situación 1                                             Situación 2

Importe extra                1.200 (1.600 / 12 x 9)                 1.266,66[(1.600 / 12 x 7) + (1.600 / 12 x 5 x 50%)]

Duración vacaciones. La duración de las vacaciones de los trabajadores afectados por el ERTE también puede verse afectada. En concreto:

Si el ERTE es de suspensión, durante los días de su vigencia no se devengan vacaciones. Así pues, su empresa tendrá derecho a reducir la duración en función de los días de suspensión. Apunte.  Por ejemplo, si las vacaciones anuales son de 30 días naturales y se suspende el contrato de un empleado durante tres meses, ese año sólo tendrá derecho a 22,5 (30 / 12 x 9).

En cambio, si el ERTE es de reducción de jornada la duración de las vacaciones no se ve afectada. Eso sí: podrá retribuirlas en función del salario que hayan tenido durante el año (y que durante el ERTE habrá sido inferior). Apunte.  Por ejemplo, si ha reducido la jornada en un 50% durante seis meses a un trabajador, a la hora de disfrutar de sus vacaciones éste sólo cobrará el 75% de su sueldo (ya que en el año en que se han devengado las vacaciones ha trabajado seis meses a jornada completa y seis meses al 50%).

(Fuente INDICATOR Lefebvre)

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Jueces de primera instancia anulan el IRPH en hipotecas y lo sustituyen por el euríbor27/04/2020

Jueces de primera instancia anulan el IRPH en hipotecas y lo sustituyen por el euríbor

Sentencias contra Caixabank y Santander coinciden en sustituir un índice por otro. Ello tras el fallo del TJUE que dejó en manos de los magistrados españoles el análisis caso por caso

Más de un mes después de que Europa dejara la nulidad del IRPH en manos de los magistrados españoles, varios juzgados ya han ordenado sustituir este índice de préstamos hipotecarios por la frecuente fórmula del euríbor más un diferencial al ser la alternativa más beneficiosa para el consumidor. El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en marzo abrió la puerta a los jueces nacionales para que analizaran, caso por caso, si las entidades comercializaron el IRPH de forma transparente, ha reactivado las causas que habían sido suspendidas a la espera del dictamen de Luxemburgo.

Tal es el caso del juzgado de Primera Instancia número 4 de Burgos, que recientemente ha dado la razón a una cliente que en 2005 suscribió una hipoteca de 149.000 euros con CaixaBank. Según la demandante, el tipo de referencia fue establecido "unilateralmente por la entidad" sin que ésta le informara "de qué es el IRPH, cómo se configura y su evolución histórica siempre por encima del euríbor". Una versión a la que se opuso CaixaBank, que alegó que las cláusulas que incluyen sus escrituras "están redactadas en el mismo formato que el resto del texto, de forma sencilla, clara, concreta y perfectamente comprensible".

Para la magistrada, en cambio, la escritura "evidenciaba una ausencia de información detallada y pormenorizada que no permite que un consumidor pueda llegar a comprender el cálculo del índice de referencia", aunque esté legalmente permitido. Esto es, la entidad no suministró información suficiente a la demandante para que pudiera comprender "el alcance económico y jurídico" de su decisión, apunta la sentencia, que además de imponer la sustitución del IRPH por el euríbor más un diferencial del 0,50, obliga a CaixaBank a devolver cerca de 500 euros a su cliente por atribuirle "la práctica totalidad de gastos presentes y futuros".

En líneas similares se ha manifestado en dos ocasiones ya la titular del juzgado de Primera Instancia número 6 de Lleida, que también ha declarado nulo el IRPH de otra hipoteca suscrita con CaixaBank, cambiando este índice por el euríbor. A tenor de las pruebas, "no se ha probado si se explicó o no el método de cálculo y las consecuencias jurídicas de escoger el IRPH", prosigue la magistrada, que recuerda que a pesar de que el banco "arma su defensa" en que se trata de "un índice de referencia oficial controlado por el Banco de España", se debe cumplir siempre con el control de transparencia.

Devoluciones

Algo en lo que insiste en otra sentencia, ésta sobre una hipoteca formalizada en 2010 con el Banco Santander, al que obliga, además, a devolver a los demandantes "todas aquellas cantidades que hayan pagado en exceso" en concepto de intereses desde 2011. La titular del juzgado catalán advierte de que "no existe simulación alguna" sobre posibles escenarios económicos que pudieran afectar a la evolución de los tipos, "no hay información clara y comprensible sobre el coste comparativo con los préstamos de la misma entidad", y "se ubica entre cifras y datos que impiden al consumidor valorar la importancia de la cláusula".

Estas tres resoluciones se unen a una cuarta dictada por un juzgado de Palma de Mallorca, en la que se condena también a CaixaBank por no acreditar que "haya informado a los consumidores de cuál había sido la evolución del IRPH durante los dos años naturales anteriores a la celebración de los contratos de préstamos y del último valor disponible".

Según las estimaciones de Asufin, en España hay "casi un millón de hipotecas referenciadas al IRPH, con pérdidas de 25.000 euros de media". Al margen de la vía judicial, el Banco de España, en su informe institucional del ejercicio 2019, no descarta un posible repunte de las reclamaciones bancarias a raíz de la sentencia de Europa. Sin embargo, la ausencia de un servicio de reclamaciones vinculante hará que se continúen colapsando "los tribunales, perjudicando al eslabón más débil: el consumidor", indica la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, que llama a crear cuanto antes una Autoridad Independiente que proteja al cliente.

(Fuente El Confidencial)

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