El Tribunal Supremo confirma que el consentimiento de la víctima no excluye que se pueda condenar por un delito de quebrantamiento de condena01/02/2023

El Tribunal Supremo confirma que el consentimiento de la víctima no excluye que se pueda condenar por un delito de quebrantamiento de condena

El Tribunal Supremo ha reiterado que en la punibilidad del delito de quebrantamiento de condena no influye el consentimiento de la víctima.

El Tribunal Supremo en su sentencia n.º 986/2022, de 21 de diciembre, ECLI:ES:TS:2022:4840, ha confirmado que cuando existe una orden de alejamiento, el hecho de que la víctima consienta el acercamiento no excluye la punibilidad del delito de quebrantamiento de condena.

En el caso enjuiciado, estando vigente una orden de alejamiento, el agresor acudió a la vivienda que había sido domicilio conyugal, y en la que residía la víctima y la agredió contundentemente, al igual que a su hijo cuando intentó defenderla. Por estos hechos resultó condenado por la comisión de un delito de quebrantamiento de condena, de otro de asesinato en grado de tentativa, y uno más de lesiones agravadas.

En cuanto al delito de quebrantamiento se alega en el recurso presentado por el agresor que uno de sus hijos le había comunicado que su madre le permitía acudir al domicilio.

Recoge el Tribunal Supremo que «(…) las resoluciones judiciales solo pueden ser modificadas o suprimidas por los jueces y tribunales que las han dictado y no por las personas afectadas por las mismas; no siendo elemento determinante para ello el intento de arreglar su matrimonio o los encuentros esporádicos con su cónyuge».

Recuerda que la doctrina mayoritaria de la Sala consiste en que la medida de alejamiento es un delito contra la Administración de Justicia, y que el mismo se comete con independencia de la voluntad de la mujer de aceptar y consentir el acercamiento.

«De forma reiterada venimos proclamando que, aunque la prohibición de acercamiento a la víctima es una pena o medida cautelar que se adopta por razones de seguridad en beneficio de la supuesta víctima para la protección de su vida y de su integridad física, el bien jurídico protegido directamente por el delito es el principio de autoridad. El incumplimiento de una orden emanada de un órgano jurisdiccional, atenta contra el correcto funcionamiento de la administración de justicia y conlleva una vulneración de la obligación que a todos incumbe de cumplir las sentencias y resoluciones de los juzgados y tribunales, que viene establecida en el artículo 118 de la CE. Esa es la razón por la que el delito de quebrantamiento de condena se incluye sistemáticamente en el Título relativo a los delitos contra la Administración de Justicia y por la que esta Sala en el Pleno no jurisdiccional de 25/11/2008 acordara que el consentimiento de la víctima no es un factor de exclusión de la punibilidad ( STS 14/2010, de 28 de enero, 39/2009, de 29 de enero, entre otras muchas)».

Concluye nuestro Alto Tribunal que el tipo objetivo del art. 468.2 del CP solo requiere que el autor sepa que era destinatario de un mandato judicial por el que se le imponía la prohibición de acercarse a la víctima.

Por todo ello, se desestima el recurso de casación interpuesto, y se condena en costas al recurrente.

(Fuente IBERLEY COLEX)

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El Tribunal Supremo reitera que la custodia compartida no exime del pago de alimentos01/02/2023

El Tribunal Supremo reitera que la custodia compartida no exime del pago de alimentos

El Tribunal Supremo reitera su doctrina según la cual el hecho de que entre los padres se establezca la custodia compartida no exime del pago de alimentos cuando exista desproporción en los ingresos de ambos progenitores.

El Alto Tribunal en sentencia n.º 866/2022, de 9 de diciembre, ECLI:ES:TS:2022:4499 reitera la doctrina ya establecida por el mismo, según la cual los alimentos están sujetos al principio de proporcionalidad, en base a la capacidad de ambos progenitores y necesidad del alimentado (STS 656/2021, de 4 de octubre, ECLI:ES:TS:2021:3627). 

El caso concreto trae causa de la demanda promovida por el padre de modificación de las medidas adoptadas por mutuo acuerdo en el procedimiento de guarda y custodia, en el cual se había decidido conceder la guarda y custodia a la madre. Ante un cambio en la situación laboral, el padre solicita que se establezca la custodia compartida y la supresión de la pensión de alimentos. Esta solicitud es denegada en primera instancia, pero en apelación se estima el recurso, estableciéndose un régimen de guarda y custodia compartida asumiendo los progenitores los gastos de sus hijos las semanas que estén a su cargo, con gastos extraordinarios al 50%.

La madre recurre esta resolución señalando que pese a la adopción de la custodia compartida, procedería haber establecido una pensión de alimentos atendiendo a la desproporción entre los ingresos de ambos progenitores. Por un lado el padre con trabajo estable y domicilio propio, mientras que la madre se encuentra en situación de desempleo y vive en el domicilio de la abuela de los menores. Esta diferencia, considera la madre, supondría un perjuicio a los menores que pasarían de un mundo de estrecheces con la madre, mientras que el padre podría permitir ciertos lujos.

El Tribunal Supremo estima el motivo y se remite a la jurisprudencia establecida por el mismo considerando que se infringe el art. 142 del CC que determina que el sistema de guarda y custodia compartida no exime del abono de pensión alimenticia. En este sentido establece el Alto Tribunal:

«Esta sala ha declarado en sentencia 656/2021, de 4 de octubre, que los alimentos están sujetos al principio de proporcionalidad, en base a la capacidad de ambos progenitores y necesidad del alimentado. 

Esta Sala en sentencias 55/2016, de 11 de febrero, y 564/2017, de 17 de octubre, entre otras, ha declarado que la estancia paritaria no exime del pago de alimentos cuando exista desproporción en los ingresos de ambos progenitores (art. 146 del C. Civil)».

(Fuente IBERLEY COLEX)

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Es accidente ‘in itinere’ el sufrido por un trabajador 15 horas antes de comenzar su jornada laboral26/01/2023

Es accidente ‘in itinere’ el sufrido por un trabajador 15 horas antes de comenzar su jornada laboral

El accidente de tráfico se produjo durante su desplazamiento entre la residencia habitual y la residencia motivada por el trabajo

El Juzgado de lo Social n.º 11 de Bilbao ha calificado de accidente de trabajo in itinere el sufrido por un trabajador un domingo por la tarde entre su residencia habitual (Madrid) y la residencia en la que habita por razones de trabajo (Bilbao).

La sentencia, de 25 de noviembre de 2022, evidencia que el accidente se produjo más de 15 horas antes de iniciar su prestación de trabajo.

El caso

El trabajador prestaba sus servicios para una empresa dedicada a la construcción de redes eléctricas y de telecomunicaciones sita en Bilbao.

Su horario de trabajo era de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.

El domingo 28 de noviembre de 2021, el empleado sufrió un accidente de tráfico sobre las 16:30 horas, a la altura de Amurrio, un municipio de la provincia de Álava.

Resulta necesario apuntar que el trabajador residía por razón de trabajo entre semana en Bilbao y se trasladaba los fines de semana a su domicilio familiar en Madrid. Así, el hombre habría sufrido el accidente de trabajo en su desplazamiento entre el domicilio familiar en Madrid y su vivienda en Bilbao.

Por ello, al día siguiente de sufrir el accidente, el empleado acudió a la Mutua Asepeyo y causó baja médica con fecha 29 de noviembre de 2021 por la contingencia de accidente no laboral, con el diagnóstico de “latigazo”.

No conforme con lo anterior, el trabajador formuló solicitud de determinación de contingencia de la baja médica. Sin embargo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social declaró que la contingencia determinante del proceso de incapacidad temporal iniciado por el trabajador tenía su origen en un accidente laboral siendo la mutua Asepeyo responsable del abono de la prestación económica.

La mutua no reconoció el origen profesional del accidente e impugnó la resolución del INSS que sí reconocía lo acontecido como accidente de trabajo.

Accidente de trabajo “in itinere”

El Juzgado de lo Social n.º 11 de Bilbao ha desestimado la demanda interpuesta por Asepeyo Mutua y ha confirmado la resolución dictada por el INSS.

A la vista de la prueba practicada, el Magistrado-Juez indica que aparece claramente acreditado que el trabajador permanecía los fines de semana junto con su pareja y con su hija menor de edad en Madrid. Asimismo, el documento sobre la previsión meteorológica del domingo 28 de noviembre de 2021 justificaría que el empleado hubiese adelantado su salida desde la capital “evitando enfrentarse a las temperaturas más frías de las primeras horas de la mañana del día siguiente para incorporarse a su puesto de trabajo”.

Sea como fuere, el trayecto Madrid-Bilbao era un recorrido que el empleado debía soportar cada semana. En palabras del Juzgador, “lo que resulta claro es que el trabajador iba a tener que enfrentarse al mismo trayecto en el cual se produjo el accidente más tarde o más temprano ya fuera a lo largo del día 28 o en las primeras horas del día 29”.

En la misma línea, la sentencia a la que ha tenido acceso Economist & Jurist evidencia que la demandante no ha acreditado que el hecho de adelantar el traslado realizando una conducción diurna en lugar de nocturna, sin perder de vista la ya mencionada predicción meteorológica, “hubiese supuesto un incremento del riesgo que rompiera el nexo de causalidad”.

Después de aludir a la relevante STS de 26 de diciembre de 2013, el Juzgado considera que tanto el criterio cronológico (el tiempo utilizado debe ser el normal, sin interrupciones por motivos particulares que puedan romper la relación de causalidad y teniendo en cuenta la distancia a recorrer, el medio de transporte utilizado, etc.) como el teleológico (el fin del desplazamiento debe ser ir o volver del trabajo) concurren en el presente caso el cual puede ser calificado como un accidente de trabajo in itinere.

El fallo contribuye a adaptar el concepto de accidente “in itinere” a las circunstancias actuales

Desde el sindicato CCOO subrayan la importancia de este fallo, el cual “contribuye a adaptar el concepto de accidente in itinere a las características actuales del mercado de trabajo, con un número importante de población trabajadora teniendo su residencia habitual en un punto y la residencia cercana al puesto de trabajo en otro, mediando en ocasiones grandes distancias entre sí”.

Asimismo, el sindicato ve necesario que se introduzcan este tipo de consideraciones en la jurisprudencia sobre los accidentes in itinere, así como las derivadas de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 2019 según la cual también se consideró accidente de trabajo la caída sufrida por una trabajadora al dejar a su hija en el centro escolar antes de comenzar su jornada laboral, no interrumpiéndose con esto el nexo causal.

Teniendo esto en cuenta, CCOO entiende que “el concepto de accidente de trabajo in itinere está en camino de conectar con las nuevas realidades sociales y ha de adaptarse a nuevas necesidades como las de conciliación del trabajo con la vida familiar”. Así pues, el sindicato aprovecha para instar igualmente a Asepeyo y al resto de mutuas a no dilatar en el tiempo el reconocimiento del origen profesional de este tipo de siniestros, como se ha pretendido hacer en el caso aquí examinado.

(Fuente ECONOMIST & JURIST)

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El CGPJ aprueba la creación de la Red Judicial de Expertos en Gestión de Emergencias y Catástrofes19/01/2023

El CGPJ aprueba la creación de la Red Judicial de Expertos en Gestión de Emergencias y Catástrofes

Contará con delegados en todos los Tribunales Superiores de Justicia y en la Audiencia Nacional para asistir técnicamente en esas situaciones a los órganos gubernativos y judiciales que lo soliciten  

El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado la creación de la Red Judicial de Expertos en Gestión, que contará con delegados en el ámbito territorial de todos y cada uno de los Tribunales Superiores de Justicia y en la Audiencia Nacional para asistir técnicamente en esas situaciones a los órganos gubernativos y judiciales que lo soliciten.

La creación de la Red fue propuesta al CGPJ tras la celebración de la última edición del Curso sobre la Actuación Judicial en Catástrofes con Víctimas Múltiples, que se viene desarrollando en colaboración con la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el marco del convenio de colaboración existente en materia de formación continua y perfeccionamiento de los miembros del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas.

El pasado 6 de octubre, la Comisión Permanente aprobó la propuesta de creación de la Red y nombró una comisión -integrada entre otros por el vocal del CGPJ Juan Martínez Moya y el presidente del TSJ de la Región de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme- encargada de redactar un Reglamento, aprobado a su vez el pasado día 12, en el que se establece el sistema de designación de los delegados, su distribución geográfica y sus funciones.

Así, los delegados serán nombrados por la Comisión Permanente del CGPJ, a propuesta de las Salas de Gobierno de los TSJ y de la Audiencia Nacional y atendiendo al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres, entre miembros de la Carrera Judicial que estén ejerciendo funciones jurisdiccionales y, preferentemente, que cuenten con al menos cinco años de antigüedad. El proceso de designación se pondrá en marcha en las próximas semanas.

Los 39 delegados -cuatro en el TSJ de Andalucía, Ceuta y Melilla; tres en los TSJ de Castilla y León y de Castilla-La Mancha; dos en cada uno de los restantes TSJ y uno en la Audiencia Nacional- ejercerán su labor durante un periodo de cuatro años, renovables por periodos sucesivos también de cuatro años.

Entre sus funciones, además de la de prestar asistencia técnica a los órganos gubernativos y judiciales en situaciones de emergencia o catástrofe, estarán la de coordinación con las autoridades administrativas -mediante su integración, cuando proceda, en la estructura organizativa del Plan de Protección Civil que se active-, la de coadyuvar a la elaboración y constante actualización de un Registro de Datos de Contacto para la Gestión de Emergencias y Catástrofes a disposición de los tribunales y la de incentivar la realización de actividades formativas en la materia.

También existirá un coordinador nacional de la Red, que representará al CGPJ en la Comisión Técnica Nacional para Sucesos con Víctimas Múltiples y en el Consejo Nacional de Protección Civil y dirigirá la elaboración de un Prontuario de Actuación Judicial en Emergencias y Catástrofes, guías y otras herramientas destinadas a facilitar el desempeño de las funciones gubernativas y jurisdiccionales de los miembros de la Carrera Judicial en estas situaciones.  

Intervención de la autoridad judicial en emergencias y catástrofes

El acaecimiento de una emergencia o de una catástrofe puede motivar la intervención, por imperativo legal, de la autoridad judicial a fin de depurar la naturaleza del suceso y de las eventuales responsabilidades que puedan existir.

También debe dirigir las actuaciones médico-forenses -encaminadas por ejemplo a la identificación de las víctimas- y de policía científica y, por tanto, las del Grupo de Forense recogido en el Plan Estatal de Emergencias de Protección Civil aprobado el 15 de diciembre de 2020.

El CGPJ ya aprobó en 2011 el Protocolo de Actuación Judicial para Supuestos de Grandes Catástrofes, que prevé la constitución de Comisiones Judiciales de Crisis y establece medidas operativas para asegurar la adecuada coordinación de la actuación judicial con la que corresponde a las autoridades administrativas competentes. 

(Fuente Noticisa jurídicas)

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Los discapacitados que trabajan en centros especiales de empleo se rigen por el convenio colectivo de estas empresas19/01/2023

Los discapacitados que trabajan en centros especiales de empleo se rigen por el convenio colectivo de estas empresas

El Supremo afirma que este convenio prevalece independientemente del sector en el que desarrollen su actividad laboral estos trabajadores

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha emitido una sentencia en la que señala que a los trabajadores de centros especiales de empleo (CEE) se les tiene que aplicar el convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad independientemente del sector en el que desarrollen su actividad laboral.

Con esta sentencia, el Alto Tribunal viene a resolver un recurso de casación interpuesto por Desarrollo Social Canarias contra un fallo de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede de Las Palmas de Gran Canaria. El TSJ dio la razón a un trabajador que planteó una demanda sobre cantidad interpuesta contra la empresa, que tiene como finalidad propiciar empleos remunerados para las personas con discapacidad.

En este caso concreto, el trabajador demandante había prestado servicios de jardinero en un hotel de Lanzarote a cuenta de Desarrollo Social Canarias. La relación laboral entre las partes se formalizó mediante la suscripción de un contrato temporal a tiempo completo en su modalidad de personas con discapacidad en centro especial de empleo.

Mediante escrito de 22 de febrero de 2018, la empresa comunicó al actor la finalización del contrato temporal por vencimiento del mismo a partir de la referida fecha. El trabajador impugnó la decisión de la empresa y pidió una indemnización por despido improcedente.

El Juzgado de lo Social número 3 de Arrecife dio la razón al demandante. Este fallo fue ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que condenó a la empresa abonar al trabajador despedido 4.253 euros en concepto de diferencias salariales por el periodo comprendido entre el 20 de marzo y el 7 de agosto de 2017 más el 10% de mora en el pago. La empresa recurrió en casación esta sentencia ante el Supremo.

La Sala del Alto Tribunal tenía que dilucidar cuál es el convenio colectivo de aplicación para la determinación de la existencia o no de diferencias salariales, de un trabajador que prestaba servicios como operario jardinero para una empresa que tiene la condición de Centro Especial de Empleo (CEE) y que había contratado con un determinado hotel la prestación de servicios auxiliares en donde prestaba servicios el trabajador demandante.

Fallo del TSJ

En la sentencia recurrida, el TSJ entendió que en este caso había que aplicar el convenio colectivo de hostelería de Las Palmas, que en su artículo 1 establece que afecta a “todas aquellas empresas que en virtud de cualquier tipo de contrato, siempre que sea con aportación de personal, realicen uno o varios servicios, actividades o tareas de los prestados en cualquier establecimiento sujeto al ámbito funcional de este Convenio Colectivo, debiéndose en estos supuestos aplicar al personal puesto a disposición y durante el tiempo que éstos se encuentren prestando tales servicios, las condiciones generales contenidas en el mismo y en particular la tabla salarial que corresponda a la categoría del establecimiento”.

El Supremo entiende que, en este caso, en el que el trabajador tiene una relación laboral con una CEE, no es aplicable el criterio utilizado por el TSJ. En este sentido, en su sentencia hace referencia a la jurisprudencia de la propia Sala. Así, explica que en la sentencia de 23 de noviembre de 2014 Recurso 50/2013, señaló como principio general que “resulta jurídicamente inviable que, persistiendo la relación laboral especial entre el CEE y sus trabajadores discapacitados los mismos pasaran a regirse por previsiones propias de una relación ordinaria de trabajo, y que en consecuencia dejasen de beneficiarse del régimen legalmente previsto para tal relación especial y de las numerosas singularidades-adecuadas a la especificad del vínculo que señala su Convenio Colectivo”, adaptado a sus limitaciones funcionales.

En una sentencia posterior, de 24 noviembre 2015 (recurso 136/2014), el TS declaró que “los respectivos ámbitos personales de aplicación claramente excluyen que al personal sujeto de la relación laboral especial regida por el RD 1368/1985 [por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los discapacitados que trabajen en los Centros Especiales de Empleo] se le pueda aplicar el Convenio del Sector de Limpieza”.

No hay discriminación

Según el tribunal, esta exclusión se ve reforzada por el principio de especialidad en la elección de la norma sectorial aplicable. “Por lo tanto”, subraya la mencionada sentencia, “los sujetos de esta relación laboral especial no se rigen por un convenio colectivo pactado para trabajadores con relación ordinaria, sin que la menor retribución resulte discriminatoria”. En este sentido, argumenta que “no toda desigualdad de trato normativo respecto a la regulación de una determinada materia supone una infracción del mandato contenido en el artículo 14 de la CE, sino tan solo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable”.

Por lo que se refiere a este caso concreto, en la sentencia se explica que “los términos a comparar en absoluto gozan de la exigible homogeneidad, en tanto que los trabajadores incluidos en el ámbito del convenio de empresas de jardinería son sujetos de una relación ordinaria de trabajo, y los del convenio general lo son de una relación laboral especial, afectos de reconocida «minusvalía en grado igual o superior al 33% y, como consecuencia de ello, una disminución de su capacidad en el trabajo al menos igual o superior a dicho porcentaje”.

Además, afirma que el objeto de su contrato -especial- de trabajo es “favorecer su adaptación personal y social, y facilitar, en su caso, su posterior integración laboral en el mercado ordinario de trabajo, lo que justifica plenamente las singularidades pactadas en el correspondiente convenio colectivo en orden a la supletoriedad de la LISMI y del RD 1368/1985.

Todo ello lleva al Supremo a estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Desarrollo Social Canarias y anular la sentencia del TSJ.

(Fuente ECONOMIST & JURIST)

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