El B.O.E. publicó el 31 de marzo la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.
Esta Ley modifica el artículo 18 de la LAU 29/94, de forma que a partir del 1 de abril habrá que estar, en defecto de pacto expreso entre las partes sobre mecanismo de revisión, al Índice de Garantía de la Competitividad (IGC), un índice desconocido para la mayoría de los intervinientes en el mercado arrendaticio.
El IGC toma como base el IPC de la eurozona, al que se le resta una parte destinada a compensar la competitividad perdida los años anteriores. Además, para hacerlo más estable, este IGC contará con unos límites, un techo que no podrá superar el 2% y un suelo, que no bajará del 0%.
En consecuencia, a efectos de revisar la renta de un arrendamiento de vivienda deberemos tener en cuenta la fecha del mismo:
1.- Para contratos posteriores al 1 de enero de 1995 y anteriores al 6 de junio de 2013:
La revisión se hace conforme al IPC durante los cinco primeros años de duración y posteriormente conforme a lo que las partes hayan pactado en el contrato.
2.- Contratos posteriores al 6 de junio de 2013 y anteriores al 1 de abril de 2015.
En todo momento se aplica lo pactado en el contrato y si no se ha pactado nada se aplicará el IPC.
3.-Contratos posteriores al 1 de abril de 2015.
El apartado 1 del artículo 18 queda redactado de la siguiente manera:
Continua rigiendo la voluntad de las partes y se revisará la renta en los términos pactados. Ahora bien, si no existe tal pacto, no procederá la revisión.
En el caso de que el arrendador y el arrendatario hayan estipulado la revisión de la renta, pero no el sistema o índice a considerar, se aplicará el nuevo IPG, Índice de Garantía de Competitividad, y no el IPC. Es decir, se sustituye la aplicación subsidiaria del IPC por el IGC para la actualización de la renta del contrato de arrendamiento de vivienda. Aunque las partes podrán seguir pactando que la revisión se realice conforme el IPC.
TS - Social - 16/02/2015 Las dietas por manutención y alojamiento tienen naturaleza salarial y son computables para el cálculo del salario regulador de la indemnización por despido. Se estima recurso de casación para la unificación de la doctrina.
(Fuente del titular VLEx)
Esta sentencia en recurso de casación para unificación de doctrina contempla el caso de "un trabajador que fue contratado, mediante diez sucesivos contratos de obra que tuvieron una duración total de más de cuatro años, como conductor de camiones para el movimiento de tierras en grandes obras situadas en distintos puntos del territorio nacional, trabajos por los que, además de su salario, percibió un complemento por gastos de desplazamiento y manutención",
Como fundamenta la sentencia "Un estudio lógico sistemático de los preceptos que regulan la movilidad geográfica nos muestra que las indemnizaciones por desplazamiento (locomoción, manutención y alojamiento) sólo se devengan por los trabajadores desplazados o trasladados de un centro de trabajo a otro diferente tan distante de su residencia habitual que haga que sea penoso, gravoso y oneroso el desplazamiento del trabajador a diario al centro de trabajo". Concluyendo "Si las dietas no eran debidas por disposición legal o convencional, al no existir desplazamiento o traslado en términos legales o convencionales por celebrarse el contrato de prestación de servicios en el lugar de ejecución de la obra que constituía su objeto, es claro que lo abonado por ese concepto tenía carácter salarial y no compensatorio de gastos por desplazamientos a los que no obligaba el contrato. Es precisamente la inexistencia del deber de desplazarse de un centro de trabajo a otro por imposición empresarial el dato que sirve para calificar la naturaleza jurídica de las indemnizaciones, pagadas, por cuánto las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen y corresponde a los Tribunales la calificación jurídica de los hechos y de los contratos, según constante jurisprudencia que por lo reiterada no es preciso citar".
La sentencia crea el criterio interpretativo que deberá darse a partir de ahora para estos casos, nada infrecuentes en el mundo laboral.
Eduardo Burés Fraile
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A partir de este año es obligatorio para todas las sociedades el registro telemático de los Libros de Actas y de Socios en el Registro Mercantil.
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Hoy se ha publicado en el BOE la Resolución de 20 de marzo de 2015, de la Dirección General del Catastro, por la que se publica el Convenio con el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas.
De indudable utilidad para el desarrollo de la actividad profesional de los administradores de fincas es la suscripción del presente Convenio de colaboración con la Dirección General del Catastro, que facilitará la obtención electrónica de los datos catastrales precisos para la conclusión de las transacciones inmobiliarias y el desarrollo de su actividad, lo que propiciará la mejora de las prestaciones a los ciudadanos, agilizando las transacciones inmobiliarias y confiriéndoles un mayor grado de fiabilidad, transparencia y seguridad jurídica. Por otra parte, esta fórmula de colaboración permite facilitar al ciudadano el cumplimiento de sus obligaciones tributarias ante el Catastro y acceder electrónicamente a la información catastral a través de los Puntos de Información Catastral, cuya gestión asumirán los Colegios Territoriales de Administradores de Fincas que formalmente suscriban un convenio con sujeción a las cláusulas que se acompañan como anexo al presente acuerdo.
Es objeto del presente Convenio establecer el marco básico de colaboración entre la Dirección General del Catastro y los distintos Colegios Territoriales de Administradores de Fincas, representados por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, para el envío y recepción de información sobre discrepancias de las descripciones catastrales de los bienes inmuebles que puedan apreciar los colegiados en sus intervenciones profesionales en las operaciones inmobiliarias, así como para la comunicación a la Dirección General del Catastro de las discrepancias que se observen en la cartografía catastral. Por otra parte, además, se prevé el desarrollo de las actuaciones dirigidas a facilitar a los ciudadanos la consulta y certificación de datos catastrales, así como la presentación de declaraciones ante el Catastro, en régimen de encomienda de gestión. Se prevé, asimismo, en el nuevo marco de colaboración, la entrega de información sobre las peritaciones y tasaciones realizadas por los colegiados así como sobre los precios de oferta en las transacciones inmobiliarias de compraventa y de alquiler en que intervengan.
(Fuente BOE)
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