El Supremo recorta la facultad de Hacienda para remitir a la Fiscalía delitos fiscales21/10/2019

El Supremo recorta la facultad de Hacienda para remitir a la Fiscalía delitos fiscales

La Inspección no podrá remitir a los juzgados expedientes liquidados o sancionados.

La Inspección de Hacienda no podrá remitir al fiscal el expediente de delito fiscal una vez que se haya dictado la liquidación administrativa o impuesto la sanción, tras la anulación del aparado 2 del artículo 197 bis del Reglamento de actuaciones inspectoras (RGAT), por el Tribunal Supremo.

La sentencia, de 25 de septiembre de 2019, determina que no cuenta con habilitación legal la posibilidad que establece dicho apartado de que la Administración tributaria comunique al juez o al fiscal la existencia de indicios de delito contra la Hacienda Pública "en cualquier momento, con independencia de que se hubiera dictado liquidación administrativa o, incluso, impuesto sanción".

"El precepto resulta tan abierto que hasta encontrándose firme o pendiente de resolución administrativa o judicial una sanción tributaria se hubiera permitido iniciar actuaciones en el ámbito penal, si en ese momento se observaran indicios de delito contra la hacienda pública", explica Esaú Alarcón, abogado de Gibernau Asesores, que ha dirigido la defensa letrada de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf).

El ponente de la sentencia, el magistrado Cudero Blas, dictamina que esta previsión resulta contraria a dos principios esenciales para los derechos del contribuyente como son la confianza legítima y la prohibición de la duplicidad sancionadora (principio jurídico 'non bis in idem').

Señala el magistrado que el artículo 197.bis "no es ya solo que carezca de habilitación legal suficiente, sino que se opone de manera radical a los preceptos legales que disciplinan la forma en que debe conducirse la Administración Tributaria cuando aprecia que un contribuyente ha podido cometer un delito contra la Hacienda Pública".

Votos discordantes

La sentencia cuenta con dos votos particulares. El primero, suscrito por los magistrados Nicolás Maurandi y Rafael Toledano, considera que el apartado que permite a la Administración comunicar los indicios al juez o fiscal tras la liquidación o la sanción sí era conforme a derecho.

Argumentan ambos magistrados que "las reglas de persecución de los delitos contra la Hacienda Pública fiscal no deben ser nunca inferiores a las generales que rigen en los otros delitos públicos; lo que tiene que acarrear que el conocimiento de los indicios delictivos por la Administración tributaria en cualquier momento anterior a la prescripción del delito, exista o no liquidación ya aprobada, no releva a dicha Administración de la obligación de trasladar esos indicios al juez penal o al Ministerio Fiscal en los términos generales establecidos para cualquier delito público por la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

Multas tributarias

Por su parte, el segundo voto particular, del magistrado José Díaz Delgado, cree que la sentencia debió anular, además del apartado 2 del artículo 197.bis del Reglamento, el artículo 74.1 h relativo a las multas penales.

El artículo 74.1.h), que incluye las multas penales entre las obligaciones tributarias que no debe tener pendiente el contribuyente al objeto de emitir el certificado de estar al corriente de las citadas obligaciones, entiende la Sala que no incurre en la infracción denunciada. Y que tampoco es nulo por falta de habilitación legal el nuevo artículo 171.3 y del citado Reglamento General.

A este respecto, aclara Esaú Alarcón que "ambos artículos siguen en vigor, si bien el TS ha realizado una interpretación que podríamos denominar como auténtica de los mismos que impedirá que, en el futuro, resulten interpretados interesadamente por la Administración tributaria".

Así, la interpretación que se efectúa del artículo 171.3 del RGAT, que regula la posibilidad de que los contribuyentes obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración puedan aportar documentación en papel, es decir, físicamente, en los procedimientos de inspección.

El precepto habla de que "podrá" admitirse la aportación de dicha documentación por parte del instructor del expediente y, fácilmente, ello podría haber dado lugar a que tal solicitud fuera denegada por el actuario sin motivación alguna.

La sentencia considera que "el precepto debe entenderse en el sentido de que dicho funcionario deberá incorporar la documentación si ésta es legalmente apta, desde el punto de vista material, para incluirse en el procedimiento de inspección; y deberá rechazarla si lo que se pretende aportar carece de esa aptitud".

"En otras palabras, la decisión acerca de la admisión de documentación en papel a un expediente de inspección no puede quedar en manos del funcionario instructor, como a primera vista parecía interpretarse del precepto sino que, al contrario, éste vendrá obligado a incorporarlo al expediente en curso siempre y cuando fuera documentación idónea para ello", aclara el letrado.

La sentencia finalmente, considera ajustado a Derecho, finalmente, el artículo 184.2 del RGAT, referido a la solicitud de plazos para reunir la documentación a lo largo del procedo inspector.

(Fuente elEconomista.es)

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Comedores de empresa: de menú del día hoy tenemos conflicto21/10/2019

Comedores de empresa: de menú del día hoy tenemos conflicto

Las cantinas corporativas son una fuente inagotable de disputas entre las corporaciones y sus empleados.

Cada vez son más las compañías que se preocupan por ofrecer a sus empleados la opción de comer bien y cerca de su puesto de trabajo. A ser posible, incluso, en sus propias instalaciones. Así lo pone de manifiesto un informe el Observatorio Sectorial DBK, que revela que, en los últimos seis años, el sector del catering ha crecido hasta un 13%, principalmente a causa del aumento de los clientes-empresa. La explicación a esta tendencia es sencilla: las organizaciones que incorporan comedores mejoran en un 40% la satisfacción y el compromiso de su plantilla, según un estudio de Deliveroo, lo que se traduce en un aumento de la productividad de, al menos, el 23%. No obstante, más allá de estas ventajas, las cantinas también son culpables de numerosos quebraderos de cabeza judiciales. De hecho, los tribunales llevan años resolviendo disputas de todo tipo sobre las mismas; desde la propia existencia de un espacio para que los empleados almuercen, hasta la composición de los platos del menú.

En España, solo una ley, que data de 1938, ha abordado las obligaciones de las organizaciones con respecto a los comedores. En plena Guerra Civil, el gobierno franquista instaurado en Burgos aprobó un decreto por el que obligaba a las empresas de más de 50 trabajadores, así como las que fijaran una pausa para el almuerzo inferior a dos horas, a habilitar un espacio provisto de “mesas, asientos, agua potable y hornillas” (fogones) para calentar la comida. Asimismo, la norma extendía esta responsabilidad a los centros en los que, aun no cumpliendo con las anteriores características, existiera una petición de al menos el 50% de los trabajadores para instalar una cantina.

Al no haber sido derogado o sustituido por ninguna otra norma de forma expresa, hasta hace relativamente poco numerosas sentencias se han apoyado en él para forzar a las compañías a instaurar un espacio para comer. No obstante, y tras una larga batalla judicial, en marzo de este año el Tribunal Supremo zanjó el conflicto y descartó que existiese tal obligación. Para los magistrados, la normativa decayó al aprobarse en 1997 el real decreto sobre seguridad y salud en los lugares de trabajo. Este texto, que se centra en las condiciones que tienen que cumplir las instalaciones de un centro (limpieza, condiciones ambientales, etc.), no hace hincapié en si las empresas deben o no habilitar una cantina, “de lo que se deduce que no existe obligación”, razonó el alto tribunal. El servicio, por tanto, deberá pactarse mediante negociación colectiva y plasmarse en el convenio al que esté sujeto la compañía.

No obstante, el Supremo fijó dos excepciones: cuando la actividad de la empresa se desarrolle al aire libre (como, por ejemplo, compañías dedicadas a la construcción), o si las instalaciones “se encuentran en lugares alejados” que no permiten que el empleado pueda irse a casa a comer. En estos casos, los centros sí se verían obligados a incorporar comedores.

Al margen de su propia existencia, el debate judicial ha ido más allá y ha alcanzado extremos mucho más sofisticados como qué comidas deben ofrecerse, la cantidad de grasas o hidratos de los platos, o el precio del servicio. Así sucedió en un caso resuelto en 2017 por del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, que rechazó que el menú de la cafetería de una compañía tuviera que ser “asequible y saludable”. La Sala desetimó dicha petición porque los empleados “no aportaron prueba alguna respecto de lo que deba ser un precio módico” y consideró que el coste, entre los 9 y los 12 euros, estaba dentro del mercado. Además, rechazó que las recetas ofrecidas (en su mayoría platos precocinados) no fueran saludables al no haberse presentado un informe pericial de un nutricionista que así lo avalara.

No es el único litigio en el que se ha discutido la calidad de la comida. También en 2017, el TSJ del País Vasco negó que se pudiera sustituir el servicio de catering por máquinas expendedoras de comida preparada, porque ese tipo de alimentación “no garantiza la dieta equilibrada y variada que la empresa está obligada a procurar a los trabajadores”.

Costumbres arraigadas

Ahora bien, una vez instaurado un comedor y fijadas sus condiciones, ¿puede la empresa hacer los cambios o modificaciones que considere? La respuesta es que probablemente no. La legislación española tiene incorporado el concepto de “condición más beneficiosa”, que se refiere a aquellas concesiones hechas por el empleador voluntariamente a sus trabajadores y que les reportan un beneficio (repartir fruta gratis, una pausa larga para el bocadillo, etc.). Al haberlos disfrutado durante un largo tiempo, la ley y los tribunales entienden que son derechos adquiridos de la plantilla, por lo que no pueden eliminarse sin su consentimiento.

Ejemplo de ello es la sentencia del TSJ de Madrid que, en 2014, impidió a una empresa cobrar por el menú tras ofrecerlo gratuitamente durante años. La compañía trató de enmendar esa política por problemas económicos, sin embargo, los magistrados anularon su decisión al considerar que el servicio de almuerzos gratis se había convertido en una condición más beneficiosaque no puede modificarse de forma unilateral”. Otro caso similar fue resuelto por el TSJ de Canarias cuando prohibió a una compañía retirar un televisor que llevaba siete años colocado en el comedor porque se había convertido en una condición más beneficiosa y, por tanto, era ya un “derecho del personal”.

ALERGIAS E INTOLERANCIAS

Las intolerancias y alergias alimentarias es otra de las cuestiones que deben vigilar las compañías o las empresas de catering que, en nombre de estas, preparen el menú, ya que ofrecer platos especiales es una de sus obligaciones. A esta conclusión llegó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León cuando, en 2017, avaló el derecho de los empleados celíacos a contar con platos sin gluten. La Sala recordó que el servicio de comedor era un derecho reconocido en el convenio colectivo, por lo que debía ser respetado, “máxime cuando el centro dispone de los medios necesarios para hacerlo”. Lo contrario, agregan los magistrados, supondría un trato discriminatorio.

(Fuente EL PAÍS)

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El Tribunal Supremo clarifica el criterio sobre cotización por accidentes de trabajo del personal en trabajos exclusivos de oficina.16/10/2019

El Tribunal Supremo clarifica el criterio sobre cotización por accidentes de trabajo del personal en trabajos exclusivos de oficina.

Para aplicar el tipo reducido a sus empleados de oficina, la ley exige que desarrollen su ocupación exclusivamente en la realización de trabajos propios de oficina, y siempre que tales trabajos se desarrollen únicamente en los lugares destinados a oficinas de la empresa. Pues bien, una reciente sentencia del Tribunal Supremo interpreta estos requisitos de forma favorable a sus intereses.

El porcentaje (Tipo) se fija en función de la actividad económica declarada por la empresa y puede variar entre un 1,5% hasta un 7,15%.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha venido defendiendo un criterio restrictivo, reduciendo al máximo los trabajos encuadrables en la letra “a” (“trabajos exclusivos de oficina”), al considera que sólo se aplica a los trabajos exclusivamente administrativos y cuya jornada se lleve totalmente a cabo en las citadas oficinas.

Criterio resuelto por el Tribunal Supremo

Pues bien, el Tribunal Supremo en su sentencia de 3 de junio de 2019 se ha pronunciado recientemente sobre esta materia, en el caso de una empresa que tiene comerciales, jefes de equipo, personal técnico que hacen trabajos de corte administrativo y se personan puntualmente en las obras.

La TGSS defiende que el abandonar la oficina, aunque sea brevemente, hace perder el beneficio de la aplicación del tipo de tarifa reducido.

El Tribunal supremo establece los criterios aplicables a la hora de determinar cuándo concurre el trabajo exclusivo de oficina y, por tanto, su tipo de cotización específico:
1. Debe tratarse de ocupación “exclusiva”, en trabajos de oficina. Es trabajo exclusivo de oficina si más de la mitad de la jornada se está físicamente en ella.

2. El trabajo de oficina puede comprender no solo el referido a lo que podrán ser actividades administrativas, sino que puede venir referido a la realización de actividades de la empresa. Es decir, el trabajo exclusivo de oficina no se reduce al meramente administrativo sino que puede coincidir con la actividad principal de la empresa (de manera que, por ejemplo, un comercial que desarrolla su labor telefónicamente o desde un ordenador, sin salir prácticamente de su oficina, sería encuadrable en la letra “a”).

3. Que ese trabajo relacionado con la actividad de la empresa no someta al trabajador a los riesgos de la empresa; y

4. que se desempeñe “únicamente” en los lugares destinados a oficinas de la empresa.

Alcance temporal y reclamaciones

La sentencia del Tribunal Supremo también analiza el alcance temporal de la reforma, esto es, qué proyección puede tener la citada reforma respecto de situaciones anteriores a su entrada en vigor el 1 de enero de 2016. Según el Tribunal Supremo, la reforma no ha alterado las cosas, sino que solo ha venido a concretar, a modo de interpretación auténtica, lo que debe entenderse por el concepto de trabajos exclusivos de oficina, lo que le lleva a aplicar el criterio interpretativo que se acaba de exponer también a las situaciones anteriores a 1 de enero de 2016, con el límite cuatro años, plazo de prescripción de las reclamaciones de cuotas de la Seguridad Social.

Por tanto, la interpretación del Supremo resulta aplicable a las dos versiones de la norma, tanto a la anterior como a la posterior a la reforma operada con efectos del 1 de enero de 2016. Esto abre las puertas a muchas empresas para poder reclamar por lo cotizado de más, presentando un  pidiendo una devolución de las cotizaciones efectuadas de más en el pasado.

(Fuente MUTUA UNIVERSAL)

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Un auto del Supremo abre la puerta a cientos de reclamaciones a Hacienda16/10/2019

Un auto del Supremo abre la puerta a cientos de reclamaciones a Hacienda

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha abierto la puerta a la revisión de un asunto que podría dar lugar a la anulación masiva de expedientes abiertos por la Inspección, basado en la exigencia de que Hacienda separe los procedimientos inspector y sancionador, cosa que no hace la Inspección de la Agencia Tributaria.

En un auto de admisión de 26 de septiembre, la Sala recuerda que el artículo 208.1 de la Ley General Tributaria (LGT) expresa que 'el procedimiento sancionador en materia tributaria se tramitará de forma separada a los de aplicación de los tributos regulados en el título III de esta ley, salvo renuncia del obligado tributario, en cuyo caso se tramitará conjuntamente'.

El ponente, el magistrado Narravo Sanchís, considera que 'en la práctica administrativa, no es excepcional que la notificación de la liquidación y la de la sanción coincidan en el tiempo', tal y como sucede en el caso abordado en este litigio.

Por ello, el magistrado plantea a la Sala que en una próxima sentencia determine si la Inspección de la Agencia Tributaria puede iniciar un procedimiento sancionador antes de haberse dictado y notificado la liquidación que determina el hecho calificado como infracción tributaria, teniendo en cuenta que la sanción se cuantifica en estos casos en función del importe de la cuota liquidada, como un porcentaje de esta.

También, Navarro Sanchís se plantea 'si tal proceder no implicaría un menoscabo material, pero efectivo, de la garantía legal de separación de los procedimientos de liquidación y sanción, contenida en el artículo 208 de la Ley General Tributaria (LGT), que no sería así observada de modo real y genuino, sino puramente aparente y formal'.

En su auto de admisión del recurso, Navarro Sánchís pide a la Sala que precise en una próxima sentencia, si el artículo 209.2 de la LGT, al prohibir que los expedientes sancionadores que se incoen como consecuencia de un procedimiento de inspección, puedan iniciarse una vez transcurrido el plazo de tres meses desde que se haya notificado la liquidación o resolución, han de partir necesariamente de tal notificación como día de comienzo del plazo de iniciación, sin que sea legítimo incoar tal procedimiento antes de que la resolución haya sido dictada y notificada a su destinatario.

El citado artículo 209.2 regula que 'los procedimientos sancionadores que se incoen como consecuencia de un procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección no podrán iniciarse respecto a la persona o entidad que hubiera sido objeto el procedimiento una vez transcurrido el plazo de tres meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la correspondiente liquidación o resolución'.

También, le dice el ponente del auto del Tribunal Supremo a la Sala que se debe aclarar si, dada la exigencia legal de separación de los procedimientos inspector y sancionador, una sanción tributaria puede ser impugnada y anulada basándose en que la liquidación tributaria, derivada de un procedimiento de inspección, se ha ejercido tras la prescripción extintiva para ejercer esta potestad, lo que supone que habría prescrito también la potestad de imponer sanciones derivadas de esa deuda liquidada al excederse también el plazo legalmente previsto para este último procedimiento.

(Fuente El Economista)

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Cómo luchar contra el phising car, el mayor fraude online en la venta de coches de segunda mando16/10/2019

Cómo luchar contra el phising car, el mayor fraude online en la venta de coches de segunda mando

Tramicar explica en qué consiste este tipo de estafa, cómo puede llegar a identificarse y cómo combatirla

El auge del mercado de ocasión en España, con más de dos millones de vehículos de segunda mano vendidos cada año, implica que esta práctica se haya convertido en una de las principales causas de denuncia en el país

La transformación digital ha propiciado la aparición de empresas y particulares dedicados a las estafas online, mediante las que delincuentes o bandas organizadas intentan engañar a los usuarios para conseguir dinero, datos bancarios o bien contraseñas de forma fraudulenta.

Según Tramicar, la primera plataforma online en la gestión de compraventa de vehículos de segunda mano, estos fraudes han encontrado su gran oportunidad de negocio en el mercado de ocasión, que está adquiriendo una relevancia cada vez mayor en España al llegar a realizarse unas 2,5 millones de transferencias cada año en coches y motos.

De esta forma, una de las principales estafas denunciadas en el país es el phishing-car, mediante el que se utiliza la venta de un coche para engañar al comprador y que se produce de una manera muy frecuente en las páginas habituales de compraventa a través de perfiles falsos o suplantados.

 El principal riesgo de esta práctica radica en que en multitud de ocasiones no suele existir ningún motivo que haga sospechar que se trata de un delito; ya que se publican anuncios con fotografías y datos reales del vehículo en varias páginas web legales, aunque normalmente con un precio más bajo de lo habitual.

Así, las fotografías y documentos que se emplean suelen pertenecer a vendedores particulares de coches, utilizándose con el objetivo de recabar más información al respecto y obtener una mayor credibilidad de cara a los compradores.

Para actuar con máxima cautela, resulta fundamental verificar la identidad del vendedor y las posibles cargas del coche solicitando el informe a la DGT; así como revisar el libro de mantenimiento, el permiso de circulación y la tarjeta de inspección técnica, para comprobar los kilómetros reales y el origen del vehículo. Además, se debe solicitar información y fotos muy concretas, como el estado de la tapicería, el motor o los neumáticos”, explica Jorge Alcántara, presidente de Tramicar.

Una clave fundamental para identificar este delito es que el vendedor suele argumentar que el vehículo se encuentra fuera de España, y en este caso, exigirá que se abone previamente el pago de una señal (normalmente a una cuenta extranjera) en la que podrá llegar a pedir el pago del 50% del valor del coche, y para no hacer saltar las sospechas, enviará al comprador documentación falsa. Por ello, “es primordial no enviar dinero por adelantado en concepto de entrada o garantía hasta disponer de información real tanto del vendedor como del propio vehículo. En este caso, para aportar la mayor seguridad en el proceso existen servicios encargados de garantizar el pago hasta que ambas partes del acuerdo estén de acuerdo con la operación; momento en el que se libera el importe correspondiente a la compraventa” recomiendan desde Tramicar.

Con el fin de obtener una mayor suma de dinero, los delincuentes pedirán una cuantía extra al perjudicado para la tramitación de gastos de gestoría, seguros o transferencias de titularidad, e irán aplazando la entrega del vehículo con la excusa de supuestos retrasos en la empresa de transportes; por lo que es esencial verificar que dicha empresa existe y es legal. Asimismo, también pueden engañar al comprador con supuestos problemas en la aduana, en el caso de que el coche proceda del extranjero.

Para combatir esta práctica ilegal, se recomienda buscar información introduciendo el nombre del vendedor o la matrícula del coche en foros o páginas web capaces de alertar sobre este fraude, así como consultar cualquier duda a la entidad bancaria correspondiente antes de realizar alguna operación insegura en la red.

Una de las vías más efectivas para luchar contra la proliferación de este tipo de estafas dentro del mercado de ocasión son los portales capaces de agilizar todos los trámites de compraventa de un vehículo de forma segura, cómoda y rápida; asegurando además al usuario que el precio inicial no se altere durante el transcurso de la transferencia de titularidad.

(Fuente Economist & Jurist)

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