Dietas del trabajo: el Supremo frena a Hacienda en su control de exenciones02/11/2022

Dietas del trabajo: el Supremo frena a Hacienda en su control de exenciones

El Tribunal Supremo ha frenado a la Agencia Tributaria sobre sus exigencias en la justificación de dietas para acceder a la exención fiscal. En concreto, el Supremo recuerda que corresponde al empresario y no al empleado acreditar la realidad de estos gastos. El fallo rechaza que, en los casos en los que el trabajador sea además administrador, la Agencia Tributaria pueda exigir la justificación al afectado en su condición de empleado. Debe hacerlo siempre al empleador.

La nueva doctrina del Supremo sobre este asunto establece que "la condición de trabajador y administrador del perceptor de la dieta no determina per se que sea éste el que deba acreditar la realidad de los desplazamientos o de los gastos de manutención y estancia aunque, en atención a las circunstancias del caso, tal extremo pueda tener incidencia en la concreta acreditación del presupuesto de hecho determinante de la no sujeción de las sumas percibidas como dietas".

La sentencia, de 13 de octubre de 2022, subraya que "al empleado no le corresponde probar la realidad de los desplazamientos y gastos de manutención y estancia a los efectos de su no sujeción al IRPF". Los magistrados añaden que "es la Administración la que para su acreditación deberá dirigirse al empleador en cuanto obligado a acreditar que las cantidades abonadas por aquellos conceptos responden a desplazamientos realizados en determinado día y lugar, por motivo o por razón del desarrollo de la actividad laboral".

El Supremo desestima los argumentos de la Agencia Tributaria, que subrayaba que es irrelevante a quién le pidiera la información, puesto que en este caso el empleado ostentaba la condición de administrador y tenía acceso a los informes. Según el Tribunal Económico Administrativo que estudió el caso, "debió actuar de forma diligente y entregar aquello que tenía a su disposición".

(...)

El Tribunal Supremo concluye que “en definitiva, la Administración debió dirigirse al empleador en cuanto obligado a acreditar la realidad de que las cantidades abonadas por aquellos conceptos responden a desplazamientos realizados en determinado día y lugar, motivado o por razón del desarrollo de su actividad laboral”. El fallo concluye que la condición de administrador solo “podrá tener relevancia sobre la acreditación de la realidad del presupuesto de hecho de las dietas, específicamente, a tenor de la forma de conducirse que haya tenido la administración en su comprobación”.

(Fuente EXPANSION)

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El Tribunal Constitucional considera que el emplazamiento mediante edictos sin haber agotado las posibilidades de notificación personal supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva02/11/2022

El Tribunal Constitucional considera que el emplazamiento mediante edictos sin haber agotado las posibilidades de notificación personal supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva

El Tribunal Constitucional considera vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva por no haber agotado las posibilidades de notificación personal, antes de recurrir a la notificación edictal.  

El Tribunal Constitucional en su sentencia n.º 107/2022, de 26 de septiembre, ECLI:ES:TC:2022:107, considera una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva el hecho de que se emplace a la demandada por edictos, cuando no se han agotado las posibilidades de notificación personal.

En el caso analizado se trata de una ejecución hipotecaria en la que se designaba a efectos de notificación el domicilio de la finca hipotecada, y un segundo domicilio que constaba además en la escritura de constitución del préstamo hipotecario. La notificación del auto que acuerda despachar ejecución se intentó en el primero de los domicilios, apreciándose que los locales estaban cerrados y sin actividad, no intentándose la notificación en el segundo de los domicilios, ni realizándose ninguna averiguación para conocer el domicilio real de la ejecutada, notificándose los sucesivos trámites por medio de edictos.

Recuerda el Tribunal la doctrina existente sobre los actos de comunicación, recogiendo que: «(...) cuando del examen de los autos o de la documentación aportada por las partes se deduzca la existencia de un domicilio que haga factible practicar de forma personal los actos de comunicación procesal con el demandado, debe intentarse esta forma de notificación antes de acudir a la notificación por edictos (...)», y en concreto en el caso de ejecuciones hipotecarias se especifica que «(...) es necesario que el órgano judicial agote los medios que tenga a su alcance para notificar al ejecutado la existencia del proceso en su domicilio real (...)».

Entiende el Tribunal que en el caso analizado existe una falta de diligencia del órgano judicial por el automatismo con el que actúa, recalcando que no solo no realizó ninguna averiguación, si no que incluso no intentó la notificación en el otro domicilio que constaba en la demanda. Esto conlleva que la recurrente haya sufrido una indefensión real y efectiva, ya que no ha podido formular oposición alguna.

Concluye el Tribunal Constitucional que: «En suma, la falta de diligencia del juzgado resulta contraria al deber de asegurar el emplazamiento de la recurrente de amparo en el procedimiento de ejecución hipotecaria que exige el derecho a la tutela judicial efectiva y le ha ocasionado indefensión material al impedirle intervenir en el procedimiento, sin que el órgano judicial reparara la lesión al resolver el incidente de nulidad de actuaciones (...)».

Es por ello que se concede el amparo solicitado y se declara vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión en su dimensión del derecho de acceso a la jurisdicción, anulándose los autos impugnados y todas las actuaciones llevadas a cabo desde el defectuoso emplazamiento edictal acordado, para que se emplace a la recurrente de forma respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.

En el mismo sentido (reconocimiento de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión) se pronuncia también el Tribunal Constitucional en su sentencia n.º 112/2022, de 26 de septiembre, ECLI:ES:TC:2022:112, también referida a una ejecución hipotecaria, en la que el juzgado no practicó ninguna actuación para la efectiva puesta en conocimiento de los demandados de la pendencia del proceso, a pesar de constar en la propia escritura de constitución de préstamo hipotecario otros dos domicilios, acudiendo a la notificación edictal tras un primer intento fallido de notificación: «(...) Ante el intento infructuoso de notificación personal en la finca objeto de ejecución, el juzgado tenía la obligación de efectuar las averiguaciones pertinentes para conocer el domicilio real de los deudores hipotecarios antes de acudir a la comunicación edictal, tal y como dispone la interpretación conjunta de los arts. 686.3 y 553 LEC(...)».

(Fuente IBERLEY COLEX)

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Régimen de devolución mensual del IVA02/11/2022

Régimen de devolución mensual del IVA

Durante el mes de noviembre, las empresas pueden acogerse al Régimen de devolución mensual de IVA (REDEME), presentando una declaración censal (modelo 036). Así, a partir del siguiente año podrán solicitar la devolución del impuesto que resulte a su favor de forma mensual, sin tener que esperar a la última declaración del año, con el ahorro financiero que ello conlleva.

Para poder optar por el REDEME, la empresa debe estar al corriente de las obligaciones tributarias. Además, y entre otros requisitos:

  • No debe encontrarse en alguno de los supuestos de revocación del NIF (por ejemplo, por no presentar el Impuesto sobre Sociedades durante tres ejercicios consecutivos).
  • No debe encontrarse en ninguno de los supuestos que dan lugar a la baja cautelar del REDEME (por ejemplo, por no llevar a cabo actividades económicas).

Muchas empresas no optan por el REDEME porque este régimen las obliga a declarar el IVA cada mes y a presentar los libros registro por Internet (a través del sistema SII). No obstante, las empresas que facturan más de 6.010.121,04 euros ya están obligadas a ello, por lo que optar por el REDEME no les supone obligaciones adicionales, sino sólo ventajas.

¿Cuándo conviene el REDEME?

El REDEME es especialmente ventajoso para las siguientes empresas (independientemente de su facturación):

  • Empresas que efectúan ventas al exterior o repercuten un tipo de IVA inferior al que soportan, de forma que sus declaraciones de IVA suelen resultar a devolver.
  • Empresas que ejecutan obras de albañilería, electricidad, fontanería, etc. en inmuebles que se están construyendo o rehabilitando y que arrastran una gran cantidad de IVA soportado a su favor (ya que no tienen que repercutir IVA por dichas obras).
  • Empresas que vayan a realizar una inversión importante a principios del año próximo, soportando por ello mucho IVA, y que no quieren esperar a final de año para pedir su devolución y recuperarlo

(Fuente LEFEBVRE)

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Responden los padres por falta de vigilancia del menor que circulando en patinete por la acera atropella a una persona02/11/2022

Responden los padres por falta de vigilancia del menor que circulando en patinete por la acera atropella a una persona

Responden los padres por falta de vigilancia del menor que circulando en patinete por la acera atropella a una persona. Comentario a la Sentencia de la AP de Pontevedra de 12 de mayo 2022, nº resolución 206/2022 (SP/SENT/1159215)

I. Comentario

Los antecedentes de hecho vienen de la condena en primera estancia a los padres del menor de forma solidaria, a la suma de 979.75 euros por los daños personales causados por su hijo, cuando este atropella a una persona, que caminaba por la acera, con su patinete.

Frente a esta sentencia se interpuso recurso de apelación y esta es la resolución de la Audiencia Provincial de Pontevedra resolviendo el asunto.

II. Prescripción de la acción

Se alegó en primer lugar la prescripción de la acción, pero el Tribunal atiende a la remisión de una carta certificada y de correos electrónicos enviados a la letrada de los progenitores encargada de las negociaciones extrajudiciales y que luego resultó designada formalmente por el turno de oficio. En los correos electrónicos se expresaba la voluntad de mantener viva la reclamación pues se daba cuenta de las lesiones ocasionadas y se buscaba un acuerdo extrajudicial en orden a la indemnización, de ahí que, no habiéndose negado la recepción de estos, hubo interrupción de la prescripción.

III. Responsabilidad objetiva de los progenitores

Seguidamente, y al contrario de lo alegado, entrando ya en los requisitos de la responsabilidad extracontractual, se prueba que hubo una colisión entre el menor, que circulaba con un patinete y la lesionada; y que está fue diagnosticada el mismo día en el Servicio de Urgencias de fractura interfalángica del 2º dedo pie izquierdo, existiendo, por tanto, un nexo de causalidad entre el daño y la acción del menor.

La Audiencia Provincial una vez acreditado el nexo causal y el daño, entra a examinar la culpa y basándose en diversa doctrina y jurisprudencia del Tribunal Supremo aplica lo que denomina responsabilidad objetiva o cuasiobjetiva del art. 1903 CC. Este artículo recoge una presunción de culpa en la responsabilidad civil de los padres a consecuencia de los actos ilícitos realizados por los hijos sujetos a su potestad por la vulneración del deber de vigilancia.

Se tiene en cuenta, que los padres se hallaban en una terraza cercana, por lo que el menor se encontraba dentro de su órbita de control, y permitieron que circulase con el patinete por la acera, no por la calzada, creando un riesgo a los viandantes. Pues no es el peatón el que tiene que prestar atención, son los padres los que habiendo tenido la oportunidad de evitar el daño causado por el hijo, ajustando su diligencia a las reglas de atención y cuidado exigibles, no adoptan las medidas necesarias para evitar que el menor no ocasionara daños a los viandantes circulando con el patinete por una zona no expresamente habilitada para ello.

Los padres en su defensa alegan culpa de la lesionada, pero ello no ha quedado acreditado, pues, reiterando lo dicho, la acera es una zona peatonal, y no se accede de manera imprudente a esta. Y en todo caso el patinete es un elemento de riesgo que debe ser controlado por el usuario mismo, o por sus guardadores que deben mantener la atención en todo momento y controlar la velocidad y dirección de este.

Así, el órgano jurisdiccional estima que las consecuencias indemnizatorias por las lesiones sufridas a consecuencia del atropello han de imputarse a los padres del menor.

(Fuente SEPIN)

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Una sentencia del Supremo abre el camino para que los autónomos paguen el IVA cuando lo hayan cobrado22/10/2022

Una sentencia del Supremo abre el camino para que los autónomos paguen el IVA cuando lo hayan cobrado

La sentencia ha sido dictada por el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que desestima el recurso de casación de la Abogacía del Estado.

Recuerda que las partes en este litigio se han centrado en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 16 de mayo de 2013, TNT Express Wordlwide (Polonia), C-169/12, que señala que de la Directiva del IVA se desprende que el impuesto es exigible, en principio, desde el mismo momento en que se produce su devengo.

Sin embargo, «el artículo 66 de la Directiva del IVA autoriza a los estados miembros a disponer que el IVA sea exigible después de que se produzca el devengo en uno de los tres momentos siguientes, esto es, como plazo máximo en el momento de la expedición de la factura, como pazo máximo en el momento del cobro dle precio; o en casos de falta de expedición o expedición tardía de la factura, en un plazo determinado a partir de la fecha del devengo», según dice la sentencia, a la que ha tenido acceso Confilegal y cuya noticia avanzó ayer Jorge Muñoz en El Diario de Sevilla.

«Para permitir una interpretación coherente del artículo 66, párrafo primero, letra b), de la Directiva sobre el IVA con el artículo 167 de esta Directiva, que establece que el derecho a deducir nace en el momento en que es exigible el impuesto, es preciso concluir que, cuando, con arreglo al artículo 66, párrafo primero, letra b), el impuesto sea exigible, como plazo máximo, en el momento del cobro del precio, el derecho a deducir nace también en el momento del cobro del precio (apartado 45)», añade.

Añade el Alto Tribunal: «A este respecto, procede subrayar que, como se desprende del considerando 4 de la Directiva 2010/45, dicho artículo 167 bis fue introducido en la Directiva sobre el IVA para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a las que les resulta difícil abonar el IVA a la autoridad competente antes de haber recibido ellas mismas el pago del adquirente o el destinatario y permitir a los Estados miembros implantar un régimen optativo de contabilidad de caja que no incida negativamente en los flujos de caja relativos a sus ingresos por IVA».

El Supremo la razón al abogado Francisco Tejado Vaca y declara que «No será preciso proceder al ingreso de las cuotas no cobradas para, posteriormente, solicitar su deducción/devolución. No procede, pues, remitir a un procedimiento autónomo de devolución de las cuotas ingresadas (no se olvide, por ministerio legal, puesto que realmente no se ha cobrado)».

«Lo que corresponde», añade, es «compensar las cantidades que tiene que ingresar (por ministerio legal, puesto que realmente no se han cobrado) con las que tiene derecho a deducirse. Habida cuenta de la coincidencia de los importes del debe y del haber, relativos a la concreta partida discutida, el contribuyente no tendrá que ingresar la cantidad que ha sido objeto del presente recurso», es decir, los 73,08 euros, dicen los magistrados.

El tribunal refiere en su sentencia jurisprudencia más moderna del TJUE, en concreto, la Grundstücksgemeinschaft Koliaustraße, C-9/20, de 10 de febrero pasado.

AFECTA A LA LIBERTAD PROFESIONAL Y A LA LIBERTAD DE EMPRESA

Tejado Vaca sostuvo que el anticipo del IVA afecta a la libertad profesional, a la libertad de empresa y al derecho fundamental a la propiedad (artículos 15, 16 y 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea), de manera que el IVA se debe abonar por la empresa prestadora de los servicios, sin más aditamentos, en la fecha del cobro.

El tribunal de esta sentencia, la 642/2022, de 31 de mayo pasado, ha estado formado por los magistrados José Antonio Montero Fernández, como presidente, Francisco José Navarro Sanchís, Rafael Toledano Cantero, Dimitry Berberoff Ayuda e Isaac Merino Mara, este último como ponente.

El magistrado Berberoff emitió un voto particular en el que recuerda que se ha pronunciado «sobre el fondo de la cuestion, sin fijar doctrina sobre el interés casacional, puesto que no se dan las circunstancias».

«Más allá de que no se expresan cuáles son tales ‘circunstancias’ considero, por el contrario, que este recurso de casación, por la manera en que la controversia venía configurada, ofrecía la oportunidad de establecer una doctrina general sobre la delimitación temporal y los efectos del sistema optativo de caja», señala.

«Estamos ante la inaplicación de la norma nacional y no ante su interpretación conforme queda corroborado por la sentencia de instancia, que concluye ‘en la contrariedad de la norma interna respecto de aquella otra de la Unión Europea’ circunstancia que, en opinión de la Sala de Sevilla, ‘conduce a la inaplicación al caso de la mencionada norma’, inaplicación no desmentida explícitamente por la sentencia frente a la que muestro mi discrepancia», destaca Berberoff.

Con todo, el fallo del Supremo confirma la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El caso tiene su origen en la impugnación presentada por Tejado Vaca contra la liquidación provisional girada por la oficina de gestión tributaria de la Delegación de Sevilla de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) el 27 de diciembre de 2016.

Fue confirmada en reposición, el 7 de noviembre de 2016. Por ello, se le incrementaron 73,08 euros, por una minuta emitida por el abogado que no incluyó en su declaración al no haber sido abonada en el ejercicio.

La AEAT reclamaba el IVA del cuarto trimestre de 2015, incrementando las cuotas en esa cantidad por «encontrarse sometido al régimen especial de criterio de caja». 73,08 euros que el letrado no abonó en dicho ejercicio.

EL FONDO DE LA CUESTIÓN

Tejado Vaca, en su defensa invocó ante el TSJA el artículo 66 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, subrayando la primacía del derecho de la Unión.

De acuerdo con la legislación interna española, si el abogado emite una factura por sus servicios profesionales está obligado a pagar el IVA, lo haya cobrado o no.

En ese marco de previsiones donde encaja el régimen especial del criterio de caja regulado en la ley 37/1992, donde se establece que “en las operaciones a las que sea de aplicación este régimen especial, el impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente recibidos o si éste no se ha producido, el devengo se producirá el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación”.

Tejado alegó ante el TSJA que la norma interna española era contraria a aquellas otras previsiones de la Directiva de 2006 al limitar el posible devengo del tributo al último día del año siguiente al de realización de la operación, “en lugar de permitir su extensión hasta el momento del cobro de la factura”.

El TSJA decía, en su sentencia, que el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que invocó el abogado había sido «categórico al declarar contraria a la Directiva de 2006 cierta normativa estatal que, al igual que la española y como excepción al régimen ordinario de devengo al tiempo de la operación, contemplaba unos momentos de exigencia del tributo anterior al pago”.

Y concluyen que el establecimiento de ese plazo, exigido por la norma española, “desconoce la previsión de la Directiva, en los términos en que es interpretada por el tribunal de Justicia de la Unión Europea, como excluyente de la posible fijación de momentos anteriores al pago para el devengo del tributo”.

Por ello, «la resolución del supuesto debe someterse a la regla del cobro del tributo, a la que se sujetó el recurrente en sus declaraciones tributarias, lo que hace obligada la íntegra estimación del recurso, con declaración de nulidad de las resoluciones recurridas y del derecho del recurrente a la devolución de las cantidades indebidamente ingresas con sus intereses legales”, concluyó el TSJA, imponiendo las costas a la AEAT.

(Fuente CONFILEGAL)

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