Modificaciones en materia de Contratos de las Administraciones Públicas10/12/2019

Modificaciones en materia de Contratos de las Administraciones Públicas

El BOE del 6 de diciembre de 2019 publica el Real Decreto 716/2019, de 5 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y el Real Decreto 700/1988, de 1 de julio, sobre expedientes administrativos de responsabilidad contable derivados de las infracciones previstas en el título VII de la Ley General Presupuestaria.

Entrando en vigor al día siguiente al de su publicación, el Boletín Oficial del Estado del 6 de diciembre de 2019 publica el Real Decreto 716/2019, de 5 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y el Real Decreto 700/1988, de 1 de julio, sobre expedientes administrativos de responsabilidad contable derivados de las infracciones previstas en el título VII de la Ley General Presupuestaria.

Como expone el preámbulo de la norma:

"Al objeto de facilitar a las empresas con clasificación vigente a la entrada en vigor de la norma la adaptación de su clasificación a estos nuevos términos y condiciones, la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 773/2015 citado estableció que las clasificaciones otorgadas con fecha anterior a la entrada en vigor del real decreto perderían su vigencia y eficacia el 1 de enero de 2020.

Pese al tiempo transcurrido desde la promulgación del real decreto, a 30 de junio de 2019 hay más de 3.000 contratistas de obras y más de 4.600 contratistas de servicios con clasificación otorgada de acuerdo con la normativa vigente antes de su entrada en vigor. Dichas cifras representan aproximadamente un 53 % y un 63 % del número total de empresas clasificadas como contratistas de obras y como contratistas de servicios de las administraciones públicas respectivamente.

La adaptación de las clasificaciones de estas empresas a las nuevas reglas establecidas en el repetido real decreto exige que por los interesados se inste la tramitación de un procedimiento de revisión. Dado que las solicitudes de revisión no se han escalonado lo suficientemente a lo largo del periodo transitorio transcurrido hasta la fecha, y que se estima que la tramitación y resolución de los procedimientos de revisión exigiría tramitar casi ocho mil expedientes de revisión de clasificación en muy pocos meses, se considera imprescindible extender el régimen transitorio de validez y eficacia de las clasificaciones otorgadas bajo las reglas aplicables antes de la entrada en vigor del repetido real decreto aún vigentes. Con esta medida se pretende evitar que el previsible aluvión de solicitudes de revisión que se presenten al final del periodo transitorio supere las capacidades de tramitación de expedientes de clasificación de los órganos de apoyo de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado".

El presente real decreto gradúa la extensión del plazo de validez de las clasificaciones en función de la cuantía de los contratos a los que las empresas pueden optar, de manera que la extensión de plazo sea de un año para los contratos cuya cuantía requiera disponer de la máxima categoría de clasificación, ampliando el plazo en dos años para el resto de los casos. De este modo, las empresas que disponen de clasificaciones más elevadas tendrán un incentivo para instar lo antes posible la revisión de su clasificación, y ello permitirá una distribución más uniforme en el tiempo del proceso de revisión y otorgamiento de clasificaciones.

Este real decreto contiene un artículo único que modifica, en primer lugar, la disposición transitoria segunda del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, con el objeto de alterar el régimen transitorio establecido inicialmente para validez y eficacia de la clasificación exigible para los contratos de obras.

En segundo lugar, modifica la disposición transitoria tercera de dicho real decreto alterando el régimen transitorio establecido inicialmente para validez y eficacia de la clasificación exigible para los contratos de servicios otorgados con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 773/2015.

En tercer lugar, modifica la disposición transitoria cuarta de dicho real decreto alterando el régimen transitorio establecido inicialmente relativo a la vigencia de las clasificaciones otorgadas antes de la entrada en vigor del Real Decreto 773/2015.

Por último, es de destacar la disposición final primera que modifica el Real Decreto 700/1988, de 1 de julio, sobre expedientes administrativos de responsabilidad contable derivados de las infracciones previstas en el título VII de la Ley General Presupuestaria.

El objetivo es establecer un plazo específico de seis meses para la tramitación y notificación de la resolución en este tipo de expedientes, haciendo uso de la previsión del artículo 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), que establece la posibilidad de que las normas reguladoras de los procedimientos fijen un plazo distinto del general, que es de tres meses, permitiendo contar con un plazo acorde a las actuaciones propias a sustanciar en este tipo de procedimientos.

(Fuente IBERLEY - COLEX)

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CONTRATOS DE TRABAJO: Los necesito para Navidad10/12/2019

CONTRATOS DE TRABAJO: Los necesito para Navidad

Si va a contratar a algunos empleados para trabajar durante las Navidades, vea qué cuestiones le interesa pactar en los contratos.

Utilice el contrato eventual y pacte la obligatoriedad de trabajar en los días festivos y de realizar horas extras. De este modo sus trabajadores no se podrán oponer.

Eventual. Si abre durante las Navidades y va a tener un exceso de pedidos, utilice el contrato eventual por circunstancias de la producción en caso de que contrate a algún trabajador. Apunte.  Indique su duración exacta y refleje con precisión y claridad la causa de su concertación. Por ejemplo, “cubrir el eventual incremento en la demanda de productos con motivo de la campaña de Navidad”. Si redacta una causa genérica (como un “aumento de pedidos”), los afectados reclamarán su condición de indefinidos por considerar que el contrato es fraudulento.

Cláusulas que le interesan. Asimismo, vea algunas cláusulas que le interesa añadir en los contratos:

Festivos . Si por razones de su actividad sus empleados deben trabajar domingos y festivos, refleje esta condición y podrá obligarlos a trabajar esos días (podrá sancionarlos si se niegan). ¡Atención!  Si necesita que trabajen un festivo que no tenían previsto, avíseles con la mayor antelación posible (por ejemplo con tres días, que es el plazo que debe conceder para obligar a hacer horas complementarias).

Período de prueba. Consigne la máxima duración del período de prueba que le permita su convenio. Apunte.  Si el convenio no regula esta materia, fije un período de prueba de un mes, que es el tope máximo en los contratos de hasta seis meses de duración.

Horas extras. Si va a necesitar que sus empleados hagan horas extras, la ley le permite incluir una cláusula que indique que aceptan realizar horas extras cuando la empresa lo requiera. Apunte.  Si un empleado se niega a hacerlas, podrá sancionarlo.

Salario. Respecto al sueldo, como contrata a los afectados específicamente para trabajar en domingos y festivos, no deberá compensar de ningún modo especial el trabajo realizado en dichos días. ¡Atención!  Ello, salvo si su convenio prevé un complemento en estos casos.

(Fuente INDICATOR - LEFEBVRE)

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Concurrencia del seguro del hogar del propietario y de la Comunidad10/12/2019

Concurrencia del seguro del hogar del propietario y de la Comunidad

Marta López Valverde Directora de Sepín Responsabilidad Civil y Seguro

Se conoce comúnmente como "concurrencia de seguros", a la situación en que ante un siniestro parecen coincidir las coberturas del seguro del hogar del propietario de la vivienda y de la Comunidad, y no se sabe a cuál de ellos pueda corresponder la reparación de ciertos elementos. Esto, genera una gran cantidad de conflictos que acaban teniendo que resolver los tribunales, porque lo cierto es que no es nada fácil determinar cuándo se produce esta situación. Para empezar jurisprudencial y doctrinalmente, se utiliza también el termino Seguro doble, múltiple o cumulativo (STS, Sala Primera, de lo Civil, 783/2000, de 22 de julio, SP/SENT/320975), para el supuesto planteado. Lo que sí está claro es que sus efectos y las condiciones se recogen en el art. 32 de la Ley 50/1980.

Así los requisitos para que se pueda hablar de concurrencia de seguros de daños, ya que en los de personas no se produce (STS, Sala Primera, de lo Civil, 609/2019, de 14 de noviembre, SP/SENT/1024421), son:

1) Que las pólizas sean contratadas por el mismo tomador sin que haya acuerdo previo con las aseguradoras para cubrir el mismo riesgo, interés y periodo de tiempo: la jurisprudencia mayoritaria entiende que el propietario, con un seguro propio para su vivienda, también tiene el carácter de tomador en la póliza de la comunidad de vecinos, en régimen de propiedad horizontal, en su condición de comunero y al carecer de personalidad jurídica propia (SAP Madrid, Sec. 12.ª, 221/2014, SP/SENT/778855, de 8 de mayo y SAP Barcelona, Sec. 13.ª, 324/2011, de 15 de junio, SP/SENT/642594).

Ello conlleva, según algún sector, que si hay identidad de sujetos la aseguradora que ha pagado no podría subrogarse por el art. 43 de la LCS y reclamar contra su propio asegurado (SAP de Valencia, Sec. 6.ª, 5 febrero de 2013, SP/SENT/727703, y SAP Murcia, Sec. 1.ª, 186/2014, de 30 de abril, SP/SENT/767485). Pero hay tribunales que aplican una estricta y rigorista interpretación literal del precepto, y no aceptan dicha identidad subjetiva y por lo tanto la aseguradora subrogada puede peticionar los daños (SAP Asturias, Oviedo, Sec. 5.ª, 308/2012, de 13 de julio, SP/SENT/685859, y SAP Barcelona, Sec. 16.ª, 352/2011, de 7 de junio, SP/SENT/640975).

2) Que se preste cobertura a un mismo interés, y respecto de un mismo riesgo. Aquí es donde los órganos judiciales al tener asignada la función de interpretación de los contratos presentan mayor discrepancia, matizando cual es objeto o interés, o riesgo incluido, ya que no tienen por qué coincidir en su totalidad en ambos contratos (SAP Zaragoza, Sec. 4.ª, 371/2014, de 26 de diciembre, SP/SENT/800812) al ser pólizas multirriesgo.

Así, la SAP Madrid, Sec. 11.ª, 468/2018, de 27 de diciembre (SP/SENT/994221) dice: "la coincidencia del riesgo es una posibilidad que frecuentemente acaece en un doble sentido: la póliza del seguro comunitario bien puede asegurar el edificio en su conjunto, sin exclusión de las partes privativas. También es posible que la póliza de hogar comprenda en su cobertura el continente, que puede ser común o privativo, o también la cuota correspondiente al asegurado de los elementos comunitarios".

Por lo tanto, hay una postura que interpreta que el continente y el contenido, común y privativo, están asegurados en las dos pólizas, y otra que distingue entre los elementos de la Comunidad y los del propietario (SAP Córdoba, Sec. 1.ª, 362/2018, de 18 de mayo, SP/SENT/974104, y SAP Madrid, Sec. 19.ª, 293/2017, de 19 de julio, SP/SENT/920440).

3) Que se cubra durante el mismo periodo de tiempo. Puede coincidir el lapso temporal pero no el riesgo como recoge la SAP Barcelona, Sec. 1.ª, 97/2018, de 19 de febrero (SP/SENT/949195), por lo que cada nota es imprescindible y excluyente.

4) Que la obligación de indemnizar sea simultánea y no sucesiva (SAP Barcelona, Sec. 11.ª, 570/2018, de 10 de octubre, SP/SENT/974759).

Los efectos son importantes porque en caso de que se den todas las notas, se aplica la denominada «regla de proporcionalidad» y se podría reclamar a una de las aseguradoras, que repetirá contra la otra la parte proporcional que corresponda (SAP Guipúzcoa, Sec. 2.ª, 588/2018, de 9 de noviembre, SP/SENT/991562, y SAP Barcelona, Sec. 11.ª, 237/2016, de 14 de julio, SP/SENT/872724), o a ambas aseguradoras que pagarían proporcionalmente (SAP A Coruña, Sec. 3.ª, 309/2018, de 25 de septiembre, SP/SENT/979077).

(Fuente SEPIN)

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Estas son las multas para los patinetes eléctricos que ya han entrado en vigor04/12/2019

Estas son las multas para los patinetes eléctricos que ya han entrado en vigor

Las sanciones por falta de casco y el lugar de aparcamiento serán reguladas por cada Ayuntamiento

Tras los polémicos accidentes que se han producido en los últimos meses por el uso de los patinetes eléctricos, en los que han protagonizado varios atropellos, la DTG ha anunciado este miércoles, por fin, una regulación formal y unificada a nivel nacional, para los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), entre los que se encuentran los patinetes eléctricos, aquellos que alcanzan una velocidad entre los 6 y los 25 kilómetros/ hora.

Comportamientos sancionables:

1. Los usuarios de vehículos de movilidad personal tienen la obligación de someterse a las pruebas de alcohol y drogas, siendo sancionados, con la misma cuantía económica que si condujeran otro vehículo, en caso de sobrepasar las tasas de alcohol (500 o 1.000 € en función de la tasa) o en caso de que haya presencia de drogas en el organismo del conductor (1.000 €).

2. Al tratarse de conductores de vehículos, tienen prohibido conducir haciendo uso manual del teléfono móvil o de cualquier otro sistema de comunicación. La sanción sería de 200 € (artículo 12.2.5B del RGC).

3. También tienen prohibido conducir utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido. En caso de ser detectados se les denunciará por este precepto con 200 €.

4. Casco y otros elementos de protección. A falta en estos momentos de una regulación en el Reglamento General de Circulación, el uso de estos elementos se regirá por lo que disponga la correspondiente Ordenanza Municipal. En el caso de que la Ordenanza regule el uso obligatorio de casco, el agente sancionará con 200 € (art 118.1 del RGC) y procederá a la inmovilización del vehículo de acuerdo con el artículo 104.1.c) del texto refundido de la Ley de Seguridad Vial.

5. Tienen prohibido la circulación por aceras y zonas peatonales, ya que el artículo 121 del RGC prohíbe la circulación de cualquier vehículo por las aceras (excepto a monopatines, patines o aparatos similares que lo hagan exclusivamente a paso de persona) siendo sancionable con 200 €, con las matizaciones que puedan establecer las Ordenanzas Municipales.

6. Los VMP y demás vehículos ligeros propulsados eléctricamente sólo autorizan para transportar a una persona, por lo que la circulación de dos personas en VMP es sancionable con 100 € de multa.

7. Se considerará conducción negligente y por tanto, punible, cuando se realice conducción nocturna sin alumbrado ni prendas o elementos reflectantes, ya que en estos casos, el conductor no adopta la diligencia necesaria para ser visto por el resto de conductores ni la precaución necesaria para evitar ponerse en peligro. La sanción correspondiente es de 200 €.

8. Las ordenanzas municipales son las que establecen las prohibiciones relativas a las paradas y estacionamientos de estos vehículos. Desde la DGT, se aboga para que la acera sea del peatón, pero su regulación es exclusivamente municipal.

9. En los casos de infracciones cometidas por menores de 18 años, los padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, responderán solidariamente de la infracción cometida por el menor.

A los VMP no se les exige autorización administrativa para circular ni para conducir, ni seguro obligatorio. Por tanto, no se detraerán puntos al conductor cuando esté claro que el tipo de vehículo que conduce es un VMP.

(Fuente La Gaceta de Salamanca)

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Participaciones preferentes y obligaciones subordinadas04/12/2019

Participaciones preferentes y obligaciones subordinadas

Aunque las participaciones preferentes y las obligaciones subordinadas son instrumentos de carácter financiero que son utilizados por las sociedades como medios que puedan incrementar los fondos, existen grandes rasgos distintivos de cada una de estas figuras y que es necesario localizar.

PARTICIPACIONES PREFERENTES

Respecto a las participaciones preferentes podemos acudir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para encontrar una definición que ayude a comprender todos los elementos de esta herramienta.

La CNMV las define como valores emitidos por una sociedad que no confieren participación en su capital ni derecho ni voto. Se añade, además, el carácter perpetuo de las mismas y la variabilidad de su rentabilidad, pues se indica que ésta no está, ni mucho menos, garantizada.

La CNMV avisa de que se trata de un instrumento complejo y de riesgo elevado que al igual que puede suponer una rentabilidad, puede generar pérdidas irreparables.

Las participaciones preferentes suelen ser utilizadas por las entidades de crédito en su mayoría. Éstas suelen reservarse el derecho a amortizar las participaciones preferentes a partir de los cinco años y por medio de una autorización del Banco de España.

Efectivamente, el carácter perpetuo de las participaciones preferentes es una de las características distintivas con las obligaciones subordinadas. Las participaciones preferentes no cotizan en bolsa, sino en mercados secundarios. Han de negociarse en estos mercados organizados lo que supone la no garantía de rentabilidad. Hay que tener en cuenta que la liquidez de éstas es limitada, por lo que puede resultar sumamente complejo deshacer la inversión. Igualmente la situación del mercado, del emisor y las condiciones financieras del producto pueden provocar un descenso del valor de éstas, por lo que se deduce que es susceptible la pérdida del capital invertido en las participaciones preferentes.

En consonancia con lo que ocurre con las obligaciones subordinadas, tan solo se cuenta con dos vías de recuperación de inversión, por un lado, a través de su amortización anticipada y por otro lado mediante su venta en el mercado secundario.

Otro punto en común con las obligaciones subordinadas radica en que no pueden ser cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos, ya que no se tratan de depósitos en sí.

Punto importante sobre las participaciones preferentes radica en el orden de recuperación de los créditos, pues en este caso y pese a lo que pueda parecer se encuentran, en todo caso, por detrás de los demás acreedores, comunes e incluso subordinados.

Respecto a su remuneración, ésta se caracteriza por contar con carácter perpetuo, no obstante, la remuneración suele ser fija durante el primer periodo y pasa a ser variable el resto de la vida del producto. La remuneración está condicionada, entones, a la adquisición de beneficios por parte del emisor o de su grupo, no pudiendo ser acumulable, ya que si no se percibe durante el período pertinente, el inversor pierde todo su derecho a percibirla.

Hay que tener en cuenta que son considerados como un híbrido de capital y, debido al riesgo que suponen, son calificados como un producto sumamente complejo. Como ocurre con las obligaciones subordinadas, este carácter complejo de ambas figuras resulta muy importante a la hora de defender judicialmente a los afectados que suscriben este tipo de producto en referencia al error en el consentimiento o engaño. También pueden plantearse acciones judiciales por incumplimiento del contrato por parte de la entidad, ya que este nivel de complejidad puede dar lugar a un incumplimiento respecto a la información que ha de facilitar la propia entidad. Sobre el error en el consentimiento se pronuncia la Sentencia de la Sala de lo Civil, Sección 1, del Tribunal Supremo, con número 55/2019, Rec. 2320/2016 de 24 de enero de 2019 respecto a unas obligaciones subordinadas.

Sobre la nulidad de las participaciones preferentes se pronuncia la Sentencia de la Sala de lo Civil, Sección 1, del Tribunal Supremo con número 609/2018, Rec. 1095/2016 de 06 de noviembre de 2018 al declarar nulas unas participaciones preferentes emitidas por Bankia y que supusieron su restitución a los perjudicados.

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

En este caso, suelen definirse como productos financieros de renta fija a largo plazo y que cuentan con una fecha de vencimiento que se determina con antelación y que suele ser de algunos años.

Para comprender el funcionamiento de este producto es posible traducirlo como la deuda con la que cuenta una empresa, pasando a ser acreedores de la empresa que las emite los tenedores de la obligación subordinada. Es una diferencia importante respecto a las acciones, que suponen parte del capital o patrimonio de la empresa.

Como ocurre con las participaciones preferentes, son productos que, pese a contar con alta rentabilidad, suponen un incrementado riesgo y una considerable reducción de liquidez y es por ello por lo que las obligaciones subordinadas tampoco se encuentran cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos. Otra vez vemos que la inversión puede ser fácilmente perdida.

Existen intereses en el caso de las obligaciones subordinadas, éstos se pactan a tenor de que existan beneficios, lo que supone que, en caso de no darse beneficios los intereses se perderían no quedando pendiente ese derecho así como su acumulación en posteriores beneficios.

Las obligaciones subordinadas no pueden ser vendidas durante el periodo de vigencia de éstas por lo que supone que el único instrumento de recuperación de la inversión sea el de la venta en el mercado secundario que ya hemos mencionado en el caso de las participaciones preferentes.

Como se puede deducir y al igual que ocurre con las participaciones preferentes, las obligaciones subordinas son un producto complejo y que suele denominarse como un híbrido de capital. Esto es debido al alto riesgo que suponen estos productos.

Respecto a estos productos se pronunció la Sentencia de la Sala de lo Civil, Sección 1 del Tribunal Supremo, número 411/2016, Rec. 1974/2014 de 17 de junio de 2016 profundiza específicamente sobre los bonos necesariamente convertible en acciones del Banco Popular, considerando que son un producto financiero mediante el cual y, a través de distintas etapas, hasta llegar a la conversión en acciones ordinarias de esa misma entidad, el banco se recapitaliza, siendo su principal característica que al inicio otorgan un interés fijo, mientras dura el bono, pero después, cuando el inversor se convierte en accionista del banco, la aportación adquiere las características de una inversión de renta variable, con el consiguiente riesgo de pérdida del capital invertido; confirmando que se trata de un producto no solo complejo, sino también arriesgado. Lo que obliga a la entidad financiera que los comercializa a suministrar al inversor minorista una información especialmente cuidadosa, de manera que le quede claro que, a pesar de que en un primer momento su aportación de dinero tiene similitud con un depósito remunerado a tipo fijo, a la postre implica la adquisición obligatoria del capital del banco y, por tanto, puede suponer la pérdida de la inversión.

Como ya se ha mencionado, en las obligaciones subordinadas es fácilmente apreciable la falta de información lo que puede suponer un perjuicio para el tenedor y que recoge la Sentencia de la Sala de lo Civil, Sección 1, del Tribunal Supremo, con número 499/2019, Rec. 970/2017 de 27 de septiembre de 2019 en la que se estima recurso sobre los intereses legales en caso de producirse indemnización de daños y perjuicios ante la falta de información en la venta de obligaciones subordinadas.

En definitiva, podemos culminar el tema alertando sobre la complejidad de estas herramientas financieras que, aunque puedan parecer deseables o lleguen a solucionar un caso concreto, en el tiempo suponen un riesgo demasiado alto y del que se han visto perjudicados muchas personas en la actualidad. Como en toda inversión, existe un riesgo pero como podemos comprobar en los casos de más actualidad tanto las participaciones preferentes, en mayor medida, como las obligaciones subordinadas pueden resultar instrumentos dañinos para la mencionada inversión.

(Fuente IBERLEY - COLEX)

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