Así será el nuevo sistema de cotización de autónomos aprobado por el Gobierno26/08/2022

Así será el nuevo sistema de cotización de autónomos aprobado por el Gobierno

Los autónomos tendrán la posibilidad de cambiar de tramo cada dos meses, con un total de seis cambios al año, para adaptar su cotización a las previsiones de ingresos en cada época del año.

El nuevo sistema de cotización de autónomos por ingresos reales, que contará con un periodo de transición de nueve años, hasta 2032, comenzará a aplicarse a partir de enero de 2023 con 15 tramos de cuotas que irán desde los 230 euros hasta los 500 euros y variarán hasta 2025, en función de los rendimientos netos de los trabajadores por cuenta propia.

Nuevas cuotas

El primer tramo comienza con una cuota de 230 euros en 2023 para los autónomos con rendimientos netos inferiores a 670 euros. En 2024, la cuota bajará a 225 euros y se reducirá a 200 euros en 2025.

El segundo tramo incluirá a los trabajadores por cuenta propia con rendimientos netos superiores a 670 euros e inferiores o iguales a 900 euros. En este caso, la cuota será de 260 euros en 2023, de 250 euros en 2024 y de 240 en 2025.

Para los autónomos con rendimientos netos mensuales por encima de 900 euros e inferiores a 1.166,70, la cuota del año que viene será de 275 euros. En 2024, pasará a 267 euros y en 2025, a 260 euros.

El cuarto tramo se aplicará a aquellos que ingresen a partir de 1.166,70 euros y menos de 1.300 euros. Para ellos, la cuota se mantendrá en 291 euros en los próximos tres años.

Los dos tramos siguientes son para los autónomos con rendimientos netos superiores a 1.300 euros e inferiores o iguales a 1.500 euros y por encima de 1.500 euros e inferiores o iguales a 1.700. En los dos casos, y durante los próximos tres años, la cuota será de 294 euros.

Aquellos autónomos con ingresos netos por encima de los 1.700 euros e inferiores o iguales a 1.850 euros se encontrarán en el séptimo tramo. Para ellos, la cuota inicial será de 310 euros, subirá a 320 en 2024 y ascenderá a 350 euros en 2025.

Los trabajadores por cuenta propia con rendimientos por encima de los 1.850 euros e inferiores o iguales a 2.030 euros, octavo tramo, pagarán una cuota de 315 euros en 2023, de 325 euros en 2024 y de 370 euros en 2025.

Tablas de cotización

  • Hasta 670 euros: de 230 euros a 200 en 2025
  • De 900 a 1.166,70 euros: 275 euros a 260 en 2025
  • De 1.166,70 euros a 1.300 euros: 291 euros en 2025
  • De 1.300 a 1.700 euros: 294 euros hasta 2025
  • De 1.700 a 1.850 euros: de 310 euros a 350 en 2025
  • De 1.850 a 2.030 euros: de 315 euros a 370 en 2025
  • De 2.030 a 2.330 euros: de 320 euros a 390 en 2025
  • De 2.330 a 2.760 euros: de 330 euros a 415 en 2025
  • De 2.760 a 3.190 euros: de 350 euros a 440 en 2025
  • De 3.190 a 3.620 euros: de 370 euros a 475 en 2025
  • De 3.620 a 4.050 euros: de 390 euros a 490 en 2025
  • De 4.050 a 6.000 euros: de 420 euros a 530 en 2025
  • Más de 6.000 euros: de 500 euros a 590 en 2025

En el noveno tramo, los autónomos con ingresos netos mensuales superiores a los 2.030 euros e iguales o inferiores a 2.330 euros tendrán una cuota de 320 euros el próximo año, de 330 euros en 2024 y de 390 euros en 2025.

Para aquellos con rendimientos netos de entre 2.330 euros y menos o igual a 2.760 euros al mes, la cuota será de 330 euros en 2023, 340 en 2024 y 415 en 2025.

En el tramo siguiente, aplicable a los autónomos que ingresen más de 2.760 euros pero menos 3.190 euros, la cuota será de 350 euros en 2023, 360 euros en 2024 y 440 euros en 2025.

Entre los rendimientos más altos, las cuotas también son más elevadas. Así, los trabajadores por cuenta propia que ingresen más de 3.190 euros netos al mes pero menos o igual a 3.620 euros abonarán una cuota de 370 euros en 2023, de 380 euros en 2024 y 465 euros en 2025.

A este tramo, le sigue el de los rendimientos netos mensuales de entre 3.620 euros e iguales o inferiores a 4.050 euros. En este caso, las cuotas aumentarán 100 euros en tres años e irán de los 390 euros en 2023, a los 400 euros en 2024 y los 490 euros de 2025.

El penúltimo tramo, se aplicará a los autónomos con rendimientos netos mensuales de más de 4.050 euros pero iguales o inferiores a 6.000 euros. Sus cuotas serán de 420 euros el próximo año, 450 euros en 2024 y 530 euros en 2025.

El último tramo será para aquellos que ganen más de 6.000 euros. En este caso, las cuotas partirán de los 500 euros en 2023, para subir a los 530 euros en 2024 y terminar en 590 euros en 2025.

Deducción de gastos

El nuevo sistema también atiende a otra de las peticiones de los autónomos, la deducción de gastos de difícil justificación, entre los que la Seguridad Social pone como ejemplo los ordenadores, el alquiler de locales o la compra de suministro. Esta deducción será del 7% para los autónomos y del 3% para los autónomos societarios.

De esta forma, un autónomo que presente unos ingresos medios de 900 euros y unos gastos por el ejercicio de su actividad de 185 euros tendrá unos rendimientos netos de 715 euros, resultado de la resta de los ingresos y los gastos.

De ese monto se podrá deducir un 7%, equivalente a 50,05 euros. Los rendimientos netos finales serían de 664,95 euros (715-50,05), por lo que el autónomo pagaría una cuota de 230 euros al mes, al encontrarse dentro del primer tramo, con rendimientos iguales o inferiores a 670 euros.

Cuota reducida por inicio de actividad

La tarifa plana del actual RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) se integra también en el nuevo modelo, aunque pasará a llamarse cuota reducida para los autónomos que inicien su actividad y será de 80 euros al mes durante doce meses para todos los nuevos autónomos.

Pasado ese periodo, esa cuota reducida solo se prorrogará para los autónomos que no hayan conseguido que sus rendimientos despeguen y sigan por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Para el resto, se aplicará la cuota correspondiente a su tramo de cotización según sus rendimientos netos.

(Fuente EL DEBATE)

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Un juzgado cancela las deudas pendientes de un matrimonio que se arruinó durante la pandemia22/08/2022

Un juzgado cancela las deudas pendientes de un matrimonio que se arruinó durante la pandemia

Exoneración del pasivo insatisfecho

El Juzgado de Primera Instancia número 12 de Santander ha cancelado todas las deudas pendientes de un matrimonio de la ciudad que se arruinó durante la pandemia, y que ascendían a cerca de 65.000 euros.

En una sentencia, consultada por Europa Press, la magistrada acuerda reconocer al hombre y a la mujer el beneficio provisional de exoneración del pasivo insatisfecho.

El matrimonio había gozado desde 2008 hasta 2019 de cierta tranquilidad financiera, al contar con dos nóminas estables y contratos laborales indefinidos. Así, bancos y entidades financieras les ofrecieron varios préstamos y tarjetas de crédito, que ellos aceptaron contratar.

Los pagos de estas deudas fueron al corriente hasta que sus ingresos se vieron reducidos prácticamente a la mitad entre 2020 y 2021, coincidiendo con la crisis y restricciones por el Covid.

Por un lado, se acortó la jornada laboral de la esposa tras pasar varios meses por un ERTE y, por otro, el marido causó baja por incapacidad temporal, situación que sigue vigente en la actualidad.

Así, a finales de 2020 se dieron los primeros impagos, a los que sucedieron las llamadas de las entidades reclamando el cobro de la deuda e incluso "amenazas de embargo", lo que generó una situación de estrés en los deudores que buscaron solución a su insolvencia, según destacan sus representantes legales.

A principios de 2021 se declararon insolventes y tramitaron el denominado proceso de la Ley de la Segunda Oportunidad.

Pese la propuesta presentada a todas las financieras resultó imposible el acuerdo dada la negativa a aceptarla, lo que hizo que los deudores tuvieran el derecho al 100% del perdón de sus deudas.

Y es que "de buena fe intentaron pagar algo", pero "fueron causas ajenas a su voluntad las que lo evitaron". Así, la jueza les ha exonerado del pago de los créditos.

(Fuente ElDerecho.com LEFEBVRE)

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El Tribunal Supremo se pronuncia sobre los actos tributarios basados en pruebas declaradas nulas penalmente22/08/2022

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre los actos tributarios basados en pruebas declaradas nulas penalmente

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre el uso a efectos fiscales, de pruebas declaradas penalmente «obtenidas con vulneración de derechos fundamentales» fijando criterios interpretativos.

La STS n.º 3162/2022, de 26 de julio, ECLI:ES:TS:2022:3162 tiene como objeto de casación determinar si la Administración puede realizar regularizaciones tributarias e imponer sanciones con relación a un obligado tomando en consideración documentos incautados como consecuencia de un registro domiciliario practicado respecto de otros obligados (registro autorizado por el juez contencioso-administrativo), cuando, posteriormente, tales documentos fueron declarados por la jurisdicción penal como constitutivos de una prueba nula, al apreciar vulneración de derechos fundamentales en su obtención, por haberse excedido los funcionarios de la Administración tributaria de lo autorizado, en particular, por entender que los referidos documentos constituían «hallazgos casuales» referidos a otros sujetos y relativos a otros impuestos y ejercicios distintos a aquéllos para los que se obtuvo la autorización de entrada y registro.

Señala la Sala del TS que admitiéndose en el ámbito administrativo la validez y eficacia de los hallazgos casuales para motivar un nuevo procedimiento de inspección, no todo vale porque la práctica del registro debe realizarse en forma idónea y proporcionada, excluyéndose requisas generales e indiscriminadas de aquello que manifiestamente sea ajeno a la investigación.

En la STS n.º 1507/2016, de 6 de abril, ECLI: ES:TS:2016:1507, la sala señaló «(...) la habilitación para la entrada y registro y la práctica del mismo en forma idónea y proporcionada, permite que un hallazgo casual pueda ser utilizado de forma legítima para una actuación sancionadora distinta, la cual habrá de ajustarse a las exigencias y requisitos comunes de toda actuación sancionadora y en la que la empresa afectada podrá ejercer su derecho de defensa en relación con las nuevas actividades investigadas. No ha habido, por consiguiente, lesión del derecho a la inviolabilidad del domicilio, como entendió la Sala de instancia, y se ha infringido el artículo 18.2 de la Constitución por aplicación indebida del mismo».

De tales palabras cabe extraer que la regularidad no es sólo predicable del auto judicial que aprueba la entrada y el registro domiciliario, sino de su práctica o ejecución a cargo de la Administración autorizada. En la sentencia 3162/2022, el TS recrimina al juzgado de instancia no usar correctamente la jurisprudencia señalada, ya que la utiliza para respaldar su decisión de desestimar el recurso, pero sin embargo parte del presupuesto inexacto de que el registro ha sido correcto, entendiendo el TS que se trata de una «observación no excesivamente atenta» por parte del juzgador de instancia.

Indica el TS que, si bien el artículo 10.2 de la LOPJ sólo menciona la suspensión del procedimiento en caso de prejudicialidad penal, sin indicar explícitamente nada más allá de ello, esa suspensión implica la preferencia del orden penal sobre los demás y la vinculación a los hechos declarados probados en la sentencia penal. Igualmente, entiende que los hechos declarados probados en la sentencia penal vinculan a los tribunales de otros órdenes jurisdiccionales, pero no los hechos declarados no probados. Llegados a este punto, la sentencia afirma si son hechos probados aquellos encaminados a la privación del efecto jurídico de una prueba que ha sido obtenida con lesión grave de derecho fundamentales, y que, por ende, estos hechos vinculan a los demás órdenes jurisdiccionales.

Por tanto, en el presente caso, el TS entiende como hechos vinculantes y probados que, los funcionarios de la AEAT no documentaron en un acta u otro documento firmado por funcionario responsable la actuación administrativa en la entrada, con indicación de la práctica e incidencias de la entrada y registro (con vulneración de los artículos 143.2 LGT, 172 a 175 RGAT y 36 y 53 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, de todos los cuales se desprende la idea de que toda actuación de la Administración debe ser documentada). Además, el registro se efectuó sin identificar los documentos incautados mediante la oportuna diligencian que sirviera para adverarlos, de modo que es virtualmente imposible distinguir si son los mismos que luego fueron empleados para regularizar y sancionar al interesado, aquí recurrente, así como a las personas físicas que eran terceros respecto de las sociedades para las que se solicitó la entrada domiciliaria. No se entregó recibo acreditativo de la incautación, con expresión singularizada de los documentos que la inspección requisó, ni al titular del domicilio, ni menos aún se dio cuenta del hallazgo a los terceros ajenos por completo a la regularización intentada con la solicitud de entrada. Y, como exceso de mayor calado y gravedad, se omitió el deber de dar cuenta al juez autorizante del resultado e incidencias de la práctica del registro indocumentado (o cuya documentación no consta en absoluto) como es la existencia de datos de terceros ajenos a la prueba indicada en la orden como de posible obtención en el domicilio, que fueron incautados al margen, o con exceso notorio sobre el ámbito subjetivo, objetivo y temporal de la autorización de entrada (art. 172 RGAT). Este trámite resulta esencial para hacer viable el control judicial ex post facto respecto a la adecuación de la práctica de la diligencia y para que el juez compruebe la regularidad de esa práctica y el ajuste y observancia de los términos, condiciones o límites del auto de entrada. 

En base a todo lo expuesto, el Tribunal Supremo señala a efectos de fijación de doctrina jurisprudencial:

  1.  La Administración tributaria no puede realizar válidamente comprobaciones, determinar liquidaciones o imponer sanciones a un obligado tributario tomando como fundamento fáctico de la obligación fiscal supuestamente incumplida los documentos o pruebas incautados como consecuencia de un registro practicado en el domicilio de terceros (aunque se haya autorizado la entrada y registro por el juez de esta jurisdicción), cuando tales documentos fueron considerados nulos en sentencia penal firme, por estar incursos en vulneración de derechos fundamentales en su obtención.Aun cuando tal declaración penal no se hubiera llevado a cabo formalmente, la nulidad también procedería de lo establecido en el art. 11 LOPJ, conforme al cual «no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales».
  2.  El exceso de los funcionarios de la Administración tributaria sobre lo autorizado en el auto judicial es contrario a derecho y deber ser controlado, a posteriori, por el propio juez autorizando, a través del mecanismo de dación de cuenta que la Administración está obligada a realizar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 RGAT, sin que la infracción de dicho trámite deba perjudicar al afectado por él.
  3.  Se consideran hallazgos casuales los documentos referidos a otros sujetos y relativos a otros impuestos y ejercicios distintos a aquéllos para los que se obtuvo la autorización judicial de entrada y registro y, por tanto, supeditados en su validez como prueba y en su idoneidad para servir de base a las actuaciones inspectoras y sancionadoras a la licitud y regularidad del registro de que se trate, lo que afecta tanto a su adopción y autorización como al modo de efectuarse su práctica.
  4.  La acreditación, por la Administración tributaria, de que la prueba obtenida, como hallazgo casual, en el registro de un tercero, con finalidad de determinar otros tributos, no es la misma utilizada en la ulterior regularización y sanción, a efectos de determinar el alcance y extensión de la prueba nula, es carga que corresponde a la Administración, dado su deber de identificar y custodiar pertinentemente la prueba obtenida en un registro, máxime si pertenece o afecte a terceros.

(Fuente IBERLEY COLEX)

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Primera sentencia en España que estima el arraigo laboral a un estudiante22/08/2022

Primera sentencia en España que estima el arraigo laboral a un estudiante

"Entiende el juez que la norma no impide al titular de otro tipo de permiso la posibilidad de solicitar el permiso de residencia"

Las posibles incompatibilidades para obtener el permiso de residencia por arraigo laboral son una constante en nuestros tribunales, teniendo la administración el vicio de rechazarlos por defecto, en ocasiones sin ni siquiera atender a la literalidad de nuestras normas.

Una reciente sentencia de un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona viene a poner orden en uno de los supuestos más habituales en la materia al declarar que es totalmente compatible el disfrute de la autorización de estancia para cursar estudios con el permiso de residencia por motivos laborales.

Cabe subrayar que estamos ante la primera sentencia en España que estima el arraigo laboral a un estudiante, supuesto que hasta ahora ha sido excluido por la aplicación de la Instrucción 1/2021 SEM en materia de arraigo laboral.

El caso: un extranjero con permiso para estudiar que encuentra trabajo

El ciudadano de otra nacionalidad solicitó ante la Administración Pública una residencia temporal por circunstancias excepcionales, pues disponía de una hoja de vida laboral de más de seis meses de duración, que es el requisito exigible por nuestra legislación (art. 123 del Reglamento de la Ley Orgánica de Extranjería o RLOEX) para la concesión del permiso de residencia por arraigo laboral: “se podrá conceder una autorización de residencia temporal a los extranjeros que se hallen en España en los supuestos de arraigo”. Y así constaba, además, a efectos oficiales en el registro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Así, la Administración, en una resolución emitida en el pasado mes de diciembre de 2021, fundamenta su negativa en que el recurrente “ya es titular de una licencia por estudios” y que, por ende, no cumple con los requisitos exigidos en la citada norma. Los motivos, alejados incluso de la lectura racional de la norma, siempre han generado controversia entre los letrados expertos en materia de extranjería: “se desprende que en los supuestos de obtención de una autorización de residencia por circunstancias excepcionales, se establece como punto de partida que la persona solicitante se encuentre en situación irregular en España”; y que en el presente caso “el actor no se encuentra en situación irregular en España, dado que dispone de una autorización de estancia por estudios”.

Se atentaría contra la lógica de que, precisamente, los estudios cursados -por los que el ciudadano dejaría de tener una situación irregular- tienen como objetivo la inclusión en el mercado laboral, que a su vez pueden conducir a la concesión de un permiso de residencia.

El recurso y la sentencia: un vuelco a la situación que devuelve la esperanza al afectado

Entiende el juez que la norma no impide al titular de otro tipo de permiso la posibilidad de solicitar el permiso de residencia, porque si bien el recurrente dispone de una licencia de naturaleza “no laboral”, en ese ámbito sí se encuentra en situación irregular, pues aún no está facultado para desempeñar una actividad laboral remunerada.

Y así, como estudiante en régimen de mera estancia, resulta legítimo que trate de obtener una autorización para trabajar, mediante la solicitud de arraigo laboral con “certificación pública oficial de vida laboral de más de seis meses de relación laboral” siempre que no se aprecie prohibición alguna en el citado art. 123 RLOEX en conexión con el art. 31 de la LO 4/2000 (carecer de antecedentes penales en España o en los países de residencia anterior; no figurar como rechazable; y estar al tanto con las obligaciones tributarias y de seguridad social en el extranjero).

En este sentido, ya es conocida la doctrina de nuestro Tribunal Supremo iniciada por la relevante sentencia 452/2021, de 25 de marzo, que amplió los medios de prueba de acreditación de la relación laboral de seis meses del arraigo laboral y que vino a reconocer expresamente la vida laboral como medio de prueba de dicha relación laboral, ya que se trata de un documento público, emitido por el Ministerio de Trabajo, al que se tiene acceso directo para comprobar si el extranjero cuenta o no en su vida laboral con dichos seis meses.

(Fuente ECONOMIST & JURIST)

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El disfrute de vacaciones: dudas frecuentes19/08/2022

El disfrute de vacaciones: dudas frecuentes

El derecho a las vacaciones se recoge en la Const art. 40.2 y en el ET art.38, pero, a pesar de estar legalmente previsto, es una cuestión que plantea dudas. A continuación, se da respuesta a las más habituales.

1. ¿Cuántos días de vacaciones tiene el/la trabajador/a?

Las vacaciones deben tener una duración mínima de 30 días naturales (22 días laborables), aunque puede ser ampliada o mejorada en convenio colectivo o en el contrato laboral. En caso, de que no se trabaje el año completo, las vacaciones se calculan de forma proporcional al tiempo trabajado.

Si se fijan en días naturales, los sábados, domingos y festivos están incluidos en el cómputo. Pero si no se trabaja los fines de semanas el primer día de vacaciones será el primer día hábil siguiente.

2. ¿Y si tiene jornada reducida?

El número de días de vacaciones es el mismo que si se trabajara a tiempo completo.

3. Empleados/as en ERTE ¿cuántos días tienen de vacaciones?

Durante el período en que la persona se encuentra en ERTE no se generan vacaciones, por lo que ese tiempo ha de descontarse de las vacaciones anuales, salvo que la empresa y los representantes de los trabajadores pacten el disfrute íntegro de las mismas.

Si el ERTE es parcial o de reducción de jornada, esto es, una parte de jornada trabaja y la otra no, los días de vacaciones no se ven afectados.

4. ¿Hacer huelga afecta al cómputo de los días de vacaciones?

El ejercicio de la huelga no supone la rebaja del tiempo vacacional o de los derechos conexos a él.

5. Período de disfrute de vacaciones ¿Puede el/la trabajador/a elegir los días que desea disfrutar?

La empresa debe fijar el calendario de vacaciones. Dentro del período vacacional establecido por la empresa, el/la trabajador/a es libre de elegir los días que quiere disfrutar, siempre que lo avise con antelación. Si el convenio colectivo o la empresa no establece un período de disfrute, este se ha de fijar de común acuerdo entre la empresa y el trabajador.

Si la empresa durante años ha permitido a sus empleados/as elegir libremente el momento para disfrutar de sus vacaciones, esta libertad debe considerarse como un derecho adquirido, por lo que la empresa no lo puede cambiar unilateralmente (TS 7-1-20).

Si no se establece nada al respecto, las vacaciones pueden fraccionarse.

6. No se ha llegado a un acuerdo ¿Qué hacer?

Si no se llega a un acuerdo sobre las fechas de disfrute de las vacaciones, los/as trabajadores/as pueden formular, a título individual o colectivo, reclamación ante la jurisdicción social, mediante un procedimiento urgente que no se interrumpe, aunque una vez iniciado, se fijen las fechas de disfrute.

No es necesaria conciliación, ni reclamación previa para la presentación de la demanda.

7. ¿Puede sancionarse con pérdida de días de vacaciones?

La empresa no puede imponer sanciones que consistan en la reducción de la duración de las vacaciones u otra minoración de los derechos al descanso del trabajador.

8. ¿Cuándo debe conocerse la fecha de las vacaciones?

La fecha de las vacaciones debe saberse con, al menos, 2 meses de antelación, para posibilitar la planificación de las mismas.

9. ¿Puede la empresa modificar las vacaciones ya fijadas?

Si faltan más de 2 meses para el disfrute, es posible el cambio mediante acuerdo entre empresa y trabajador/a. Pero si quedan menos de 2 meses, la empresa solo puede modificar las fechas si el/la trabajador/a acepta voluntariamente.

10. ¿Cuándo han de disfrutarse?

Las vacaciones deben disfrutarse dentro del año natural en que se han generado, salvo que el convenio colectivo establezca otra cosa o se llegue a un acuerdo con la empresa. No obstante, es práctica habitual en algunas empresas, permitir disfrutarlas hasta el 31 de enero del año siguiente.

11. ¿Se pierden los días de vacaciones no disfrutados?

Sí. En principio, si no se disfrutan en el año natural, las vacaciones caducan, salvo que la causa de no poder disfrutarlas sea culpa de la empresa; se encuentre en situación de IT o disfrutando del permiso por nacimiento.

12. ¿Pueden pagarse los días de vacaciones en lugar de disfrutarlos?

Los períodos de descanso vacacional son irrenunciables e indisponibles para el/la trabajador/a, por lo que no puede pactarse su sustitución por compensación económica alguna.

Solo cabe el pago de las vacaciones no disfrutadas, en caso de despido. En este caso, la persona despedida continúa de alta y la empresa cotiza por ella hasta que transcurra el número de días de vacaciones que tenía pendiente antes de ser despedida.

13. Disfrute de vacaciones tras IT ¿Qué sucede si hay que solicitar la baja médica estando de vacaciones?

Si estando de vacaciones tiene que solicitar la baja médica, los días que resten podrán disfrutarse cuando reciba el alta, siempre que no hayan transcurrido 18 meses desde el final del año en que se hayan originado.

14. Si está de baja por embarazo, parto o lactancia o disfrutando el permiso de maternidad o paternidad ¿qué pasa con las vacaciones?

Las vacaciones pueden posponerse y disfrutarlas en una fecha alternativa al finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el año natural al que se corresponda.

15. ¿Se puede trabajar en otra empresa durante las vacaciones?

Sí. Durante el período vacacional, la persona puede emplear su tiempo con absoluta libertad y realizar las actividades que estime oportunas, pero si realiza trabajo para otra empresa, este debe desarrollarse respetando el deber de fidelidad y el principio de la buena fe.

16. ¿Es obligatorio atender mails o llamadas profesionales?

Mientras esté disfrutando de vacaciones tiene derecho a la desconexión digital, esto es, no tiene obligación de atender llamadas o responder mails de la empresa…

17. ¿Es posible despedir a un/a trabajador/a que está de vacaciones?

Sí. No hay diferencia alguna con el despido de un trabajador que se encuentre prestando servicios.

18. En caso de despido ¿pueden obligar a coger las vacaciones durante el preaviso?

No, ya que, como hemos dicho, las vacaciones deben fijarse por acuerdo entre empresa y trabajador.

19. ¿Pueden solicitar la incorporación antes del fin de las vacaciones?

La empresa puede solicitarlo, pero no es obligación del trabajador/a incorporarse a su puesto de trabajo hasta la fecha en la que finalicen sus vacaciones.

20. ¿Cómo se pagan las vacaciones?

La paga de vacaciones es de la misma cuantía que la percibida mensualmente por el/la trabajador/a en su jornada ordinaria de trabajo.

En el cálculo de la retribución, se incluyen el salario base, antigüedad y los complementos personales.

Los incentivos y comisiones por ventas, el complemento de carrera comercial y el plus de disponibilidad son complementos atribuibles a circunstancias relativas al concreto trabajo realizado que deben estudiarse caso por caso para decidir si se incluyen, como aquí, en la retribución de las vacaciones.

Se excluyen aquellos que tienen carácter extraordinario como, por ejemplo, los bonus o las horas extraordinarias. Tampoco computan el cálculo de la retribución los conceptos extrasalariales como, por ejemplo, las dietas, el plus de transporte….

(Fuente ElDerecho.com LEFEBVRE)

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