Así te afecta la nueva ley hipotecaria si firmas un crédito desde este lunes17/06/2019

Así te afecta la nueva ley hipotecaria si firmas un crédito desde este lunes

La nueva ley de crédito inmobiliario eleva la protección al cliente, pero impone una serie de costes y obligaciones a los bancos que amenazan con edurecer el acceso a préstamos para comprar vivienda a los hogares de menos ingresos

Con más de tres años de retraso respecto al plazo impuesto por la Comisión Europea y tras un intenso debate parlamentario que no permitió su aprobación hasta el pasado febrero, ya ha entrado en vigor la nueva ley hipotecaria y desde el lunes los préstamos para la adquisición de vivienda se suscribirán ya bajo las condiciones de esta norma.

Los desahucios, las cláusulas suelo, la indefinición sobre quién debe pagar los gastos hipotecarios y el caos jurídico en torno al impuesto de AJD son cuestiones que han marcado la redacción del texto legal. Por eso el objetivo principal de esta ley de crédito inmobiliario es elevar la protección del cliente y dar certidumbre jurídica a un mercado hipotecario que ha permitido a un amplio porcentaje de la población española acceder a la vivienda en propiedad y a un coste menor que en el resto de Europa, pero que ha evidenciado a raíz de la crisis ciertas deficiencias.

Con la nueva legislación, las entidades y los notarios deberán ser más transparentes con el cliente al firmar su hipoteca, se libra al consumidor de pagar ciertos gastos, se reducen determinadas comisiones y se endurece el inicio de la ejecución hipotecaria. Todo eso se traducirá en nuevos costes para los bancos, a los que la norma exige además ser más rigurosos que en el pasado a la hora de dar hipotecas, lo que amenaza con encarecer y, sobre todo, endurecer las hipotecas para las familias más vulnerables, tal y como ha reconocido el propio Banco de España.

«Más que un problema de encarecimiento, la pelota está en el tejado de la concesión de préstamos. La ley impone la obligación de examinar la solvencia del solicitante, y se prevén sanciones en caso de incumplimiento. Es evidente que esto va a repercutir en un menor número de préstamos concedidos, pero también más seguros en cuanto a su cobro, evitando así lo que fue el origen de la gran crisis de las hipotecas a partir de 2007-2008: el que la concesión irresponsable y de cualquier manera de financiación desembocó en una crisis generalizada de la propia solvencia de los bancos y a la vez en una oleada de ejecuciones y desahucios», explican los expertos en derecho bancario de Reclamador.es.

Los gastos los paga la banca

La ley fija que los bancos cargarán con todos los gastos hipotecarios (notaría, registro y gestión) salvo la tasación del inmueble, que la seguirá pagando el consumidor. Además, las entidades pagarán el impuesto de AJD. Esto supondrá un aumento de costes para las entidades, lo que podría llevarles a trasladarlo al cliente en el tipo de interés o exigiéndoles una mayor vinculación. Se da la circunstancia de que mientras la ley repercute a los bancos todos esos gastos, los supervisores les exige que trasladen todos los costes al cliente para que la financiación sea rentable.

Desahucio más difícil

Los desahucios fueron una de las secuelas más traumáticas de la crisis y motivo de protesta de los ciudadanos. Entre 2007 y 2014 se iniciaron más de 570.000 ejecuciones hipotecarias en nuestro país, incluyendo las segundas residencias. La nueva ley hace más difícil la posibilidad de la ejecución en caso de impago por parte del cliente. Hasta ahora las entidades podían iniciar el proceso de ejecución cuando se producía el impago de tres cuotas, plazo que con la nueva legislación se amplía hasta las 12 mensualidades o el 3% del capital concedido, si esto ocurre en la primera mitad el préstamo; o bien hasta 15 cuotas o el 7% del a capital si el impago es durante la segunda mitad.

Fuentes financieras explican que esto no tendrá gran impacto en la práctica porque las entidades ya esperan más de tres meses antes de actuar. En 2012, casi todas las entidades suscribieron el Código de Buenas Prácticas, con medidas dirigidas a reestructurar la deuda hipotecaria de las familias con alargamiento de plazo, flexibilización del calendario de pago, moratoria de deuda, la dación en el pago o las quitas de deuda. La banca asegura haber paralizado temporalmente los desahucios unos 30.000 hogares en situación de vulnerabilidad desde entonces.

De cara al futuro, y desde el punto de vista de las entidades, «el efecto neto de la nueva ley se traduce en un importante alargamiento del plazo para la recuperación de la deuda impagada de los préstamos morosos, lo que probablemente se traducirá en la consideración de un riesgo más elevado, y en una cierta contención de la oferta de préstamo a algunos colectivos con rentas más bajas, y menor capacidad de pago», auguran los analistas de Afi.

Dación en pago

La obligatoriedad de que al entregar la casa se salde la deuda fue uno de los caballos de batalla de Podemos, pero no queda reflejado en la ley. No obstante, sí que incluye la obligatoriedad de incluir entre la información contractual, «cuando proceda, la opción del deudor de poder dar en pago el inmueble hipotecado en garantía del préstamo, con carácter liberatorio de la totalidad de la deuda derivada del mismo». Es decir, es una opción de la que podrá hacerse uso si así lo pactan banco y cliente. Se trata de una práctica que las entidades ya han usado a raíz del Código de Buenas Prácticas: desde 2012 hasta el primer semestre de 2018 se han hecho 7.956 daciones en pago.

Adiós a la cláusulas suelo

Otra gran batalla en el terreno contractual de las hipotecas fueron las cláusulas suelo. Estas fijaban un tipo de interés mínimo en los préstamos a tipo variable, lo que impedía al prestatario beneficiarse del todo de las bajadas del Euribor. Más del 90% de las hipotecas contratadas en España entre 2000 y 2007 se firmaron a tipo variable y referenciadas al Euribor. El fuerte recorte de los tipos aplicado por el BCE desde 2009 arrastró al Euribor y sacó a la luz estas claúsulas en los contratos. Según un estudio del Banco de España a petición del Senado en 2013, cerca del 30% del hipotecas existentes a finales de 2009 contaba con esta cláusula y el tipo medio de dicho «suelo» se situaba cerca del 3%, cuando el Euribor rondaba el 1,5%. Con la nueva ley se eliminan las cláusulas suelo, pero se aclara que el interés mínimo que cobrará el banco será del 0% y nunca negativo por mucho que caiga la tasa de referencia.

Límite a la venta de productos cruzados

La tradicional contratación del seguro de la casa con el banco para obtener unas mejores condiciones deja de ser legal si es por obligación. La ley prohíbe la vinculación de otros productos a la concesión del préstamo, aunque sí permite su comercialización si eso representa una ventaja para el prestatario, lo que se llama venta combinada. Eso sí, el banco deberá demostrar por escrito ese supuesto beneficio. La venta cruzada ha sido una de las opciones más utilizadas por las entidades para complementar la rentabilidad de los préstamos hipotecarios, cuyos bajos tipos en un entorno de feroz competencia no cubrían los costes directos o el riesgo de impago.

Amortización anticipada, más fácil y menos costosa

El coste de amortizar anticipadamente el crédito hipotecario se reduce. En concreto, se recorta a la mitad en las hipotecas de tipo fijo (2% durante los 10 primeros años y 1,5% a partir de este período), mientras que cuando la hipoteca sea a tipo variable el cliente deberá elegir el tipo de amortización a tres o cinco años, cuyas comisiones serán del 0,25% y del 0,15% respectivamente. En todo caso, solo se podrán cobrar en caso de que la amortización suponga una pérdida financiera para el banco.

Los expertos financieros avisan de que esta medida puede desincentivar la concesión de hipotecas a tipo fijo, que ofrecen mayor estabilidad para las familias. Así lo expresan desde Afi: «Exponerse a un riesgo de pérdida financiera no remunerada en caso de descenso de tipos de interés puede actuar como un claro desincentivo a la concesión de préstamos a tipo fijo, lo que rompería la tendencia iniciada en los últimos años hacia una mayor presencia de dicho tipio de préstamos en el mercado hipotecario español».

Interés de demora acotado

El interés de demora en los pagos se acota al interés remuneratorio más un máximo de tres puntos porcentuales.

La solvencia del cliente se sometará a examen

La norma exige al banco «evaluar en profundidad la solvencia del potencial prestatario» y detalla que deberá tener en cuenta los ingresos actuales del cliente y los previsibles en el futuro, los activos en propiedad y el ahorro acumulado, los gastos fijos y los compromisos asumidos. Deberá valorar incluso el nivel previsible de ingresos tras la jubilación por si el cliente debe seguir pagando el crédito tras retirarse.

Papel del notario y más información precontractual

El banco dará al cliente 10 días para analizar la información precontractual de los préstamos antes de firmarlos y deberá ofrecer una ficha estándar para que los clientes puedan comparar fácilmente las condiciones hipotecarias que oferta cada entidad. Además, debe incluir especiales advertencias sobre las cuestiones más espinosas, como los índices de referencia, el vencimiento anticipado o la distribución de los gastos. En el caso de las hipotecas con tipo de interés variable la entidad debe entregar un documento con el cálculo de las cuotas en distintos escenarios. Además, y frente a un papel testimonial, la norma atribuye ahora al notario la función de asesorar imparcialmente y gratis al consumidor, aclarándole todas las dudas; de comprobar que el contrato es transparente, y de velar por que el cliente ha entendido y comprendido esas cláusulas y sus efectos.

La ley solo se aplica a las nuevas hipotecas

La norma entra en vigor con una disposición transitoria en la que se señala que «no será de aplicación a los contratos de préstamo suscritos con anterioridad a su entrada en vigor», pero se aplicarán las obligaciones de información a las novaciones y subrogaciones de préstamos anteriores.

(Fuente ABC)

En A.L.T. ASESORES somos, desde 1.993, además del Servicio Jurídico de la Cámara de la Propiedad Urbana de la provincia de Salamanca, abogados expertos en pleitos civiles, hipotecarios, arrendamientos, sucesiones, procesos concursales, comunidades de vecinos, en materia de preferentes, cláusulas suelo y negociación de condiciones bancarias, no dude en ponerse en contacto con nosotros para consultarnos la solución a su problema.

AVISO LEGAL: En cumplimiento de lo establecido en los artículos 21 y 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, usted puede revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otros medios de comunicación electrónica equivalentes, remitiendo un mensaje de correo electrónico con el asunto “BAJA E-MAIL COMERCIAL”, a la siguiente dirección: eduardo.bures@altadvocati.com

 


El Tribunal Supremo anula las costas en los Tribunales Económicos-Administrativos (TEAs), como pidió la AEDAF17/06/2019

El Tribunal Supremo anula las costas en los Tribunales Económicos-Administrativos (TEAs), como pidió la AEDAF

ESTIMA PARCIALMENTE UN RECURSO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ASESORES FISCALES CONTRA LA REGULACIÓN REGLAMENTARIA DE LAS COSTAS EN LA VÍA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA

El Tribunal Supremo (TS) ha estimado parcialmente un recurso presentado por la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) contra la regulación reglamentaria de las costas en la vía económico-administrativa, y ha anulado las costas en los Tribunales Económicos-Administrativos (TEAs).

La AEDAF presentó en marzo de 2018 un recurso contra el Real Decreto 1073/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.

En una reciente sentencia, fechada a 3 de junio, el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha declarado la nulidad del artículo 51.2 del Reglamento general de desarrollo de la citada ley «por ser disconforme con el ordenamiento jurídico».

El apartado 2 del artículo 51 del Reglamento disponía que «cuando se imponga el pago de las costas, estas se cuantificarán en un porcentaje del 2 por ciento de la cuantía de la reclamación, con un mínimo de 150 euros para las reclamaciones o recursos resueltos por órgano unipersonal, y de 500 euros para los que se resuelvan por órgano colegiado. En caso de reclamaciones de cuantía indeterminada, las costas se cuantificarán en las cuantías mínimas referidas. Estas cuantías podrán actualizarse por orden ministerial».

La sentencia está firmada por los magistrados Nicolás Maurandi Guillén (presidente), José Díaz Delgado, Ángel Aguallo Avilés, Jesús Cudero Blas, Rafael Toledano Cantero, Dimitry Berberoff Ayuda, Isaac Merino Jara y José Antonio Montero Fernández, que ha sido el ponente.

Contra este fallo no cabe recurso.

El tribunal ha ordenado que se publique en el Boletín Oficial del Estado.

AEDAF: AVISAMOS DE QUE LA REGULACIÓN PREVISTA PARA LAS COSTAS ‘DESNATURALIZABA SU CONCEPCIÓN JURÍDICA’, PERO JUSTICIA ‘HIZO OÍDOS SORDOS’

La AEDAF, institución que preside José Ignacio Alemany Bellido y aglutina a más de 3.000 asesores fiscales de toda España, ha expresado en un comunicado que «constituye toda una satisfacción comprobar que la Justicia ejerce su función de garante jurídico de los derechos y garantías de los ciudadanos en su faceta contribuyentes».

«No otra cosa es lo que cabe esperar en un Estado de Derecho», añade.

Recuerda que esta regulación, ahora ya declarada nula, se plasmó en el Real Decreto 1073/2017, publicado en el BOE del 30 de diciembre de 2017, «el mismo en el que se incluía la modificación de otras ocho disposiciones tributarias con un total de casi 200 páginas», y que «entró en vigor apenas 48 horas después».

La AEDAF señala que en el trámite de audiencia abierto durante la tramitación de la reforma del Reglamento de revisión advirtió que «la regulación prevista para las costas desnaturalizaba su concepción jurídica», lo que, en consecuencia, «debía conllevar su nulidad».

Indica que «el Ministerio de Justicia, sin embargo, hizo oídos sordos de ese argumento, al igual que muchos otros esgrimidos por la Asociación Española de Asesores Fiscales, respecto de los Reglamentos de gestión/inspección, recaudación y sancionador, estos tres aún pendientes del pronunciamiento del Supremo por otros tantos recursos interpuestos por esta misma asociación».

La Asociación Española de Asesores Fiscales destaca que en la sentencia, el Supremo «aplica un duro correctivo al Ministerio de Hacienda».

Subraya que su reproche de que “hoy es sentir común la profunda inseguridad jurídica e incertidumbre social provocada, entre otros factores, por la imprecisión de las normas jurídicas, lo que se manifiesta de manera muy significativa en el ámbito fiscal».

El tribunal manifiesta que «cabe observar en la elaboración normativa, con habitualidad, la utilización de conceptos y categorías perfectamente definidos y delimitados por la ciencia jurídica tributaria, que en su desarrollo en el texto normativo delimitan contornos que se alejan del concepto o categoría enunciado para terminar definiendo o mostrando una figura fiscal distinta».

«A veces, parece que dicha técnica responde a meras lagunas o a propias complejidades conceptuales de una determinada figura tributaria, otras, sin embargo, descubren una finalidad directamente dirigida a salvar obstáculos que harían inviable su aplicación. No resulta extraño comprobar cómo se presentan como impuestos lo que constituyen verdaderas tasas o viceversa, o como se juega con la imposición directa o indirecta, o con los tributos extrafiscales, por ejemplo», prosigue.

Por otra parte, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo expone que la modificación del artículo 51.2 del Real Decreto 520/2005, introducida por el Real Decreto 1073/2017 «le hace perder su verdadera naturaleza, pues ya no podemos estar hablando de costas del procedimiento, sino (…) como tasa, como medida sancionadora o como prestación patrimonial de carácter público no tributario, y de ser alguna de estas figuras lo que es evidente es que no pueden ser costas del procedimiento.

«Es la propia parte recurrida la que en definitiva viene a negar a las costas del procedimiento su condición de tal, y aboga porque se considere que los artículo 245 de la Ley y 51.2 del Reglamento establecen una prestación patrimonial de carácter público no tributario. Lo cual debe llevarnos estimar la pretensión de la parte recurrente en este punto y declarar la nulidad del artículo 51.2 del Real Decreto 520/2005, modificado por Real Decreto 1073/2017», concluye.

(Fuente CONFILEGAL)

A.L.T. ASESORES es un despacho de abogados con experiencia desde 1.993 en temas tributarios y fiscales, por ello, no dude en ponerse en contacto con nosotros para resolver cualquier duda o problema con la  Agencia Tributaria (AEAT), OAGER o cualquier problema de impuestos.

AVISO LEGAL: En cumplimiento de lo establecido en los artículos 21 y 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, usted puede revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otros medios de comunicación electrónica equivalentes, remitiendo un mensaje de correo electrónico con el asunto “BAJA E-MAIL COMERCIAL”, a la siguiente dirección: eduardo.bures@altadvocati.com


Cómo localizar cláusulas abusivas en un contrato de alquiler14/06/2019

Cómo localizar cláusulas abusivas en un contrato de alquiler

Las modificaciones legislativas pueden acarrear cambios en modelos de contratos que durante años han permanecido intactos. El Real Decreto-Ley 7/2019 de Medidas Urgentes en materia de Vivienda y Alquiler, en vigor desde el 6 de marzo de 2019, ha introducido varias alteraciones a tener en cuenta en uno de los contratos más comunes, el del alquiler de vivienda habitual, suponiendo la nulidad de cláusulas que, hasta hoy, eran consideradas legales. 

La medida trae una revisión más garantista del texto legislativo de cara a la protección del arrendatario. De esta forma, a la hora de redactar o firmar un contrato de alquiler es necesario permanecer atento tanto a las nuevas limitaciones a la voluntad de las partes como a las cláusulas que tradicionalmente han sido consideradas abusivas. 

El Real Decreto-Ley por el que se ha reformado la actual Ley de Arrendamientos Urbanos se encuentra en estado de revisión por parte del Tribunal Constitucional, que admitió a trámite un recurso firmado por el Grupo Parlamentario Popular por considerar que las medidas no revisten del necesario carácter de extraordinaria y urgente necesidad que deben justificar la creación de un Real Decreto-Ley según el artículo 86.1 de la Constitución. 

No obstante el recurso, y a falta de resolución por parte del órgano constitucional, la reforma no pierde su vigencia. Estas son algunas de las cláusulas abusivas que pueden darse en un contrato de alquiler con la vigente Ley de Contratos de Arrendamientos Urbanos y que a día de hoy son nulas.  

Duración del contrato

Con la reforma, se retoma la anterior legislación sobre la duración mínima del contrato de tres a cinco años, como establecía la normativa anterior a la reforma del 1 de junio de 2013.

Por tanto, una cláusula que obligue al arrendatario a abandonar el alquiler en un periodo anterior a los cinco años será nula. Tampoco será válido el pacto por el cual el arrendador se otorgue la licencia de poder elevar la renta en estos cinco años incluso cuando introduzca mejoras en la vivienda (artículo 19 de la LAU). 

En caso de que el arrendador sea persona jurídica se obliga a una prórroga obligatoria de hasta siete años, lo que supone una novedad en la Ley de Arrendamientos Urbanos. En caso de personas físicas arrendadoras la renta no podrá subir en concepto de mejoras por siete años. 

Del mismo modo, también se amplía la prórroga tácita de uno a tres años para personas físicas, en el caso de que el arrendador o el arrendatario no manifiesten su voluntad de no renovarlo.

Gastos de inmobiliaria

Una de las novedades introducidas en la reforma del pasado 6 de marzo de 2019 es el régimen de gestión de gastos de intermediarios como inmobiliarias. Se permite, como viene siendo habitual, que estos gastos sean asumidos por el arrendatario, pero se introduce una importante novedad: será nula la cláusula que obligue al arrendatario asumir dicho coste cuando su inquilino sea una persona jurídica. 

Reparaciones de la vivienda

La regla general es que el arrendador deberá hacerse cargo de reparar los desperfectos de la vivienda como establece el artículo 21 de la LAU. 

Serán así nulas las cláusulas que establezcan que el arrendatario deberá de hacerse cargo de gastos como goteras, humedades, desprendimientos, reparaciones en instalaciones de agua, gas o electricidad, etc. 

No obstante, si estos gastos son ocasionados por un mal uso de la vivienda por parte de los moradores, serán estos los que deban acarrear con los gastos. 

No es nula la cláusula que implique que los gastos de normal uso puedan ser asumidos por el arrendatario, como el consumo de las bombillas. 

Indemnización por desistimiento

Será nula cualquier cláusula que exija una indemnización mayor que la dictada por la ley, que está recogida en el artículo 11 de la LAU. Por tanto, tras un periodo de 6 meses, sólo se podrá exigir una indemnización, previo pacto, de un mes por cada año que reste por cumplir el contrato, hasta el máximo de cinco, calculándose la parte proporcional para los periodos inferiores a un año.  

Libre acceso del arrendador a la vivienda 

Aunque por creencia popular se pueda pensar lo contrario, la ley establece que cualquier cláusula que permita al arrendador acceder a la vivienda sin el consentimiento del arrendatario es nula y se tendrá por no puesta. La propiedad de la vivienda (la casa) es del arrendado, pero hay que tener claro que el domicilio (no el edificio) pertenece durante la duración del contrato al arrendatario, y como tal es inviolable por vía del artículo 18.2 de la Constitución Española (entre otras, sentencia Tribunal Constitucional 22/1984).  

(Fuente NOTICIAS JURÍDICAS)

En A.L.T. ASESORES somos, desde 1.993, además del Servicio Jurídico de la Cámara de la Propiedad Urbana de la provincia de Salamanca, abogados expertos en pleitos civiles, hipotecarios, arrendamientos, sucesiones, procesos concursales, comunidades de vecinos, en materia de preferentes, cláusulas suelo y negociación de condiciones bancarias, no dude en ponerse en contacto con nosotros para consultarnos la solución a su problema.

AVISO LEGAL: En cumplimiento de lo establecido en los artículos 21 y 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, usted puede revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otros medios de comunicación electrónica equivalentes, remitiendo un mensaje de correo electrónico con el asunto “BAJA E-MAIL COMERCIAL”, a la siguiente dirección: eduardo.bures@altadvocati.com


Los planes de igualdad: la nueva obligación legal de las empresas para demostrar que luchan contra cualquier discriminación14/06/2019

Los planes de igualdad: la nueva obligación legal de las empresas para demostrar que luchan contra cualquier discriminación

CON LA NORMATIVA EN LA MANO, LAS COMPAÑÍAS TIENEN UN PERIODO DE ADAPTACIÓN A DICHO PLAN QUE VA DE 1 AÑO A 3 EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES

Desde el pasado 7 de marzo y regulado por el Real Decreto Ley 6/2019 que viene a modificar la Ley Orgánica de Igualdad 3/2007, las empresas de más de 50 trabajadores están obligadas a contar con un Plan de Igualdad que busque la igualdad efectiva de hombres y mujeres.

Los planes de igualdad hay que considerarlos como una serie de medidas evaluables que pretende en empresas y administraciones alcanzar la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres y al mismo tiempo eliminar cualquier discriminación en la empresa por razón de sexo.

Afectan a toda la plantilla, no solo a las trabajadoras, algo muy importante a reseñar cuando se estudia su desarrollo.

Para Alberto González, director laboral de GD Legal, división jurídica de la empresa Gesdocument, las novedades esenciales con la aprobación de la nueva normativa es que se extiende a más empresas que aquellas mayores de 250 trabajadores.

Esto implica que pasemos de una afectación de 4500 empresas a unas 25.000 porque ahora las pymes con más 50 trabajadores estarán obligadas a ello. Estas compañías tienen una moratoria de 3 años; las de 101 a 150 dos años y aquellas que superan los 151 a 300 trabajadores solo un año”.

En la actualidad, los expertos esperan un desarrollo legislativo reglamentario que mejore la norma. Solo el 10% de las empresas tienen políticas de igualdad.

Sin embargo, pese a que aún no lo tenemos ya es obligatorio ir preparando dicha nueva obligación legal”, comenta González, quien recuerda que hay abierta una convocatoria de subvenciones desde el Instituto de la Mujer para las empresas más pequeñas para desarrollar dicha iniciativa, cuyo importe puede llegar a los 6.000 euros.

En cuanto a los beneficios de contar con un Plan de Igualdad, González apunta factores como el que “ayuda a mejorar la productividad y reduce el absentismo laboral».

«También ayuda a impulsar la flexibilidad de la organización y puede ser útil para retener el talento de cualquier organización. Otro elemento a destacar es que puede ayudar a desarrollar la creatividad y la innovación en cualquier compañía”.

Junto con estos factores, el director del área laboral de GD Legal señala que “con este plan de igualdad se puede lograr una mejor adaptación de la oferta de productos y servicios».

«De hecho, desde el 2010 el Ministerio de Trabajo ofrece unos distintivos durante tres años como sello de calidad de empresa que tiene su Plan de Igualdad. Hay 147 empresas con este distintivo y ahora el Colegio de Abogados de Barcelona ha lanzado otro sello en igualdad”.

A juicio de González, “que una empresa disponga de un Plan de Igualdad ayuda mucho a su reputación, mejorando mucho la imagen de la empresa ante la sociedad y sus clientes».

«Y a nivel de contratar con la administración es obligatorio para las empresas con más de 50 trabajadores, al igual que la Ley de Contratos del Sector Público lo reclama para la adjudicación de contratos públicos y es un elemento que ayuda a evitar sanciones administrativas”.

Respecto a la elaboración de los Planes de Igualdad, Elena Blesa, abogada de GD Legal, explicó que “hacer bien un plan de este tipo requiere tiempo y esfuerzo porque involucra a toda la empresa desde la alta dirección que debe impulsarlo al resto de profesionales que deben verse involucrados».

Hay que impulsar medidas evaluables que se puedan aplicar en la empresa. Cada compañía tiene su plan de igualdad, específico”.

Involucra a toda la organización

Para esta jurista un Plan de Igualdad involucra a toda una organización. “Desde la Alta Dirección que se involucra para su realización, hasta el área de Recursos Humanos que se preocupa de su ejecución y de integrar elementos de igualdad en todos los procesos de la empresa».

«También los representantes de los trabajadores tienen voz y pueden formar parte de la Comisión Negociadora que se forma para gestionar dicho Plan. En dicha Comisión multidisciplinar se trabaja para fijar un diagnóstico de la compañía”.

Al mismo tiempo, Blesa subraya que “la plantilla puede participar con sugerencias y preguntas de todo tipo; los propios asesores internos y externos de la firma pueden colaborar con sus sugerencias técnicas y el departamento de comunicación y marketing puede ir explicando internamente los avances que hace la empresa en materia de implantación de dicho plan”.

El propio Plan de Igualdad se vertebra en distintas fases complementarias y seguidas que deben tenerse muy en consideración.

En primer lugar, es necesario contar con el compromiso de la organización para ponerlo en marcha. Eso supone disponer de recursos, medios y quizás un responsable para su puesta en marcha”.

En esa puesta en marcha “se configura la Comisión Negociadora que de alguna forma será quien impulse los trabajos del Plan».

«Una Comisión que elaborará el diagnóstico de la firma. Desde esa perspectiva sabremos las fortalezas y debilidades de nuestra firma”, aclara esta experta en derecho laboral.

En cuanto a la elaboración del Plan de Igualdad habrá que definir los objetivos generales que se han marcado y definir bien las áreas concretas de trabajo.

“En este momento en concreto hay que definir los recursos, metodología, quién es el responsable del mismo y como se van a medir sus resultados a nivel cuantitativo y cualitativo. Muy importante será fijar un calendario de actuaciones”, indica Blesa.

Con posterioridad vendrá la implantación del Plan de Igualdad“normalmente se hace por fases, de manera progresiva. Según lo comentado con anterioridad, cada área de la empresa sabe cuál es su papel en dicha implantación”.

Tras la implantación vendrá la evaluación de dicho plan que puede hacerse en función de sus resultados, objetivos e impacto que haya generado en la propia organización”, explica esta experta.

A nivel de resultados se pretende “cuál es el grado de cumplimiento de los objetivos logrados y que nivel de corrección de las desigualdades detectadas en el diagnóstico se puede lograr. A nivel de proceso lo que se comprueba es Nivel de desarrollo de las acciones emprendidas».

«También se estudia el grado de dificultad en el desarrollo de las acciones y que tipo de dificultades encontradas y soluciones emprendidas”.

Por último, de cara a medir el impacto de dicho Plan en nuestra organización “puede analizarse el grado de acercamiento a la igualdad de oportunidades en la empresa».

«Cambios en la cultura de la empresa: cambio de actitudes del equipo directivo, de la plantilla en general, en las prácticas de RRHH, etc. Y cuáles fueron las reducciones de desequilibrios en la presencia y participación de mujeres y hombres”, comenta Elena Blesa.

(...)

(Fuente CONFILEGAL)

En A.L.T. ASESORES somos abogados expertos en juicios laborales, Inspecciones de Trabajo, conciliaciones, elaboración de nóminas y seguros sociales, así como en materia de prevención de riesgos laborales. Si tiene algún problema en la materia no dude en consultarnos.

AVISO LEGAL: En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General Europeo de Protección de Datos Personales y en los artículos 21 y 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, usted puede revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otros medios de comunicación electrónica equivalentes, remitiendo un mensaje de correo electrónico con el asunto “BAJA E-MAIL COMERCIAL”, a la siguiente dirección: eduardo.bures@altadvocati.com

 


​Publicado el criterio de la Inspección de Trabajo sobre registro de jornada que aclara los puntos más confusos14/06/2019

​Publicado el criterio de la Inspección de Trabajo sobre registro de jornada que aclara los puntos más confusos

Tal y como se había anunciado unos días en los medios de comunicación, la Inspección de Trabajo ha hecho público en su web el Criterio 101/2019 sobre actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de registro de jornada, cuyo objetivo es fijar los criterios de actuación de los inspectores de trabajo respecto al registro de jornada en lo que se refiere a los contratos a tiempo completo, sin perjuicio de lo que también pueda afectar a los contratos a tiempo parcial.

Como indica este Criterio, se han seguido las directrices ya establecidas en informes anteriores (Informes 31 jul 2014 y 1 mar. 2016) y posteriormente la reciente STJUE 14 may. 2019 (C-55/18), dejando sin efectos las Instrucciones 3/2016 y 1/2017.

Una obligación, no una opción

Tal y como establece el art. 34.9 ET, la llevanza del registro de jornada no es una opción, sino un deber para el empresario, una obligación general de implantación de un sistema objetivo, fiable y accesible. Esta obligación también queda confirmada en la STJUE 14-5-2019 (C-55/18), como garantía de los derechos recogidos en la Directiva 2003/88/CE y el art. 31 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en materia de seguridad y salud de los trabajadores.

Las pausas como tiempo efectivo de trabajo 

De acuerdo con el art. 34.9 ET se debe recoger el inicio y finalización de la jornada de trabajo diaria de cada una de las personas trabajadoras, sin exigir, expresamente el registro de las pausas o interrupciones que haya durante la misma, que no tengan carácter de tiempo de trabajo efectivo.

La Inspección aconseja que el registro ofrezca una visión adecuada y completa del tiempo de trabajo efectivo. En el caso que no fuera así, se presumirá que todo lo que transcurre entre el inicio y fin de la jornada, es tiempo efectivo de trabajo, y será el empresario el que deba acreditar lo contrario, por tanto, si las pausas no se consideran tiempo de trabajo, se aconseja especificarlas.

Al tratarse de una norma de mínimos, se remite a la negociación colectiva, acuerdo de empresa o, en su defecto, a la decisión del empresario previa consulta con los representantes de los trabajadores, la forma de determinar cómo se organizará y que se recogerá en el registro de la jornada. Ha de ser un instrumento idóneo para precisar si se consideran tiempo de trabajo efectivo o no las posibles pausas o interrupciones que se realicen y así ayudar a la actuación inspectora.

También es competencia de la Inspección que el sistema de registro de jornada implementado ha ido precedido de un proceso de negociación o de consulta con los representantes de los trabajadores que se podrá verificar, por ejemplo, a través de las actas de las reuniones.

La lectura que haga del mismo la Inspección de trabajo se hará de forma integral, sin perjuicio, de la flexibilidad horaria que pueda existir, es decir, considerando todas las posibilidades que permite el ordenamiento jurídico en materia de distribución de tiempo de trabajo.

No se aceptarán la acreditación del registro de jornada mediante la presentación de calendarios laborales o cuadrantes de horarios para determinados periodos puesto que se han realizado previamente bajo criterios de previsión pero no reflejan las horas efectivamente realizadas cada día, que nos indicará qué entra dentro de jornada y qué excede.

Otros registros

El Criterio vuelve a recordar que el ET ya recogía el registro de estos casos, en el art. 12.4.c ETpara las jornadas a tiempo parcial y en el art. 35.5 ET para el registro de las horas extraordinarias. Para las jornadas especiales, se debe tener en cuenta la disp. adic. 3ª del RD 1561/1995.

En este RD 1561/1995 también se regulan los casos de trabajadores móviles (art. 10 bis), trabajadores de la marina mercante (art. 18 bis) y los trabajadores transfronterizos del transporte ferroviario (disp. adic. 7ª), con lo que se pretende no solo conocer las horas de trabajo sino también los tiempos de descanso.

En el caso de los trabajadores desplazados transnacionalmente, el Criterio remite al art. 6 L. 45/1999, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional.

Conservación del registro

Como establece el art. 34.9 ET, los registros se deberán conservar durante cuatro años pero nada se dice del modo, por lo que el Criterio establece que se deberá realizar en cualquier medio que garantice la fiabilidad y veracidad de los datos registrados diariamente y también debe ser accesible, en un doble sentido: en cualquier momento cuando así sea requerido por los trabajadores, representantes o por la ITSS, y de manera inmediata, y para ello deben estar y permanecer físicamente en el centro de trabajo donde se encuentran las personas trabajadores o representantes; de este modo, se intenta evitar posibles alteraciones posteriores.

La Inspección determina que no es obligación del empresario «totalizarlos», es decir, informar de oficio al trabajador (como es el caso de los registros de jornada parcial u horas extraordinarias).

Esta obligación de puesta a disposición no implica entrega de copias a los representantes de los trabajadores, salvo que así lo disponga el convenio colectivo o pacto expreso, ni tampoco a cada persona trabajadora, independientemente que se le pueda facilitar su consulta.

Es competencia de la ITSS verificar que el sistema de organización y documentación del registro de jornada viene precedido de un procedimiento de negociación o consulta con los representantes de los trabajadores para una posible sanción posterior.

Posible escaneo de los registros en formato papel

Se podrán escanear los registros de jornada que se realicen en formato papel para poderlos archivar en soporte informático y guardarlos telemáticamente con todas las garantías requeridas, los cuales también deberán estar accesibles en cualquier momento.

En los registros en formato papel donde se recoja la firma del trabajador, si no hay medios para su copia, la ITSS podrá tomar notas, fotografías o incluso podrá coger el original, como medida cautelar, si encontrara incongruencias (art. 13.4 L. 23/2015).

Organización y documentación respetando la normativa sobre protección de datos

El sistema de registro debe ser objetivo y fiable, que no implique una posible alteración de los datos que se registren, traten o almacenen, especialmente si se tratan de datos de carácter personal de las personas trabajadoras o se utilicen dispositivos de videovigilancia o geolocalización.

El registro debe estar documentado, especialmente en los casos de registros electrónicos o informativos, huella dactilar u ordenador, por lo que la Inspección de Trabajo podrá requerir la impresión, descarga o suministro en formato informático de manera legible y tratable.

Régimen sancionador

El incumplimiento de la obligación de la registro de jornada supone una infracción grave recogida en el art. 7.5 LISOS. Sin embargo, los inspectores tendrán en cuenta los posibles procesos de negociación que se estén llevando a cabo entre las empresas y los representantes de los trabajadores, así como el resto de circunstancias que puedan afectar al caso concreto.

El registro no es el único medio de control de la jornada

El Criterio quiere dejar claro que el registro de jornada no es el único medio posible de control de la misma, es un instrumento más, por lo que, si no existe un sistema de registro implantado, pero queda constancia que se cumple con la normativa en materia de tiempo de trabajo o que no se realizan horas extraordinarias, se podría sustituir el inicio de un procedimiento sancionador por un requerimiento para que se dé cumplimiento a la obligación legal de registro.

(Fuente NOTICIAS JURÍDICAS)

En A.L.T. ASESORES somos abogados expertos en juicios laborales, Inspecciones de Trabajo, conciliaciones, elaboración de nóminas y seguros sociales, así como en materia de prevención de riesgos laborales. Si tiene algún problema en la materia no dude en consultarnos.

AVISO LEGAL: En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General Europeo de Protección de Datos Personales y en los artículos 21 y 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, usted puede revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otros medios de comunicación electrónica equivalentes, remitiendo un mensaje de correo electrónico con el asunto “BAJA E-MAIL COMERCIAL”, a la siguiente dirección: eduardo.bures@altadvocati.com

 




Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al continuar navegando, aceptas el uso que hacemos de ellas [+]. Aceptar.