Modificación de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria
Tras la aprobación el pasado 23 de junio por el Congreso de la reforma de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, el Boletín Oficial del Estado del jueves 29 de junio publica la Ley 4/2017 de 28 de Jun (Modificación de la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria) entrando en vigor mañana día 30 de junio.
En el año 2015, la Ley 15/2015, de 2 de julio, modificó en su disposición final primera determinados artículos del Código Civil, entre ellos, el artículo 56 del Código Civil relativo a los requisitos de capacidad exigidos a los contrayentes, con el fin de proteger a las personas con algún tipo de discapacidad para asegurar que reúnan los requisitos necesarios para contraer matrimonio y favorecer su celebración. Así, con esaa nueva redacción se disponía que:
«Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el Secretario Judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento».
La entrada en vigor de este precepto estaba prevista para el 30 de junio de 2017. Sin embargo, esta modificación del artículo 56 del Código Civil no llegará a entrar en vigor.
La norma publicada hoy en el BOE, tiene como fin aclarar que la intención de la reforma introducida por la Ley es favorecer la celebración del matrimonio de las personas con discapacidad, evitando cualquier sombra de duda sobre su capacidad para contraer matrimonio, se propone una modificación de la disposición final primera de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, que a su vez modifica el artículo 56 del Código Civil, y con ello también se modifica la disposición final cuarta para adaptar la reforma del artículo 58 de la Ley 20/2011, de 21 de julio.
Además de esta modificación, otra relevante es la referente al apellido paterno. Éste dejará de tener preferencia sobre el materno a partir del día 30 de junio de este año.
Desde esa fecha, los progenitores acordarán el orden de transmisión del primero apellido de su hijo/a, antes de la inscripción en el Registro y, en caso de desacuerdo, será el encargado del Registro Civil el que deberá decidir atendiendo “al interés superior del menor”, pero sin dar preferencia al del padre, como se hace hasta ahora.
Modificaciones que entrarán en vigor el día 30 de junio de 2017
→ Apellidos paternos
Los Art. 49 apartado 2 y Art. 53 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, quedan redactados de la siguiente manera:
“2. La filiación determina los apellidos.
Si la filiación está determinada por ambas líneas, los progenitores acordarán el orden de transmisión de su respectivo primer apellido, antes de la inscripción registral.
En caso de desacuerdo o cuando no se hayan hecho constar los apellidos en la solicitud de inscripción, el Encargado del Registro Civil requerirá a los progenitores, o a quienes ostenten la representación legal del menor, para que en el plazo máximo de tres días comuniquen el orden de apellidos. Transcurrido dicho plazo sin comunicación expresa, el Encargado acordará el orden de los apellidos atendiendo al interés superior del menor.
En los supuestos de nacimiento con una sola filiación reconocida, ésta determina los apellidos. El progenitor podrá determinar el orden de los apellidos.
El orden de los apellidos establecido para la primera inscripción de nacimiento determina el orden para la inscripción de los posteriores nacimientos con idéntica filiación. En esta primera inscripción, cuando así se solicite, podrán constar la preposición «de» y las conjunciones «y» o «i»entre los apellidos, en los términos previstos en el artículo 53 de la presente Ley.”
“El Encargado puede, mediante declaración de voluntad del interesado, autorizar el cambio de apellidos en los casos siguientes.
1.º La inversión del orden de apellidos.
2.º La anteposición de la preposición «de» al primer apellido que fuera usualmente nombre propio o empezare por tal, así como las conjunciones «y» o «i» entre los apellidos.
3.º La acomodación de los apellidos de los hijos mayores de edad o emancipados al cambio de apellidos de los padres cuando aquellos expresamente lo consientan.
4.º La regularización ortográfica de los apellidos a la lengua española correspondiente y la adecuación gráfica al español de la fonética de apellidos también extranjeros.
5.º Cuando sobre la base de una filiación rectificada con posterioridad, el hijo o sus descendientes pretendieran conservar los apellidos que vinieren usando antes de la rectificación. Dicha conservación de apellidos deberá instarse dentro de los dos meses siguientes a la inscripción de la nueva filiación o, en su caso, a la mayoría de edad.”
→ Prórroga de la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil
La Ley 20/2011, de 21 de julio, entrará en vigor el 30 de junio de 2018, prorrogándose un año más su entrada en vigor. (Modificación del apartado Doce del DF 4ª de la Ley 15/2015, de 2 de Julio)
Modificaciones que entrarán en vigor el 30 de junio de 2018
→ Matrimonio personas discapacitadas
Se modifica el apartado 9 de la DF 1ª de la Ley 15/2015, de 2 de julio, que modifica el Art. 56 del Código Civil:
«Nueve. El artículo 56 queda redactado del siguiente modo:
“Quienes deseen contraer matrimonio acreditarán previamente en acta o expediente tramitado conforme a la legislación del Registro Civil, que reúnen los requisitos de capacidad o la inexistencia de impedimentos o su dispensa, de acuerdo con lo previsto en este Código.
El Letrado de la Administración de Justicia, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, cuando sea necesario, podrá recabar de las Administraciones o entidades de iniciativa social de promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad, la provisión de apoyos humanos, técnicos y materiales que faciliten la emisión, interpretación y recepción del consentimiento del o los contrayentes. Solo en el caso excepcional de que alguno de los contrayentes presentare una condición de salud que, de modo evidente, categórico y sustancial, pueda impedirle prestar el consentimiento matrimonial pese a las medidas de apoyo, se recabará dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento.”»
Se modifica el apartado 1 de la DF 4ª de la Ley 25/2015, de 2 de julio, que modifica los apartados 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 del Art. 58 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, en lo relativo al apartado 5 del citado artículo 58, que queda redactado de la siguiente forma:
«5. El Letrado de la Administración de Justicia, Notario o Encargado del Registro Civil oirá a ambos contrayentes reservadamente y por separado para cerciorarse de su capacidad y de la inexistencia de cualquier impedimento. Asimismo, se podrán solicitar los informes y practicar las diligencias pertinentes, sean o no propuestas por los requirentes, para acreditar el estado, capacidad o domicilio de los contrayentes o cualesquiera otros extremos necesarios para apreciar la validez de su consentimiento y la veracidad del matrimonio.
El Letrado de la Administración de Justicia, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, cuando sea necesario, podrá recabar de las Administraciones o entidades de iniciativa social de promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad, la provisión de apoyos humanos, técnicos y materiales que faciliten la emisión, interpretación y recepción del consentimiento del o los contrayentes. Solo en el caso excepcional de que alguno de los contrayentes presentare una condición de salud que, de modo evidente, categórico y sustancial, pueda impedirle prestar el consentimiento matrimonial pese a las medidas de apoyo, se recabará dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento.
De la realización de todas estas actuaciones se dejará constancia en el acta o expediente, archivándose junto con los documentos previos a la inscripción de matrimonio.
Pasado un año desde la publicación de los anuncios o de las diligencias sustitutorias sin que se haya contraído el matrimonio, no podrá celebrarse este sin nueva publicación o diligencias.»
(Fuente IBERLEY)
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Los becarios no son trabajadores, por lo que no tienen los mismos derechos que el resto de la plantilla
Los becarios no son trabajadores, por lo que no ha de tenerse en cuenta a efectos de antigüedad en la empresa y a efectos en la categoría profesional todo el tiempo que han estado en la empresa como becarios. Así de rotunda ha sido la Audiencia Nacional en una reciente sentencia a la que ha tenido acceso C@rta de Personal (sent. de la AN de 8.05.17).
El sindicato mayoritario de una compañía del sector transporte interpuso una demanda de conflicto colectivo para que se declararse que el periodo de becario se reconociera a efectos de permanencia en la empresa y categoría de entrada. En total, 328 trabajadores habían tenido un contrato de becario previo a su ingreso como trabajadores de plantilla.
En el convenio por el que se regulaban las becas se especificaba que la formación teórica y práctica objeto de las becas tenía un carácter exclusivamente lectivo, por lo que la participación en el programa no presuponía de ningún modo la existencia de relación laboral entre la compañía y los becarios.
La Audiencia Nacional determina (como ya hizo en su sentencia de 23.03.17) que la relación entre la empresa y los becarios “no es una relación laboral, puesto que la formación impartida tiene precisamente por objeto facilitarles el acceso a la relación laboral, tratándose de un requisito constitutivo cuando el desempeño del puesto de trabajo requiere determinadas titulaciones, certificaciones o habilitaciones”.
Se trata, entiende la AN, de actividades formativas previas al contrato, no existiendo límite legal alguno que impida que este tipo de formación se imparta con anterioridad a la relación laboral mediante un sistema de becas pactado entre la empresa y los representantes de los trabajadores, siendo irrelevante que se establezca una ayuda económica.
Por tanto, concluye la Audiencia Nacional, “no cabe reconocer el derecho postulado en la demanda (reconocimiento del periodo de becario a efectos de antigüedad en la empresa y de antigüedad en la categoría de entrada), al no ser los becarios trabajadores”.
Lo esencial para la AN en este caso es que no se ha exigido a los becarios una prestación efectiva de trabajos; es decir, la actividad de los becarios dentro de la empresa ha consistido exclusivamente en tareas formativas orientadas al acceso a un puesto de trabajo y una futura relación laboral, tal y como ha quedado acreditado por la empresa.
(Fuente Cart@ de Personal)
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Indemnización por vicios de la construcción ¿Cómo tributa?
Félix López-Dávila Agüeros
Director de Sepín Inmobiliario. Abogado
Cuando un comprador obtiene del vendedor una indemnización por la existencia de vicios derivados de la construcción, existe una obligación fiscal en relación a la cantidad obtenida, que debe tributar en el IRPF.
Conforme establece la Dirección General de Tributos, en su consulta Consulta DGT V0810-17, de 30 de marzo de 2017, dicha indemnización, a efectos tributarios, debe ser calificada como una ganancia o pérdida patrimonial, conforme lo establecido en el artículo 33.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre. La citada Ley, en su artículo 37.1.g) establece, que solo se computará como ganancia patrimonial cuando se derive un aumento de valor del patrimonio del contribuyente.
Por tanto, la cuestión a determinar, es si el hecho de recibir una indemnización por la existencia de defectos en la vivienda, puede o no ser considerada como una ganancia patrimonial. La Dirección General de Tributos, ha venido manteniendo como criterio que, cuando la indemnización percibida coincida con el coste de reparación no procede computar ganancia o pérdida patrimonial alguna, mientras que, si no se da esa equivalencia entre indemnización y coste de reparación, entonces sí existirá una variación patrimonial.
La segunda cuestión que afronta la Dirección General de Tributos, es si el derecho a indemnización ha sido determinado mediante una resolución judicial, y ha habido un pronunciamiento en costas a favor del comprador, como debe tributarse por dicho concepto.
En este caso, nos encontramos ante una indemnización a la parte vencedora, en el que la incidencia tributaria, viene dada por el carácter restitutorio del gasto de defensa y representación, lo que implica que el comprador vendedor del pleito incorpore a su patrimonio un crédito a su favor o de dinero, lo que constituye una ganancia patrimonial, conforme el citado artículo 33.
Dicha ganancia patrimonial debe ser considerada como renta general, por lo que su integración se realizará en la base imponible general.
Por último, se ocupa de la tributación respecto de los intereses indemnizatorios y los intereses de mora procesal.
Respecto de los primeros, indica que, los mismos al tener como finalidad el resarcir al comprador de los daños y perjuicios causados por el incorrecto incumplimiento del vendedor, no pueden calificarse como rendimientos del trabajo y, por tanto, deberán tributar como ganancias patrimoniales, siendo su imputación temporal al periodo impositivo en el que la sentencia haya adquirido firmeza.
En cuanto los intereses de mora procesal, de igual forma, deben ser calificados como ganancias patrimoniales, si bien, su imputación temporal, pese a que a que indemnicen a periodos superiores a un año, deberán ser integrados en la base imponible del ahorro, según establece el artículo 49.1.b) de la Ley del Impuesto.
A.L.T. ASESORES es un despacho de abogados con experiencia desde 1.993 en temas tributarios y fiscales, por ello, no dude en ponerse en contacto con nosotros para resolver cualquier duda o problema con la Agencia Tributaria (AEAT), OAGER o cualquier problema de impuestos.
Los Presupuestos para este año 2017 ya están aquí.
El Boletín Oficial del Estado publica la Ley 3/2017 de 27 de Jun (Presupuestos Generales del Estado 2017), entrando en vigor al día siguiente al de su publicación.
Según el Preámbulo de esta nueva norma, los presupuestos para el año 2017 persisten en el objetivo de conseguir una mayor racionalización del proceso presupuestario a través de la confluencia de las mejoras introducidas a nivel de sistematización, en tanto que se procede a la ordenación económica y financiera del sector público estatal, así como a definir sus normas de contabilidad y control, y a nivel de eficacia y eficiencia.
Como puntos más destacados para este año 2017 se encuentran los siguientes:
Gastos del personal al servicio del sector público
En el año 2017, las retribuciones de este personal no podrán experimentar un incremento global superior al 1% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016.
Oferta de Empleo Público
Se establece una tasa de reposición del 50%, con carácter general y se introduce como novedad respecto a la Ley de Presupuestos de 2016 un incremento de los sectores y administraciones que se consideran prioritarios a efectos de que, excepcionalmente en este ejercicio se pueda aumentar hasta el 100% la tasa de reposición de aquellos. Al mismo tiempo se acomete el proceso de estabilización de empleo temporal en el sector público.
Pensiones Públicas
Las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como de Clases Pasivas, se revalorizarán en 2017, con carácter general, un 0,25%.
Las pensiones contributivas abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como las de Clases Pasivas se revalorizarán en el año 2017 también un 0,25%.
Medidas fiscales
En el Impuesto sobre el Valor Añadido, se establece que estarán exentas del mismo las entregas de monedas de colección cuando son efectuadas por su emisor por un importe no superior a su valor facial.
Por otra parte, al objeto de promover el acceso y difusión de la cultura, se minora el tipo impositivo aplicable a los espectáculos culturales en vivo, que pasan a tributar al 10%.
Además, para alinear su tributación con la que es aplicable a las gafas y lentes graduadas, pasan a tributar al 10% las monturas de gafas graduadas.
En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se actualiza la escala que grava la transmisión y rehabilitación de grandezas y títulos nobiliarios al 1%.
En materia de Impuestos Especiales, en el Impuesto sobre Hidrocarburos, se reduce el importe de las cuotas a devolver por el gasóleo utilizado en la agricultura y ganadería, al objeto de adecuar la normativa interna al Derecho de la Unión Europea.
Por lo que se refiere a las tasas, se actualizan, con carácter general, los tipos de cuantía fija de las tasas de la Hacienda estatal, excepto las que se hayan creado o actualizado específicamente por normas dictadas desde el 1 de enero de 2016.
Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2017, se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 36 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, relativo a las deducciones para la producción cinematográfica, aumentando en el un 25% hasta el primer millón y el 20% a partir de dicha cantidad hasta los 3 millones.
Cotizaciones Seguridad Social
Tipo máximo y mínimo bases de cotización Seguridad Social
Tope máximo: 3.751,20 euros mensuales
Tope mínimo: cuantías del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementadas en un sexto, salvo disposición expresa en contrario.
Bases de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social
a) Las bases mínimas de cotización, según categorías profesionales y grupos de cotización, se incrementarán, a partir del día primero del mes siguiente a la entrada en vigor de la presente norma y respecto de las vigentes en 31 de diciembre de 2016, en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo interprofesional.
Las bases mínimas de cotización aplicables a los trabajadores con contrato a tiempo parcial se adecuarán en orden a que la cotización en esta modalidad de contratación sea equivalente a la cotización a tiempo completo por la misma unidad de tiempo y similares retribuciones.
b) Las bases máximas, cualquiera que sea la categoría profesional y grupo de cotización, durante el año 2017, serán de 3.751,20 euros mensuales o de 125,04 euros diarios.
Tipos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social
a) Para las contingencias comunes el 28,30 por ciento, siendo el 23,60 por ciento a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador.
b) Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los porcentajes de la tarifa de primas incluida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa.
Autónomos
La base máxima de cotización será de 3.751,20 euros mensuales. La base mínima de cotización será de 919,80 euros mensuales.
Interés legal del dinero
Queda establecido en el 3% durante la vigencia de esta ley.
El tipo de interés de demora al que se refiere el artículo 26.6 de la LGT y artículo 38.2 de Ley 38/2003, 17 de noviembre, General de Subvenciones será del 3,75%.
Beneficios fiscales en el régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo
Se reconocen 29 beneficios fiscales para acontecimiento de excepcional interés público como por ejemplo el “40 Aniversario de la Constitución Española” o el “50° aniversario de Sitges-Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya”
Bonificación en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana para Lorca, Murcia.
Excepcionalmente durante 2017 se concede una bonificación del 50% de las cuotas del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana para las transmisiones de los bienes inmuebles a que se refiere el apartado 1 del artículo 12 del Real Decreto-Ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia, que se lleven a cabo para la reconstrucción de la zona afectada por dichos seísmos.
Como también otra bonificación del mismo porcentajes en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)
IPREM 2017
a) EL IPREM diario, 17,93 euros.
b) El IPREM mensual, 537,84 euros.
c) El IPREM anual, 6.454,03 euros.
d) En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido sustituida por la referencia al IPREM en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-Ley 3/2004, de 25 de junio, la cuantía anual del IPREM será de 7.519,59 euros cuando las correspondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 6.454,03 euros.
Modificaciones normativas
En las Disposiciones Finales de la presente norma se encuentran enumeradas las diferentes normas que se ven modificadas por la publicación de la misma. Son de destacar las modificaciones de normas como:
Ley de Clases Pasivas del Estado (RDLeg. 670/1987 de 30 de Abr (TR. de la ley de clases pasivas del estado))
Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias
Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria
Ley reguladora de las Haciendas Locales
Suspensión de la aplicación y modificación de determinados preceptos de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.
Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
Ley General de la Seguridad Social
(Fuente IBERLEY)
ADVOCATI ASESORES es un despacho abogados multidisciplinar fundado en 1993 cuyo objetivo es el asesoramiento de empresas y particulares, incluyendo la defensa judicial en todo tipo de materias. Si tiene algún problema legal no dude en consultarnos.
El TC declara inconstitucional dos artículos de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado
Del preámbulo de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado podemos destacar lo siguiente:
“La unidad de mercado constituye un principio económico esencial para el funcionamiento competitivo de la economía española. El principio de unidad de mercado tiene su reflejo en el artículo 139 de la Constitución que expresamente impide adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.
Con el fin de hacer efectivo el principio de unidad de mercado, en las últimas décadas se han llevado a cabo importantes esfuerzos. Sin embargo, y a pesar de las medidas adoptadas, la fragmentación subsiste en el mercado español, lo que se traduce en un elevado coste que dificulta de forma considerable la actividad de las empresas. La necesidad de eliminar este coste así como los obstáculos y trabas derivados del crecimiento de la regulación ha sido una de las principales demandas que los operadores económicos han venido trasladando en los últimos años.
Esta fragmentación del mercado nacional dificulta la competencia efectiva e impide aprovechar las economías de escala que ofrece operar en un mercado de mayores dimensiones, lo que desincentiva la inversión y, en definitiva, reduce la productividad, la competitividad, el crecimiento económico y el empleo, con el importante coste económico que supone en términos de prosperidad, empleo y bienestar de los ciudadanos.
En el contexto actual, esta Ley busca establecer los principios y normas básicas que, con pleno respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, garanticen la unidad de mercado para crear un entorno mucho más favorable a la competencia y a la inversión, facilitando que los agentes económicos puedan beneficiarse de las ganancias de una mayor dimensión en términos de productividad y costes, en favor de la creación de empleo y de crecimiento, y en beneficio último de los consumidores y usuarios que tendrán un mayor acceso a productos y servicios de calidad. Todas las Administraciones Públicas observarán los principios recogidos en esta Ley, en todos sus actos y disposiciones y para todas las actividades económicas, y especialmente en aquellas actividades que, bien por su carácter estratégico (telecomunicaciones, energía, transportes) bien por su potencial para la dinamización y el crecimiento económico (distribución comercial, turismo, construcción, industrias creativas y culturales, alimentación, sector inmobiliario, infraestructuras) resultan de especial relevancia para la economía.”
Sin embargo, La Generalitat presentó el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley por considerar vulneradas sus competencias, siendo el fallo aprobado por unanimidad y parcialmente estimado dicho recurso.
Los artículos declarados inconstitucionales son el 19 y 20 de la Ley de garantías de la Unidad de Mercado. Dichos artículos tratan sobre el principio de eficacia en todo el territorio nacional y contenían lo siguiente:
Artículo 19. Libre iniciativa económica en todo el territorio nacional.
"Desde el momento en que un operador económico esté legalmente establecido en un lugar del territorio español podrá ejercer su actividad económica en todo el territorio, mediante establecimiento físico o sin él, siempre que cumpla los requisitos de acceso a la actividad del lugar de origen, incluso cuando la actividad económica no esté sometida a requisitos en dicho lugar.
Cualquier producto legalmente producido al amparo de la normativa de un lugar del territorio español podrá circular y ofertarse libremente en el resto del territorio desde el momento de su puesta en el mercado.
Cuando conforme a la normativa del lugar de destino se exijan requisitos, cualificaciones, controles previos o garantías a los operadores económicos o a los bienes, distintos de los exigidos u obtenidos al amparo de la normativa del lugar de origen, la autoridad de destino asumirá la plena validez de estos últimos, aunque difieran en su alcance o cuantía. Asimismo, el libre ejercicio operará incluso cuando en la normativa del lugar de origen no se exija requisito, control, cualificación o garantía alguno."
Artículo 20. Eficacia en todo el territorio nacional de las actuaciones administrativas.
"Tendrán plena eficacia en todo el territorio nacional, sin necesidad de que el operador económico realice ningún trámite adicional o cumpla nuevos requisitos, todos los medios de intervención de las autoridades competentes que permitan el acceso a una actividad económica o su ejercicio, o acrediten el cumplimiento de ciertas calidades, cualificaciones o circunstancias. En particular, tendrán plena eficacia en todo el territorio nacional sin que pueda exigirse al operador económico el cumplimiento de nuevos requisitos u otros trámites adicionales:
a) Las autorizaciones, licencias, habilitaciones y cualificaciones profesionales obtenidas de una autoridad competente para el acceso o el ejercicio de una actividad, para la producción o la puesta en el mercado de un bien, producto o servicio.
b) Las declaraciones responsables y comunicaciones presentadas ante una autoridad competente para el acceso o el ejercicio de una actividad económica.
c) Las inscripciones en registros que sean necesarias para el acceso o ejercicio de una actividad económica.
d) Cualesquiera otros requisitos normativamente establecidos que permitan acceder a una actividad económica o ejercerla.
Los organismos de evaluación, acreditación, certificación y otros similares legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional, tendrán plena capacidad para realizar sus funciones en todo el territorio nacional.
Los reconocimientos o acreditaciones, calificaciones o certificaciones de una autoridad competente o de un organismo dependiente, reconocido o habilitado por ella, serán plenamente válidos a todos los efectos en todo el territorio nacional, sin que pueda exigirse la realización de ningún trámite adicional o el cumplimiento de nuevos requisitos.
Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará, en particular, a los siguientes supuestos:
a) Certificaciones de calidad a efectos de la acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de calidad en los procedimientos de contratación de las autoridades competentes, para el suministro de bienes y servicios en determinadas circunstancias o a determinados sujetos y para la obtención de ventajas económicas, bien sean subvenciones o beneficios fiscales.
b) Certificaciones o reconocimientos oficiales, a efectos de los derechos o ventajas económicas que obtienen las personas físicas o jurídicas que contratan con un operador oficialmente reconocido.
c) Certificaciones, reconocimientos y acreditaciones, a efectos de comprobar la concurrencia de un nivel determinado de calidad o de profesionalidad exigido para el acceso o ejercicio de una actividad económica determinada.
El principio de eficacia en todo el territorio nacional no se aplicará en caso de autorizaciones, declaraciones responsables y comunicaciones vinculadas a una concreta instalación o infraestructura física. No obstante, cuando el operador esté legalmente establecido en otro lugar del territorio, las autorizaciones o declaraciones responsables no podrán contemplar requisitos que no estén ligados específicamente a la instalación o infraestructura.
El principio de eficacia en todo el territorio nacional tampoco se aplicará a los actos administrativos relacionados con la ocupación de un determinado dominio público o cuando el número de operadores económicos en un lugar del territorio sea limitado en función de la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas".
Pero a día de hoy, para el Constitucional, los artículos mencionados “prescinden del requisito previo de equivalencia de las normativas aplicables en las distintas comunidades autónomas para la producción o comercialización del mismo bien o servicio, privando, de esta forma, de eficacia a la normativa aprobada en los territorios de destino basándose en sus propias competencias”, considerando que se carece de unos estándares mínimos necesarios previos a la licencia única.
(Fuente Economist & Jurist)
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