Los autónomos pagarán en 2024 cuotas mensuales de 225 a 530 euros
El despliegue del nuevo sistema de cotización de autónomos en función de sus ingresos reales continuará desarrollándose en 2024, en el que los trabajadores por cuenta propia pagarán a la Seguridad Social cuotas mensuales que irán desde los 225 a los 530 euros, dependiendo de sus rendimientos netos.
Este sistema de cotización, acordado con las principales organizaciones de autónomos, arrancó a principios de 2023 y contará con un periodo de transición de nueve años, hasta 2032.
Consta de 15 tramos de cuotas que en 2023 han oscilado entre los 230 euros hasta los 500 euros y que en 2024 lo harán desde los 225 a los 530 euros. En 2025, las cuotas irán desde los 200 a los 590 euros mensuales. De cara a 2026, los interlocutores tendrán que pactar los tramos para los próximos años, hasta 2032.
Los autónomos tienen la posibilidad de cambiar de tramo cada dos meses, con un total de seis cambios al año, para adaptar su cotización a las previsiones de ingresos en cada época del año y de su actividad profesional.
Los rendimientos netos se calcularán deduciendo de los ingresos todos los gastos producidos en ejercicio de la actividad y necesarios para la obtención de ingresos del autónomo.
Sobre esa cantidad, se aplicará adicionalmente una deducción por gastos genéricos del 7% (3% para los autónomos societarios). El resultado será la cifra que determinará la base de cotización y la cuota correspondiente.
Declaración de la Renta obligatoria
Al final del ejercicio fiscal y una vez conocidos los rendimientos netos anuales, se regularizarán las cotizaciones, devolviéndose o reclamándose cuotas en caso de que el tramo de rendimientos netos definitivos esté por debajo o por encima del indicado por las previsiones durante el año.
De este modo, y debido al nuevo sistema de cotización, todas aquellas personas que hayan estado dados de alta en 2023 como autónomos, aunque sólo sea un día, tendrán que hacer a partir de 2024 de manera obligatoria la declaración de la Renta.
Antes de la entrada en vigor del nuevo sistema de cotización, sólo estaban obligados a ello los autónomos personas físicas que en el año previo hubieran obtenido más de 1.000 euros de rendimientos netos en su negocio.
Con el nuevo sistema de cotización, uno de cada dos autónomos tendrá una cuota más baja que la actual, mientras que un 25% cotizará más y un 25% cotizará menos, según estimaciones de la Seguridad Social.
Cuotas y tramos
En 2024, la cuota para un autónomo con rendimientos netos (ingresos menos gastos) iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional será de 225 euros, frente a los 230 euros de 2023.
Para aquellos con rendimientos netos superiores a 1.300 euros e inferiores o iguales a 1.500 euros, y por encima de 1.500 euros e inferiores o iguales a 1.700 euros, la cuota será de 294 euros, la misma que en 2023 y 2025.
Mientras que en los tramos de rendimientos más bajos la cuota decrece en el periodo 2023-2025, a partir de rendimientos netos superiores a 1.700 euros la cuota se va incrementando a lo largo de esos tres años.
Así, un autónomo que presente rendimientos netos por encima de los 3.620 euros y hasta 4.050 euros, o igual a ese monto, (tramo 13) pagará 400 euros en 2024, diez euros más que en 2023 pero 90 euros menos de lo que pagará en 2025.
En el último tramo, el decimoquinto, se encuentran todos los autónomos con rendimientos netos superiores a los 6.000 euros. Su cuota para este 2024 será de 530 euros, lo que supone 30 euros más que en 2023 pero 60 euros menos de lo que abonarán en 2025.
(Fuente ElDerecho.com LEFEBVRE)
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Despido por sustraer productos de la empresa: lo que cuenta es el hecho, no el valor de lo robado
Es indiferente el importe del objeto sustraído para declarar la procedencia del despido porque lo que prima es la trasgresión de la buena fe y abuso de confianza.
En caso de sustraer productos de la empresa, el Tribunal Supremo ha sentenciado que es indiferente el importe (valor) de lo sustraído; el hecho en sí basta para poder declarar la procedencia del despido. Ahora bien, hay que tener en cuenta lo que pueda disponer el convenio colectivo de aplicación (régimen sancionador) y también el puesto que ocupe el trabajador en la organización.
Y como muestra, están de ejemplo las siguientes sentencias declarando la procedencia del despido.
Seis euros bastan para declarar procedente el despido
En esta reciente sentencia, el Tribunal Supremo estima el recurso interpuesto por una cadena de supermercados y declara procedente el despido disciplinario de una trabajadora por apropiación indebida de productos de la tienda por valor de 5,52 euros (STS de 17 de octubre de 2023).
Frente al criterio del Juzgado de lo Social y del Tribunal Superior de Justcia del País Vasco que declararon la improcedencia del despido, el TS determina que además de incumplir el deber de buena fe, es indiferente que la cuantía de los productos fuese baja. El convenio colectivo tipifica como infracción muy grave estos hechos y, por tanto, independientemente del valor de los productos sustraídos, debe declararse la procedencia del despido.
La trabajadora una vez finalizada su jornada de trabajo el día 30 de enero de 2021, y cuando fue requerida por el Jefe de Turno en los controles rutinarios de fin de turno, portaba en el interior de una bolsa artículos cuyo abono se realizó en una de las cajas de auto-cobro, excepto cuatro artículos (dos difusores eléctricos y dos recambios ambientador) cuyo pago no constaba y con un valor al público de 5,52 euros.
Remarca el Supremo en su sentencia que “es indiferente el importe de los productos sustraídos. El hecho de la sustracción supone vulnerar la buena fe y el convenio colectivo tipifica los hechos como muy graves”.
“Recuerda” el TS que la negociación colectiva, a través del régimen de infracciones y sanciones disciplinarias prevista en el convenio colectivo de aplicación, ha considerado que dicha conducta -la apropiación de productos de la empresa- constituye infracción disciplinaria muy grave, sancionable con despido, “la apropiación indebida de artículos… con independencia de que tenga o no valor de mercado” y la “apropiación indebida, el hurto o robo, tanto a la empresa como a los compañeros de trabajo o a cualquier otra persona dentro de las dependencias de la empresa o durante el trabajo en cualquier otro lugar”.
En consecuencia, la conducta de la trabajadora tiene pleno encaje en la previsión tipificada como falta muy grave en el régimen disciplinario del convenio colectivo aplicable.
Además, al margen del mayor o menor perjuicio económico que suponga el valor de los objetos hurtados, lo más relevante es sin duda que una vez detectada esa conducta, difícilmente puede sostenerse que no se haya quebrado la confianza que la empresa deposita en la trabajadora que ocupa un puesto de trabajo como cajera.
En definitiva, “la pérdida de confianza y la transgresión de la buena fe es lo que justifica la sanción al trabajador en los supuestos en los que se apropia de bienes de la empresa de escasa relevancia y mínimo valor económico”.
Y por escasa complejidad que tenga, en apariencia, la realización de un acto como el de apropiarse de los productos colocados en unas estanterías y sacarlos por la caja de auto-pago sin abonarlos, el dato cierto y objetivo que no puede desconocerse es que “ha actuado intencionadamente y de forma deliberada en perjuicio de su empresa, con independencia del valor económico de lo sustraído, con la realización de una conducta ilícita y manifiestamente contraria a derecho”. Por todo ello, se ratifica la declaración de procedencia del despido.
En su sentencia, el TS se remite además a la jurisprudencia previa en la materia: la apropiación de dinero (STS de 17 de julio de 1989) o de productos de la empresa, incluso aunque se realice en un centro de la propia empresa al que no esté adscrito el trabajador y fuera de su jornada laboral, siempre que se cause un perjuicio a la empresa y tenga algún tipo de vinculación con el contrato de trabajo (STS de 699/2017, de 21 de septiembre. Recurso 2397/2015) han constituido para la jurisprudencia de esta Sala una especificación de la genérica transgresión contractual establecida en el artículo 54.2.d) del Estatuto de los Trabajadores consistente en transgresión de la buena fe contractual.
Despido procedente de una delegada sindical por sustraer unos pendientes por valor de 23,97 euros
El TSJ de Cantabria ha ratificado la declaración de procedencia del despido de una trabajadora (delegada sindical) por robar unos pendientes por valor de 24 euros del centro en el que estaba trabajando como dependienta (STSJ de Cantabria de 10 de noviembre de 2023, con remisión expresa a la STS de 17 de octubre de 2023).
Señala el TSJ que es indiferente el importe (valor) de los productos sustraídos (en el caso concreto enjuiciado, unos blísteres con unos pendientes por valor de 23,97 euros) y que, por el puesto que ocupa la trabajadora (dependienta) la quiebra de la confianza es determinante y los hechos revisten la suficiente gravedad como para justificar el despido.
La demandante es afiliada de sindicato FETICO. Aplica el Convenio Colectivo Estatal de Grandes Almacenes.
Tras la tramitación del expediente disciplinario correspondiente, donde la trabajadora (miembro del Comité de empresa y Delegada sindical de FETICO) se limitó a señalar que había sido una trabajadora sin tacha, la empresa le comunicó el día 18-1-23 su despido.
Se remite el TSJ a la STS, de 17 de octubre de 2023: “Cuando el trabajador se apropia de bienes de la empresa en un supermercado, no es solo que con ello cause un perjuicio económico directo a la empresa, sino que compromete además la situación personal de los trabajadores que prestan servicio en el establecimiento en el que estaba hurtando los productos”.
Y aplicando lo dispuesto en la STS al caso concreto enjuiciado, razona el TSJ que se ha constatado una reprobable acción, que faculta y legitima a la empresa para sancionar su conducta, de conformidad, con lo previsto al efecto en el convenio colectivo de aplicación. Por todo ello, se ratifica la declaración de procedencia del despido.
Despido procedente. Trabajador de una estación de servicio (representante de los trabajadores)
Se ratifica la procedencia del despido por faltas laborales de carácter muy grave, de indisciplina y desobediencia en el trabajo de la normativa interna de la empresa de conformidad con Io establecido en el artículo 49.2 y 49.3 del Convenio estatal de Estaciones de Servicios, y 54.2.b) del Estatuto de los Trabajadores que evidencia una conducta continuada, voluntaria y oculta que se tipifica como transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza en el desempeño de sus funciones como expendedor-vendedor.
Se cumple el trámite del expediente contradictorio al ser el trabajador representante de los trabajadores.
Se aporta prueba de videovigilancia en la que se ve como el trabajador adquiría durante su turno de trabajo productos de la estación para consumo propio que no abonaba al momento de su consumo, como es norma expresa, ni en ningún momento del turno, y que tampoco registraba, obstaculizando el control efectivo del inventario de la empresa (entre otros, varios cafés al precio de 0,85 euros por café, RASCA de la ONCE por valor de 2 euros y un paquete de tabaco por valor de 5 euros).
Esta conducta justifica la pérdida de confianza de la empresa, y ello con independencia del escaso valor de la apropiación, a lo que cabe añadir, como tiene declarado la jurisprudencia, que la pérdida de confianza no admite grados de valoración, por lo que constatada la misma, el incumplimiento es per se grave, sin que sea viable calificar la medida empresarial de despido como inadecuada si la conducta en que la falta consiste coincide con la que la normativa sancionadora estime acreedoras del despido (STSJ de Castilla León, de 7 de octubre de 2003), como ocurre en los presentes autos en que se ha estimado dicha conducta incardinable en el art. 54.2 d) ET y en el art. 54.3 del Convenio que tipifica las faltas muy graves sancionables con el despido según el art. 56 de dicho convenio.
Valoración
En primer lugar, hay que consultar el convenio colectivo de aplicación y ver qué tipificación hace. Si determinadas sustracciones se tipifican únicamente como infracción grave y no muy grave, entonces el despido en principio debería ser declarado improcedente salvo que hubiera reiteración.
Tal y como hemos visto en la jurisprudencia, no se exige reiteración, salvo que el convenio tipifique determinadas conductas como graves y no como muy graves. Un solo hecho puede bastar para declarar la procedencia del despido dado el peso del factor “confianza”.
El tipo de puesto que se desempeña el trabajador es un factor importante a la hora de poder declarar la procedencia del despido. En puestos de cajero, dependiente… el factor “confianza” es determinante.
Aunque ya había jurisprudencia previa en la materia, la sentencia del Tribunal Supremo, de 17 de octubre de 2023, es relevante en el sentido de determinar expresamente que es indiferente el valor del objeto u objetos sustraídos porque lo que prima es la trasgresión de la buena fe y abuso de confianza, especialmente en determinados puestos de trabajo donde esa confianza se hace aún más determinante.
Normativa y jurisprudencia
Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Social de 17/10/2023. Nº de Recurso: 5073/2022. Nº de Resolución: 750/2023 (con remisión a STS de 17 de julio de 1989 y STS de 699/2017, de 21 de septiembre, Rcud. 2397/2015)
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Sección: 1 Fecha: 10/11/2023 Nº de Recurso: 605/2023 Nº de Resolución: 758/2023
Sentencia del Juzgado de lo Social de Badajoz Sección: 1 Fecha: 25/05/2023 Nº de Recurso: 230/2022 Nº de Resolución: 149/2023
(Fuente ECONOMIST & JURIST)
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El barro acumulado en la vía por las lluvias, no exime de responsabilidad al conductor que pierde el control del vehículo
El Tribunal Supremo condena al conductor de una motocicleta y a su aseguradora a indemnizar con 112.000 euros al padre de este, que viajaba de pasajero cuando ocurrió el accidente.
El Tribunal Supremo ha condenado al conductor de una motocicleta y a su aseguradora a indemnizar con 112.077 euros al pasajero -padre del conductor- que circulaba en el vehículo cuando el mismo sufrió una caída a raíz del barro acumulado en la carretera por las lluvias del día anterior. El Alto Tribunal considera que, el conductor fue el único responsable por perder el control de la moto, sin que el hecho de que el pavimento estuviera deslizante y con barro pueda forma parte del riesgo de la circulación, ya que no constituye una circunstancia ajena a la conducción que pueda ser caracterizada como fuerza mayor.
El presente litigio nace de un accidente de motocicleta ocurrido en agosto de 2012. El demandante circulaba como pasajero en el vehículo, que iba pilotando por su hijo, cuando a la altura de la primera curva más próxima al domicilio, la motocicleta derrapó debido al barro que se había acumulado sobre el terreno a consecuencia de la lluvia del día anterior, perdiendo el conductor el control de la moto y no pudiendo evitar la caída. Como consecuencia, el pasajero resultó con graves lesiones.
El hombre presentó demanda en reclamación de cantidad contra el conductor (su hijo) y contra la compañía de seguros en la que estaba asegura la motocicleta, solicitando que se le indemnizará con 112.077 euros por las lesiones sufridas con motivo del accidente de tráfico, en concreto por los trece días de hospitalización; los 224 días impeditivos; por cuatro puntos de perjuicio estético; 19 puntos por secuela funcional; y por incremento derivado de la incapacidad permanente total para su profesión habitual de montador de puertas metálicas.
La aseguradora, por su parte, se opuso a la demanda alegando que el accidente sucedió por la mala situación de la carretera y, por ello, no podía calificarse la caída “sino como un accidente de la vida”.
El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Alcoy desestimó la demanda. El juzgado consideró probado, por un lado, que la motocicleta era conducida por el codemandado; y, por otro lado, que no había tenido culpa alguna en la producción del accidente. Declaró que circulaba a una velocidad prudente y sin realizar «eses»; que en lugar del siniestro se acumulaba una gran cantidad de barro a consecuencia de la cuantiosa lluvia que había caído el día anterior; y que no constaba la existencia de golpe o accidente alguno. Calificó el suceso de «luctuoso» y encuadrable dentro de los «riesgos generales de la vida». Y concluyó que el accidente se debió «no a la imprudencia del conductor, sino al exceso de barro acumulado en la carretera».
El fallo de instancia fue recurrido en apelación por el demandante pero la Audiencia Provincial de Alicante desestimó el recurso, confirmando el fallo de instancia al considerar que el mismo era ajustado a derecho. La Sala concluyó que en los daños personales se objetiviza la responsabilidad y que, únicamente, cabe oponer la culpa exclusiva de la víctima o la fuerza mayor extraña a la circulación, pero que ello «no es óbice para que no se haya acreditado que el accidente que nos ocupa se haya producido por fuerza mayor, o, en todo orden de concepto, por caso fortuito.”.
Contra esta segunda resolución el recurrente interpuso conjuntamente recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación contra la referida sentencia.
El recurso de casación se fundamenta en dos motivos. El primero, infracción de la doctrina jurisprudencial en torno a la necesidad de distinguir entre «fuerza mayor» y «caso fortuito» en la causación de daños personales en accidente de circulación en relación con el artículo 1.1 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor y el artículo 1105 del Código Civil. El segundo motivo se basa en la infracción legal por aplicación indebida del artículo 1.902 del Código Civil y del artículo 1.1 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor, respecto a la doctrina jurisprudencial sobre imputación de responsabilidad civil en materia de daños corporales derivados de la circulación de vehículos a motor y estimación de la fuerza mayor.
El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación y, en parte, el recurso de apelación. En consecuencia, ha estimado sustancialmente la demanda y condenado a los demandados, de forma solidaria, a pagar al accidentado la cantidad de 112.077 euros.
Hay que diferenciar fuerza mayor de caso fortuito
El Tribunal Supremo considera que la decisión de la Audiencia Provincial está basada en la apreciación de haberse producido el accidente «por fuerza mayor, o, en todo orden de concepto, por caso fortuito», es decir, el órgano no diferencia entre la fuerza mayor y el caso fortuito.
En este sentido, el Alto Tribunal ha aclarado que el artículo 1 de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (LRCSCVM) no se refiere al caso fortuito, si bien conviene advertir que lo que contempla como causa de exoneración tampoco es, simplemente, la «fuerza mayor», sino la «fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo».
“Esto es lo verdaderamente significativo en este ámbito, ya que es lo que permite trazar con nitidez la diferencia conceptual con el caso fortuito, dado que esta expresión, en el marco del art. 1 LRCSCVM, tan solo se podría utilizar, si se pone en relación o se asimila con ella, para referir la fuerza mayor que, por no ser extraña a la conducción o funcionamiento del vehículo, no constituye causa de exoneración de la responsabilidad”, afirman los magistrados, quienes recalcan que la AP “prescinde de este matiz y no se refiere, para justificar la concurrencia de causa de exoneración de la responsabilidad, a la fuerza mayor extraña a la conducción, sino simplemente y, además, de forma indiferenciada, a la fuerza mayor y al caso fortuito. Y esto no es correcto”.
El conductor tuvo la culpa por perder el control del vehículo
Asimismo, el artículo 1.1 LRCSCVM establece en relación con los daños a las personas causados con motivo de la circulación, un sistema de responsabilidad objetiva atenuada por riesgo. Es decir, que el conductor de un vehículo a motor responde por el riesgo creado por su conducción, tenga o no culpa en el accidente, de los daños causados a las personas, a no ser que pruebe la concurrencia de alguna de las causas de exoneración que el propio precepto menciona.
El mencionado artículo establece que: “En el caso de daños a las personas, de esta responsabilidad sólo quedará exonerado cuando pruebe que los daños fueron debidos a la culpa exclusiva del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo; no se considerarán casos de fuerza mayor los defectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos”.
En el presente caso, pese a que la AP de Alicante apreció la concurrencia de causa de exoneración de la responsabilidad, el Supremo considera que la Sala erró en su valoración al obviar que, a pesar de que el conductor conducía a una velocidad moderada y sin hacer “eses”, debía estar en todo momento en condiciones de controlar la motocicleta y obligado a tener en cuenta las características y el estado de la vía, las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación y, en general, cuantas circunstancias concurriesen en ese momento.
Es más, el Supremo afirma que el conductor está en la obligación “incluso de detener su vehículo de ser preciso y así exigirlo el hecho de circular por pavimento deslizante. Lo que también desmiente, a mayor abundamiento, la ausencia de cualquier culpa por parte del conductor en la producción del accidente”.
Además, el TS falla que la existencia de barro en la calzada a consecuencia de la lluvia caída el día anterior no constituye una circunstancia anómala, inusual o imprevisible que pueda ser caracterizada como fuerza mayor extraña a la conducción y justificar que el conductor de la motocicleta y con él su compañía aseguradora resulten exentos de responsabilidad.
“El hecho de que el pavimento se pueda tornar deslizante por efecto de la lluvia y el barro forma parte del riesgo de la circulación y no constituye una circunstancia ajena, por extraña, a la conducción. Es más, la carretera no estaba cortada y ni siquiera hay constancia de la producción de algún otro siniestro o accidente por lo que resulta razonable descartar que la calzada estuviera impracticable o que cualquier conductor que circulara por ella hubiera perdido, de forma necesaria e inevitable, por el mero hecho de hacerlo, el control de su vehículo. Control que, en cambio, sí perdió el conductor de la motocicleta”.
En consecuencia, el recurso de casación se estima al haber infringido la sentencia recurrida el artículo 1 de la LRCSCVM y conculcado la doctrina de la Sala sobre la fuerza mayor extraña a la conducción como causa de exoneración de la responsabilidad civil por daños personales ocasionados con motivo de la circulación.
Asimismo, al estimar el recurso, el Supremo ha entrado a resolver si cabe algún tipo de responsabilidad por parte de la aseguradora. En esta línea, el tribunal falla que la incapacidad permanente total que sufre el demandante a raíz del accidente ha sido declarada por sentencia judicial firme, y la cuantía que reclama -112.077- por este concepto no excede el límite establecido por el baremo que resulta de aplicación, “y, además, está calculada aplicando un criterio razonable que se centra en la pérdida de ingresos y se apoya en conjunto documental ilustrativo al respecto”.
(Fuente ECONOMIST & JURIST)
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El TSXG avala la suspensión de un profesor por falta de rendimiento y desconsideración grave hacia el alumnado
El TSXG ha confirmado la suspensión de 18 meses impuesta a un funcionario de carrera como responsable de dos infracciones graves: por falta injustificada de rendimiento y otra por desconsideración grave hacia personas con las que se relacionó en el ejercicio de sus funciones.
El TSX de Galicia en la sentencia n.º 824/2023, de 14 de noviembre ha confirmado la suspensión de funciones durante 18 meses y 15 días que la Xunta de Galicia había impuesto a un funcionario de carrera del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, como autor responsable de dos infracciones graves: una por falta injustificada de rendimiento y, la otra, por desconsideración grave hacia personas con las que se relacionó en el ejercicio de sus funciones.
El castigo por la falta injustificada de rendimiento se basó en los siguientes hechos: no informar al alumnado de la programación didáctica; impuntualidad; falta de explicación de la materia; incoherencia en criterios de calificación; los exámenes no demostraron la consecución de los objetivos específicos; en algunos exámenes figuran comentarios como «un desastre» o «muy flojo», sin realizar ningún análisis ni indicación; el único instrumento de evaluación era un examen por trimestre; no utilizó en ningún momento el aula virtual ni los medios dispuestos por la Xunta; utilizó el WhatsApp como instrumento telemático; y no cumplió con las instrucciones recibidas por parte de la Jefatura de Estudios.
La Sala subraya que, tanto a través de la prueba testifical de, al menos, ocho alumnos/as, y de la declaración de la jefa de estudios, ha quedado acreditado que el profesor «se ausentaba habitualmente del aula sin justificación durante las clases y dejaba solo al alumnado». Además, el TSXG destaca que han quedado debidamente acreditados todos y cada uno de los hechos en que se ha fundado la imputación de falta injustificada de rendimiento.
Por otro lado, se ha comprobado que el docente empleaba apodos inapropiados para referirse a los alumnos, ridiculizándolos y descalificándolos con expresiones como «Pokemon», «Miau», «Transformer» o «drogadicto»; así como la utilización de contestaciones desagradables, cortantes o displicentes con algunos alumnos; el trato de favor respecto a algunas alumnas por su aspecto físico y edad; el empleo de comentarios sexistas e insinuantes para referirse a algunas de las alumnas; la realización de preguntas innecesarias y personales; la intervención en las conversaciones de las chicas en el aula; y comportamientos inapropiados, sin seguir las pautas pedagógicas a las que está obligado un docente.
Todos estos hechos han determinado la confirmación de la sanción por parte del TSXG, que ha rechazado el recurso interpuesto por el profesor contra la sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Pontevedra. Los magistrados han destacado que ha quedado debidamente acreditado la persistencia de la conducta del docente, con un alto grado de culpabilidad, «en cuanto que el inculpado fue advertido de lo incorrecto de su conducta, sin modificarla».
Con relación a la sanción de suspensión de funciones de 11 meses impuesta por la desconsideración grave hacia los alumnos, los magistrados señalan que «igualmente concurre la intencionalidad, persistencia y daño a los intereses públicos y particulares de los alumnos». Así mismo, destacan que los hechos imputados «se refieren a conductas continuadas que se han producido a lo largo de un curso académico, por lo que no resulta imprescindible la especificación de fechas respecto a los que se imputan, siendo así que los testimonios han sido tan claros, concretos, coherentes y congruentes, que no cabe dudar de ellos, máxime al ser coincidentes con los documentos que los apoyan».
(Fuente IBERLEY COLEX)
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¿Genera indefensión cuando la Administración no valora las alegaciones del administrado?: el TS responde
“El administrado no tiene que acreditar que no sufrió indefensión”
El pasado 12 de septiembre se dictó, por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, una sentencia en el ámbito tributario de notables efectos prácticos también en otras disciplinas del Derecho Administrativo.
Comentamos el caso: se impugna mediante recurso de casación la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 25 de febrero de 2019, que desestimó el recurso núm. 176/2015, interpuesto por la representación procesal de Ferrovial, S.A. contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), de 8 de enero de 2015, por la que se desestimó la reclamación 5085/2012, interpuesta por aquella entidad. Ello, contra el acuerdo de liquidación de la Oficina Técnica de la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, de la AEAT, de 20 de julio de 2012, acta de disconformidad núm. 72106606, Impuesto sobre Sociedades (IS), ejercicio 2006.
La cuestión sometida a interés casacional era la siguiente: si cuando la Administración incumple de forma reiterada su obligación de atender a las alegaciones del interesado, hurtándole la respuesta debida (estimatoria o desestimatoria), lo procedente es que no se puede exigir al administrado que, ante tal contumaz incumplimiento, acredite que no sufrió indefensión, trasladándose en tal caso la carga a la Administración infractora, que deberá justificar que, no obstante su reiteración en la infracción, no causó indefensión al ciudadano afectado, pechando con las consecuencias si no lo hace. Pues, en efecto, la carga de la prueba de la concreta indefensión resulta en ocasiones excesivamente gravosa.
Lo que se suscitaba en el procedimiento de origen era la vulneración por parte de la Administración Tributaria de las normas del procedimiento, que exigen que se ofrezca al obligado tributario, previamente a formalizar el acta, y después de ésta, previamente a la liquidación, la posibilidad de alegar y probar cuanto a su derecho convenga, causándole con ello indefensión.
El trámite de audiencia y de alegaciones en un procedimiento administrativo ciertamente son esenciales, y en lo que respecta al procedimiento tributario llevado a cabo por Hacienda son precisamente manifestación del principio de buena administración, que exige que el contribuyente que es sometido a un procedimiento inspector, no sólo tiene derecho a presentar alegaciones, sino a que éstas sean tenidas en cuenta.
Por el Abogado del Estado se defiende de adverso que la falta de pronunciamiento sobre las alegaciones no tiene relevancia porque no se ha producido indefensión, negando que, en relación a la doctrina jurisprudencial más reciente del Tribunal Supremo que perfila el trámite de audiencia no sólo como derecho a formular alegaciones, sino como derecho a que sean examinadas por la Administración, concurra en este caso.
Y ello porque afirma que el interesado quiso “explotar”, agotando los plazos y presentando las alegaciones por correo, los límites del procedimiento, para impedir que la liquidación surtiera todos sus efectos. Y esa actuación, estima, es contraria también al principio de ejercicio de los derechos conforme a la buena fe.
Pues bien, planteado en estos términos el debate, el Tribunal Supremo comienza incidiendo en la relevancia de los trámites de audiencia y de alegaciones.
La Constitución reconoce en su artículo 105 c) la audiencia del interesado, cuando proceda, en el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, remitiendo su garantía y reconocimiento a la ley, idea que en sí misma evoca una vinculación directa con el derecho de defensa.
El propósito de dicho trámite, en efecto, es oír al administrado mediante la recopilación de sus alegaciones y documentos, siendo tarea esencial del órgano liquidador la de analizarlos, una vez aportados por el interesado.
En efecto, como resaltó la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2012, rec. 6335/2008: «es verdad que el trámite de audiencia es propio de una Administración dialogante, participativa y respetuosa con los ciudadanos. Pero esas cualidades sólo se producen cuando se cumplen los aspectos formales y materiales que dicho trámite exige. De este modo, el mero hecho de poner en conocimiento de los afectados el expediente no es cumplimiento del trámite de audiencia. Para que este trámite se entienda cumplido se requiere que se produzca «diálogo», «participación» y «respeto». Pero nada de esto hay cuando la Administración no realiza acto alguno, ni siquiera en trámite de recurso, que demuestre que lo alegado ha sido tomado en consideración de alguna manera en la decisión final».
Como se infiere de lo expuesto, una primera conclusión emerge con claridad, la relativa a que cuando la ley prevea los trámites de audiencia y de alegaciones, su efectividad viene exigida sobre la base de la impronta constitucional de su reconocimiento.
Precisamente, dicha efectividad motiva que, ante el incumplimiento de tales trámites, la Administración deba pechar con las consecuencias. Nos explicamos:
La desatención de las alegaciones formuladas por el obligado tributario en el trámite de audiencia puede generar, bien un supuesto de nulidad de pleno derecho, bien un vicio de anulabilidad o incluso una mera irregularidad no invalidante, siendo que la linde entre las distintas consecuencias jurídicas anteriores dependerá, básicamente, de las concretas situaciones fácticas que se produzcan en cada caso concreto.
El Tribunal Constitucional ha señalado que «una indefensión constitucionalmente relevante no tiene lugar siempre que se vulneren cualesquiera normas procesales, sino sólo cuando con esa vulneración se aparejan consecuencias prácticas consistentes en la privación del derecho de defensa y en un perjuicio real y efectivo de los intereses del afectado por ella”.
En este sentido, el Tribunal Supremo viene distinguiendo entre «indefensión material» e «indefensión formal» (sentencia de 28 de marzo de 2008, recurso 1715/2004), siendo la indefensión material aquella que resulta no sólo de la simple infracción de las normas procedimentales, sino cuando la vulneración de las normas procesales llevan consigo la privación del derecho a la defensa, con perjuicio real y efectivo para los intereses afectados.
En definitiva, el Tribunal Supremo ha tenido oportunidad de resolver ya previamente que los vicios de forma adquieren relevancia cuando su existencia ha supuesto una disminución efectiva y real de garantías, de manera que, cuando el vicio o defecto consiste en la omisión del trámite de audiencia, tal omisión debe calificarse como una irregularidad no invalidante, si el no oído dispone de posibilidades de defensa de eficacia equivalente (sentencia 18 de marzo de 2002, rec. 8653/1995).
Dicho lo anterior, en el caso concreto examinado en Autos, el Tribunal Supremo concluye que “es nula de pleno derecho la liquidación practicada sin valorar las alegaciones previas del contribuyente, presentadas en tiempo y forma, precedida de la extensión de un acta en disconformidad en la que tampoco se valoraron sus alegaciones ni los documentos aportados, al resultar absolutamente ineficaces cada uno de estos trámites, concebidos como una garantía real del contribuyente, y cuya efectividad debe preservar la Administración en el seno de las actuaciones tributarias, a la luz del derecho al procedimiento administrativo debido, interpretado conforme al principio de buena administración.
En tales circunstancias, debe presumirse la existencia de una indefensión material, incumbiendo acreditar a la Administración, en consecuencia, que la misma no se produjo.
La sentencia impugnada resulta contraria a esa doctrina y, en consecuencia, debe ser casada y anulada”.
Por nuestra parte, como letrados especialistas en el procedimiento administrativo y concretamente, en el tributario como es el caso examinado, nos congratulamos de sentencias como ésta, que vienen a reforzar las garantías del contribuyente en los procedimientos en que se cometen graves omisiones procedimentales, como son no valorar las alegaciones del administrado, privándole de la posibilidad de un ejercicio efectivo real y efectivo de su derecho a la defensa.
(Fuente ECONOMIST & JURIST)
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