¿Cuáles son los movimientos en tu cuenta bancaria que controla Hacienda? y Los ingresos en bancos que vigila Hacienda: ¿qué cantidades tienes que justificar?26/02/2020

¿Cuáles son los movimientos en tu cuenta bancaria que controla Hacienda?

Ciertas transacciones son vigiladas muy de cerca por la Agencia Tributaria para reclamar justificantes de pago si lo considera oportuno.

Nuestro dinero bancario es vigilado muy de cerca por Hacienda. No en vano, la Agencia Tributaria y el Banco de España controlan cualquier indicio que pueda dar pie al fraude fiscal para evitarlo. Así, las entidades bancarias han de informar a Hacienda sobre todos nuestros movimientos y en algunos casos han de pedir justificantes en determinados casos.

Aunque hay que distinguir entre las operaciones con dinero en efectivo y aquellas que son con dinero virtual. En las primeras, Hacienda pide información sobre aquellas transacciones que superen los 10.000 euros fuera de España y si superan los 100.000 dentro de nuestras fronteras. Además, la Agencia Tributaria y el Banco de España también controlan todas aquellas retiradas o ingresos de billetes de 500 euros.

En cuanto al dinero virtual, Hacienda también pone unos límites de control. Las transacciones que superan los 10.000 euros y los pagos y cobros desde 3.000 cuentan con la lupa del Ministerio. No en vano, son cantidades tan altas que pueden estar ocultando algún tipo de fraude fiscal. Por ello, también se solicita información a los bancos sobre los movimientos de los clientes si estos han suscrito préstamos o créditos superiores a 6.000 euros.

Pese a lo descrito, Hacienda no tiene por qué pedir datos al cliente. Puede ceñirse a obtener información bancaria y a hacerle un seguimiento para tratar de detectar alguna anomalía. Llegado ese caso, sí pueden solicitar información adicional a la persona física que haya participado de la operación monetaria.

(Fuente SUR)

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Los ingresos en bancos que vigila Hacienda: ¿qué cantidades tienes que justificar?

Si no se justifica, Hacienda puede imponer multas que van desde los 600 euros hasta la mitad del capital ingresado

Casi todos nuestro movimientos están vigilados por Hacienda. Esto sucede para evitar el fraude y que haya personas que se aprovechen del blanqueo de capitales o de mover dinero de origen ilícito. Por ese motivo, la Agencia Tributaria requiere información a los bancos cuando hay ingresos que se pueden considerar sospechosos por ser de mucho dinero o excesivamente habituales.

Además, las personas están obligadas a justificar el dinero que han recibido si se ingresan más de 10.000 euros de origen extranjero o más de 100.000 si el origen es nacional. En ambos casos, hay que rellenar el modelo S1 explicando de dónde procede tal cantidad. Si no se justifica, Hacienda puede imponer multas que van desde los 600 euros hasta la mitad del capital ingresado.

En cuanto al resto de ingresos que la Agencia Tributaria vigila, hay que diferenciar entre diversos tipos. Por ejemplo, si la persona inyecta dinero en su cuenta bancaria con billetes de 500 euros, esto puede llamar la atención de Hacienda. Aunque el citado billete ya ha sido retirado de la circulación, sigue siendo legal, pero ingresar mucha cantidad del mismo puede resultar sospechoso por considerarse una posible vía de blanqueamiento de capital.

El banco también está obligado a informar al fisco en el caso de que la persona ingrese más de 3.000 euros o que haga aportaciones monetarias muy habituales en su cuenta bancaria. En ambos casos, Hacienda puede pedir información al contribuyente para tratar de aclarar de dónde procede el dinero si se rastrea un origen sospechoso.

(Fuente IDEAL)

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El Abogado General de la UE avala los pactos sobre cláusulas suelo no negociados si el cliente está informado05/02/2020

El Abogado General de la UE avala los pactos sobre cláusulas suelo no negociados si el cliente está informado

El Abogado General de la Unión Europea ha considerado, en unas conclusiones emitidas este jueves, que los acuerdos entre bancos y consumidores sobre cláusulas suelo controvertidas son válidos incluso sin negociación individual previa, si el consumidor comprende las consecuencias económicas del acuerdo.  

Así se ha pronunciado el abogado danés Sr. Saugmandsgaard Øe, quien ha respondido a la cuestión presentada por un juzgado de Teruel sobre el préstamo de una clienta de Ibercaja cuyos términos fueron renegociados. El juez quiere saber si, existiendo renegociación de las cláusulas controvertidas, dicha novación es válida si no existió negociación individual; y si sería también legal el pacto por el que se renuncia a acudir a tribunales por posibles futuras controversias

El contrato que da pie a la cuestión prejudicial fue suscrito en 2011. Tras una controversia, banco y cliente decidieron renegociar las condiciones en 2014, redefiniendo la cláusula suelo, que pasó a ser de 3,25 a un 2,35. El consumidor renunció también a la vía judicial para reclamar por dichas cláusulas en el futuro.

Dichas condiciones, no obstante, no fueron negociadas individualmente con el cliente; es decir, el cliente no tuvo poder de decisión o influencia sobre dichas condiciones. Se le presentaron ya escritas, ya pre acordadas, y sobre ellas no hubo discusión. 

En opinión del Abogado General danés, cuando un profesional y un consumidor están vinculados por un contrato, y existen dudas sobre la abusividad de alguna cláusula, la firma de una novación del contrato confirma la validez del acuerdo. El acuerdo es legal si el consumidor es consciente de lo que está firmando, incluso cuando no negoció personalmente el contenido del acuerdo. 

Así, renunciar a reclamaciones en tribunales por estas cuestiones sí vincula al consumidor, dicta el letrado comunitario. Siempre, eso sí, que el consentimiento prestado haya sido “informado”, y el cliente sea consciente de a qué está renunciando, incluso cuando la cláusula ya viene redactada en el papel.  

La opinión del Abogado General no pasa por alto el riesgo de que, en este tipo de operaciones, el banco abuse de los consumidores al firmar acuerdos que son, sin embargo, perjudiciales. Es por ello que aclara: aún cuando se firman este tipo de cláusulas, los jueces deben comprobar que se cumplen los requisitos legales de lo que se convenga. Esto implica comprobar la validez de cada uno de los acuerdos. Tanto bajo el prisma del derecho de contratos, como del derecho de consumidores. 

Comprender el contenido de la cláusula

Así, el abogado danés también concluye que una cláusula suelo no tiene que ser objeto de una negociación individual para ser transparente y cumplir con la normativa europea sobre abusividad. 

En este sentido, si el consumidor está en condiciones de comprender las consecuencias económicas que se derivan de dicha cláusula (porque el contrato las expone de forma clara), no es necesario que se pruebe que el cliente tuvo oportunidad de influir en su contenido. En todo caso, para decicdir si existió negociación indidividual o no, el juez debe analizar el contexto de la firma del acuerdo. 

La resolución del abogado aún no ha sido confirmada por el TJUE, quien aún debe emitir sentencia. No obstante, el criterio del letrado comunitario es avalado por los magistrados en un ochenta por ciento de las ocasiones. 

(Fuente Noticias Jurídicas)

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¿Puedo cobrar la pensión de viudedad si me he divorciado? Aclaramos los requisitos para su concesión05/02/2020

¿Puedo cobrar la pensión de viudedad si me he divorciado? Aclaramos los requisitos para su concesión

En el momento en que procedemos a divorciamos no imaginamos que siga existiendo ningún tipo de vínculo con nuestra ex-pareja, pero realmente no es así. A pesar de estar divorciados, en el caso de fallecimiento de uno de los excónyuges, puede existir la posibilidad de que el cónyuge supérstite tenga derecho a la pensión de viudedad siempre que reúna una serie de requisitos. Y para esclarecer estos requisitos se ha pronunciado el Tribunal Supremo sentando jurisprudencia al respecto y que es necesario analizar y comparar con cada caso.

Nos planteamos la siguiente situaciónuna pareja divorciada judicialmente que posteriormente no ha celebrado segundas nupcias y que, tras esta situación, uno de los dos fallece. ¿Tiene la otra parte derecho a recibir la pensión de viudedad de la misma manera que si hubiera seguido constante el matrimonio? Puede parecer un planteamiento extraño pero, nada más lejos de la realidad, queremos analizar la cuestión.

Para estudiar esta cuestión debemos traer a colación el artículo 174.2 de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, donde se expresa lo siguiente:

En los casos de separación o divorcio, el derecho a la pensión de viudedad corresponderá a quien, reuniendo los requisitos en cada caso exigidos en el apartado anterior, sea o haya sido cónyuge legítimo, en este último caso siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho en los términos a que se refiere el apartado siguiente. Asimismo, se requerirá que las personas divorciadas o separadas judicialmente sean acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil y ésta quedará extinguida a la muerte del causante

Pues bien, de dicho articulado podemos extraer que, efectivamente, es posible ser beneficiario de la pensión de viudedad incluso habiéndote divorciado de tu pareja. Pero, según la Seguridad Social, es necesario que cumplamos una serie de requisitos para su otorgamiento:

No haber contraído segundas nupcias ni constituido pareja de hecho, y

Haber sido acreedora de la pensión compensatoria establecida en la Sentencia de Divorcio.

De aquí podemos extraer que la situación de necesidad o desequilibrio económico que existía para el otorgamiento de una pensión compensatoria establecida en Convenio Regulador que luego ha sido ratificada judicialmente, previa al fallecimiento, si concurre la misma situación, se otorgará el derecho a percibir la prestación de viudedad tras dicho fallecimiento.

Pero existen, según el ordenamiento jurídico, una serie de excepciones legalmente determinadas en las que se tiene derecho a dicha pensión a pesar de no ser acreedor de la pensión compensatoria. Estos casos son los siguientes:

Mujeres que puedan acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de separación o divorcio,

Divorcios o separaciones anteriores al 1 de enero de 2008, en las que concurra lo siguiente:

Que no hayan transcurrido más de 10 años entre el divorcio y el fallecimiento

Que hayan estado casados un mínimo de 10 años

Que existan hijos comunes del matrimonio

Que el sobreviviente sea mayor de 50 años en el momento del fallecimiento

Que el sobreviviente no haya sido deudor de pensión compensatoria.

Divorcios o separaciones anteriores al 1 de enero de 2008 si son mayores de 65 años, en las que concurra lo siguiente:

Que acrediten expresamente que no tienen derecho a ningún otro tipo de prestación de carácter público, y

Que el matrimonio haya tenido una duración mínima de quince años.

Todas las situaciones analizadas en las que se otorga la prestación han sido establecidas legislativamente, y es por eso que cuando surgen situaciones que se encuadran dentro de las mismas, no da lugar a duda alguna para conceder la prestación. Pero para mayor abundamiento y analizar situaciones que puedan resultar controvertidas, planteamos que numerosas sentencias de nuestra jurisdicción social otorgan el derecho a percibir la prestación de viudedad, incluso sin existir previa pensión compensatoria establecida en la sentencia de divorcio y sin cumplir ninguno de los requisitos o situaciones expuestas. Para el Tribunal Supremo el hecho de no establecerse judicialmente pensión compensatoria no se relaciona con una inexistencia de desequilibrio económico entre los cónyuges sino que hay que estudiar el caso concreto (como se extrae de la Sentencia de 14 de febrero de 2.012).

Además, hacer hincapié en una sentencia pionera del Juzgado de lo Social de Pontevedra, que manifiesta y entiende que el único requisito que debe imperar para conceder la prestación de viudedad, es el simple hecho de que exista la dependencia económica de quien aspira a percibir la pensión respecto de quien haya muerto con anterioridad a dicho fallecimiento.

En dicho caso, se estudiaba la situación de que a pesar de no establecerse pensión compensatoria en las medidas regulatorias del divorcio, se le atribuye a la esposa la vivienda familiar, pero el marido seguía haciendo frente a las cuotas del crédito hipotecario, abonando los pagos mensualmente desde su propia cuenta desde el divorcio hasta prácticamente el fallecimiento del ex esposo, de manera que el juez concluye que:

el abono de las cuotas hipotecarias ha de identificarse, por más que las partes en su momento excluyeran la fijación de una pensión compensatoria, como una atribución económica con idéntico fin”, remarcando que “es precisamente esa atribución la que conlleva que entiendan que no se produce desequilibrio entre ellos, es decir, es el mencionado abono el que viene a paliarlo”.

Es más, en sede del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, este dictaminaba que “el reconocimiento de cualquier suma periódica a favor de la esposa, tiene la naturaleza de pensión compensatoria y, por consiguiente, permitirá el acceso, en su caso, a la pensión de viudedad”.

En este sentido podemos encontrarnos ante una presunción iuris tantum de manera que en determinadas situaciones análogas puede estimarse que se asemeja a una pensión compensatoria en el caso en que podamos acreditar la situación de necesidad y de dependencia económica para con el fallecido. Es por ello, que queremos resaltar la importancia de estudiar los pronunciamientos judiciales, ya que completan e interpretan las normas de manera que nos enseñan cómo proceder en las situaciones que la legislación no contempla expresamente pero que pueden surgir con facilidad.

(Fuente Economist & Jurist)

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Fiscalidad de directivos: el Supremo zanja la polémica e impone cordura05/02/2020

Fiscalidad de directivos: el Supremo zanja la polémica e impone cordura

Hace tiempo anunciábamos que pocas sorpresas habría en materia de fiscalidad en el IRPF de las indemnizaciones por cese o despido a directivos.

Y pocas ha habido; las indemnizaciones por desistimiento deben quedar exentas del IRPF tal y como ha establecido la Sección 2ª de la Sala Tercera (Contencioso Administrativo) del Tribunal Supremo en su Sentencia 1528/2019, de 5 de noviembre.

La Sentencia enlaza con el criterio que en materia laboral estableció en 2014 el Pleno de la Sala de lo Social del mismo Tribunal Supremo en unificación de doctrina, que consideró que los directivos tienen derecho a una indemnización mínima obligatoria en casos de desistimiento.

Y siendo esto así, como adelantábamos hace unos años (Expansión, 26 de junio 2015), el Tribunal Supremo elegantemente establece que no debe adoptar un criterio reduccionista puesto que "(...) la invocación de una jurisprudencia procedente de otros órdenes jurisdiccionales (...) proyecta una clara incidencia en la decisión de las cuestiones planteadas en el seno del proceso contencioso-administrativo."

De esta manera, la Sección 2ª de la Sala Tercera (Contencioso Administrativo) del Tribunal Supremo ha interpretado por medio de su Sentencia la legislación fiscal de manera integrada con la lectura que de la legislación laboral hace el Pleno de la Sala Cuarta (de lo Social), dotando de coherencia a nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, el orden tributario no puede permanecer ajeno a otras disciplinas del ordenamiento jurídico como en este caso es la laboral.

En 2017 la Audiencia Nacional ya había adelantado este criterio, pero la oposición de la Abogacía del Estado a la Sentencia que acertadamente asumía las tesis de la Sala de lo Social, ha hecho necesario que el Tribunal Supremo se pronuncie, otorgando la necesaria seguridad jurídica a estas situaciones.

Desde una óptica valorativa, la Sentencia es muy relevante puesto que realiza un esfuerzo de adaptación a una nueva realidad jurídica más dinámica e integradora incluyendo a los Directivos en el paraguas fiscal que aplican al resto de los mortales y del que habían sido histórica -e injustamente- despojados (no hay que olvidar que la legislación no ha cambiado, ha sido la interpretación de la misma).

Esta nueva tendencia no había llegado a todos. Hasta hace muy poco, la propia Dirección General de Tributos ha seguido manteniendo el criterio de considerar plenamente sujetas a tributación estas indemnizaciones lo que ha confundido a algún que otro fiscalista que asumió -incluso vehementemente- las tesis de la Administración y las hizo suyas para desgracia de sus clientes.

Pero volviendo a los efectos prácticos, las implicaciones de esta Sentencia no son pocas.

En primer lugar, porque va a seguir permitiendo que empresas y directivos puedan beneficiarse de la citada exención que, recordemos es de 7 días de salario por año trabajado con un máximo de 6 mensualidades en el caso de desistimiento y 20 días con doce mensualidades en el caso de despido improcedente (la Sentencia no trata este último caso pero los argumentos para su aplicación son idénticos).

Tampoco olvidemos que, siendo el período de prescripción de cuatro años, las declaraciones del IRPF correspondientes a esos periodos en las que por algún motivo no se haya aplicado la exención, podrán ser objeto de impugnación a los efectos de obtener la correspondiente devolución más los intereses de demora correspondientes.

Y por último, quien esté inmerso en un procedimiento administrativo o judicial en el que se haya cuestionado dicha exención, tendrá ahora otro argumento más en su defensa.

Solo queda hacer mención a los abogados fiscalistas que tan acertadamente en su día cuestionaron este asunto y que ahora han logrado estas sentencias. Desde aquí las más sinceras felicitaciones por conseguir uno de los trofeos más ansiados en nuestra profesión; una Sentencia favorable del Tribunal Supremo.

(Fuente EXPANSION)

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El Sepblac pone su lupa sobre los que se acogen a la 'visa dorada' de Portugal05/02/2020

El Sepblac pone su lupa sobre los que se acogen a la 'visa dorada' de Portugal

Los asesores reciben un aluvión de consultas por el temor al hachazo fiscal

Hacienda controla dónde está el centro de intereses del contribuyente.

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha puesto su lupa sobre los españoles que se acogen al régimen fiscal portugués para extranjeros, conocido como visa dorada. Fuentes de la Agencia Tributaria aseguran que el organismo está ya estudiando los casos de españoles que se han trasladado a Portugal por temor al hachazo fiscal del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

El Sepblac estudiará las rentas que se trasladan al país vecino. El plan del organismo quiere evitar la fuga de capitales obtenidos de manera irregular o sin fiscalizar y el dinero procedente de actividades delictivas. De este modo, aumenta la presión sobre las personas con rendimientos altos para que mantengan su residencia fiscal en España y paguen los impuestos en el país.

Portugal, apenas a 300 kilómetros de Madrid, ofrece una visa dorada a los extranjeros que trasladan su residencia y goza de seguridad jurídica y estabilidad política. En 2009, el gobierno portugués, con la intención de captar inversión extranjera y atraer hacia el país profesionales cualificados, pensionistas extranjeros e individuos con altos patrimonios, creó el Régimen de los Residentes no Habituales.

Hacienda vigila

La Agencia Tributaria, por su parte, activa en muchos de estos casos cualquiera de los criterios del artículo 9 de la Ley del IRPF para considerar que estas personas, realmente, siguen siendo residentes en España.

Según fuentes de la Inspección de Hacienda, si el contribuyente consigue acreditar la residencia fiscal en otro país, siempre con certificado, la Agencia Tributaria acciona entonces las reglas de desempate del artículo cuatro sobre el convenio aplicable en estos casos.

Alejandro del Campo, abogado y asesor fiscal en DMS Consulting, pide prudencia ante la toma de decisión de esta medida. Reconoce que ya ha recibido varias consultas sobre este asunto. "Siempre les explico a mis clientes que no las tienen todas consigo aunque vivan en Portugal más de 183 días y consigan el certificado de residencia fiscal allí", apunta. "La Hacienda española les puede considerar residentes en España tanto por vivir en España más de 183 días como por mantener en España el centro de intereses económicos, -es decir, rentas procedentes de España o patrimonio aquí- aunque no vivan más de 183 días en España", añade.

Alejandro del Campo subraya la importancia de "no tener en España una vivienda a disposición, ni en propiedad ni alquilada". El fiscalista considera que "ello puede determinar residencia fiscal en España por las reglas establecidas en los Convenios de Doble Imposición".

En cualquier caso, todos los fiscalistas destacan el "miedo" de sus clientes. "A Portugal y a otros sitios, muchos están buscando ya dónde jubilarse", asegura del Campo.

Para beneficiarse del Régimen de los Residentes no Habituales portugués, el ciudadano extranjero debe acreditar que no ha sido residente fiscal en Portugal en los últimos 5 años y adquirir la residencia tributaria en Portugal. La regla general portuguesa es que pueden adquirir la residencia fiscal quienes residen en el país más de 183 días al año o, con un plazo menor de tiempo, disponen todo el año de una vivienda que sirva a Hacienda para presumir la intención de conservarla y ocuparla como residencia habitual.

"Portugal está siendo visto con muy buenos ojos por gente con rendimientos altos debido a que tiene una suerte de nuestro Régimen Beckham pero todavía con mayores ventajas fiscales", explica el fiscalista Esaú Alarcón, abogado en Gibernau Asesores.

"Tiene grandes atractivos", destaca Javier Gómez Taboada, socio del Área Tributaria de Maio Legal en la oficina de Vigo, a pocos kilómetros de la frontera con Portugal. "España debería tomar buena nota", apunta Gómez Taboada. "No hace mejor los deberes el que los hace más rápido, buscando una recaudación en tiempo récord, sino los hace mejor el que los hace pensando en el medio o largo plazo", añade.

(Fuente elEconomista.es)

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