El TSJ de Cataluña no ve obstáculo para admitir la justificación en IRPF de gastos vinculados a la actividad económica mediante tickets24/10/2019

El TSJ de Cataluña no ve obstáculo para admitir la justificación en IRPF de gastos vinculados a la actividad económica mediante tickets

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha señalado que, aunque la empresa puede exigir al trabajador que demuestre la relación entre los gastos necesarios para desarrollar su actividad de impartir una formación por todo el territorio nacional, no se puede negar que sean deducibles si sobre ellos se aporta ticket

En este caso, el reclamante presentó  órdenes de viaje que la gestora eliminó porque no aportó justificantes de los gastos. Sin embargo, sí que entregó los tickets que reflejaban esos gastos, necesarios en el desarrollo de la actividad de formación, como manutención, desplazamientos interurbanos y urbanos (taxis, metro, autobús, etc).

Asimismo, se aportaron como justificación unas fichas, confeccionadas personalmente por el reclamante, en las que se incluían cantidades por los gastos incurridos en los desplazamientos (dietas por kilometraje, comidas, desayunos, transportes, etc.), y se desglosan los gastos que aparecían en los tickets.

El tribunal ha concluido, que sin negar que efectivamente es exigible una correlación entre los gastos necesarios en los desplazamientos realizados para el desarrollo de la actividad económica realizada, no se puede negar la deducibilidad de aquéllos sobre los que se aporta ticket.

Por tanto, el acuerdo liquidatorio parte de una motivación insuficiente para rechazar la acreditación de la realidad de los gastos controvertidos y en consecuencia, la deducibilidad de los mismos, al no considerar acreditada su realidad por no venir justificados mediante el original de la factura, sino en unos tickets. 

En definitiva, los gastos de manutención y desplazamientos interurbanos (taxis, metro, autobús, etc) son gastos imputables y debieron considerarse justificados, - constan además en el libro registro contable del contribuyente, tal y como la Administración reconoce., ya que eran gastos imprescindibles para el desarrollo de la actividad y sus fechas concuerdan con los períodos de las liquidaciones que se realizan por el reclamante a sus clientes.

(Fuente Noticias Jurídicas)

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Una caída durante la pausa para comer no es accidente laboral si habitualmente el trabajador come en casa23/10/2019

Una caída durante la pausa para comer no es accidente laboral si habitualmente el trabajador come en casa

El accidente de trabajo in itinere exige que ocurra en el camino de ida y vuelta al trabajo, que no se produzcan interrupciones entre el trabajo y el accidente y que se emplee el itinerario habitual, mediante la utilización de medios y recorridos usuales.

La reciente STSJ Andalucía Nº 2311/2018 de 29 de mayo de 2019, Rec. 2311/2018, ECLI: ES:TSJAND:2019:6126, ha rechazado que la caída sufrida a la salida de un restaurante donde se comía durante la pausa de 4 horas al medio día concedida con este fin, cuando de manera ordinaria o habitual la persona trabajadora acude a su propio domicilio a comer, suponga un accidente in itinere.

Para el TSJ, dado que el espacio de tiempo de que dispone al medio día es claramente dilatado y extenso, si el trabajador opta un día, de forma no habitual, por comer con compañeros de trabajo es debido a su exclusiva voluntad e interés particular, por lo que no existe vinculación laboral alguna.

Accidentes acaecidos durante la pausa de comida: tiempo de trabajo no efectivo

En relación a accidentes acaecidos en tiempo de comida, y por ende no de trabajo efectivo, existe un cuerpo consolidado de doctrina judicial de la que es clara muestra la STS 09.05.2006 la que, ante un supuesto de siniestro acontecido en el período de descanso para la comida vino a dictaminar que:

"... es necesario en este caso tener en cuenta el criterio hermenéutico de la realidad social del tiempo en que las normas han de ser aplicadas, criterio al que también se refiere el artículo 3.1 del Código civil , así como a los usos y costumbres sociales que el artículo 3.1 d) del Estatuto de los Trabajadores considera fuente de la relación laboral. Conforme a ese criterio informador cabe afirmar que el accidente al que nos venimos refiriendo sobrevino durante la jornada de trabajo, porque en supuestos como el presente es práctica generalizada que los trabajadores dedicados a la construcción realicen sus comidas de medio día en el propio centro de trabajo, por las dificultades que entraña la satisfacción de este necesidad en su domicilio y el coste adicional que supondría comer en un establecimiento público. Es regla general de experiencia y canon comúnmente aceptado de conducta que en situaciones como la aquí contemplada, los trabajadores realicen su comida de medio día en el centro de trabajo y en la pausa que el mismo permita, sin que con ello quede absolutamente desvinculada la lesión del trabajo realizado. Por lo demás, sería un contrasentido negar la calificación como profesional al accidente ocurrido en estas circunstancias y reconocerla al sufrido por el trabajador en la trayectoria de su domicilio al centro de trabajo, también en tiempo intermedio de inactividad laboral para alimentarse, originado por causas absolutamente desconectadas del funcionamiento de la empresa... ".

Del mimo modo, la STS Nº 121/2017, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 838/2015 de 14 de febrero de 2017, Ecli: ES:TS:2017:878 (rechazando la laboralidad de un accidente acaecido por un trabajador en el trayecto a una visita médica autorizada por la empresa), considera accidente in itinere el sobrevenido en el trayecto entre el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo siendo necesario "... que se produzca en el trayecto habitual y normal que debe recorrerse desde el domicilio al lugar de trabajo o viceversa (elemento geográfico)...".

Ya se trate de una gestión tributaria, ya de una visita médica, ya de una comida con compañeros, en cualquiera de tales supuestos nos encontramos ante una gestión puramente personal del trabajador, ante una diligencia de carácter privado, sin relación alguna con el trabajo, por lo que la caída o accidente acaecido en el ir o venir del mismo no puede ostentar la calificación de accidente laboral in itinere.

En el caso de autos, la Sala de lo Social considera que la doctrina expuesta no es extrapolable, ya que, "bajo ningún concepto cabe extraer que por razones de dificultades de tiempo, desplazamiento y/o espaciales fuera dificultoso para la aquí demandante acudir a su propio domicilio a medio día para realizar la correspondiente comida, cuando su centro de trabajo está sito en su misma localidad de residencia y dispone íntegramente de 4 horas para ello". Consecuentemente, dado que la persona trabajadora decidió por su particular voluntad e interés realizar un día concreto la comida con otros compañeros de trabajo en un establecimiento, sobreviniendo la caída casual de la que derivó el inicio del proceso de incapacidad temporal que siguió a la salida del mismo, ésta ha de entenderse por causas y factores completamente ajenos a su actividad laboral.

STSJ Andalucía Nº 2311/2018 de 29 de mayo de 2019, Rec. 2311/2018, ECLI: ES:TSJAND:2019:6126

(Fuente IBER LEY - COLEX)

 


El Supremo recorta la facultad de Hacienda para remitir a la Fiscalía delitos fiscales21/10/2019

El Supremo recorta la facultad de Hacienda para remitir a la Fiscalía delitos fiscales

La Inspección no podrá remitir a los juzgados expedientes liquidados o sancionados.

La Inspección de Hacienda no podrá remitir al fiscal el expediente de delito fiscal una vez que se haya dictado la liquidación administrativa o impuesto la sanción, tras la anulación del aparado 2 del artículo 197 bis del Reglamento de actuaciones inspectoras (RGAT), por el Tribunal Supremo.

La sentencia, de 25 de septiembre de 2019, determina que no cuenta con habilitación legal la posibilidad que establece dicho apartado de que la Administración tributaria comunique al juez o al fiscal la existencia de indicios de delito contra la Hacienda Pública "en cualquier momento, con independencia de que se hubiera dictado liquidación administrativa o, incluso, impuesto sanción".

"El precepto resulta tan abierto que hasta encontrándose firme o pendiente de resolución administrativa o judicial una sanción tributaria se hubiera permitido iniciar actuaciones en el ámbito penal, si en ese momento se observaran indicios de delito contra la hacienda pública", explica Esaú Alarcón, abogado de Gibernau Asesores, que ha dirigido la defensa letrada de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf).

El ponente de la sentencia, el magistrado Cudero Blas, dictamina que esta previsión resulta contraria a dos principios esenciales para los derechos del contribuyente como son la confianza legítima y la prohibición de la duplicidad sancionadora (principio jurídico 'non bis in idem').

Señala el magistrado que el artículo 197.bis "no es ya solo que carezca de habilitación legal suficiente, sino que se opone de manera radical a los preceptos legales que disciplinan la forma en que debe conducirse la Administración Tributaria cuando aprecia que un contribuyente ha podido cometer un delito contra la Hacienda Pública".

Votos discordantes

La sentencia cuenta con dos votos particulares. El primero, suscrito por los magistrados Nicolás Maurandi y Rafael Toledano, considera que el apartado que permite a la Administración comunicar los indicios al juez o fiscal tras la liquidación o la sanción sí era conforme a derecho.

Argumentan ambos magistrados que "las reglas de persecución de los delitos contra la Hacienda Pública fiscal no deben ser nunca inferiores a las generales que rigen en los otros delitos públicos; lo que tiene que acarrear que el conocimiento de los indicios delictivos por la Administración tributaria en cualquier momento anterior a la prescripción del delito, exista o no liquidación ya aprobada, no releva a dicha Administración de la obligación de trasladar esos indicios al juez penal o al Ministerio Fiscal en los términos generales establecidos para cualquier delito público por la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

Multas tributarias

Por su parte, el segundo voto particular, del magistrado José Díaz Delgado, cree que la sentencia debió anular, además del apartado 2 del artículo 197.bis del Reglamento, el artículo 74.1 h relativo a las multas penales.

El artículo 74.1.h), que incluye las multas penales entre las obligaciones tributarias que no debe tener pendiente el contribuyente al objeto de emitir el certificado de estar al corriente de las citadas obligaciones, entiende la Sala que no incurre en la infracción denunciada. Y que tampoco es nulo por falta de habilitación legal el nuevo artículo 171.3 y del citado Reglamento General.

A este respecto, aclara Esaú Alarcón que "ambos artículos siguen en vigor, si bien el TS ha realizado una interpretación que podríamos denominar como auténtica de los mismos que impedirá que, en el futuro, resulten interpretados interesadamente por la Administración tributaria".

Así, la interpretación que se efectúa del artículo 171.3 del RGAT, que regula la posibilidad de que los contribuyentes obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración puedan aportar documentación en papel, es decir, físicamente, en los procedimientos de inspección.

El precepto habla de que "podrá" admitirse la aportación de dicha documentación por parte del instructor del expediente y, fácilmente, ello podría haber dado lugar a que tal solicitud fuera denegada por el actuario sin motivación alguna.

La sentencia considera que "el precepto debe entenderse en el sentido de que dicho funcionario deberá incorporar la documentación si ésta es legalmente apta, desde el punto de vista material, para incluirse en el procedimiento de inspección; y deberá rechazarla si lo que se pretende aportar carece de esa aptitud".

"En otras palabras, la decisión acerca de la admisión de documentación en papel a un expediente de inspección no puede quedar en manos del funcionario instructor, como a primera vista parecía interpretarse del precepto sino que, al contrario, éste vendrá obligado a incorporarlo al expediente en curso siempre y cuando fuera documentación idónea para ello", aclara el letrado.

La sentencia finalmente, considera ajustado a Derecho, finalmente, el artículo 184.2 del RGAT, referido a la solicitud de plazos para reunir la documentación a lo largo del procedo inspector.

(Fuente elEconomista.es)

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Comedores de empresa: de menú del día hoy tenemos conflicto21/10/2019

Comedores de empresa: de menú del día hoy tenemos conflicto

Las cantinas corporativas son una fuente inagotable de disputas entre las corporaciones y sus empleados.

Cada vez son más las compañías que se preocupan por ofrecer a sus empleados la opción de comer bien y cerca de su puesto de trabajo. A ser posible, incluso, en sus propias instalaciones. Así lo pone de manifiesto un informe el Observatorio Sectorial DBK, que revela que, en los últimos seis años, el sector del catering ha crecido hasta un 13%, principalmente a causa del aumento de los clientes-empresa. La explicación a esta tendencia es sencilla: las organizaciones que incorporan comedores mejoran en un 40% la satisfacción y el compromiso de su plantilla, según un estudio de Deliveroo, lo que se traduce en un aumento de la productividad de, al menos, el 23%. No obstante, más allá de estas ventajas, las cantinas también son culpables de numerosos quebraderos de cabeza judiciales. De hecho, los tribunales llevan años resolviendo disputas de todo tipo sobre las mismas; desde la propia existencia de un espacio para que los empleados almuercen, hasta la composición de los platos del menú.

En España, solo una ley, que data de 1938, ha abordado las obligaciones de las organizaciones con respecto a los comedores. En plena Guerra Civil, el gobierno franquista instaurado en Burgos aprobó un decreto por el que obligaba a las empresas de más de 50 trabajadores, así como las que fijaran una pausa para el almuerzo inferior a dos horas, a habilitar un espacio provisto de “mesas, asientos, agua potable y hornillas” (fogones) para calentar la comida. Asimismo, la norma extendía esta responsabilidad a los centros en los que, aun no cumpliendo con las anteriores características, existiera una petición de al menos el 50% de los trabajadores para instalar una cantina.

Al no haber sido derogado o sustituido por ninguna otra norma de forma expresa, hasta hace relativamente poco numerosas sentencias se han apoyado en él para forzar a las compañías a instaurar un espacio para comer. No obstante, y tras una larga batalla judicial, en marzo de este año el Tribunal Supremo zanjó el conflicto y descartó que existiese tal obligación. Para los magistrados, la normativa decayó al aprobarse en 1997 el real decreto sobre seguridad y salud en los lugares de trabajo. Este texto, que se centra en las condiciones que tienen que cumplir las instalaciones de un centro (limpieza, condiciones ambientales, etc.), no hace hincapié en si las empresas deben o no habilitar una cantina, “de lo que se deduce que no existe obligación”, razonó el alto tribunal. El servicio, por tanto, deberá pactarse mediante negociación colectiva y plasmarse en el convenio al que esté sujeto la compañía.

No obstante, el Supremo fijó dos excepciones: cuando la actividad de la empresa se desarrolle al aire libre (como, por ejemplo, compañías dedicadas a la construcción), o si las instalaciones “se encuentran en lugares alejados” que no permiten que el empleado pueda irse a casa a comer. En estos casos, los centros sí se verían obligados a incorporar comedores.

Al margen de su propia existencia, el debate judicial ha ido más allá y ha alcanzado extremos mucho más sofisticados como qué comidas deben ofrecerse, la cantidad de grasas o hidratos de los platos, o el precio del servicio. Así sucedió en un caso resuelto en 2017 por del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, que rechazó que el menú de la cafetería de una compañía tuviera que ser “asequible y saludable”. La Sala desetimó dicha petición porque los empleados “no aportaron prueba alguna respecto de lo que deba ser un precio módico” y consideró que el coste, entre los 9 y los 12 euros, estaba dentro del mercado. Además, rechazó que las recetas ofrecidas (en su mayoría platos precocinados) no fueran saludables al no haberse presentado un informe pericial de un nutricionista que así lo avalara.

No es el único litigio en el que se ha discutido la calidad de la comida. También en 2017, el TSJ del País Vasco negó que se pudiera sustituir el servicio de catering por máquinas expendedoras de comida preparada, porque ese tipo de alimentación “no garantiza la dieta equilibrada y variada que la empresa está obligada a procurar a los trabajadores”.

Costumbres arraigadas

Ahora bien, una vez instaurado un comedor y fijadas sus condiciones, ¿puede la empresa hacer los cambios o modificaciones que considere? La respuesta es que probablemente no. La legislación española tiene incorporado el concepto de “condición más beneficiosa”, que se refiere a aquellas concesiones hechas por el empleador voluntariamente a sus trabajadores y que les reportan un beneficio (repartir fruta gratis, una pausa larga para el bocadillo, etc.). Al haberlos disfrutado durante un largo tiempo, la ley y los tribunales entienden que son derechos adquiridos de la plantilla, por lo que no pueden eliminarse sin su consentimiento.

Ejemplo de ello es la sentencia del TSJ de Madrid que, en 2014, impidió a una empresa cobrar por el menú tras ofrecerlo gratuitamente durante años. La compañía trató de enmendar esa política por problemas económicos, sin embargo, los magistrados anularon su decisión al considerar que el servicio de almuerzos gratis se había convertido en una condición más beneficiosaque no puede modificarse de forma unilateral”. Otro caso similar fue resuelto por el TSJ de Canarias cuando prohibió a una compañía retirar un televisor que llevaba siete años colocado en el comedor porque se había convertido en una condición más beneficiosa y, por tanto, era ya un “derecho del personal”.

ALERGIAS E INTOLERANCIAS

Las intolerancias y alergias alimentarias es otra de las cuestiones que deben vigilar las compañías o las empresas de catering que, en nombre de estas, preparen el menú, ya que ofrecer platos especiales es una de sus obligaciones. A esta conclusión llegó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León cuando, en 2017, avaló el derecho de los empleados celíacos a contar con platos sin gluten. La Sala recordó que el servicio de comedor era un derecho reconocido en el convenio colectivo, por lo que debía ser respetado, “máxime cuando el centro dispone de los medios necesarios para hacerlo”. Lo contrario, agregan los magistrados, supondría un trato discriminatorio.

(Fuente EL PAÍS)

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El Tribunal Supremo clarifica el criterio sobre cotización por accidentes de trabajo del personal en trabajos exclusivos de oficina.16/10/2019

El Tribunal Supremo clarifica el criterio sobre cotización por accidentes de trabajo del personal en trabajos exclusivos de oficina.

Para aplicar el tipo reducido a sus empleados de oficina, la ley exige que desarrollen su ocupación exclusivamente en la realización de trabajos propios de oficina, y siempre que tales trabajos se desarrollen únicamente en los lugares destinados a oficinas de la empresa. Pues bien, una reciente sentencia del Tribunal Supremo interpreta estos requisitos de forma favorable a sus intereses.

El porcentaje (Tipo) se fija en función de la actividad económica declarada por la empresa y puede variar entre un 1,5% hasta un 7,15%.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha venido defendiendo un criterio restrictivo, reduciendo al máximo los trabajos encuadrables en la letra “a” (“trabajos exclusivos de oficina”), al considera que sólo se aplica a los trabajos exclusivamente administrativos y cuya jornada se lleve totalmente a cabo en las citadas oficinas.

Criterio resuelto por el Tribunal Supremo

Pues bien, el Tribunal Supremo en su sentencia de 3 de junio de 2019 se ha pronunciado recientemente sobre esta materia, en el caso de una empresa que tiene comerciales, jefes de equipo, personal técnico que hacen trabajos de corte administrativo y se personan puntualmente en las obras.

La TGSS defiende que el abandonar la oficina, aunque sea brevemente, hace perder el beneficio de la aplicación del tipo de tarifa reducido.

El Tribunal supremo establece los criterios aplicables a la hora de determinar cuándo concurre el trabajo exclusivo de oficina y, por tanto, su tipo de cotización específico:
1. Debe tratarse de ocupación “exclusiva”, en trabajos de oficina. Es trabajo exclusivo de oficina si más de la mitad de la jornada se está físicamente en ella.

2. El trabajo de oficina puede comprender no solo el referido a lo que podrán ser actividades administrativas, sino que puede venir referido a la realización de actividades de la empresa. Es decir, el trabajo exclusivo de oficina no se reduce al meramente administrativo sino que puede coincidir con la actividad principal de la empresa (de manera que, por ejemplo, un comercial que desarrolla su labor telefónicamente o desde un ordenador, sin salir prácticamente de su oficina, sería encuadrable en la letra “a”).

3. Que ese trabajo relacionado con la actividad de la empresa no someta al trabajador a los riesgos de la empresa; y

4. que se desempeñe “únicamente” en los lugares destinados a oficinas de la empresa.

Alcance temporal y reclamaciones

La sentencia del Tribunal Supremo también analiza el alcance temporal de la reforma, esto es, qué proyección puede tener la citada reforma respecto de situaciones anteriores a su entrada en vigor el 1 de enero de 2016. Según el Tribunal Supremo, la reforma no ha alterado las cosas, sino que solo ha venido a concretar, a modo de interpretación auténtica, lo que debe entenderse por el concepto de trabajos exclusivos de oficina, lo que le lleva a aplicar el criterio interpretativo que se acaba de exponer también a las situaciones anteriores a 1 de enero de 2016, con el límite cuatro años, plazo de prescripción de las reclamaciones de cuotas de la Seguridad Social.

Por tanto, la interpretación del Supremo resulta aplicable a las dos versiones de la norma, tanto a la anterior como a la posterior a la reforma operada con efectos del 1 de enero de 2016. Esto abre las puertas a muchas empresas para poder reclamar por lo cotizado de más, presentando un  pidiendo una devolución de las cotizaciones efectuadas de más en el pasado.

(Fuente MUTUA UNIVERSAL)

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