Justicia ultima la revisión de la Ley de tasas con idea de limitar las que afectan a los ciudadanos
Desde el Consejo General de la Abogacía se reclama directamente la supresión de las tasas.
La supresión sería coherente con la posición que Catalá mantuvo en 2003 cuando era secretario de Estado de Justicia (con José Michavila como ministro) al defender las tasas judiciales pero no para las personas físicas, sino únicamente para las jurídicas.
La nueva revisión de la ley de tasas podría hacerse vía enmienda transaccional a la Ley de Justicia Gratuita.
La Ley de Tasas en la Administración de Justicia se aprobó en noviembre de 2012 y apenas tres meses después y tras un informe crítico de la Oficina del Defensor del Pueblo, se sometió una primera modificación para rebajar ciertas cuantías y exonerar directamente del pago de las mismas determinados trámites como separaciones y divorcios de mutuo acuerdo.
Sin embargo, la práctica totalidad de los sectores profesionales, con el Consejo General de la Abogacía a la cabeza, expresaron su oposición a la reforma porque no modificaba la cuantía fija de las tasas (hasta 1.200 euros), ni la aplicación de la cuantía variable en relación a la capacidad económica real de los ciudadanos, que tienen que abonar hasta 2.800 euros por un recurso de apelación civil o hasta 3.200 euros por una casación ante el Tribunal Supremo, además de mantener la inclusión de las personas físicas en este tributo.
Así las cosas, la nueva revisión de la ley de tasas podría hacerse vía enmienda transaccional a la Ley de Justicia Gratuita una vez se reactive su tramitación convocando la ponencia y la comisión encargadas de la misma.
Además, está previsto que en las próximas semanas y siempre antes de que termine febrero el Gobierno remita al Congreso la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para asegurarse que se aprueban de manera definitiva a más tardar en mayo.
En Salamanca, a 11 de febrero de 2.015.-